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La cúpula judicial española como anomalía en Europa

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El presidente del CJPJ, Carles Lesmes, saluda a Manuel Marchena durante su toma de posesión como presidente de la Sala de lo Penal del Supremo

La justicia no solo debe actuar imparcialmente, sino que además ha de parecer que lo hace. Sin embargo, se están reiterando episodios que evidencian las potenciales presiones externas sobre nuestros altos tribunales, a causa de una configuración estructural peligrosamente vinculada a los intereses del poder político. La gestión del Tribunal Supremo en el impuesto de las hipotecas ha sido un inquietante ejemplo. Y los males de nuestro frágil sistema de separación de poderes se han visto confirmados con el reciente anuncio de un nuevo pacto entre los principales partidos para repartirse por cuotas los cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para designar al presidente del Tribunal Supremo.

El CGPJ es el órgano de gobierno de la judicatura. Cuenta con importantes atribuciones, como la designación de los magistrados del Tribunal Supremo y de otros cargos judiciales de indudable relevancia. También ejerce las competencias que le permiten premiar y castigar a los jueces. Y dispone de facultades para integrar provisionalmente juzgados y tribunales. Por ello, se trata del máximo garante de la independencia judicial, lo cual habría de resultar incompatible con la instrumentalización política de su funcionamiento.

Esta configuración partidista de nuestra cúpula judicial ha sido cuestionada reiteradamente desde las instituciones europeas. La separación de poderes implica la existencia de frenos, contrapesos y espacios de vigilancia institucional. Esos equilibrios buscan evitar los abusos de poder que pueden producirse si la judicatura queda supeditada al poder político.

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Por coherencia, carta abierta a la militancia de IU

Sede del Parlamento Europeo

El 26 de mayo se celebrarán las siguientes elecciones al Parlamento Europeo. Como eurodiputada y militante de Izquierda Unida he tomado la decisión de no presentarme de nuevo y quiero trasladar a todos los compañeros y compañeras de IU las razones que me han llevado a tomar esta determinación. Todas ellas se resumen en una sola palabra: coherencia. Así es, por coherencia es por lo que no me presento como candidata por Izquierda Unida a las próximas elecciones europeas.

Por coherencia:

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El (des)control de la policía: una anomalía democrática

Policía Nacional cerca del colegio Ramon Llull, donde se han producido los disparos

Este martes 13 de noviembre comienzan a declarar ante el Juzgado de instrucción número 7 de Barcelona los 24 agentes de la Policía Nacional que están siendo investigados en Barcelona por las cargas realizadas el 1 de octubre. A pesar de que se ha intentado construir un relato que ha pretendido legitimar la actuación policial, la investigación avanza de manera firme y confiamos en seguir rompiendo el muro de impunidad que ha tratado de instalar el Ministerio de Interior y la Fiscalía en este caso.

¿Cómo hemos llegado a que 24 agentes de policía estén siendo investigados por un juzgado? Lo que está claro es que no ha sido gracias al trabajo ni de la policía ni de la fiscalía. A pesar de la gravedad de los hechos y de que estaban siendo retransmitidas en directo, ningún cuerpo policial abrió diligencias de investigación en el terreno de oficio. Tampoco lo hizo el Ministerio Público. ¿Alguien puede pensar en cualquier otro delito del Código Penal que a pesar de que pudiera estarse cometiendo de manera flagrante, ningún cuerpo policial decida investigarlo? En cualquier situación en la que pudiera haber indicios de delito, se abren diligencias policiales, se elabora un atestado en el que se indican los hechos presuntamente delictivos así como se investiga a los posibles autores. Y todo ello se entrega al Juzgado. Sin embargo, en los casos en los que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los posibles responsables del delito, ¿qué mecanismos públicos existen para perseguir este tipo de criminalidad?

En el caso del 1 de octubre debería ser el área de asuntos internos de la Policía Nacional quien actuase, pero de momento ni está investigando de manera activa, ni se le espera. Por otro lado, es comprometido el hecho de que otros cuerpos policiales, como los Mossos, se hubieran puesto a investigar. Y esta situación es completamente anómala, porque los presuntos delitos cometidos son delitos al igual que son los robos, los desórdenes públicos o cualquier otro. Pero hay una serie de delitos en los que no se llevan a cabo, en la mayor parte de las ocasiones, investigaciones policiales de oficio y rigurosas. El problema añadido es que las áreas de asuntos internos, por lo general, no suelen colaborar de manera adecuada con las investigaciones judiciales y acaban convirtiéndose en un elemento de confusión para garantizar la absolución de los agentes acusados (como en el caso de Esther Quintana) o directamente ignorando la investigación.

