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100 días y una revolución fiscal

Funcionarios en una delegación de Hacienda

Los primeros cien días del nuevo gobierno de Pedro Sánchez han estado marcados por la efervescencia de propuestas en materia fiscal. La densidad de iniciativas que flotan en el aire aún no deja un escenario claro sobre los avances que se pueden materializar. El reto, que no es poco, es pasar a la acción y conseguir en un escenario de matemáticas parlamentarias inciertas, recuperar años de rezago fiscal. 

España es el país de la paradoja fiscal, un país a dos velocidades. Hace cuatro años que España emergió de la crisis, y su El PIB ha crecido de forma sostenida desde 2014, pero los resultados de esta reactivación económica siguen dejando de lado a una inmensa mayoría haciendo que la desigualdad apenas se haya reducido (6 décimas si consideramos el índice de Gini). Y mientras, la crisis se ha saldado trasladando una mayor parte del esfuerzo fiscal a los ciudadanos, manteniendo la regresividad y la insuficiencia recaudatoria histórica. En 2007, las familias aportaban el 74% del total de ingresos recaudados, para pasar a aportar un 83% en 2017. En el mismo periodo, las empresas aportaron 22% y 12%, respectivamente. En realidad, desde 1999 el resultado contable de las empresas se ha más que multiplicado mientras que su factura fiscal sigue sin recuperarse ni estar a la altura. Nuestro sistema fiscal no está al servicio de la reducción de la desigualdad, somos el sexto país de la UE con menor efecto redistributivo a través de ingresos y gastos públicos, por detrás tan sólo de Lituania, Estonia, Letonia, Bulgaria y Rumanía. Esto condiciona nuestro techo de gasto, la senda de reducción del déficit y la posibilidad de financiar programas de protección social vitales como las pensiones. 

Parados, como decíamos. En estos últimos diez años, el número de los ultrarricos (con patrimonios declarados superiores a los 30 millones de euros) casi se ha triplicado. Pero en este mismo periodo de tiempo, los hogares sin ningún tipo de ingresos han crecido un 60%, pasando de cerca de 400.000 a los 600.000, aproximadamente. 

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Cuando un Gobierno debe escoger entre puestos de trabajo y derechos humanos

Navantia convoca a los sindicatos para negociar su Plan Estratégico en plena crisis con Arabia Saudí

En un mundo ideal no habría que escoger entre proteger empleos en España y garantizar el respeto de derechos humanos fuera de nuestras fronteras. Pero es precisamente esta situación a la que se está enfrentando estos días el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La posible cancelación de un contrato de venta de bombas a Arabia Saudí, por su más que probable utilización contra la población civil en la guerra de Yemen, ha provocado que los sindicatos de los astilleros de Cádiz, donde también se ha firmado la construcción de cinco corbetas con el reino saudí, convoquen protestas ante el miedo de perder esos contratos y los puestos de trabajo asociados.

El impacto positivo del contrato en Cádiz es obvio. Tendría un valor de 1.800 millones de euros y Navantia, la empresa pública encargada de construirlas, afirma que generaría hasta 6.000 puestos de trabajo durante cinco años. Pero las cifras de la guerra de Yemen tampoco dejan lugar a dudas sobre la crudeza del conflicto. Según la ONU, hasta el pasado enero más de 6.000 civiles habían muerto, hay tres millones de personas desplazadas por la guerra y más de 22 millones necesitan ayuda humanitaria urgente, a la que no pueden acceder por el bloqueo que mantiene la coalición saudí saltándose la legalidad internacional.

Este caso pone ante el espejo al Gobierno socialista que, en el corto plazo, tendrá que elegir entre la legalidad internacional, evitando que España sea colaboradora necesaria en las acciones ilegales de Arabia Saudí en Yemen, o el mantenimiento de puestos de trabajo en Andalucía. Un dilema al que ya se han enfrentado otros países. Mientras que entre los restos de los bombardeos en Yemen se ha encontrado armamento fabricado por EEUU y Reino Unido, según denunció  Human Rights Watch; países como Alemania, Bélgica, Holanda o Noruega ya no autorizan ni exportan armas que se puedan utilizar en el conflicto de Yemen, siguiendo las directrices del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Parlamento Europeo.

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La tesis de Pedro Sánchez y la vergüenza de los másteres para políticos revelan nuestra falta de cultura científica

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Aula con estudiantes universitarios.

