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La culpa es siempre de los otros

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Cristina Cifuentes, en una imagen de archivo

El caso de Cristina Cifuentes y su difuminado máster es un paradigma de todo lo que no se debe ser en política. Tras una larga serie de medias verdades, falsedades aparentes, confusión sobre lo que es y lo que no, la presidenta de la Comunidad de Madrid hace público que renuncia a su presunto máster y que la culpa es de ellos, de la Universidad Rey Juan Carlos.

Mantiene Cifuentes el gesto del agravio con una frescura envidiable reclamando que sean los otros los que justifiquen la anomalía. La técnica de despejar balones fuera y esparcir la suciedad propia es la preferida por los miembros del Partido Popular. Técnica que asumen con el estoicismo propio de quien no tiene más remedio que remar a favor de la corriente marcada por quien ejerce el mando. El presidente Rajoy.

La señora Cifuentes, al renunciar al máster, siguiendo probablemente las "sabias" orientaciones de su líder, da por hecho que el problema queda resuelto, como acontece con los casos declarados de corrupción que afectan a su partido. Descubiertos los autores se les da de baja en el partido y este se desentiende del tema como de la caspa, sacudiéndosela.  A partir de ese momento, en el caso que nos ocupa, la señora presidenta de la Comunidad de Madrid adquiere tintes de mártir, añade que no está ni señalada ni investigada y que la justicia –siempre el PP se remite a la justicia para resolver temas de moral y política- será quien determine las responsabilidades. Por supuesto manifiesta tener el apoyo de su partido y de su presidente. Que la desdigan si son capaces.

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La nueva Operación Chamartín: superar el pasado, consolidar el cambio

Desde que el pasado mes de julio presentamos el marco de entendimiento entre Ayuntamiento de Madrid, Ministerio de Fomento-Adif y Distrito Castellana Norte (DCN) para el desbloqueo de la llamada Operación Chamartín, han surgido algunas voces, es verdad que muy minoritarias, que cuestionan la decisión tomada por el gobierno municipal. Y ahora, cuando el plan ya es una realidad, muy probablemente volverán a manifestarse.

La idea que subyace detrás de la mayoría de las críticas es que no había necesidad de hacer nada. Que Ahora Madrid cumplió su programa cuando consiguió la anulación del plan de Ana Botella (mayo 2016) y que, desde entonces, solo quedaba esperar a que el resto de actores, en particular Adif –propietario mayoritario del suelo– y DCN –adjudicatario de los derechos sobre los suelos de Adif–, asumieran en todos sus términos el proyecto que presentamos como alternativa a los planes anteriores: Madrid Puerta Norte. De no ser así, mejor aparcar este asunto y postergar cualquier decisión hasta disponer de una correlación de fuerzas más favorable, seguramente ya en la próxima legislatura.

Este argumento, sin duda legítimo, no afronta tres cuestiones que no van a dejar de existir por mucho que nos empeñemos en ignorarlas.

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Una corte i-real

Cifuentes y su portavoz de Gobierno, Ángel garrido, en la feria de San Isidro el pasado mes de junio / EFE

Entender el caso de la presidenta o el de otros aristócratas de la política como el prometedor Casado exigen un esfuerzo de análisis retrospectivo y alguna propuesta prospectiva. No sé muy bien qué es la verdad jurídica ni cómo se accede a ella, pero si lo que es la verdad estadística. Seguro que son las limitaciones propias de alguien que se dedica a ciencia básica. Las evidencias acumuladas hacen imposible tener dudas sobre lo que ha ocurrido. Si se tratase de apostar, uno se jugaría el sueldo de un año. Ganaría; la presidenta no hizo nada del máster o como mucho pagar a destiempo. La pregunta retórica es evidente, ¿qué ha ocurrido?  Quizás pueda sorprender a alguien, pero la respuesta no hay que buscarla exclusivamente en los campus de la URJC.

