Colombia deja de ser la capital mundial del secuestro

Cuando la guerrilla raptó a los padres de Héctor Angulo en el año 2000, él y sus cuatro hermanos no supieron dónde acudir. Ansiosos y desesperados, temían que contarle lo sucedido a la policía pusiese las cosas todavía peor. Entre susurros, Angulo le contó lo que le había pasado a un amigo que también había sufrido el secuestro de un familiar.

Ese amigo le dijo que acudiese a la Fundación País Libre. La organización privada se fundó para ayudar a las familias que habían sufrido el secuestro de algún familiar para guiarles a la hora de tratar con los secuestradores y las peticiones de rescate. También para darles ayuda psicológica para poder soportar el miedo y la incertidumbre de la situación.

El rapto de los Angulo se produjo en uno de los momentos más oscuros del conflicto de Colombia, cuando cada día eran raptadas una media de nueve personas.

Los narcotraficantes raptaban a destacadas figuras de la sociedad colombiana con el objetivo de presionar a los políticos para que parasen de extraditarlos a EEUU. Los guerrilleros –responsables de la mayoría de los secuestros– solían secuestrar tanto con fines políticos como económicos. Los criminales comunes a veces llevaban a cabo raptos ciudadanos para “venderlos” a grupos rebeldes.

Algunas víctimas era retenidas durante semanas, otras durante años. Sin embargo otros, como los padres de Angulo, murieron a manos de sus captores.

La Fundación País Libre se creó en 1992 para ayudar a las víctimas y promover protestas multitudinarias contra los secuestros. Con los años se convirtió en una poderosa y respetada voz de las víctimas. Pero después de 25 años, ha cerrado sus puertas este mismo mes. Se trata de un símbolo de hasta qué punto ha cambiado Colombia, una vez conocida como la capital mundial del secuestro. El año pasado, se informó de 205 secuestros. En el año 2000, se produjeron 3.500.

“Misión cumplida”, dice la directora de la fundación, María Consuelo Jáuregui, para explicar que la decisión de cerrar la fundación se produjo solo meses después de que las FARC firmasen el acuerdo de paz que puso fin a 52 años de conflicto. Pero las víctimas que en algún momento se beneficiaron del trabajo de la organización, como Angulo, lamentan que eche el cierre.

“Va a ser un gran vacío para mí”, cuenta este hombre que recurrió a la ayuda de País Libre cuando raptaron a sus padres en La Calera, una pequeña ciudad en las montañas a las afueras de la capital, Bogotá. “Es como si alguien me arrebatara mis puntos de apoyo vitales, el de todas las víctimas de secuestros”. Los padres de Angulo, Gerardo y Carmenza, tenían 68 años cuando las FARC los raptó. Se cree que murieron todavía cautivos, tres meses después de su secuestro. Sus cuerpos nunca se encontraron.

Francisco Santos –que fundó el grupo después de haber experimentado en sus propias carnes ocho meses de secuestro a manos del cartel de Medellín de Pablo Escobar en 1990– también expresó su tristeza por el punto y final de la fundación, diciendo que todavía queda trabajo por hacer. Bajo el tratado de paz con el gobierno, las FARC han prometido revelar toda la verdad detrás de los crímenes que cometieron sus tropas, incluidos los secuestros, a través de un sistema especial de justicia.

El grupo fue famoso por mantener cautivos durante años a soldados y oficiales de la policía en campos de prisioneros en la selva, y por llevar a cabo raptos masivos de civiles para pedir rescates, parando autobuses y capturando a cualquiera que pudiera parecer ser un objetivo lucrativo.

“País Libre podría haber sido un gran apoyo para las familias de las víctimas a la hora de enfrentarse a las FARC en el tribunal especial para saber la verdad y saber dónde están enterrados sus seres queridos que murieron durante el cautiverio”, añade Santos, un director de periódico que se convirtió en vicepresidente durante el gobierno conservador del expresidente Uribe.

Santos explica que el grupo tuvo problemas de financiación desde el principio. El secuestro se consideró internacionalmente como un problema que afectaba a las élites ricas y que no necesitaban ayuda desde el exterior, continúa Santos. “Se nos consideró una ONG conservadora de gente rica”, asegura.

Pero los padres de Angulo no eran nada de eso. Después de toda una vida trabajando, su padre había logrado reunir lo suficiente para comprar un terreno de 70 metros cuadrados. Al parecer, las FARC lo confundieron con una gran hacienda y exigieron una recompensa millonaria, dinero que la familia no tenía.

Durante toda su existencia, País Libre financió sus actividades ofreciendo talleres para prevenir los secuestros para compañías extranjeras –sobre todo petroleras que querían hacer negocios en Colombia-. Con esto se subvencionaba el trabajo con las familias de las víctimas, que se ofrecía de manera gratuita. Pero el fin del auge de las materias primas y las mejoras en cuanto a la seguridad han frenado la demanda de talleres.

De los 205 secuestros en 2016, más del 80% se han atribuido a delincuentes comunes que no tienen nada que ver con las FARC o el grupo rebelde ELN, que hace poco ha arrancado conversaciones de paz y que fue responsable de un 1% de los secuestros que se produjeron el año pasado, según indica la policía.

Santos cree que País Libre no debería cerrar sus puertas hasta que no haya ni un solo rapto en Colombia. “Las heridas de los secuestros continúan abiertas”, concluye.

Traducido por Cristina Armunia Berges