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El relator como señal de alarma

Puigdemont y Torra, en una imagen de archivo

En condiciones críticas, con debilidad, polarización y división interna, se avanza con sobreentendidos y retórica solo para las convencidas, lo que suelen dar lugar a malentendidos y desencuentros. Mientras tanto, es un terreno fructífero para la oposición, sobre todo si de explotar la precariedad del Gobierno en minoría se trata, como es el caso. En eso hemos parado.

Hasta hoy no sabíamos bien qué significaba “Relator”, término polisémico y por tanto abierto a interpretaciones, aún más si cabe en política. Pero sobre todo, al parecer, sus propios autores no conocían lo fundamental: QUÉ relatar y con QUIÉN. Tampoco se valoró la trascendencia simbólica que por los antecedentes tenían estos términos de Relator o Mediador para el imaginario español. Para más inri, conocido pública y solemnemente por boca de la vicepresidenta Calvo, se abrió de inmediato un debate entre los firmantes sobre si el marco era estatal,  catalán, bilateral y sobre las materias negociables.

La deducción, empero, era mucho más fácil para los de la teoría de la conspiración,  la felonía y la traición a España: El presupuesto de 2019 a cambio de los veinte puntos ocultos de Torra en Pedralbes. A estas alturas, que un buen titular no te lo estropee la realidad.

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Frente al cambio climático, nuestro cambio

Imagen de archivo de un automóvil, uno de los principales culpables de la contaminación del aire

Tenemos ante nosotros el mayor desafío al que nos vamos a enfrentar como sociedad. Un fenómeno global, universal y con algunos efectos ya irreversibles. Llevamos demasiado tiempo advirtiendo de la gravedad del problema sin afrontarlo de cara. Son necesarias soluciones a gran escala, sin duda, pero ese es un camino muy complejo y que exige una unidad de acción internacional que se vislumbra lejana. Y mientras, el cambio persiste, y el reloj corre. Y es aquí cuando desde la escala local asumimos el reto de actuar. Haciendo nuestras las palabras del ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, "no podemos permitirnos el lujo de la indecisión, las medidas a medias o los enfoques graduales. Nuestra meta debe ser una transformación".

Este es el objetivo que proponemos con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ha aprobado el Parlamento balear. Articular medidas a escala local para mitigar los efectos del cambio, poniendo en valor el hecho insular y sentando las bases de un modelo económico más diversificado y alejado de la estacionalidad.

Así que, frente al cambio climático, hemos decidido cambiar. Nos impulsa a hacerlo la responsabilidad, el respeto y la búsqueda de la resiliencia.

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Venezuela, Numancia del Caribe

Nicolás Maduro durante una campaña electoral

La primera vez que fui a Venezuela fue en plena campaña por el referéndum que la oposición promovió en 2004 para revocar a Hugo Chávez y que acabó siendo reafirmatorio. Me encontré con un escenario muy interesante de transformación social donde la participación crítica y democrática de la ciudadanía en los asuntos públicos tenía una dimensión destacada a través del impulso de los medios de comunicación comunitarios y de iniciativas populares que buscaban la “revolución dentro de la revolución”. Se trataba de un proceso que parecía estar curando las profundas heridas que había dejado la dura experiencia del “Caracazo” o “Sacudón” de 1989, cuando la represión ordenada por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez (CAP) dejó cientos de muertos en las calles de Caracas como resultado de las revueltas populares contra las contundentes medidas neoliberales de recortes sociales y subidas de precios. Venezuela había iniciado con la llegada de Chávez al poder en 1998 (y tras purgar en la cárcel su intentona golpista de 1992) un experimento de democracia popular frente a la pertinaz injerencia imperialista y las imposiciones con las que se había cebado el neoliberalismo desde los años 80.

Cuando llegué a Caracas yo acababa de defender mi tesis doctoral, en la que estudié el fallido golpe de estado de 2002 como caso representativo de las nuevas dinámicas de contrainformación en la era digital y su influencia en los medios de comunicación convencionales: durante las 48 horas que pareció prosperar el golpe, prácticamente todos los medios reproducían las mismas falsedades sobre un supuesto levantamiento cívico espontáneo contra el gobierno mientras algunos boletines contrainformativos en la web y listas de distribución alternativos apuntaban a un golpe organizado por la patronal y un sector del ejército y, por supuesto, apoyado por los principales medios de comunicación. Los relatos alternativos acabaron siendo claves para el desenlace de la intentona golpista a favor de Chávez, sobre todo a partir de la excepcional cobertura de un medio poco sospechoso de chavista como era Fe y Alegría, una radio de los jesuitas.

