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¿New Green Deal?

La cantidad de gases causantes del cambio climático alcanzó un nuevo máximo

Quizá lo honesto en estos tiempos de límites imposibles sea decir la verdad, aunque también sea temerario. Estamos en momento de descuento, vamos inexorablemente hacia un abismo climático. Con dos grados más de temperatura la Tierra será un lugar en el que la vida se hará mucho más compleja y en algunas zonas será, directamente, imposible. No quiero ser agorera, ni muchísimo menos caer en el desánimo, más bien me pregunto cuánto estamos dispuestas a hacer para salir de la situación de emergencia climática y, sobre todo, si hemos pensado en el alcance social que puede tener una situación de colapso ecológico.

La buena noticia es que la experiencia de la humanidad nos dice que si somos capaces de plantear una salida que sea cooperativa, que refuerce las redes de apoyo mutuo y que reparta los recursos de forma equitativa, podremos afrontar el cambio que viene en mejores condiciones. Aunque solo podamos hacer referencia a escasas experiencias históricas, sabemos que las comunidades que han sido capaces de cimentar su estrategia en este tipo de comportamientos, han sido capaces de salir adelante con más éxito.

La mala noticia es que el momento del colapso está cada vez más cerca y que, como cuerpo vivo, la humanidad gasta cada vez más recursos que, o bien no se reponen, o bien tardan ciclos más largos de los que puede soportar el metabolismo de la biosfera. Eso significa, básicamente, que lejos de reducir el problema lo estamos agrandando cada año. Somos un barco a la deriva.

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Lo que los investigadores hacemos mal

Si cogen un periódico, de cualquier ideología, de entre todo el espectro de opiniones, estilos o tirada, y lo abren por las páginas dedicadas a la investigación, se encontrarán con la siguiente realidad: el personal investigador lo hacemos todo bien. Somos una especie de súper héroes, con bata como capa y libros como arma. Todos los días pueden leer sobre nuestros avances en la lucha contra el cáncer, cómo hemos conseguido que una sonda se pose en Marte o cómo descubrimos lagos debajo de los glaciares de la Antártida. Pero como en toda historia, no es oro todo lo que reluce. Junto a esto, es muy probable que, además, estén familiarizados con otra realidad: a los investigadores/as se nos valora muy poco en este país. No sólo estamos presentes por nuestros logros, sino por la pésima situación en la que tenemos que desarrollar nuestro trabajo y que seguro que ya le es familiar. Nos encontramos ante enormes dificultades burocráticas para poder trabajar, por ponerles un ejemplo, es probable que para comprar un bolígrafo tengamos que rellenar tres instancias, pedir permiso a varias oficinas contables y justificar en que vamos a usar ese boli. Además, nos vemos obligados a exiliarnos al extranjero ante la falta de oportunidades laborales (les podría hablar aquí de lo incomodo que es cantar un cumpleaños feliz cara a una pantallita de 5 pulgadas) y para colmo, después se nos impide regresar debido a la falta de oportunidades o al oscurantismo de algunas universidades (sobre esto no me pidan ejemplos).

Pero como sobre todas estas cosas ya hay mucho escrito (y nos tememos que se seguirá escribiendo mucho más en el futuro) nos gustaría dedicar estas líneas a lo que el personal investigador hace mal. Somos personas curiosas por naturaleza. Nos gusta ir hasta el más mínimo detalle de las cosas para conseguir desentrañar el por qué de nuestro siguiente descubrimiento. La gran mayoría de las veces ese proceso dura años y durante ese tiempo solemos perdernos en nuestros apuntes, artículos y despachos, en muchas ocasiones, dándole la espalda a la sociedad. Aquí deberíamos entonar el mea culpa y ser conscientes de que adquirir el estatus de investigador o investigadora no nos permite ser ajenos a nuestra realidad social o a las problemáticas que otros sectores han sufrido. Conviene recordar cómo durante los años de crisis sectores fundamentales para el país como la educación o la sanidad consiguieron realizar enormes movilizaciones. Es probable que el camino para llegar a ser investigador/a en nuestro país es tan costoso y descorazonador que una vez se ha llegado somos incapaces de mirar un poco más allá, de demostrar a la sociedad que tenemos fuerza y que somos multitud. Nuestras probetas, nuestros libros, nuestros instrumentos son enormemente importantes para nosotros y para la sociedad en su conjunto, pero si no vemos mas allá de ellos, como sin duda está pasando, estaremos haciendo las cosas mal.

