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The Guardian en español

La última marcha de las FARC

El proceso de abandono de las armas está siendo complicado por los incumplimientos de ambas partes del acuerdo.

Sibylla Brodzinsky

Colinas —

Durante sus 18 años como miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Germán se acostumbró a caminar por la selva durante días y a subir montañas cargando una pesada mochila, con un AK-47 cruzándole el pecho. 

Pero esta semana, mientras él y miles de combatientes se preparan para hacer el viaje final de una guerra de 52 años de duración, este curtido guerrillero se ve embargado por la expectativa y la inquietud. “La batalla a la que nos enfrentamos ahora es bien distinta”, dice Germán, de 34 años y exmiembro de un experimentado comando de seguridad de las FARC.

En un campamento provisional del grupo guerrillero, cerca de uno de los sitios de desmovilización, Mauricio Jaramillo, excomandante del poderoso Bloque Oriental de las FARC, le da un breve informe de situación antes del amanecer a los 190 rebeldes apostados allí. “Empiecen a empacar sus cosas”, dice a las tropas dentro de una enorme tienda abierta que sirve de aula, salón de reuniones y sala para ver televisión. “Nos estamos preparando para nuestra última marcha”, afirma.

Tal como se acordó en las históricas negociaciones de paz con el gobierno, miles de guerrilleros han comenzado a viajar a pie, en camión, en autobús o en bote hacia diferentes zonas de desmovilización en todo el país. El 31 de mayo, unos 6.300 guerrilleros deberán entregar sus armas a una misión de la ONU y pasarían a la vida civil.

Las negociaciones de paz, que duraron más de cuatro años y se llevaron a cabo en La Habana, tuvieron que superar muchos obstáculos para ganarse la aprobación pública, ya que al principio los colombianos rechazaron el acuerdo en un referéndum. Luego, la implementación del acuerdo ha sido un proceso lento y complicado. 

Incumplimientos de ambas partes

Inicialmente se estableció que los guerrilleros tenían que llegar a las zonas de desmovilización antes del 31 de diciembre, pero la logística de montar viviendas, tendido eléctrico y otros servicios en áreas remotas ha sobrepasado la capacidad de las agencias gubernamentales encargadas de coordinar la tarea.

Sólo unos días antes de la fecha límite del 31 de enero, la zona de desmovilización de 16 hectáreas en la lejana provincia oriental de Guaviare que debían ocupar Germán y otros 500 guerrilleros estaba lejos de estar preparada para recibirlos. Según los planes, ya debían tener listas las viviendas, las aulas, los tanques de agua y un sistema de tratamiento de agua potable, pero esta semana el terreno todavía estaba vacío, con sólo unas docenas de tablas de madera y una tienda de campaña.

“Iremos a las zonas de desmovilización porque ésa fue la orden de los comandantes”, señala Germán durante la reunión matutina en la que, igual que muchos otros guerrilleros, manifiesta su temor de que el gobierno no cumpla con las condiciones del acuerdo de paz. “Pero si el gobierno no cumple con lo que prometió ahora que todavía estamos armados, ¿qué harán una vez estemos allí?”, se pregunta. “Lo único que les interesa es que les entreguemos las armas”, asegura. “Una vez que las entreguemos, no harán nada de lo que prometieron”. 

La Fundación Paz y Reconciliación, un centro de estudios sobre el conflicto con base en Bogotá, aseguró en un informe publicado la semana pasada que no se han acabado de construir 23 de los 26 campos previstos, aunque el gobierno ha tenido siete meses para hacerlo. En muchas zonas, los mismos guerrilleros han aceptado construir ellos sus propias viviendas, pero a muchos les preocupa que esto les quite tiempo de los estudios y programas de formación que se supone que facilitarán su paso a la vida civil. 

A pesar de las dificultades, Mauricio aseguró que no hay vuelta atrás. “Nos comprometimos a hacer esta transición para ser un partido político legal”, dijo. Pero advirtió que eso no significa que la lucha de las FARC haya terminado. “Esto es un acuerdo por la paz, pero todavía tenemos que luchar por todo. Por ahora, tenemos que luchar para que el gobierno cumpla con lo que acordamos en las negociaciones”, indicó Mauricio.

A su vez, el gobierno también lucha por hacer que las FARC cumplan con su parte del acuerdo. Incluso antes de que se llegara a un acuerdo final en agosto, los líderes del grupo guerrillero se habían comprometido a entregar a todos los menores de edad que formaban parte de la guerrilla a agencias de bienestar infantil para que vuelvan con sus familias. Sin embargo, sólo liberaron a 13 menores el año pasado, según Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz del gobierno. Ahora, las FARC dicen que los entregarán cuando hayan llegado a las zonas de desmovilización. 

En Guaviare, la guerrilla tiene algo de culpa en la falta de infraestructuras: en 2015, un ataque de las FARC contra una torre de alta tensión dejó esa zona de la selva desconectada de la red de energía nacional.

A pesar de estas complicaciones, la imagen de miles de guerrilleros andando a través de todo el país hacia las zonas de desmovilización es extraordinaria.