La conformación de una corte alrededor de los nuevos príncipes y princesas que ostentan el poder está conectada con el quehacer histórico de nuestros gobiernos. La sacralización de la monarquía parlamentaria y la paradoja implícita, de que todos somos iguales menos algunos, nuestra familia real, dibuja la justificación ética necesaria para ejercer la diferencia. De una manera racional o no, nuestros líderes políticos se consideran monarcas en ciernes, o en algunos casos monarcas absolutos bien consolidados. En ese marco, no son pocos los que rinden pleitesía como cortesanos a los nuevos príncipes. Ver la cara de la presidente y su perplejidad con lo que le está pasando es sintomático. Ella parece creer firmemente que no ha hecho nada; alguien probablemente le ofreció un máster en ese marco de dádivas y regalos mutuos; y lo acepto sin darle ninguna importancia. Para ella es una persecución porque lo que ha emergido es una nimiedad; pero si yo tengo ya el nivel de abogado que es el que me daba ese título de máster. Lo de mentir es la trampa en la que se ha metido por soberbia y probablemente por falta de formación en valores y ciudadanía ética y responsable. Suena a sermón, pero lo creo profundamente; hacer carrera en el seno de los partidos políticos puede requerir habilidades muy concretas, pero desde luego parece que lo de asumir los errores es algo que no se trabaja mucho.

El respeto por lo público es el único camino para la mayoría de los que estamos en esto de la investigación y la universidad, pero desafortunadamente no son pocos los que consideran los recursos de todos como su patrimonio. Las malas prácticas en el ámbito de la ciencia y de la universidad no son raras como llevamos tiempo denunciando desde Ciencia Crítica. Es paradójico porque las encuestas sociológicas recogen de manera unánime que los científicos son los profesionales considerados más honestos y bien valorados, pero la lista de malas prácticas es también prolija. Cuestiones como plagio, falsificación de datos, maltrato en los grupos, autorías deshonestas, aparecen de forma regular y sacuden a la academia. Son acciones minoritarias, puntuales, porque además el fraude está muy penalizado; pero, sin duda, existen. Como lo que tenemos aquí, profesores que utilizan recursos públicos como si fuera su patrimonio personal de manera deshonesta. Se construye una red clientelar y profundamente jerarquizada donde no se tiene ni idea de lo que es un buen mentor. Todos los que estamos en la universidad sabemos que hay espacios donde el nepotismo existe; no vale la pena extenderse aquí porque se han escrito mucho sobre los problemas que aquejan a nuestra Universidad pública. El buque gigantesco va girando muy despacio, pero queda recorrido para completar la maniobra.

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La política de cooperación española no tiene ni plan ni presupuesto

Proyecto de Aecid en el vertedero de La Chureca, en Nicaragua / AECID

Hace escasas semanas la oposición en pleno rechazaba el V Plan Director de la Cooperación Española presentado por el Gobierno y aprobado por éste en el Consejo de Ministros del 23 de marzo.

El debate transcurrió plagado de buenas palabras para con la cooperación para el desarrollo por parte de todos los grupos, incluido el que sostiene al Ejecutivo empeñado en convencer al resto del compromiso real del Gobierno de España con la lucha contra la pobreza y la agenda 2030.

Días después se presenta unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 que no hacen sino dar la razón a quienes nos negamos a hacer los actos de fe que nos demandaban el Gobierno y el Partido Popular.

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Carta de un profesor de la Rey Juan Carlos: "A la URJC no siempre le interesa contar con los mejores"

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Estudiantes de la URJC manifestándose contra el fraude del máster de Cifuentes

¿Se sometería el lector a la extirpación de una muela si fuera a ser realizada por un estudiante de odontología que no hubiera aprobado un par de asignaturas, lo que le habría impedido finalizar su carrera? ¿Contrataría a un estudiante de arquitectura para que le elaborara el proyecto de construcción de una casa, habiéndole quedado pendientes de aprobar un par de materias de la carrera? Si hubiera que buscar a un ingeniero de caminos para diseñar un puente, ¿se designaría al alumno que aparentemente tiene un título de tal ingeniería, pero que en realidad no ha completado todas las materias de la carrera? Es casi seguro que la respuesta en todos los casos sería: No.