Aún estamos asolados por el tsunami del máster de Cristina Cifuentes y las torticeras y cortesanas actuaciones de Instituto de Derecho Público asociado a la Universidad Rey Juan Carlos que fue pilotado por el catedrático Alvárez Conde. Por ello resulta muy difícil hacer un análisis sosegado sobre lo que ha pasado con la tesis de Pedro Sánchez y lo que está pasando con los diversos políticos, desde Francisco Camps en su día con su elusiva tesis doctoral hasta las nuevas irregularidades en los másteres del presidente del Partido Popular  Pablo Casado y la ministra de Sanidad Carmen Montón. La conexión entre másteres y tesis doctorales es estrecha, recordemos que el máster es un prerrequisito para obtener el doctorado y que en muchos de estos másteres se inician los estudios que acaban dando lugar a una tesis doctoral. Para intentar arrojar algo de luz en estos escabrosos asuntos podemos mover un poco el foco y situarlo en el doctorado llevado a cabo por nuestro presidente, el Dr. Pedro Sánchez, quien en 2011, "defendió" su tesis doctoral que lleva por título Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012). La tesis de Pedro Sánchez se encuentra en la Universidad Camilo José Cela, la cual no permite su consulta salvo condiciones especiales y autorización previa del autor de la misma. En la práctica, la tesis no es pública y el 18 de Agosto de este año se le dio al Dr. Sánchez un plazo de 30 días para hacerla pública o explicar los motivos por los que no hacerlo. Los miles de tesis que se defienden en nuestro país cada año no solo son públicas sino que sus autores y directores se esfuerzan porque puedan ser leídas y consultadas con facilidad. 

Para poder profundizar en este asunto debemos de tener claro que la formación doctoral constituye un requisito necesario para seguir la carrera académica, es decir, para ingresar en el cuerpo de docentes e investigadores del sistema público de universidades y organismos de investigación. Sobre todo, la tesis doctoral se trata de un paso fundamental para desarrollar una carrera investigadora. Esto quiere decir que la tesis doctoral tal como la entendemos desde hace muchos años, sería una especie de MIR para el ámbito de la investigación y la ciencia. Resulta crítico para obtener este logro curricular demostrar que se es capaz de desarrollar de manera autónoma la actividad propia de un investigador científico. Los asiduos de nuestra columna de Ciencia Crítica saben bien a qué nos referimos, el nuevo profesional de la ciencia debe de ser capaz de abordar una investigación en todas sus fases; desde preparar un proyecto de investigación, diseñar unos experimentos, analizar los datos, y, sobre todo, dar visibilidad a lo hecho, es decir ser capaz de publicar en revistas de prestigio lo que se ha desarrollado. Si esos estadios no se han superado con éxito, no debería de estarse en disposición de obtener el título de doctor. Hoy en día la mayor parte de las Escuela de Doctorado, exigen la publicación en revistas competitivas de alguno de los resultados del trabajo llevado a cabo con la tesis. 

No cabe duda de que lo que nos pone delante la prensa cada vez con mas frecuencia es algo completamente diferente a un proceso de formación de un científico. A lo largo de nuestra historia universitaria más reciente no ha sido raro lo que ahora vemos en grandes titulares de prensa. En estos casos de tesis y másteres irregulares se trata en realidad de obtener un mérito para poder desarrollar en algún momento una carrera académica con frecuencia en el ámbito universitario.  Es decir, de lograr una especie de colchón por si todas las locuras a las que se enfrenta un político español durante su particular carrera profesional no le permitiría llegar a puerto seguro. Si las cosas en la política se tuercen, siempre se podía buscar un puesto en un cementerio de elefantes, tal como cualquier universidad pública, donde trasmitir la experiencia como gestor de lo público. No es nada excepcional. La irregular tesis doctoral del Dr. Sánchez como atajo para abrirse un posible destino profesional es algo que han hecho muchos otros políticos antes. En ese marco se sitúa la historia del presidente del Partido Popular, el Sr. Casado. El pobre, sólo pretendía tener los méritos necesarios para poder iniciar la tesis doctoral en un futuro si se torcían las cosas en su partido. No sé trataba de obtener un título que le habilitase profesionalmente para algo, si no, simplemente, de estar preparado para hacer la tesis doctoral si el futuro político se nublara. Ahí habría que insertar la tesis de Camps, el honesto expresidente de la Generalitat, y de tantos otros políticos que saltaron de los ruedos políticos a las universidades públicas. Nadie les debió de explicar lo que es una tesis doctoral y para qué sirve, y ellos tampoco indagaron mucho para entenderlo bien. Probablemente, sólo se fijaron en esa amplia lista de doctores que sólo utilizan ese reconocimiento en sus tarjetas de presentación o en el cartel que indica cuál es su despacho o su consulta profesional. 