Además de fortalecer el liderazgo de Chávez, el golpe fallido puso en evidencia que los líderes opositores se presentaban más como herederos de CAP y de retomar el bipartidismo oligárquico de adecos y copeyanos (como se conocían popularmente a los representantes de los partidos de la IV República o “puntofijismo”, iniciada en 1958 tras la dictadura de Marcos Pérez Jiménez) que de encontrar un nuevo lugar constructivo en la V República inaugurada en 1999 con la llegada del bolivarianismo al poder. Desde que se percataron de los profundos cambios estructurales que planteaba el chavismo para superar los enormes desequilibrios sociales del país, hicieron todo lo posible por desencarrilar el proceso. Todo lo posible no fue solo la intentona golpista sino también el paro petrolero promovido por la cúpula de PDVSA antes del golpe y durante más de un año después del mismo y que desembocó en el insólito despido de toda la plantilla directiva de la empresa. Lamentablemente para los opositores, la coyuntura de aquellos años fue especialmente favorable para el chavismo: además de disfrutar de una intensa escalada en el precio del petróleo que llegó a poner el barril en casi 110 dólares en 2012, el bolivarianismo se vio gratamente amparado por la emergencia de diferentes gobiernos de izquierda en países como Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil o Uruguay. Estos y otros países empezaron a integrarse desde 2004 en el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), una organización transnacional liderada por Venezuela que nació como contrapunto al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), creada por EE.UU., y que convirtió a Venezuela en una potencia continental.

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En defensa de lo evidente

Pedro Sánchez y Quim Torra en su encuentro en Pedralbes

Hace apenas ocho meses del éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy y la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa con el apoyo de nuestro grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y otras formaciones políticas como PDCat, Compromís, ERC o PNV, que quisieron poner fin al Gobierno del PP tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel.

Esa mayoría alternativa no tenía un programa político común, ni un proyecto de largo recorrido. Se trataba de algo mucho más básico: recuperar unos mínimos de dignidad institucional, expulsando al partido más corrupto de Europa, y revertir el legado más lesivo de las políticas del PP. De un lado, se trataba de acabar con una década de austeridad y recortes para hacer llegar la recuperación a todas las capas de la población y, de otro, desjudicializar la política para afrontar democráticamente la crisis territorial del Estado y, en concreto, el conflicto con Catalunya.

En un momento crítico de represión como el que estamos viviendo actualmente, a las puertas de un juicio infame a dirigentes independentistas que nunca se debería haber producido, con una falta de garantías evidente durante toda la instrucción, con una prisión preventiva injusta e injustificada y con la acusación de unos delitos que no se corresponden con los hechos -como han demostrado cuatro países europeos y han confirmado más de un centenar de catedráticos de derecho penal-, y paralelamente, con un auge ultranacionalista en España, que ha generado una ola de crispación y venganza, promovida por las derechas desalojadas del poder de PP y Cs, y dirigidas por Vox, se hace más necesario que nunca defender lo evidente. ¿Qué otra alternativa existe al tripartito reaccionario de las derechas, que no pase por el reconocimiento de las diferencias entre los partidarios de la moción de censura? ¿Durante cuánto tiempo más Pedro Sánchez jugará a contemporizar a la parte más reaccionaria de su partido y a una derecha que quiere que pase cuanto antes a la historia? ¿Durante cuánto tiempo más habrá que esperar para que entienda que el conflicto con Catalunya sólo se resolverá dando la voz a la ciudadanía? ¿Y durante cuánto tiempo más algunos sectores de los partidos independentistas seguirán en posiciones de bloqueo y hablando de diálogo con la boca pequeña?La historia nos ha enseñado en demasiadas ocasiones que el autogobierno de Catalunya y la democracia en España son directamente proporcionales. Cuando uno se estrecha, la otra pierde, y viceversa. Deberíamos no olvidarlo para no cometer errores que nos lleven a un callejón sin salida.