Porque el problema de la concesión de un título a quien no ha cursado y, al menos, aprobado todas las enseñanzas que dicho título implica no es solo el desprestigio del político que se encuentra en esa situación ni tampoco es solo el desprestigio de la Universidad que emite el título. Además de eso supone un grave riesgo para la sociedad en su conjunto, que ha depositado en las universidades la facultad de considerar habilitados como profesionales (como odontólogos, arquitectos, ingenieros de caminos, etc.) a determinados alumnos que superan determinadas materias de conocimiento y ciertos exámenes, y que por lo tanto pueden ejercitar una ocupación que implica la responsabilidad de ejecutar correctamente ciertas tareas de considerable complejidad, que los demás ciudadanos no están en condiciones de acometer. Podría decirse que no vale lo mismo para un título de máster, pero no estoy de acuerdo con semejante opinión. Pues el beneficiado con un título de máster no solo dispone normalmente ya de un grado (que le habilita para el ejercicio de una profesión), sino que además se especializa en una determinada parcela de esa profesión, lo que le puede facilitar el acceso a puestos de trabajo con mayor nivel de responsabilidad y posiblemente también de mayor sueldo. Aparte de que el máster puede permitir el acceso al doctorado.

Es obvio que mi Universidad, la Rey Juan Carlos (URJC), ha fracasado en ese aspecto con el título expedido a Cristina Cifuentes. Lo único que queda por saber es quién es el responsable de tal fracaso.

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Manifiesto: "Hartos de convivir con la corrupción académica"

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Los miembros de la comunidad académica estamos asistiendo a un escándalo sin precedentes, con la presidenta de la Comunidad de Madrid perseguida por un caso de corrupción que afecta de manera nodular a su condición de cargo institucional, de representante y de figura pública. El futuro de la universidad pública y la ciencia en España estará condicionado por cómo se resuelva esta crisis, que va más allá del caso concreto y el nivel estrictamente gubernativo. No podemos quedarnos esperando que otros lo hagan por nosotros, dejando que una vez más la política se vacíe de contenido y vivamos degradados en la judicialización de nuestra convivencia.

El comportamiento de Cristina Cifuentes es reprobable por motivos sobrados, pero especialmente porque instituye la impunidad. El mensaje que está enviando es que una conducta inmoral, fraudulenta y hasta delictiva tiene réditos y puede eludir las sanciones públicas e incluso las judiciales. Es en definitiva una llamada a la generalización de la corrupción por todo el cuerpo social, y en un asunto vital como la formación para la sociedad del conocimiento.

Al comienzo de la crisis la universidad salió a la calle a protestar por los recortes: lo hizo en masa, como comunidad, y supo mostrar a los destructores de lo público su rechazo colectivo a la austeridad impuesta para fines espurios, denunciando la creciente dificultad de acceso de las capas menos favorecidas a la educación superior. Pero la universidad y los centros públicos de investigación venían arrastrando una serie de conflictos internos de gran calado, que permanecían invisibles, o más bien invisibilizados durante décadas. Al igual que otros sectores, la I+D+i española ha tratado de soportar la crisis como ha podido; pero en este caso, detrás de lo que parecía simplemente ajustarse de forma colectiva a los recortes, se ha producido un reparto muy desigual de los costes y esfuerzos, según criterios tan poco científicos como la jerarquía y la antigüedad, y exacerbando la endogamia heredada.

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¿Antigitanismo en el Congreso de los Diputados?

Alicia Sánchez Camacho lee el manifiesto del Congreso por el Día Internacional del Pueblo Gitano

El colectivo feminista-antirracista “Imago Política”, apoyado por más de 150 organizaciones y activistas de derechos humanos de toda Europa, ha impulsado el martes pasado en el Congreso de los Diputados, a través del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú-En Marea, una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano.

El impulso de una declaración institucional es un pequeño ejemplo del derecho a la participación política que toda sociedad civil tiene en una democracia sana y plural. Sin embargo, algo que indica el inicio de un compromiso mínimo con una población históricamente discriminada y masacrada, parece suponer para el PP un grandísimo esfuerzo que finalmente no ha sido capaz de realizar.