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Recuérdalo tú y recuérdalo a otros

Refugiados en Port Vendre tras pasar la frontera francesa en la Guerra Civil española

Hace tan solo unos días Europa recordaba, un siglo después, el armisticio que supuso el fin de la Gran Guerra, la que ha dado en llamarse la Primera Guerra Mundial. Nada extraordinario, se trata ni más ni menos que de convertir la historia en memoria viva. A lo largo de los últimos años se han venido sucediendo celebraciones similares por parte de los gobiernos y las instituciones europeas, en relación a los grandes acontecimientos del siglo XX.

Al recuerdo de los millones de muertos y heridos y destrucción, se suma la intención de no repetir el horror recordando sus causas y consecuencias. Rechazando las causas del imperialismo, la carrera de armamentos, el miedo y la guerra para resolver los conflictos. Fortaleciendo por el contrario las instituciones multilaterales como la UE y las Naciones Unidas, y también resaltando el valor de la convivencia y de la paz.

Sin embargo, la memoria compartida de hechos ocurridos hace un siglo, lo que es normal en Europa, se considera arcaico e interesado a los ochenta años en España, destinado a romper consensos y reabrir heridas. Aquí, aunque la historia haya puesto a cada uno en su lugar, ni los aniversarios ni la memoria son compartidos, mucho menos el análisis crítico de las causas y consecuencias de nuestra guerra civil. Por eso sigue pendiente aún, no solo la memoria común, sino también la justicia y la reparación.

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Derecho a la ciudad y acceso a la energía

Manifestación contra la pobreza energética

Estamos a las puertas de otro frío invierno y la pobreza energética sigue sin solucionarse. La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad aprobada en la cumbre de Hábitat III, que busca recoger los compromisos y medidas para que todas las personas vivan con dignidad en las ciudades, incluye el acceso a la energía y suministros entre los derechos a proteger. La Ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, con reconocida trayectoria en la lucha contra el cambio climático y participación en los foros internacionales, conoce bien las exigencias de la agenda urbana y la Carta por el derecho a la ciudad.

En las últimas semanas se han impulsado reformas en materia de autoconsumo y la eliminación del impuesto al sol, que son avances claros para poner fin al despropósito de la política energética del PP contra las renovables y la soberanía energética. Pero más allá de enmiendas al Gobierno de Mariano Rajoy, necesitamos dar un giro de 180 grados a la regulación impulsada durante décadas por el bipartidismo. El marco regulatorio eléctrico aprobado por el PP y PSOE ha permitido especular con un bien común como la energía, provocando un incremento de precios insaciable para el consumidor, un 36% desde 2014 por ejemplo, siendo el mercado más caro de Europa y con un diferencial de precios mayor entre pequeño y gran consumidor. Es decir, penalizando el acceso a la energía doméstica.

En España, 6.8 millones de personas, el 15% de la población, tiene dificultades para acceder al agua, luz o gas. Sabemos que las reformas estructurales no se hacen en dos meses, pero es urgente e imperdonable que la lucha contra la pobreza energética se aplace 6 meses cuando estamos a las puertas de un nuevo invierno.

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Madrid Central y el modelo de ciudad

El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar el proyecto Madrid Central, con el apoyo de Ahora Madrid y del Grupo Municipal Socialista, que fue quien lo diseñó y propuso en 2016 y ha participado de forma decisiva en su implantación

Paralelamente, y sin sorpresa, la decisión de la corporación madrileña ha generado una controversia política con los partidos de la derecha (PP y Ciudadanos), y con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuya única estrategia es generar conflicto una vez más para arañar algunos votos.

Pero hay más fondo. La oposición de PP y Ciudadanos también responde a la expresión de dos modelos de ciudad del presente y del futuro, y al muy diferente compromiso que con la sostenibilidad y con la lucha contra el cambio climático tienen en nuestro país las fuerzas políticas de izquierda y las de derecha.

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Por qué las comunidades migrantes y racializadas marchamos el 11N

Una multitudinaria manifestación contra el racismo en Madrid pide el fin de la Ley de Extranjería

Por segundo año consecutivo, las comunidades gitana, latinoamericana y del Caribe, asiática, mora/musulmana, diáspora africana y afro-descendiente nos daremos cita en las calles de Madrid para visibilizar y denunciar el racismo estructural e institucional que oprime nuestros cuerpos y nuestras vidas, tanto en Europa como en el Estado español.