De históricos y disidentes

La primera marcha larga de las FARC fue mucho más desorganizada. En 1964, el gobierno bombardeó un pequeño enclave comunista conocido como Marquetalia y un grupo de campesinos que reclamaba la independencia del gobierno colombiano se dispersó en la selva. Pronto se reagruparon y formaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se convirtieron en el grupo guerrillero más grande y fuerte de América Latina, con más de 20.000 guerrilleros en su momento de máximo poder.

A mediados de los años 90, el Estado colombiano no podía detener el avance de la guerrilla y a menudo recurrió a fuerzas paramilitares de extrema derecha para hacer ese trabajo. Las FARC utilizaron el reclutamiento forzado, desplazamientos masivos y la extorsión, mientras se beneficiaban del avance del narcotráfico en zonas bajo su control.

Gracias a ataques a puestos militares y a pueblos rurales lograron secuestrar a cientos de policías y soldados, y los retuvieron durante años en jaulas de alambre de púas en medio de la selva, llamándolos “prisioneros de guerra”. Para la mayoría de la sociedad colombiana, eran lisa y llanamente rehenes.

Hoy, el cambio es radical. Desde la cima de una colina, un grupo de cinco soldados mira relajadamente la calle de tierra entre la zona de desmovilización y el campo guerrillero en Colinas. Mauricio, que participó en ataques a los pueblos de Mitu y Miraflores, donde secuestraron a docenas de hombres de las fuerzas de seguridad, pasa en una camioneta con sus guardias, y toca el claxon para saludar.  Los soldados, ahora a cargo de la seguridad de sus antiguos enemigos, saludan amigablemente con los brazos, pero bajo la aparente calma yace la urgencia de la nueva misión del Ejército. 

Pandillas criminales, llamadas grupos “neo-paramilitares” y el grupo rebelde ELN, de menor envergadura, ya han comenzado a llenar el vacío de poder que deja la retirada de las FARC en todo el país, y se están apoderando de la economía criminal que alguna vez controlaron y regularon las FARC. De las 242 municipalidades donde estaban presentes las FARC, los nuevos grupos armados se han expandido a al menos 90 de ellas, según Paz y Reconciliación.

En el caso de Guaviare, el control lo tiene un grupo de disidentes de las FARC. Arsenio Mejía, comandante del Frente Primero de las FARC, vio desmembrarse su unidad cuando un grupo de guerrilleros anunció que no aceptaría el acuerdo de paz con el gobierno. Luego, otro grupo se separó en diciembre, bajo el mando de Gentil Duarte, un líder de las FARC que participó en las negociaciones de La Habana y que dice representar los ideales de los fundadores.  “Fue doloroso ver eso”, dijo Mejía, también conocido como “Kokorikó”. “Eran mis camaradas, luchamos juntos, y ahora se han convertido en traidores”.

Ocupar el lugar que dejan

El martes, un policía que participaba de un operativo para erradicar plantaciones de hoja de coca en la zona de Guaviare fue asesinado por un francotirador, aunque no está claro si el asesino pertenecía al grupo disidente. Según un informe confidencial de seguridad al que tuvo acceso the Guardian, Duarte y unos 30 hombres están actuando en nombre de las FARC y podrían poner en peligro todo el proceso de desmovilización. Se han reunido con comunidades locales para exigir el pago de “impuestos de guerra”.

Tanto el gobierno como sus antiguos camaradas dicen que estos disidentes se están escondiendo tras la ideología para en realidad participar en el negocio del narcotráfico, que es cada vez mayor en esa región. La deserción de Duarte sucedió sólo días después de que grupos mafiosos aparecieran en la zona, según revelaron varias fuentes.

Pero los líderes de las FARC creen que los disidentes también abandonaron el grupo porque temen enfrentarse a los tribunales de justicia que se establecerán para juzgar a los guerrilleros por crímenes de guerra. “Todos tenemos miedo por lo que hemos hecho”, dice un miembro de las FARC.

Y aunque en las FARC no piensen que sus antiguos camaradas representen una amenaza directa contra ellos, sí están muy preocupados por los asesinatos de líderes de comunidades locales y activistas de izquierdas alineados con las FARC. Al menos 17 líderes sociales han sido asesinados desde que comenzó la aplicación del acuerdo de paz el 1 de diciembre, según la Unidad para las Víctimas del gobierno colombiano.

Aunque no hay pruebas de que los asesinatos estén relacionados, Alan Jara, que estuvo secuestrado por las FARC durante más de siete años y ahora dirige la Unidad para las Víctimas, dice que “se está masacrando a los líderes sociales”.

Miembros de las FARC tienen el justificado temor de convertirse en objetivos una vez que hayan entregado las armas y pasen a la vida civil. Otra amenaza sobre el proceso de paz es el destino de Unión Patriótica, un partido político fundado en 1984 por miembros de las FARC, durante un intento previo de lograr la paz. Miles de miembros de este partido y de otros movimientos de izquierdas fueron sistemáticamente perseguidos y asesinados por grupos paramilitares de derechas.

A Germán le preocupa que la historia se repita, pero por ahora conserva la esperanza. Espera obtener el título de fisioterapeuta y aumentar los conocimientos que obtuvo con las FARC cuando ayudaba a camaradas heridos a rehabilitarse con ejercicios, masajes y acupuntura. 

“Vamos a ver si nos dejan”.

Traducción de Lucía Balducci

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