En concreto, el Grupo Parlamentario del PP y su órgano colegiado para los asuntos gitanos no entendieron que con una declaración institucional se “ inicia un acto democrático que reconcilia a la sociedad con una parte de la ciudadanía cuya realidad ha sido históricamente negada. Por tanto, este gesto responde a la intención de construir una memoria de Estado en la que se restituya lo sustraído”. No contento con esta negación, el partido de Mariano Rajoy también se cierra a reconocer que “ los planes de integración para el pueblo gitano que se han venido implementando desde los años 80 son dependientes de los servicios sociales”.

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La credibilidad del PSOE

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Mitin de Pedro Sánchez en Valencia

Esta legislatura pasará a la historia como un folio en blanco. Los estudiantes del futuro encontrarán en sus manuales el título “XII legislatura” y, a continuación, una página vacía y pensarán que se trata de un defecto de impresión. Pero no. El Gobierno observa y registra la realidad sin vocación alguna por intervenir en ella para, acaso, intentar mejorarla. No parece una inacción motivada por un liberalismo militante, sino, más bien, por la inexistencia de un proyecto político, siquiera ligeramente transformador. Tampoco parece que la inacción esté motivada por el abandono invencible a una grata pereza, sino por la creencia de que los problemas se irán solucionando, ellos solitos. Y si ellos solos no lo hacen, lo hará el mercado. La mano invisible. En el ínterin, los problemas se agravan y nada se hace para solucionarlos. La nada como proyecto político. La feria del nihilismo ovacionada por manos invisibles. 

La anterior legislatura pasará a la historia porque un partido que nació para cambiar todo, acabó evitando el cambio y dio una segunda oportunidad a otro partido nacido para que nada cambiara nunca. 

Son cosas de la etapa gaseosa de la política española en la que vivimos, cuya principal característica es la volatilidad. Lo que hoy es, mañana cambia o, directamente, es otra cosa. Sirva de ejemplo UPyD, aquella formación política que algunos de ustedes recordarán: unos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2015 aparecía como la gran fuerza regeneradora del panorama político español y con unos notables pronósticos electorales en los sondeos. Celebradas las elecciones, UPyD se convirtió en fuerza extraparlamentaria en la práctica totalidad de las ciudades y comunidades autónomas y, poco después, desapareció. El magenta volvió a ser solo un color, el rojo oscuro que tira a morado. 

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La encrucijada brasileña y la izquierda

Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula Da Silva

El encarcelamiento de Luiz Inacio “Lula” Da Silva la pasada madrugada del 7 de abril es sin duda la noticia más relevante de la política latinoamericana en lo que llevamos de año y resulta especialmente reseñable por muchas razones. En primer lugar, por a quién afecta: el que fuera presidente del país-continente más importante económica y geopolíticamente de la región y quién gozara de las mayores y más sostenidas tasas de popularidad en la historia del país (35% de intención de voto antes de la confirmación de su condena) y del continente, respetado y reconocido internacionalmente por izquierdas y derechas como el hombre que pasó la página de la oscura historia de uno de los países con mayor violencia y desigualdad social del Mundo y aquel que situó a Brasil en el lugar que le correspondía en el gran tablero. En segundo lugar, por darse en el momento en el que se da: antesala de unas elecciones otoñales decisivas para un país que vive en una permanente convulsión política ya desde antes de la inhabilitación de Dilma Rousseff (maniobra plagada de irregularidades procesales y de sombras) y la vuelta al poder de una de las derechas más abiertamente corruptas y expoliadoras de lo público en todo el hemisferio occidental. En tercer lugar, por el cómo ha tenido lugar su detención: por una parte, la espectacularidad de las sucesivas requisiciones, registros policiales e interrogatorios judiciales realizados a Lula y a otros miembros del PT y después, las masivas manifestaciones en solidaridad con el exmandatario hasta el momento mismo de su entrega. En cuarto y último lugar (y este es el centro quizás del presente ensayo de análisis) por la situación binaria que se abre en la opinión pública brasileña y mundial sobre el descompuesto contexto nacional: una polarización que sitúa nuevamente a la izquierda mundial en una encrucijada en la que se le fuerza a tomar partido entre la defensa de un líder presuntamente corrupto y un plan manifiesto de algunos de los poderes fácticos de Brasil, aliados con intereses extranjeros, para la recuperación de todo el poder institucional en Brasil y el reparto de la inmensa riqueza natural que atesora el país-continente.