Ya el año pasado conseguimos un hecho histórico con la manifestación del 12 de noviembre: por primera vez se realizaba una acción política antirracista organizada y liderada por nosotras, personas racializadas, sin ningún tipo de tutelaje de organizaciones blancas. Delante nuestro no iban los y las de siempre, nuestro comunicado y reivindicaciones no las escribieron los y las de siempre; es decir, aquellos y aquellas del activismo blanco-europeo que, con su discurso antirracista moral y su paternalismo, no han hecho más que contribuir a la invisibilización e inferiorización de nuestras voces.

Este segundo año marcharemos con más fuerza todavía. Somos conscientes de que formamos parte de un proceso de constitución de un nuevo sujeto político en la estructura de la sociedad española. Si en la mani del año pasado dejamos claro que no queremos que hablen por nosotras, ni que el activismo blanco ni la izquierda blanca nos representen, usurpando nuestro lugar de enunciación con su antirracismo moral, este año el foco lo pondremos en la denuncia del racismo estructural e institucional: el que se ejerce sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas mediante una serie de leyes, normativas, y prácticas racistas institucionalizadas.

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La Justicia Universal, en serio (contra la versión 2.0 de la reforma de 2009)

Reunión del Tribunal Internacional de Justicia

Hace veinte años, cuando la detención del general Pinochet en Londres abría el difícil camino hacia la justicia universal, el benemérito Premio Nobel de la Paz Henry Kissinger la definía como “un movimiento consistente en someter la política internacional a procesos judiciales”. A quien había disfrutado del poder de mover como peones políticos en el escenario internacional a genocidas y torturadores, le debía parecer inadmisible, claro, el intento de someterlos a la “tiranía de los jueces”. Bajo el pretexto de la realpolitik, a duras penas se escondía el proyecto real: mantener el ámbito de la vieja razón de Estado fuera del alcance del funcionamiento de los principios básicos del Estado de Derecho, nacido precisamente para eso, para asegurar el control del ejercicio del poder y evitar su actuación impune.

La batalla por mantener ese ámbito de impunidad se hace más dura cuando no se trata sólo de someter al control judicial eso que eufemísticamente se llama cloacas del Estado, sino de reducir e incluso eliminar la existencia de zonas institucionales de alegalidad, el lado oscuro pero inevitable -al menos tendencialmente- del poder. La razón es obvia: el oxímoron de la alegalidad institucional, supuestamente exigido en aras del realismo político (en el colmo de la desfachatez, hay incluso quien lo considera el precio que ha de pagarse por mor de la ética de la responsabilidad) es un cáncer letal para el Estado de Derecho.  Por eso, no se trata sólo de hacer controlable a posteriori el ejercicio desviado, el abuso de poder.  El proyecto en el que encaja la justicia universal es más ambicioso y tiene que ver con una lógica jurídica, la que, entre otros, ha teorizado Luigi Ferrajoli como lógica expansiva del Estado constitucional, del constitucionalismo, que no puede dejar de instalarse en al ámbito del Derecho y de las relaciones internacionales, desarrollando tesis de raíz kelseniana.

El proceso recorrido en esa lucha del Derecho contra la impunidad que es la justicia universal, tiene etapas muy conocidas. Su línea argumental viene señalada en la propia sentencia del Tribunal de Apelación de la Cámara de los Lores que, en el juicio sobre la extradición del dictador chileno advertía que “el Derecho Internacional estipula que los crímenes de ius cogens, entre ellos el genocidio, pueden ser penados por cualquier Estado, porque los criminales son enemigos comunes de toda la humanidad y todas las naciones tienen el mismo interés en su aprehensión y persecución”. Con este mismo espíritu, en el verano del 2002, se ponía en marcha el Tribunal Penal Internacional, cuyo Estatuto de Roma asegura que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo”. Y siendo así, el mismo tratado internacional -del cual España es parte- recuerda que “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales.”

