Las fuerzas de seguridad mexicanas torturan a mujeres para aumentar las cifras de arrestos

Tailyn Wang estaba embarazada de dos meses cuando unos agentes de la Policía Federal irrumpieron en su casa en Ciudad de México, le arrancaron el camisón y la tiraron al suelo. Le toquetearon los pechos mientras le daban puñetazos y patadas delante de sus aterrorizados hijos, antes de llevarla con los ojos vendados a una comisaría, sin una orden de detención.

Los agentes siguieron agrediéndola física y sexualmente hasta que sufrió un aborto en la oficina del fiscal general en Ciudad de México. En lugar de recibir atención médica, la trasladaron, aún sangrando, a una cárcel a cientos de kilómetros. Aquí, varios días después de su detención ilegal, le dijeron que estaba acusada de secuestro y crimen organizado.

Más de dos años después, Wang, cocinera peruana de 35 años, sigue en la cárcel a la espera de juicio y sufre dolores severos en la mandíbula, los hombros y la espalda. A su madre le han concedido un visado humanitario en México para cuidar a sus tres traumatizados hijos, que tienen ahora siete, diez y 17 años.

Wang es una de las grandes cantidades de mujeres inocentes detenidas ilegalmente y torturadas por las fuerzas de seguridad mexicanas que buscan aumentar las cifras de detenciones para justificar la guerra contra las drogas, según una nueva y demoledora investigación de Amnistía Internacional.

Descargas eléctricas en los genitales, violaciones con objetos, dedos, armas de fuego y el pene, duros golpes y asfixias son solo algunas de las brutales agresiones infligidas de forma rutinaria a las mujeres durante su detención e interrogatorio con casi total impunidad.

De las cien mujeres entrevistadas para el informe, 72 dicen haber sufrido abusos sexuales durante su arresto o poco después. Diez de las mujeres estaban embarazadas cuando las detuvieron; ocho sufrieron después un aborto.

Todas y cada una de las mujeres entrevistadas denuncian maltrato psicológico, incluidas amenazas de violación a sus familias y acoso sexual. La amplia mayoría eran madres jóvenes, pobres y solteras. Solo dos de las mujeres, que no han obtenido nada por participar en la investigación, dijeron ser culpables. La mayoría de ellas pasaron años en la cárcel a la espera de juicio, sin acceso a atención sanitaria adecuada ni a asesoramiento legal.

Wang, que ha denunciado las torturas a jueces, fiscales, médicos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue acusada falsamente por un conocido, un policía local, después de que también lo torturasen. “En lugar de investigar la tortura que sufrí, todo el sistema la ha ignorado, incluidos los médicos, que en lugar de eso me presionan para tomar antipsicóticos para que me calle”, cuenta Wang a the Guardian desde la cárcel.

Las denuncias de tortura han aumentado exponencialmente en México desde que el expresidente Felipe Calderón desplegó por primera vez a decenas de miles de fuerzas armadas en las calles para combatir a los cárteles enfrentados de la droga y al crimen organizado.

En abril, un vídeo filtrado en el que unos policías y militares ahogan a una sospechosa con una bolsa de plástico forzó una disculpa sin precedentes por parte de altos cargos del Gobierno. Pero a pesar de la introducción de numerosos protocolos, programas de formación y unidades especializadas para combatir este problema, solo se ha perseguido a unos cuantos responsables, según ha hallado Amnistía.

La marina, que se ha desplegado en algunos de los estados más violentos como Veracruz y Tamaulipas, parece tener un problema especialmente grave con la tortura. Entre las mujeres entrevistadas por Amnistía, ocho de las diez detenidas por la marina fueron violadas.

Magdalena Saavedra, una esteticista de San Luis Potosi, cuenta que los militares de la marina la asfixiaron, le aplicaron descargas eléctricas y la violaron con brutalidad en repetidas ocasiones en el Día de la Madre de 2013. La acusaban equivocadamente de trabajar con un gran cartel de la droga.

La familia de Saavedra pasó semanas buscándola en los hospitales y comisarías hasta que encontraron un periódico digital que informaba de que había sido acusada de crimen organizado y delitos relacionados con la droga y las armas. Su madre, que pide mantener su anonimato por miedo a represalias, relata: “Cuando por fin la encontramos, ya no era mi hija, la habían destrozado. La obligaron a firmar una confesión amenazándola con violar y matar a sus hijos. Está encerrada y seguimos sin entender por qué, ¿cómo podemos hablar de justicia?”.

Tres años después, Saavedra aún tiene profundas secuelas físicas y psicológicas a pesar de que el médico de la marina le dio el visto bueno, según explica Madeleine Penman, investigadora de Amnistía en México.

En mayo se anunció una unidad para promover y proteger los derechos humanos en la marina. Mientras tanto, una nueva ley contra la tortura sigue bloqueada en el Congreso.

“Los médicos estatales, los abogados y los fiscales ven cómo la Policía les lleva a multitud de detenidos totalmente apaleados y deshechos y parecen tratarlo como una parte normal de su trabajo diario. Es estremecedor ver la cultura de encubrimiento que existe”, valora Penman. Wang, que afronta una larga pena de prisión pese a que no hay pruebas contra ella, dice: “Las prisiones están llenas de mujeres inocentes que han sido torturadas, todas sus familias han sido devastadas, pero nadie escucha”.

Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo