La protección contra la discriminación racial en EEUU no se aplica en Airbnb

Los cuatro estudiantes negros que se sentaron en una barra de bar solo para blancos en una cafetería Woolworth de Greensboro (Carolina del Norte) en 1960 fueron el catalizador de un movimiento de protesta a nivel nacional que acabó llevando a la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Esta legislación emblemática ilegalizó la discriminación racial en establecimientos públicos como restaurantes, tiendas y hoteles.

Cincuenta años después, sin embargo, la barra de bar segregada está teniendo un regreso sigiloso, gracias a las innovaciones (y regresiones) de lo que se está conociendo como economía colaborativa. Un estudio de 2015 desarrollado por investigadores de la Escuela de Negocios de Harvard halló evidencias de una “discriminación generalizada a los huéspedes afroamericanos” por parte de los anfitriones de Airbnb, y muchos usuarios de Twitter negros han empezado a compartir sus experiencias de rechazo en esa plataforma de alquiler de corta duración con el hashtag #AirbnbWhileBlack.

Para muchos, Airbnb es un equivalente funcional al hotel, pero la startup –y otros mercados digitales similares– está en una zona gris, que puede escapar del alcance de las reformas logradas con gran esfuerzo por el movimiento por los derechos civiles.

“Lo que están haciendo Airbnb y muchos otros negocios de la economía colaborativa es sacar cientos de miles de transacciones del ámbito en el que están reguladas indiscutiblemente por las leyes de alojamiento público y meterlas en un terreno en el que la legalidad es, como mucho, confusa”, valora Nancy Leong, profesora de Derecho en la Universidad de Denver, que analiza en el Georgetown Law Journal cómo se aplica la legislación de derechos civiles a las empresas como Airbnb.

Esa ambigüedad legal reproduce otros debates regulatorios que han surgido en el mundo de las startups que trabajan con la filosofía de que es mejor pedir perdón que permiso. Pero mientras puede parecer que merece la pena ignorar las leyes inoportunas e ineficaces sobre licencias de taxi o zonificación residencial, no es políticamente viable alterar la legislación que puso fin a la época de Jim Crow (nombre con el que se conoce la legislación estadounidense que propugnaba la segregación racial). El senador y excandidato a la presidencia de EEUU Rand Paul ha recibido críticas durante años por unas declaraciones que hizo en 2010, en las que cuestionaba que la Ley de Derechos Civiles se deba aplicar a las empresas privadas.

La responsabilidad de cumplir la ley, en los anfitriones

Según su política antidiscriminación, Airbnb “obliga a todos sus usuarios a cumplir las leyes y normativas locales”, incluida la legislación federal contra la discriminación. La empresa también pide a los usuarios que denuncien los casos de discriminación.

“Si sabemos de violaciones de nuestras políticas, tomamos medidas”, afirma el portavoz de Airbnb Nick Papas en un comunicado. “Reconocemos que los prejuicios y la discriminación suponen retos significativos para todos. Estamos dando pasos para afrontar estos problemas y agradecemos la oportunidad de trabajar con cualquiera que pueda ayudarnos a reducir la potencial discriminación en la comunidad Airbnb”. Papas no responde a las solicitudes de información sobre qué conllevan las “medidas” de la empresa, cuántas quejas sobre discriminación ha recibido y contra cuántos casos han actuado.

Los términos de Airbnb, sin embargo, sitúan claramente la carga del cumplimiento de la legislación de derechos civiles en los anfitriones individuales, y es probable que muchos, si no la mayoría de ellos, estén exentos del título II de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que no se aplica a las personas que alquilan menos de cinco habitaciones en su propio domicilio.

“Todas las leyes que se redactaron en la época de la Gran Depresión y en la de los derechos civiles se escribieron con un tipo de sociedad concreto en la cabeza”, explica Veena Dubal, profesora de Derecho de la Universidad de California. “Ahora todo parece muy diferente”. Añade que, “aunque la intención (de la ley) está ahí”, es difícil hacer que las normativas del siglo XX se apliquen a las empresas del siglo XXI, que utilizan “estructuras empresariales creativas para evadir las protecciones legales, por lo que estamos de nuevo en un lugar de explotación que existía antes de que se redactaran las leyes”.

Una solución al dilema legal sería considerar la propia Airbnb como un alojamiento público, y no como un intermediario para dos millones de alojamientos públicos individuales. La fiscalía estadounidense podría entonces emprender medidas legales contra Airbnb bajo el Título II, según explica Leong, o los usuarios de Airbnb negros podrían tratar de presentar una demanda colectiva contra la compañía.

David B. Oppenheimer, profesor de la Universidad de California en Berkeley especializado en derecho sobre la discriminación, no cree que Airbnb pueda tener muchas posibilidades en un litigio así. “Si tuviera que apostar por el resultado de un caso de discriminación racial contra los propietarios de Airbnb, amparados en una exención a la legislación sobre vivienda justa, apostaría contra ellos”, señala.

Leong sugiere que se podría considerar a Airbnb responsable si el demandante pudiera mostrar que sus prácticas han llevado a los anfitriones a discriminar: “mi punto de vista es que hay un argumento considerable que dice que las características de la plataforma, como animar a los usuarios a publicar fotos de sí mismos y a usar sus nombres de pila reales, son acciones de Airbnb que incrementan las probabilidades de discriminación”.

“Sin duda hay formas de usar la legislación de derechos civiles ya vigente para exigir responsabilidad a Airbnb, pero hay que tener voluntad política”, opina Dubal. “Hay que encontrar a alguien (en la división de derechos civiles del Ministerio de Justicia) que quiera jugársela”. El Ministerio de Justicia no ha respondido a las solicitudes de información.

Traer la legislación al presente

Los litigios tendrían un proceso lento a través de los juzgados. Otra opción sería actualizar las propias leyes.

“Si se pudiera actualizar rápido la normativa (sobre alojamiento público) para cubrir los negocios de economía colaborativa que son equivalentes funcionales de los negocios de la economía tradicional, se ahorraría mucho tiempo”, plantea Leong. Le preocupa que nuestra aceptación de la discriminación en plataformas como Airbnb pueda ser indicativo de una tendencia más amplia en la opinión pública estadounidense.

“De alguna forma, la economía colaborativa refuerza la visión cada vez más extendida entre algunas personas de que tienen derecho a discriminar en los negocios de sus empresas personales”, reflexiona la profesora. Menciona ejemplos como las pastelerías que se niegan a vender tartas de boda a parejas del mismo sexo o los restaurantes que rechazan a musulmanes.

La aceptación de esas actitudes sería un gran paso atrás en el progreso social. “La discriminación por parte de agentes privados no es realmente privada”, valora Leong. “Si ocurre con suficiente frecuencia, limita la capacidad de algunos grupos para vivir sus vidas en público con la misma libertad de la que disfrutan otros grupos”.

Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo