El gobernador de Virginia descarta que la silla eléctrica vuelva a ser el principal método de ejecución
El gobernador demócrata del Estado de Virginia, Terry McAuliffe, ha decidido no promulgar un proyecto de ley cuyo objetivo era reinstaurar la silla eléctrica como el principal método de ejecución, y ha apostado por una vía más moderna que también permite garantizar que las ejecuciones se lleven a cabo: el estado se compromete a no divulgar el nombre de sus proveedores.
En una decisión tomada en el último momento, y que ya avanzó el periódico The Washington Post, el gobernador, un gran aliado político de Hillary Clinton, ha decidido destripar un proyecto de ley que hubiese supuesto el retorno de la silla eléctrica, también conocida como la “Old Sparky” (La vieja chispita).
Este proyecto de ley no era más que un acto desesperado para dar una respuesta a la escasez de inyecciones letales en Virginia causada por la decisión de la Unión Europea de boicotear por razones éticas la venta de los fármacos que las cárceles de Estados Unidos necesitan para elaborar las inyecciones letales.
El domingo por la noche, McAuliffe presentó una enmienda que tiene por objetivo evitar que se paralicen las ejecuciones. El gobernador propone no divulgar el nombre del fabricante que suministre los fármacos de la inyección letal.
El Departamento de Administración Penitenciaria podrá comprar los fármacos necesarios para elaborar el cóctel de la inyección letal, como el sedante pentobarbital que se puede obtener en farmacias que preparan fórmulas magistrales y que compran los productos químicos que necesitan.
La enmienda establece que la identidad del farmacéutico que prepare el cóctel de fármacos para la ejecución no se hará pública. Si la propuesta del gobernador se convierte en ley, Ivan Teleguz podría convertirse en el primer prisionero ejecutado conforme a este nuevo sistema, a menos que intervenga el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Los abogados de la defensa han conseguido reunir pruebas lo suficientemente sólidas como para demostrar que su cliente no mató a su exnovia, entre las que destacan las declaraciones juradas de tres testigos clave que se retractan de sus declaraciones iniciales.
Varios Estados han impulsado medidas parecidas a la que ahora propone McAuliffe. El principal objetivo de estas medidas es proteger a los farmacéuticos de la opinión pública y garantizar el abastecimiento constante de fármacos.
Confidencialidad que no convence
El mes pasado, un juez de Missouri exigió al Departamento de Administración Penitenciaria del Estado que le proporcionara la identidad de las dos farmacias que le habían estado preparando los cócteles de las inyecciones letales. En la sentencia, el juez consideró que las farmacias no forman parte del equipo que ejecuta a los reos y que, por este motivo, no tienen el derecho a permanecer en el anonimato. The Guardian, la agencia Associated Press y varios medios de comunicación de este Estado habían interpuesto la demanda.
Los medios de comunicación demandantes afirmaban que esconder la identidad de la fuente de los fármacos vulnera los derechos garantizados por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, relativa a la libertad de prensa, que permite que los ciudadanos puedan disponer de toda la información relativa a cómo las autoridades aplican la pena capital en su nombre.
El año pasado, la Asociación de Farmacéuticos de Estados Unidos publicó un comunicado en el que aconsejaba a sus miembros no participar en las ejecuciones.
“Los farmacéuticos son profesionales sanitarios y participar en una ejecución entra en conflicto con el papel que desempeñamos como miembros de un equipo de atención médica”, indicaba.
El Colegio Internacional de Farmacéuticos que elaboran fórmulas magistrales también ha manifestado su postura oficial, contraria a la venta de cócteles de fármacos para que sean utilizados en una ejecución.
Maya Foa, una experta en las sustancias utilizadas en la inyección letal del grupo de derechos humanos Reprieve ha subrayado que “es evidente que la industria sanitaria no quiere tener nada que ver con el suministro de fármacos para ejecuciones y la promesa de confidencialidad no cambiará la situación. Los farmacéuticos preparan medicamentos para mejorar y salvar la vida de los pacientes y no para acabar con la vida de prisioneros en el corredor de la muerte”, ha manifestado.
Ahora, el congreso de Virginia, controlado por los republicanos y que vuelve a reunirse en una semana, tendrá que debatir la propuesta del gobernador. Nada hace pensar que se apruebe por mayoría, ya que el año pasado ya descartó una medida prácticamente idéntica.
Incluso si fuera aprobada, el Departamento de Administración Penitenciaria de Virginia tendría dificultad para conseguir los fármacos. En el pasado intentó convencer a los farmacéuticos de Texas y ninguno de ellos quiso colaborar.
Traducción de Emma Reverter