La votación de los once ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), la noche del miércoles 4 de abril, en el sentido de rechazar el habeas corpus presentado por la defensa de Lula, supone en la práctica el fin de su carrera política. Este hecho, no se da en estos precisos momentos y de esta manera tan abrupta y espectacular sin conexión con el enorme y complejo entramado de intereses y juegos de poder que operan y condenan al pueblo brasileño a ser el perpetuo escenario de las mayores e indisimuladas ambiciones crematísticas de su clase dominantes y de potencias e intereses privados foráneos. Prueba de ello es que su ocurrencia está siendo abiertamente celebrada por una gran parte de los representantes del gran capital nacional (con la mega-federación industrial FIESP a la cabeza) y transnacional, de las Fuerzas Armadas (rearmadas por cierto bajo los gobiernos del PT de manera muy notable y como nunca antes desde la dictadura), de la oposición política, de las clases alta y medias-altas agraviadas por  cuatro gobiernos del PT que operaron una reducción innegable de las brechas sociales (que  las distinguían de las comunidades obreras, faveladas, ribereñas, sertanejas e indígenas), de los poderes fácticos judiciales y mediáticos y, como no, del gobierno de los Estados Unidos; la sempiterna potencia ultracolonial, siempre al acecho de los graneros de materias primas latinoamericanos y que era recelosa del poder geopolítico ascendente de Brasil como cabeza de los BRIC, espoleado por el proyecto de autonomización energética, militar y satelital que impulsaron decididamente las administraciones de Lula y Dilma.

Es sobre esta realidad material, innegable, que las confabulaciones y colusiones políticas, empresariales y judiciales se enmadejan hasta difuminar cualquier luz de verdad; una luz difusa y sobre la que se proyectan las sombras del propio PT y del hombre que aupó al partido al poder.

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Fake news, ¿de quién es la responsabilidad?

Mark Zuckerberg

Desde que, para nuestra sorpresa, el Brexit y Trump ganaron el año pasado, parece que estamos viviendo en la llamada “era de la postverdad”. Recientemente estamos confirmando que las noticias falsas han desempeñado un papel fundamental en los resultados de las votaciones del último año y medio. Pero ¿qué hay detrás y quién debería tener la responsabilidad de controlar las fake news?

Un reciente informe alerta de que uno de cada cuatro norteamericanos visitó alguna página de noticias falsas durante el periodo anterior a las elecciones que llevaron a la Casa Blanca a Donald Trump.  La consultora Cambridge Analytica accedió  a los perfiles de 87 millones de personas en Facebook para pronosticar su voto e influir en ellas a favor de Trump. Y el  Oxford Internet Institute acaba de publicar otro informe en el que concluye que, en Twitter, la red de seguidores de Trump comparte y circula más variedad y cantidad de noticias falsas que todo el resto de agentes políticos combinados.

¿Qué son las llamadas fake news? Como afirma Cas Mudde en un artículo para The Guardian, la importancia de la manipulación algorítmica y las fake news es relativa, ya que, por un lado, su consumo está concentrado en una parte del electorado, y por otro, su impacto afecta sobre todo a grupos ya fanatizados. Pero se trata de algo alarmante. Aunque se puede tratar de  fraudes, bots tóxicos, pseudociencia, clickbaits o teorías de la conspiración, estamos hablando de algo similar con diferentes formas, propósitos e impactos. En realidad, las noticias falsas siempre han existido; el  problema ahora es que la multiplicación de plataformas aumenta exponencialmente su propagación.

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