Para que la sociedad nos apoye, es necesario que nos comuniquemos con ella. No sólo nuestras alegrías o descubrimientos, a través de la divulgación, sino que hay que crear conciencia social. Necesitamos transmitir el mensaje de que, si un investigador no puede comprar un reactivo, no tiene dinero para contratar a otro investigador o se queda sin terminar su tesis doctoral es como si una persona no pudiera comprar pan y le faltaran en su despensa, no pudiera contratar a alguien para que les cuide a los niños o que se quedara sin trabajo de un día para otro. Necesitamos que la sociedad entienda que somos parte fundamental de ella. Tenemos que llamar la atención de la gente. Los investigadores/as no estamos recluidos en un centro sin contacto con nadie. Somos sus vecinos, sus compañeros de gimnasio o los que hacen la compra a su lado. Y peleamos por ellos, todos y cada uno de los días. Ser capaces de transmitir la importancia de nuestras demandas y nuestras movilizaciones es, de nuevo, algo que hacemos mal.

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¿Qué aporta el embargo de armas españolas a Turquía?

La ministra de Defensa, Margarita Robles.

La Moncloa comunicó este martes 15 de octubre que "condena" la intervención militar de Turquía en Siria y que denegará nuevas licencias de exportación de material de Defensa "susceptible de ser utilizado" en esta operación. Cabe aplaudir la condena a una iniciativa que está produciendo un enorme sufrimiento, pero también conviene preguntarse por las motivaciones, por el efecto real de las denegaciones y por el impacto que la colaboración militar con Turquía ha podido tener en la ofensiva actual. Siguen tres claves que pueden facilitar las respuestas.

En primer lugar, una aprobación de nuevas licencias es, sencillamente, ilegal. Las exportaciones a Turquía violan de manera flagrante al menos cuatro de los ocho criterios contenidos tanto en la posición común de la UE como en la propia legislación española. Estos criterios están relacionados con el respeto de los derechos humanos, la situación de conflicto armado, la estabilidad regional o la observancia del derecho internacional humanitario. No hay manera de determinar a priori si un arma, equipo, material militar o munición española será o no utilizada en Siria o si servirá para violar cualquiera de los criterios mencionados. Pero tampoco existe forma alguna de negar esa posibilidad, en particular en el contexto actual. Una vez exportado, Madrid no tiene modo alguno de evitar un uso específico de ese material. Por otro lado, si bien la ofensiva que provoca el embargo es nueva, Turquía lleva mucho tiempo inmersa en varios conflictos armados. Además de su participación en Siria –en donde lleva tiempo combatiendo– y varias tensiones geopolíticas con distintos países –como Israel o Rusia, por ejemplo–, cabe recordar que el histórico conflicto armado con los kurdos suma más de 40.000 muertos, entre uno y tres millones de desplazados y miles de desaparecidos. Además, en los últimos años la situación de violencia se ha agravado sin que las distintas escaladas hayan tenido reflejo en las prácticas exportadoras española o europea.

En segundo lugar, el comunicado señala "nuevas licencias", sin afectar a las exportaciones ya acordadas. Entre la aprobación de una licencia y la exportación del producto terminado, o sus componentes, puede pasar mucho tiempo, incluso años, dependiendo del pedido concreto. Un tiempo dedicado a obtener financiación y producir el material. Sin embargo, el espíritu de un embargo es suspender la exportación de armas que puedan ser utilizadas hoy, y no dentro de, digamos, tres años. Otros países europeos que se adelantaron a España, como Finlandia, Noruega, Francia o Alemania, también se refieren a la denegación de nuevas licencias, no a exportaciones ya aprobadas. Con todo, este último país señala que su gobierno ya implementa una política "muy restrictiva" de exportación a Turquía desde 2016, como consecuencia de su ofensiva en la región de Afrin, en el norte de Siria. Por su lado, España no alteró entonces su práctica exportadora. Con todo, cabe preguntarse por unas restricciones que no impidieron que, en 2018, Turquía fuera la destinataria, con 243 millones de euros, de casi un tercio de las exportaciones de armas alemanas. Al menos, los noruegos han señalado que también revisarán todas las licencias ya aprobadas, una medida que les singulariza positivamente entre sus aliados.

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Por qué España necesita Más País

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El líder de Más País, Íñigo Errejón, durante la presentación de los candidatos de las 18 provincias donde se presenta el partido.

Hay diversas razones que explican la necesidad de la candidatura de Más País. La primera es del orden de lo inmediato: España necesita un gobierno, y necesita que ese gobierno sea progresista. Ello, a su vez, depende de la movilización del voto progresista, pero no solo: también requiere la capacidad de acuerdo. El 28A hubo una movilización fuerte para frenar la entrada de Vox, pero de nada sirve una mayoría en las urnas si después no se convierten en acuerdos de gobierno. Hubo la voluntad popular, pero los partidos no han estado a la altura para saber ejecutarla. El país lleva seis meses paralizado porque los partidos han privilegiado sus intereses antes que el mandato democrático y han sido incapaces de alcanzar un acuerdo. En estas condiciones, lo extraordinario, lo revolucionario, era ser responsable y dar un paso adelante.

Sin embargo, paradójicamente, solo mirando lejos pueden encontrarse las bases para un acuerdo en lo inmediato. Era necesario que surgiera una fuerza política que permita un cambio de mirada: una mirada larga, con vocación de futuro, que hable de la próxima década de los españoles, no del siguiente telediario o el siguiente congreso del partido. Ello implica comprender que la política no trata de intereses organizativos, posiciones morales o afirmaciones identitarias, sino de leer las necesidades de la gente; de comprender al pueblo que ya existe, en lugar de lamentarse por cómo nos gustaría que fuera; en una palabra, de poner el país por delante de las siglas.

Italo Calvino dijo que había que escribir "integrado en la vibración del tiempo". Lo mismo cabría decir del político: si no sabe leer la "música de las cosas", su capacidad de transformación quedará reducida a la nada. El tono, la atmósfera de hoy, suena a desafección, a angustia, a hartazgo, a resignación colectiva. El neoliberalismo en general, y los años de crisis en particular, han destruido derechos y garantías, erosionado nuestros vínculos colectivos y generado un horizonte de precariedad y atomización para grandes capas de la sociedad. La violencia machista y las agresiones rompen la sociedad cada día. La mercantilización depredadora de todo lo que existe hace peligrar la propia existencia del planeta, la naturaleza o la vida. La crisis climática pone el peligro nuestra propia supervivencia. La economía de mercado ignora sistemáticamente la necesidad de poner en el centro de la vida social los cuidados y la reproducción de la vida. La jungla del todos contra todos como estado psíquico colectivo genera desconfianza y ansiedad. El deterioro, en fin, de las condiciones económicas, naturales y vitales se dibujan como negro horizonte de futuro.

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La ELA, una enfermedad administrativamente olvidada

Pulseras verdes que llevan los enfermos de ELA con su historial médico por si necesitan ser atendidos en cualquier lugar.

Dependencia total, una esperanza de vida de 3 a 5 años, 35.000 euros de gasto anual para la atención domiciliaria, falta de equidad en la atención médica y ayudas que tardan en llegar. Esta es la realidad sociosanitaria a la que se enfrentan los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y sus familias, que necesitan acceder lo antes posible y en el mayor grado a las ayudas económicas y sociales disponibles, a pesar de ser insuficientes para cubrir todas las necesidades.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva, pero también está encuadrada en el catálogo de enfermedades raras, dada su baja prevalencia. Aunque no hay registros, se estima que cada año se diagnostican en España más de 900 nuevos casos y que en la actualidad hay entre 3.000 y 4.000 pacientes con esta enfermedad. Hay que decir también que las estadísticas dicen que la esperanza de vida de estos enfermos es de 3 a 5 años desde que se manifiestan los primeros síntomas y que su progresión lleva antes o después, en algunos casos muy pronto, a una inmovilidad total, la pérdida del habla y, por tanto, la incapacidad para comunicarse, es decir, a una dependencia absoluta. Además, esta enfermedad no tiene tratamiento, salvo un medicamento que únicamente puede aportar un aumento unos meses en la esperanza de vida al ralentizar, tan solo un poco, la evolución de la enfermedad. Tampoco existe la equidad territorial en la asistencia médica, por lo que tanto el diagnóstico como los cuidados médicos necesarios están condicionados por el lugar de residencia del enfermo.