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Un paso atrás. Robles venderá las bombas a Arabia Saudí

Margarita Robles

Esta historia empieza con el anuncio desde el Ministerio de Defensa de que no se entregarían 400 bombas de precisión láser, valoradas en 9,2 millones de euros, a Arabia Saudí; armas que fueron contratadas en 2015 y que ahora era el momento de hacer su entrega. Las razones para suspender este contrato son las mismas por las cuales diversos gobiernos de la Unión Europea (Noruega, Alemania) hace años han decidido no vender armas al Gobierno saudí, por el peligro que dichas armas sean utilizadas en las masacres que se llevan a cabo en el Yemen y por la violación sistemática de los derechos humanos sobre la población saudí.

La apuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por aplicar la misma política que, por ejemplo, Alemania, está fundamentada y es razonable, hay pruebas de armas y explosivos de fabricación española en territorio yemení. Vender armas a Arabia Saudí comporta saltarse la ley española, la europea y el Tratado Internacional de armas convencionales. Todas estas legislaciones prohíben exportar armas a países que están en conflicto armado. A pesar de ello el Gobierno anterior optó por saltarse la ley anteponiendo razones de política exterior, comerciales y de carácter laboral, generar empleo, aunque ello comporte que con las armas de fabricación española se ataque a la población civil de países en conflicto armado.

Los primeros en reaccionar al anuncio de parar la venta de bombas a Arabia Saudí han sido los trabajadores de Navantia en Cádiz. Su miedo radica en que la respuesta de Riad sea anular un contrato firmado este año para la producción de cinco corbetas. Dichas corbetas van a tener la función militar de contribuir al asedio marítimo del Yemen, es decir, impedir que lleguen alimentos, medicamentos o material militar a las milicias del Sur. Los trabajadores han antepuesto sus intereses, tener trabajo, a su solidaridad con las futuras víctimas de estas bombas o del bloqueo naval. A los trabajadores se han unido la presidenta andaluza y algunos líderes políticos de Ciudadanos y el PP, hay que salvar los puestos de trabajo en Cádiz.

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Jueces en Twitter

Twitter inicia experimento doblando número de caracteres de sus mensajes

Hace poco mantuve una discusión en twitter con un magistrado del Tribunal Supremo. Él consideraba que la exhibición de una pancarta contra el Rey suponía un delito de injurias a la corona y yo entendía que era un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. En principio se trató de un debate entre juristas que no debe tener más trascendencia. Sin embargo, alguien puede denunciar la pancarta en cuestión y que corresponda al Tribunal Supremo, quizás incluso a mi propio interlocutor, decidir si efectivamente se ha cometido un delito. Al exponer en público su postura tal vez haya perdido la apariencia de imparcialidad con la que cualquier juez debe enfrentar todo caso que le llega. 

La generalización del uso de Twitter y otras redes sociales ha multiplicado tremendamente la presencia pública de jueces y magistrados. Hasta ahora esta se limitaba prácticamente a algunos jueces ‘estrella’ o determinados portavoces de asociaciones judiciales que se expresaban a través de conferencias o directamente en los medios de comunicación. De pronto hay multitud de perfiles judiciales en el debate público. Unos pocos usando su nombre real; la gran mayoría escondidos bajos seudónimos. Tenemos así acceso directo a las opiniones de multitud de jueces sobre todo tipo de asuntos, ya sea deportes, política o derecho.

Esta situación tiene muchos aspectos positivos. De una parte, es una ventana abierta al modo de pensar de nuestra judicatura. Uno puede descubrir que entre las personas que tienen la tarea de dictar justicia hay variedad de gustos, aficiones y opiniones. Está el juez que colecciona robots, la magistrada que escribe poesía, otros enganchados a series televisivas o al ballet clásico. Esa diversidad contribuye a humanizar a personas a las que sólo se suele visualizar con la solemnidad de sus togas y el poder absoluto en la sala de vistas.

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Seguimos siendo cómplices de la catástrofe en Yemen

Uno de los ataques de Arabia Saudí contra Yemen

Desde el martes no dejan de llegarme mensajes y llamadas de enhorabuena, porque al parecer hemos logrado el objetivo por el que tanto hemos luchado. Leyendo los titulares de algunos medios casi me lo llego a creer: “Defensa paraliza la venta de bombas a Arabia Saudí”.