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Imposible avanzar sin vosotras

El Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, con las investigadoras del proyecto 'Quiero ser científica' de la Universidad Pública de Navarra en el Planetario de Pamplona.

Más de ocho siglos han pasado desde que se creara la primera universidad española, pero durante 700 años las mujeres no pudieron acceder de forma legal a sus aulas. Fue por eso que Concepción Arenal tuvo que vestirse de hombre para poder ingresar como oyente en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid. Hemos avanzado mucho desde entonces, pero aún queda un largo camino por recorrer. Pese a que cada año se licencian más mujeres que hombres, solo hay 8 rectoras al frente de las 50 universidades públicas españolas y solo representan el 21% del profesorado catedrático, Lo mismo ocurre en la categoría investigadora de mayor rango de los centros de investigación. Avanzar en igualdad es una prioridad para este Gobierno, y con este propósito en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades hemos creado el Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación para analizar la situación y proponer medidas en políticas públicas de igualdad de género en todas nuestras áreas de responsabilidad.

En estos meses ya hemos actuado para reducir las barreras con las que se encuentran las mujeres investigadoras. En el Real Decreto Ley que aprobamos el pasado 8 de febrero se ha modificado la Ley de la Ciencia para que los periodos de maternidad y cuidados de hijos e hijas sean tenidos en cuenta a la hora de evaluar y seleccionar al personal científico. Asimismo, en las nuevas bases de convocatorias de ayudas hemos introducido criterios de evaluación en las ayudas a la investigación para primar a las entidades beneficiarias que adoptan medidas de igualdad de género, y promover la presencia de mujeres investigadores principales.

Más allá de otras medidas concretas en torno a la conciliación personal y laboral que iremos poniendo en marcha, debemos impulsar un cambio cultural de calado si de verdad queremos que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades en su carrera docente e investigadora.  A medida que las niñas vayan viendo más y más mujeres al frente de universidades, grupos punteros de investigación y empresas innovadoras, y esto deje de verse como excepcional, conseguiremos este cambio cultural que demanda la sociedad y, ciertamente, impulsaría una más efectiva selección de los mejores talentos.

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Casado y la manipulación del lenguaje

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Pablo Casado, en una imagen de archivo

El desconocimiento del lenguaje y su mala utilización lleva a conflictos surrealistas y situaciones graves. Eso es lo que parece le ocurrió al líder del PP, Pablo Casado, que se ha sentido inflamado ante la mención de que un relator podría estar presente en aquellas reuniones que pudieran servir para calmar las agitadas aguas catalanas. Fuera de la situación en que se encuentren o no tales conversaciones, se hayan interrumpido o prosigan, lo más llamativo para mí estos días, fue la virulenta reacción de este político. A tal punto le ha irritado el término relator, que de inmediato convocó lo que espera sea una gran manifestación en Madrid junto a sus amigos de Ciudadanos y del ultraderechista VOX, y está dispuesto incluso a abonar el transporte a todo aquel que desee acudir, en una decisión que evoca tiempos antiguos.

La perturbación de ánimo sufrida por Casado solo se puede interpretar como un estado próximo a la ignorancia en cuanto a lo que el concepto significa.

Porque si el presidente de los populares se hubiera preocupado de estudiarlo habría visto que según la Real Academia Española de la Lengua, la palabra relator tiene estas acepciones:

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Con el BBVA o con la PAH

Maqueta del proyecto Madrid Nuevo Norte, popularmente conocido como Operación Chamartín

"Con su gesta invasora, el norte es el que ordena". Esta semana nos venía a la memoria este verso al calor de las declaraciones entusiastas de la alcaldesa Manuela Carmena o, incluso, de históricos líderes sindicales como José María Fidalgo que anunciaba que un proyecto como Madrid Nuevo Norte "civilizaba a los partidos políticos". Pero, ¿qué hay detrás de esta nueva gesta del capital financiero?