Solo con estos datos debería bastar para imaginar cuál es la realidad sociosanitaria a la que se han de enfrentar las familias en las que la ELA impone su presencia y que, desde un inicio, deben asumir el cuidado de un enfermo cuyas condiciones físicas de movilidad y capacidad para realizar las actividades más simples de la vida cotidiana imponen una atención continuada y progresivamente más especializada y multidisciplinar. Unos cuidados que, por otra parte, conllevan un gasto que, según el Observatorio de ELA 2018, se estiman en 35.000 euros anuales: fisioterapia, logopedia, rehabilitación respiratoria, apoyo psicológico, sillas de ruedas y otros accesorios, adaptación de la vivienda, grúas para poder mover al paciente, dispositivos para facilitar la comunicación, cuidadores expertos y un largo etcétera. Solo el 6% de las personas enfermas puede afrontar el coste que supone una adecuada atención domiciliaria, un esfuerzo económico que muchas veces tienen que asumir los familiares, que tienen que dejar su trabajo para dedicarse a darle los cuidados que no pueden pagar. 

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Resistiendo a una guerra sin fin en Colombia: narcotráfico, multinacionales, paramilitares y abandono del Estado

Una bandera de la guerrilla del ELN en Colombia.

Apenas 70 km separan Aguachica de Ocaña atravesando la Cordillera central andina, un trayecto habitual que conecta el Catatumbo con el Magdalena Medio. Aguachica pertenece al César y es uno de los lugares con mayores casos de falsos positivos y desapariciones forzadas. La guerra en el César es hoy una realidad y Aguachica es uno de los principales centros del paramilitarismo que opera de la mano de las empresas mineras y agroganaderas. También es la puerta de entrada a la Serranía de San Lucas, una zona minera donde en las últimas décadas el control territorial ha pertenecido a diferentes grupos armados.

El departamento vecino es el Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Hoy en día los migrantes venezolanos ocupan sus calles en busca de algo mejor, sin embargo, han llegado al Catatumbo, una de las zonas más complicadas del país. Ocaña es el paso de entrada a las comunidades catatumberas. Todo el mundo en Colombia conoce la región: la frontera, el narcotráfico, los intereses del capital transnacional y la guerra la sitúan como uno de los puntos más calientes del conflicto social armado.

Durante la hora y media que dura el viaje de Aguachica a Ocaña observo ensimismada el paisaje recordando los relatos que las víctimas y familiares de víctimas de Aguachica nos compartieron horas antes. Al igual que sucedió en Soacha, en Aguachica un grupo de jóvenes fueron sacados de sus hogares engañados con la falsa promesa de darles un trabajo. Las familias cuentan cómo se despidieron felices esperando durante días una llamada con información sobre los primeros días en el nuevo trabajo.

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El autoritarismo nada disimulado de una sentencia histórica

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Manuel Marchena, a su llegada al Tribunal Supremo.

La primera imagen que se asoma a la mente de quien lee y analiza la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el caso del secesionismo catalán es la de los distintos representantes de la Fiscalía General del Estado (vinculada por su Estatuto a la defensa de la legalidad) proclamando sin argumentos que los hechos juzgados fueron constitutivos de un delito de rebelión porque concurrió la violencia o la amenaza de violencia o la violencia sobre las cosas, que de todo hubo. A la postre, los fiscales que aparecieron en carrusel ante la Sala no han logrado convencer a los siete magistrados de que los actos juzgados fueran constitutivos de un delito de rebelión. Muy a su pesar, los más de cien penalistas que denunciamos hace dos años la utilización espuria de ese gravísimo delito teníamos razón.

El juicio contra los cabecillas del independentismo catalán estuvo marcado desde el principio por un apelativo que llenó titulares de periódicos, alegatos parlamentarios y, lo que es peor, resoluciones judiciales: que Junqueras y el resto de los acusados eran "golpistas", que pretendieron dar un golpe de Estado, lo mismo -alguna política dijo que "incluso peor"- que el intento del 23F, cuando Milans sacó los tanques a la calle y Tejero secuestró el Congreso de los Diputados con un grupo de guardias civiles. La evidente distancia entre aquellos hechos y lo ocurrido ahora en Cataluña no deja resquicio a la duda en el plano penal: mientras aquello era una rebelión clarísima, esto último fue quizá un "atentado grave al interés general de España" -como dice el art. 155 de la Constitución- lejano de la rebelión violenta.

Todas las manifestaciones llevadas a cabo en Cataluña habían hecho gala de un pacifismo deliberado, más allá de algunas extralimitaciones menores. Es cierto que los políticos acusados habían desobedecido las órdenes del Tribunal Constitucional, que les conminó a no seguir por esa vía, pero de ahí a calificar los hechos como rebelión hay un abismo en el que no ha caído la sentencia. Sin embargo, el Supremo se extralimita -en mi opinión- a la hora de valorar la "seriedad" de los fines secesionistas calificándolos como "mera ensoñación" y como "artificio engañoso", porque ello se compadece muy mal con una larga serie de resoluciones del mismo Tribunal que hicieron hincapié en el carácter perfectamente organizado del secesionismo para mantener la acusación por rebelión y la consiguiente prisión preventiva. Este giro radical permite sospechar que se mantuvo la anterior opinión de un modo poco razonado.

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Prueba de estrés democrático

Parte de los acusados, durante una sesión del juicio.

El procés ha puesto a España en situación límite. Me refiero especialmente a la calidad de su democracia y a su capacidad para dar respuesta adecuada a los retos a que se ve sometida. El procés ha sido seguramente uno de sus retos principales, desde luego el más importante de estos últimos tiempos y es evidente que el test de estrés que implicaba la respuesta del Estado a lo sucedido en Cataluña en otoño de 2017 no se ha superado.

Todos hemos perdido con ello. El círculo vicioso en que nos encontramos desde hace años no solo no se ha roto, sino que se ha enquistado aún más. La sentencia ahonda en la radicalización de posiciones y demuestra lo insensato de renunciar a la política para resolver un problema esencialmente político. El autismo político y la judicialización del procés como única respuesta posible ha sido una grave irresponsabilidad. Una gran dejadez porque era evidente que la vía penal no podía aportar ninguna solución y sí en cambio nuevos problemas añadidos.

El procés se ha visto como un desafío a la integridad territorial de España y esta percepción parece bastante ajustada a tenor de su objetivo. Un proceso de independencia cuestiona esa integridad y con ello se tocan las fibras más sensibles de un Estado y de la sociedad que lo compone. Esta percepción se ha visto agravada por la forma de conducir el procés. La opción por la vía unilateral fue una irresponsabilidad porque no se daba ninguna circunstancia que objetivamente le diera una mínima capacidad de tener éxito. La vía unilateral introdujo también un falso debate al pretender separar la democracia del Estado de derecho. Con esta errónea creencia el procés se legitimaba a sí mismo y disponía del argumento necesario para desbordar el marco constitucional. Un argumento muy discutible que lo situaba en un camino de alto riesgo que seguramente los responsables políticos catalanes no calibraron bien en aquel momento. La sentencia del Tribunal Supremo parece demostrarlo.

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El tiempo de los jueces ha pasado

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Fachada del Tribunal Supremo

En 1981 Óscar López Rivera fue condenado a un total de 70 años de presidio acusado de conspiración para la sedición, sin que se le imputara ningún hecho violento, por reclamar la independencia de Puerto Rico. Después de pasar 35 años recluido en cárceles norteamericanas, el presidente norteamericano Barak Obama, le concedió el indulto en enero de 2017. Pocos meses después comenzarían los avatares para los independentistas catalanes por promover la secesión y proclamación de la República de Cataluña.