Es cierto que el anuncio confirmado este martes por el Gobierno es una muy buena noticia, pero hay que ponerla en su contexto. En primer lugar, la medida anunciada afecta exclusivamente a un lote concreto de armas, sin que al parecer haya intención de extenderla a otros. Se ha revocado una autorización de exportación para 9,2 millones de euros, mientras que en tres años de bombardeos hemos vendido a Arabia Saudí 932 millones de euros en armas. La gran medida anunciada, siendo importante, afecta a menos de una centésima parte del problema total.

Por otro lado, al contrario de lo que nos quieren hacer creer, esto no es algo que haya llegado de forma espontánea, es fruto del trabajo de gente muy comprometida que lleva tiempo denunciando nuestra complicidad en las violaciones de Derechos Humanos en Yemen, despertando una considerable sensibilidad en la sociedad.

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La hipocresía del alarmismo xenófobo: flujos financieros ilícitos y migración

Migrantes en Ceuta

De África no solo parten migrantes, según las Naciones Unidas, también lo hacen 50.000 millones de dólares anuales en forma de flujos financieros ilícitos, casi un tercio del presupuesto anual de la Unión Europea. Si atendemos a esta cifra podría decirse que a cada persona migrante que huye de África le corresponden alrededor de 260 mil dólares de esos recursos que África ha dejado de recaudar y que se podrían haber invertido en políticas sociales y de bienestar. 

Los flujos financieros ilícitos son dinero negro, es decir, recursos que proceden del fraude fiscal. Según las Naciones Unidas, la mayoría de estos flujos provienen de la corrupción, de la evasión de impuestos de compañías multinacionales o del crimen organizado como el narcotráfico, la trata de personas o el terrorismo. El fraude fiscal mina las capacidades de desarrollo de los países, implica recursos que los Estados dejan de recaudar y que podrían haberse utilizado para financiar políticas públicas para la gente. Como señala  un informe de la OCDE de este mismo año, los flujos financieros ilícitos lastran el crecimiento económico, la gobernanza democrática y el estado de derecho de los países; la debilidad de estos tres elementos es, a su vez, un importante factor que empuja a las personas a migrar. 

Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2017 llegaron a Europa cerca de 186 mil personas migrantes a través de rutas mediterráneas. Estas personas arriesgaron sus vidas para llegar a Europa huyendo de la pobreza, la violaciones de derechos humanos  y la falta de oportunidades económicas. Todas estas causas se podrían mitigar desde Estados democráticos y de bienestar sólidos. Es precisamente esto lo que convierte en inadmisible que desde los países ricos se mire hacia otro lado ante los 50.000 millones de dólares que se fugan anualmente de África hacia países ricos. Sin duda, no estamos ante una crisis de número de migrantes, sino ante una crisis de coherencia, solidaridad y redistribución. 

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Estrasburgo ampara la crítica mordaz a la policía

Agentes de la Policía Nacional

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 28 de agosto, ha sentenciado el caso Savva Terentyev v. Rusia avalando la crítica ciudadana a la institución policial y a sus actuaciones. Esta sentencia supone un punto de inflexión en la tendencia general a la restricción de la fiscalización de las instituciones del Estado por parte de la sociedad civil. 

En febrero de 2007, en un contexto de elecciones regionales, la policía realizó una entrada y registro en la sede de un periódico local, que apoyaba un candidato de la oposición. El hecho motivó un comunicado de denuncia de una ONG local de Derechos Humanos, que desencadenó la publicación de comentarios críticos en algunos blogs. Entre ellos, el de un veinteañero que publicó un comentario en un blog ajeno, para desmarcarse del posicionamiento de su autor, diciendo: [1] “ Discrepo de la idea de que 'los oficiales de la policía todavía tienen la mentalidad represiva de jarabe de palo  de los que tienen el poder'. En primer lugar, no son policías sino maderos; en segundo lugar, su mentalidad es incurable. Un cerdo siempre continuará siendo un cerdo. ¿Quién se hace policía? Sólo los garrulos y los matones, los niveles más bajos y menos educados del mundo animal. Sería genial si en el centro de cada ciudad rusa, en la plaza central, hubiera hornos, como en Auschwitz, en los que ceremonialmente, cada día, de hecho, mejor dos veces al día (al atardecer y a medianoche) se quemaran los maderos infieles. Maderos. Ese sería el primer paso para limpiar la sociedad de la basura de maderos matones”.  

