La historia de “la silla de fuerza” que ha escandalizado al mundo

El vídeo que muestra a Dylan Voller, un chico de 17 años, sin camiseta y atado a una “silla de fuerza” durante más de dos horas en un centro de detención de menores en Australia ha levantado polémica en el mundo. La silla estaba equipada con un gran número de correas para sujetar a Voller por los tobillos, las muñecas y el cuello.

Este martes, después de que el programa Four Corners de la cadena ABC emitiera el vídeo, el ministro del Territorio del Norte, Adam Giles, reconoció que la silla no daba buena imagen en televisión.

Los centros de detención de menores australianos no suelen utilizar este tipo de silla y solo se encuentra en el Territorio del Norte y en Queensland. En Australia Occidental está en fase de prueba.

Unos días antes, el primer ministro, Malcolm Turnbull, había anunciado la creación de una comisión para evaluar los métodos que se utilizan en los centros de detención de menores. Giles indicó que le gustaría que la comisión también señalara qué métodos que implican el uso de fuerza para inmovilizar a los detenidos son los más adecuados.

“Nos gustaría que la comisión estudiara esta cuestión e indicara si, en su opinión, nuestra decisión es acertada”, indicó en declaraciones a Lateline.

A pesar de que durante años había cuestionado la necesidad de constituir una comisión, Giles aplaudió la decisión del primer ministro y afirmó que él era el primer sorprendido por los abusos cometidos en el centro de detención de menores Don Dale.

Este miércoles, Giles ha manifestado que, si bien va a pedir la opinión de los expertos, cree que el tipo de “silla de fuerza” utilizada por el centro no es apropiada en el caso de menores de edad y solo debería utilizarse para inmovilizar a presos adultos.

Sin embargo, tres mes atrás, el gobierno del Norte de Australia aprobó una ley que permite que se utilicen sistemas mecánicos para inmovilizar a los detenidos menores de edad, entre ellos, la “silla de fuerza”.

La ley de reforma del sistema de justicia juvenil, propuesta por el fiscal general, John Elferink, tenía por objetivo esclarecer cuáles son los usos apropiados de los sistemas mecánicos de inmovilización en los centros de detención de menores del Territorio del Norte. Sin embargo, en la práctica, amplió su uso y no definió qué debe entenderse por instrumentos mecánicos.

“Un método autorizado para limitar la movilidad de los detenidos es el que ha sido aprobado por la comisión de servicios penitenciarios”, establecía la ley.

Elferink indicó que la nueva definición abre la puerta al uso de métodos más modernos y a tecnología mas avanzada. Por este motivo, la ley no hace referencia a métodos tradicionales, como por ejemplo el uso de esposas.

Los protocolos de las cárceles australianas señalan que estos métodos para inmovilizar a los detenidos deben ser lo menos restrictivos posibles y deben utilizarse el mínimo de tiempo posible.

“Es muy cuestionable la legalidad de su uso”

La ley de reforma del sistema de justicia juvenil se aprobó a pesar de la oposición del Partido Laborista.

Alex Tighe, uno de los abogados que defienden a Voller, mostró su desconfianza ante el llamamiento de Giles para que la comisión investigue si los métodos que se usan en el Territorio del Norte son los más adecuados.

“Si aprueban leyes y no se preguntan si son necesarias, son incompetentes o algo mucho peor”, dijo en declaraciones a the Guardian Australia.

“Es como si quisieran justificar el uso de la silla. Por lo que sé, la utilizaron con Dylan en marzo de 2015 y los medios de comunicación no tuvieron conocimiento de este hecho hasta octubre. Poco después, John Elferink propuso una reforma de la ley del sistema de justicia juvenil, que finalmente se tramitó en enero de 2015.

“Es muy cuestionable la legalidad del uso de la silla antes de 2015 y, al margen de criterios temporales, sigue siendo muy cuestionable que su uso sea legal”, afirma.

En declaraciones a the Guardian Australia, Jared Sharp, jurista del organismo de justicia para los aborígenes de Australia del Norte, afirma que la ley de reforma del sistema de justicia juvenil amplía el uso de los métodos para inmovilizar a los detenidos. Indica que él tiene conocimiento de que la “silla de fuerza” se ha utilizado en al menos dos ocasiones con menores, en ambas con Voller.

“No tengo constancia de que se haya utilizado con otros, pero he oído que las capuchas que normalmente se reservan para los detenidos que escupen se están utilizando para menores que no escupen”, lamenta. El miércoles por la mañana, un exguarda reconoció que había presenciado cómo ataban a Voller a la silla en varias ocasiones.

Deo Indevar, otro abogado que trabaja en el equipo legal que defiende a Voller, considera que la silla es humillante. “No creo que puedan justificar que utilicen estas capuchas para evitar que los detenidos se autolesionen, teniendo en cuenta que ya están atados de pies y manos”, indica. Cree que este tipo de fuerza no debería utilizarse en el caso de detenidos menores de edad y mucho menos durante largos periodos de tiempo. “Tal vez está justificada para inmovilizar a ciertos adultos, en casos realmente extremos, como último recurso. Nunca debería utilizarse para inmovilizar a menores”.

Este miércoles por la tarde, Giles ha asegurado que no volverán a utilizarse estos métodos, ni las capuchas para evitar que los detenidos escupan, hasta que no sean evaluados por los expertos.

Tighe cree que este tipo de promesa es completamente vacía. “Este tipo de métodos son inhumanos, no deberían haberse utilizado y espero que nunca más se vuelvan a usar”.

Traducción de Emma Reverter