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La memoria histórica no es cuestión de gustos o de colores, Sr. Van Grieken

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken

Tal día como hoy un 6 de noviembre de 1933 el Presidente de la II República Niceto Alcalá Zamora inauguró, además de otros siete colegios en Madrid, el Grupo Escolar 14 de Abril, actual Calvo Sotelo. Una denominación, la de ahora, inimaginable en aquel momento, cuando eligieron un nombre mucho menos personalista a petición del propio Presidente, ya que la intención inicial era llamarlo Alcalá Zamora. Pues bien, 85 años después de aquella democracia truncada por un sangriento golpe militar, el nombre de este histórico centro de enseñanza sigue dando de qué hablar. 

Lo que vino después de esa inauguración, que encajaba en una decidida apuesta por la enseñanza pública, lo sabemos: una guerra terrible, predecesora del horror que ocuparía el resto del continente y ultramar, a la que se sumaron cuarenta años de dictadura. En ella se impuso legislación propia, parte de la cual nos trae al caso de este artículo. 

Me refiero a una Orden Ministerial emitida del 20 de abril de 1939 que ordena el cambio de nombres de 16 colegios de Madrid entre los que se encuentra el 14 de abril, “por nombres insignes de una significada representación de los mártires de nuestra Cruzada” cuya vigencia el Partido Popular de la Comunidad de Madrid pretende seguir prolongando por una cuestión de gusto o disgusto más bien, respecto al nombre original, a pesar de que dicha razón no es válida en democracia, o al menos no debería serlo.

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Los permisos iguales e intransferibles como negación de la maternidad

Una mujer embarazada

El periodo de enmiendas para la proposición de ley de los Permisos Iguales e Intransferibles (PII) se prolonga una y otra vez. Es comprensible. Los PII han sido diseñados para acabar ni más ni menos que con el machismo en el empleo,  y para ello toman la crianza temprana de los bebés -la fase más vulnerable de la vida de los seres humanos- como herramienta para la reeducación social. Resulta realmente sorprendente que esta propuesta experimental haya logrado formar parte del discurso de lo políticamente correcto y que la ciudadanía la haya aceptado como requisito necesario para lograr la igualdad. El Parlamento, además, parece dispuesto a aprobar tan osada propuesta sin estudios de opinión ni informes de personas expertas.

Para las mujeres que integramos la plataforma PETRA una ley que otorga nuevos derechos y privilegios a los padres y no atiende las demandas históricas de las madres no es una ley feminista. Pensar en los permisos parentales en términos de igualdad asumiendo que el derecho de madres y padres vienen del mismo lugar es un error. Este es un derecho que se deriva del nacimiento de una criatura del vientre de una mujer, y por lo tanto, no emanan del mismo lugar el derecho del padre y el de la madre. La maternidad biológica funda automáticamente maternidad social en todos los sistemas normativos y legales del mundo, es un derecho universal e incontestable, y la exterogestación y la lactancia son por definición intransferibles. Sin embargo, el derecho del padre a cuidar de su bebé menor de un año no emana de la biología, es puramente cultural y social, y de hecho, tal y como se plantea en la proposición de ley se trata de un derecho muy innovador: es ingeniería social. Por eso, la base para defender este derecho en los padres es mucho más frágil y cuestionable que en las madres. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional y el voto en contra de una mujer no significa nada. Todas conocemos ejemplos de sentencias crueles y misóginas hacia las madres redactadas tanto por jueces como por juezas.

La mayoría de las madres desean cuidar de su criatura más allá de las 16 semanas; y la ciencia nos dice que lo que el bebé necesita en su primer año de vida es contacto continuado con su madre. Curiosamente la habitual fuerza probatoria de la ciencia se queda en suspenso en este punto: al parecer, cuando la ciencia habla de madres y bebés se infecta del descrédito y la sospecha sistemática con que una cultura misógina contempla a madres y criaturas. De modo que los PII se plantean como una medida cuyos objetivos son única y explícitamente laborales e igualitarios; los deseos y necesidades de madres y criaturas quedan fuera de la ecuación, lo que equivale a excluir a las madres como sujeto político protagonista de esta ley: se regular la maternidad sin contar con la opinión privilegiada de las madres. En este planteamiento de los PII subyace un juicio paternalista que considera a las madres incapaces de defender sus verdaderos intereses, unos intereses que por supuesto residen en el mercado y no en la defensa del bienestar de su criatura. Este es un prejuicio que entronca con la más rancia tradición patriarcal y que asocia la maternidad con un estado “alterado” propenso a una dolencia típica de los 50 (la mística de la maternidad) y que inhabilita a las madres para el buen cálculo racional.

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