Parece importarle poco, a quienes se enorgullecen de haber "desatascado" Madrid Nuevo Norte, el que estas últimas semanas haya salido a la luz documentación que no deja lugar a dudas sobre el quebranto al patrimonio público y al interés general que supone la Operación Chamartín. Así, en el acta del Consejo de Administración de DUCH (antecesor de DCN, empresa participada por el BBVA y Constructora San José) del 2015 celebraban con entusiasmo el reparto del botín. Unas "extraordinarias mejoras e inmejorables ventajas" que se cifraban en facilidades de pago a 20 años, una sustancial rebaja del 26% en el coste de infraestructuras y los riesgos de la operación asumidos por el Estado para que, en última instancia, la banca no pierda nada en este suculento negocio.

Esta jugosa acta, sumada a los contratos ocultos entre ADIF y DCN, deja en evidencia la cadena de favores tanto del gobierno de Aznar como del PSOE en beneficio del BBVA y la Constructora San José. Y es que desde 1993 el norte de la ciudad está atrapado por las garras de la especulación. Convenios que, sucesivamente, regalaban suelo público con la excusa inicial de "renovar la estación de Chamartín" y que hemos visto cómo incrementaban sin cesar con cada nueva firma el beneficio, pasando de 625.000 m² cedidos inicialmente a los 1.9 millones de m². Es decir, tres veces más y con unas plusvalías sobre el suelo público que van íntegras a DCN. 

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La manoseada independencia judicial

La actuación de unos y otros ante el inminente inicio de la causa en el Tribunal Supremo del denominado procés catalán, está logrando aflorar lo peor de la política y los más bajos argumentos en pro o en contra. En medio de los vapuleos de estos y aquellos, y de otros espontáneos actores no menos secundarios, la independencia de la Justicia se está viendo agraviada, vilipendiada y manoseada hasta la saciedad, en uno de los más sucios combates dialécticos de los últimos tiempos.

Los polvos que trajeron estos lodos se originaron en el momento en que el Gobierno de Mariano Rajoy dejó de lado su obligación de hacer política y comenzó a remitir al Tribunal Constitucional todas aquellas decisiones relacionadas con iniciativas del Govern catalán que muy probablemente no hubiera sido necesario que llegaran a tal instancia en su mayor parte; y después en las de la Justicia, de la mano de la Fiscalía General en aquel ya lejano septiembre de 2017. La falta de negociación, la obstinación y la realidad paralela del sector secesionista condujo al desafío. El Gobierno del PP, ocupado en tapar los agujeros que la corrupción evidenciaba en su línea de flotación, delegó en esta última la solución ¿final? al problema. Lo cierto es que con esta decisión lo enconó aún más y desvió la atención de sus graves irregularidades económicas, como en su día hiciera Jordi Pujol.

Y si esto fue así, la situación ahora es tan desalentadora como frustrante en lo político y en lo judicial. Hemos avanzado, pero hacia el desastre. Entre las posiciones extremas del Govern y especialmente de su presidente Torra, las torpezas de quienes, desde el Gobierno, queriendo decir una cosa comunican otra, solapando discursos y respuestas internas, y la desnortada y tremendista postura del PP y Ciudadanos que, con Vox, vuelven al discurso anticonstitucional de la falta de legitimidad del ejecutivo, se propicia el atropello constante de la mesura y la ecuanimidad.

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La coartada humanitaria en Venezuela: una vez más

Imagen de archivo de colas de migrantes entre Venezuela y Colombia

Esgrimir motivos humanitarios para tratar de justificar o, al menos, otorgar cierta legitimidad a intervenciones internacionales en ciertos países, forma parte del kit de herramientas habitual de los gobiernos poderosos y sus aliados, desde hace ya varias décadas, y de la retórica que defiende este tipo de actuaciones. Decisiones tomadas claramente por motivos políticos, tratan de hacerse pasar por “humanitarias” o que pretenden objetivos de ese tipo, buscando así que sean mejor aceptadas por la ciudadanía y por la comunidad internacional en general, otorgándoles un barniz bondadoso, ¿quién en su sano juicio puede oponerse a fines tan benéficos y solidarios como buscar la mejora de las condiciones de vida de la población?

Sin embargo, el análisis que de muchas de estas actuaciones pretendidamente humanitarias se ha realizado, tanto desde las organizaciones humanitarias y de cooperación como desde instituciones académicas, deja lugar a pocas dudas: las justificaciones humanitarias no han sido, en general, más que la coartada para intervenciones, en su mayor parte militares, con objetivos de cambio de régimen, aumento del peso geoestratégico y económico ¿alguien dijo petróleo?, o de los equilibrios en una región, entre otros. Desde el droit d'ingérence de la época de Miterrand hasta la obscena manipulación de lo humanitario en la invasión de Irak en el año 2003, entre otros ejemplos, las organizaciones humanitarias hemos visto como en nombre de nuestras ideas se violaba el derecho internacional y se empeoraba la situación de las poblaciones a las que aparentemente se quería ayudar. Por ello, un mínimo principio de precaución nos hace ser cautelosos con este tipo de planteamientos. 

Lo que está sucediendo estos días en Venezuela tiene poco de original y lo único que sorprende es que el manoseo de las razones humanitarias haya logrado influir, finalmente, en ciertos sectores progresistas que se han apuntado a esas tesis sin apenas matización. ¿No resulta sorprendente que el gobierno que promete 20 millones de ayuda humanitaria a Venezuela sea el mismo que ha suprimido 300 millones a la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Medio)?.

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La máxima vil: los ricos y los impuestos

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi

En el año 2001, ciento veinte multimillonarios norteamericanos, entre los que se contaban personalidades como el ubicuo financiero George Soros, Steven Rockefeller o la acaudalada coleccionista de arte Agnes Gund, firmaron una carta en la que pedían al recién elegido presidente del país, George W. Bush, que no eliminase como había anunciado el equivalente a nuestro Impuesto sobre Sucesiones (el Us Estate Tax), tributo que gravaba con una tasa que iba del 37 al 55% las herencias de valor superior a un millón de dólares. La iniciativa de la petición partió de William H. Gates II -abogado retirado, también millonario, filántropo y padre de Bill Gates-, quien la justificó explicando que no se podía premiar la adquisición de riqueza por el mero azar del nacimiento, pues ello desanimaría el esfuerzo y el talento como palancas de la prosperidad. Otro de los promotores de la carta, Warren Buffet, presidente de la gigantesca tenedora de acciones Berkshire Hathaway, advirtió sobre el impacto catastrófico que la supresión del gravamen tendría en la composición de la élite económica norteamericana recurriendo a un ejemplo muy popular. "Sería como formar el equipo olímpico para los Juegos de 2020 eligiendo a los primogénitos de los medallistas de 2000", dijo. En otras palabras, se fomentaría la incompetencia.

No ha sido la única vez que los más ricos de Estados Unidos han mostrado un entusiasmo por el pago de impuestos que aquí nos resultaría como poco exótico. En el año 2011 Bill Gates y Warren Buffet reclamaron al presidente Obama una significativa subida tributaria para las rentas más altas del país y, más recientemente, en 2017, hasta cuatrocientos millonarios animados por el lema "riqueza responsable" pidieron al Congreso que frenase la drástica reducción de impuestos prometida por Donald Trump. Incluso en la órbita política republicana, el magnate del aluminio Paul O’Neill abandonó el cargo de Secretario del Tesoro para el que le había designado Bush junior disconforme con la rebaja fiscal. Entonces contestó a quienes suelen cifrar el crecimiento económico en la bajada de impuestos declarando ante la prensa que si él hubiese guiado sus inversiones exclusivamente por la búsqueda de impuestos bajos jamás habría alcanzado el éxito en los negocios.

Más allá de que nos preguntemos por la proporción de sincero patriotismo y propaganda que encierran tan edificantes declaraciones de los más ricos, hay motivos para concluir que ni se han convertido en unos apóstoles del socialismo ni han dejado de preocuparse por el beneficio de sus empresas. La oposición a que desaparezca el Impuesto sobre Sucesiones enraíza en lo más profundo del ideario liberal que persigue una sociedad basada en el mérito. Fue John Stuart Mill quien en sus Principios de economía política defendió que el Estado pudiera limitar la propiedad que no se adquiere por el propio esfuerzo sino por la “benevolencia de los demás”. Y alguien tan poco sospechoso como Winston Churchill elogió el tributo en 1924 como "antídoto contra el desarrollo de una raza de ricos ociosos".

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