Estrasburgo, para resolver el caso, admite que la condena del joven se fundamentó en una ley -el Código Penal- y que perseguía el objetivo legítimo de proteger la reputación de terceros, pero discrepa en cuanto a la necesidad y la proporcionalidad de la condena. Para dilucidar la legitimidad de las restricciones a la libertad de expresión, el Tribunal aboga por el análisis conjunto de todos los factores determinantes, como la naturaleza y la redacción del mensaje, el contexto, su potencial para llevar a cabo consecuencias perjudiciales y las razones de los tribunales nacionales para justificar la injerencia. 

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Otras verdades incómodas

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En los últimos días, desde diferentes instancias se ha puesto el grito en el cielo ante la emergencia de una organización de prostitutas llamada OTRAS. Hemos recibido con gran sorpresa la reacción de un gobierno que se pretende feminista y que se entiende a sí mismo como heredero de los últimos acontecimientos protagonizados por tantas y tan distintas mujeres en los últimos tiempos. No es la primera organización de prostitutas que ve la luz pero sí es cierto que es la primera vez que nos encontramos ante un gobierno que, por un lado, desautoriza a un grupo de mujeres que alzan la voz para la defensa de sus derechos más básicos y que expulsa a las mujeres al lugar al que el patriarcado les ha asignado siempre, esto es, a la exclusión de la ciudadanía.  

Desde hace muchos años, las trabajadoras sexuales organizadas en todo el mundo han recogido las herramientas que el movimiento feminista –en el que se incluyen, guste o no ha tejido desde su nacimiento. Hablamos de acontecimientos políticos como, entre otros, el encierro de cientos de prostitutas en las iglesias de Lyon en 1975 para protestar contra la violencia sexista; pero también de la configuración de organizaciones sindicales, de corte feminista, en no pocos países del mundo, como EEUU con COYOTE o en Francia con STRASS, con el apoyo de prestigiosas feministas tales como Judith Butler, Raquel Osborne, Gayle Rubin, Silvia Federici o Angela Davis. Sin duda hablamos de la articulación de identidades colectivas, de un poderoso nosotras que ha interpelado históricamente a las instituciones, a las propias feministas y, en suma, a la sociedad en su conjunto.  

Este nosotras ha pretendido subvertir la estigmatización que recibe este colectivo y que ha apuntalado las formas de control y dominación que se manifiestan en la vida de todas las mujeres: el miedo a ser llamada puta como dispositivo de control social contra las mujeres que rompen las normas que el machismo ha impuesto sobre nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestros deseos y nuestras vidas.  

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Por qué la prostitución no es un trabajo

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Que las mujeres que están en la industria del sexo ‘trabajan’ con su cuerpo no cabe ninguna duda. Que su sexualidad es su herramienta de trabajo es indudable. Que sacan poco dinero de esa actividad y que son sobreexplotadas económica y sexualmente es incuestionable. Que los proxenetas –o empresarios del sexo, como ellos mismos desean autodenominarse para blanquear su actividad criminal– extraen mucho dinero de los cuerpos de las mujeres no puede dudarse. Entonces la cuestión es esta: si las mujeres que están en prostitución ganan un ‘salario’ de pobreza con su cuerpo ¿por qué no considerar trabajo a esa actividad? ¿Por qué no regular la prostitución y articular alrededor de esta actividad asociaciones sindicales?

El primer argumento sin el que sería imposible entender la propuesta política abolicionista de la prostitución es que no toda actividad a través de la que se obtiene beneficios debe ser considerada un trabajo. Millones de niños y niñas trabajan por salarios de pobreza en el mundo. ¿Hay que pedir sindicatos para mejorar sus condiciones de trabajo o hay que abolir el trabajo infantil? En estos momentos se estima que existen algo más de 30 millones de personas que trabajan en condiciones de esclavitud en nuestro planeta. ¿Hay que acabar con esa organización económica o humanizar las condiciones de existencia de las personas esclavizadas?

El segundo argumento pone el foco en la radical objetualización de los cuerpos de las mujeres en la industria del sexo. Tiene que ver con la deshumanización a la que están sometidas las mujeres en prostitución por puteros y proxenetas. Tiene que ver con la ‘extinción del yo’ que les exige la industria y los consumidores. Y tiene que ver con la renuncia de sus deseos en beneficio de los masculinos. Los deseos de las mujeres en prostitución no cuentan; solo es relevante dar cumplida satisfacción a los deseos de los varones. La prostitución socava la subjetividad de las mujeres y las convierte en medios para el deseo masculino. ¿Se debe considerar un trabajo la institucionalización de la satisfacción sexual masculina?

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