El polémico legado de Fujimori centra la dura batalla por la presidencia de Perú

Rosa Rojas Borda solloza cuando recuerda la noche en la que, hace casi 25 años, una barbacoa en la zona pobre de Barrio Altos, Lima, se convirtió en masacre. Los vecinos se habían reunido para recaudar fondos para unas tuberías de desagüe, pero poco antes de la medianoche, unos hombres enmascarados irrumpieron en el edificio, obligaron a los invitados a tirarse al suelo y abrieron fuego. Murieron 15 personas, incluido el marido de Rosa, Manuel, y su hijo Javier, de ocho años, a quien encontró desplomado en una esquina.

“Pensé que se había desmayado, lo cogí y lo sostuve contra mi pecho”, rememora. “Después, su cabeza cayó hacia atrás y vi un agujero en su frente y sangre saliendo de su boca”.

Los investigadores concluyeron que el ataque fue perpetrado por paramilitares del Gobierno que estaban cazando a guerrilleros de Sendero Luminoso. Un tribunal sentenció después que estos actuaron bajo las órdenes directas del entonces presidente Alberto Fujimori, y en 2009 lo sentenciaron a 25 años de cárcel por el ataque de Barrio Altos y otra masacre ejecutada por el mismo grupo. También fue condenado por malversación y sobornos.

Muchos peruanos siguen dando crédito a Fujimori por derrotar a los rebeldes y controlar la hiperinflación que paralizó la economía del país en los años 80. Mantuvo su popularidad incluso cuando disolvió el Parlamento en abril de 1992 y a pesar de la represión violenta de su gobierno.

Pero los peruanos acabaron cansándose de la corrupción desenfrenada de su régimen y, tras unas elecciones amañadas en 2000, Fujimori huyó a Japón. En 2005 visitó Chile, desde donde fue extraditado para someterse a juicio. Según el historiador Alfonso Quiroz, ya fallecido, el régimen de Fujimori fue probablemente el más corrupto de la historia de Perú: el país perdió entre 1.500 y 4.000 millones de dólares por la corrupción.

Los crímenes de Fujimori pueden ser parte del pasado, pero su legado está en el corazón de una ardua batalla por el futuro del país.

Mientras Perú se dirige a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, su hija Keiko encabeza las encuestas con una leve ventaja frente al exministro de Economía de 77 años Pedro Pablo Kuczynski, conocido popularmente como PPK. Pero la perspectiva de que una Fujimori regrese al poder ha consternado a quienes sufrieron bajo su represión violenta de la disidencia.

“Creímos que fueron terroristas quienes mataron a mi familia, pero no, fue el Estado, quienes nos gobernaban. El presidente Fujimori es tan culpable como quienes dispararon”, afirma Rojas Borda, de 51 años, mientras abre el kiosco en el que vende dulces y bebidas. Hay una foto descolorida de su difunto hijo pegada en el cristal.

“Keiko aún tiene a su padre, su hogar está completo, su familia está unida. Pero en la sed de poder que tienen, nunca han pedido perdón”, lamenta.

Unidad contra el regreso de la dinastía Fujimori

Esta semana, decenas de miles de personas se manifestaron en el centro de Lima, en una tercera protesta contra Keiko Fujimori. Esta vez, entre los manifestantes estaba Veronika Mendoza, la excandidata presidencial de la coalición de izquierdas Frente Amplio, que pidió a los votantes unirse en torno a Kuczynski, antiguo banquero de Wall Street, y bloquear el regreso al poder de la dinastía Fujimori.

Sea cual sea el resultado de las elecciones, el partido de Fujimori, Fuerza Popular, ya tiene una mayoría rotunda en el Parlamento peruano, con 73 de los 130 escaños. Una nueva generación de fujimoristas ha adoptado el programa del expresidente: una economía de libre mercado y una postura dura contra el crimen.