Es este un ejemplo de lo que puede suponer una sentencia judicial cuando se mezcla con un conflicto político. El caso del procés desde su inicio se vio afectado por el tinte político que impregnó todo. Sería en septiembre de 2017 cuando el fallecido fiscal general Maza daría instrucciones para que se desencadenara el tsunami judicial que este lunes cumplió una de sus principales etapas, aunque no la última. A Pujol y sus colegas les vino de perlas la "aparición" de esta crisis de reclamación de la soberanía para camuflar sus chanchullos económicos. Puigdemont y los suyos fueron autores de una ilegalidad manifiesta cuando optaron por desafiar la Constitución y el Estatut, en vez de resolver los problemas por la vía de la negociación, el debate y el acuerdo político. Los sectores más radicales se frotaban las manos de satisfacción ante la oportunidad de ejercer su vocación antisistema. Por su parte, el Partido Popular, que tanto había trabajado en crear el caldo de cultivo previo, entró al trapo con dedicación. Cataluña le venía bien a Rajoy por desviar la vista de la corrupción que se dirimía en los tribunales y culminaría en el caso Gürtel con una sentencia clara de condena al PP y su salida del Gobierno, tras una moción de censura.  En este punto, unos y otros se asemejan: los del 3%, los de Banca Catalana, los del Palau, los de la Púnica, los de la Gürtel…

El PP añadía a esta huida hacia delante de sus propios problemas con la Justicia su intención de hacer ver la mano dura de sus postulados de derecha frente a un Ciudadanos que le comía –entonces– terreno electoral.  ¿Qué mejor que el espectáculo judicial para distraer el foco de atención, y resolver un asunto enojoso que, sin interés por solucionarlo de forma operativa, se iba de las manos? De ahí que no se hiciera mayor esfuerzo para abordar el tema desde la política. Los del Govern fueron radicalizando sus llamamientos y el Gobierno del PP dejó todo en manos de la Fiscalía, que abordó con entusiasmo una respuesta  jurídica a un problema de otro calibre con la acusación de sedición primero y rebelión después, como caballo de batalla.

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Sedición: ¿se estaban alzando quienes protestaban sentados?

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Protestas de independentistas ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

El Tribunal Supremo ha condenado a algunos de los principales dirigentes independentistas a elevadas penas de prisión. Habrá tiempo para analizar el alcance de los delitos concurrentes según la sentencia, como la malversación o la desobediencia. Sin embargo, una primera aproximación a la resolución nos permite abordar los problemas jurídicos que presenta la condena por sedición, eje central de la argumentación judicial. Por ello, intentaría aportar algunas reflexiones estrictamente personales, sobre los riesgos para nuestro sistema de libertades que puede generar la perspectiva de la sentencia. Las decisiones del Tribunal Supremo deben respetarse y acatarse, pero ello resulta compatible con las valoraciones jurídicas constructivas que se puedan aportar, con la finalidad de contribuir a un debate que siempre es positivo para la sociedad.

De salida, resulta relevante que nuestro alto tribunal haya descartado la comisión de un delito de rebelión, con una argumentación que supone desautorizar la interpretación jurídica sobre los mismos hechos que habían realizado la Fiscalía y el propio magistrado instructor. La concurrencia de rebelión exigía en este caso un alzamiento violento para declarar la independencia. Sin embargo, como ya habíamos indicado bastantes juristas, la sentencia señala acertadamente que los actos violentos que se llevaron a cabo fueron muy puntuales, sin funcionalidad para imponer el propósito secesionista, y no estaban vinculados estructuralmente a los propósitos de los acusados.

La falta de condena por rebelión no implica en absoluto que los hechos sean constitutivos necesariamente de sedición. Según el Código Penal, son reos de sedición quienes "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales", la aplicación de las leyes o el cumplimiento de las resoluciones administrativas o judiciales, entre otros supuestos. La proximidad de esta conducta con otros delitos cercanos, como el atentado o los desórdenes públicos (o incluso con infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana), debe llevar a calificar como sedición solo conductas de especial gravedad y nunca a través de interpretaciones extensivas. No olvidemos que la pena para los promotores de la sedición oscila entre los 8 y los 15 años de prisión.

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