Pero las víctimas de Fujimori también se están movilizando. Indira Huilca, de 27 años, que está entre los nuevos miembros del Parlamento más jóvenes, es la hija de Pedro Huilca, un líder sindical que murió en la puerta de su casa a manos del mismo escuadrón de la muerte que acabó con el marido y el hijo de Rojas Borda.

La tradición establece que los nuevos parlamentarios prometan sus cargos ante el diputado que tenga el mayor número de votos. Este año será Kenji Fujimori, el hijo menor del expresidente, quien oficie la ceremonia. “No es nada personal”, dice Huilca, impávida ante esa perspectiva. “No tengo ningún rencor hacia los hijos de Fujimori, pero sí tengo un problema enorme con el hecho de que, a pesar de saber lo que hizo, siguen reivindicándolo, siguen siendo parte de su red de corrupción”.

Una oleada de escándalos de corrupción en las últimas semanas no parece haber afectado mucho a la ventaja de Fujimori. En mayo, el canal de televisión Univisión informó de que el secretario general de su partido, Joaquín Ramírez, está siendo investigado por la DEA por presunto blanqueo de dinero procedente de la droga.

Ramírez, antiguo revisor de autobuses, niega cualquier irregularidad pero ha dimitido de la campaña. También se enfrenta a una investigación aparte de la Fiscalía peruana por un imperio empresarial. En un acto de campaña reciente, Fujimori aseguró a los periodistas que las acusaciones que vinculan a miembros de Fuerza Popular con el narcotráfico son “absolutamente falsas”.

Pero según el antiguo zar de las drogas Ricardo Soberon, la candidata ha cortejado a “sectores sociales peligrosos”: ha llegado a acuerdos con líderes de regiones cuyas economías locales dependen de actividades ilícitas, incluida la minería salvaje, la explotación forestal ilegal y el tráfico de drogas. “Un futuro gobierno de Fujimori podría abrir enormes agujeros para la actividad ilegal de las élites”, advierte Soberon.

En una entrevista con the Guardian, Kuczynski señala que hay “gran cantidad de pruebas” de actividades ilícitas de Fuerza Popular y califica la candidatura de Fujimori como una “amenaza mortal para la democracia”. “Por supuesto, ella no es su padre, pero está rodeada de gente que no representa una buena mentalidad para Perú”, advierte.

Kuczynski nació en la ciudad amazónica de Iquitos, hijo de inmigrantes de Suiza y Polonia. Su padre dirigía el centro de leprosos que Ernesto 'Che' Guevara visitó y del que escribió en la obra autobiográfica llamado después Diarios de motocicleta.

Ha ocupado cargos en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y ha sido ministro en varios gobiernos de Perú, pero ha tenido dificultades para superar la percepción de que es un tecnócrata anodino, más cercano al mundo de las finanzas internacionales que a la realidad de la vida en Perú. “PPK es un candidato terrible”, dice Steven Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard.

Por el contrario, Keiko Fujimori, de 41 años, es una oradora con mucho rodaje: 20 años de experiencia política desde que se convirtió en la primera dama de su padre en 1994, cuando ella tenía 19 y sus padres se separaron. Conecta con la gente humilde, que sigue recordando el clientelismo populista de su padre.

Aunque ambos candidatos prometen mejorar los servicios básicos, crear empleo y mejorar la educación, Fujimori “ha hecho campaña incesante y ha viajado por el país más que cualquier otra persona en los últimos cinco años”, apunta Levitsky. Eso, junto con “cultivar una imagen de alguien que no forma parte de la élite de Lima”, señala, le ha granjeado suficiente apoyo para ponerla en primera línea.

Para los seguidores de Fujimori, las acusaciones de corrupción no son más que “mentiras”. Su campaña con promesas de servicios básicos a ritmo de cumbia llega a los oídos de las personas de escasos recursos, acostumbradas a que los políticos les decepcionen. “Tiene el valor para luchar contra el crimen, al igual que su padre luchó contra el terrorismo”, valora Teófila Huaroc, vendedora ambulante de 42 años. “Ningún gobierno ni presidente ha hecho nunca lo que ellos han prometido”.

Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo