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Manifiesto: "Hartos de convivir con la corrupción académica"

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Los miembros de la comunidad académica estamos asistiendo a un escándalo sin precedentes, con la presidenta de la Comunidad de Madrid perseguida por un caso de corrupción que afecta de manera nodular a su condición de cargo institucional, de representante y de figura pública. El futuro de la universidad pública y la ciencia en España estará condicionado por cómo se resuelva esta crisis, que va más allá del caso concreto y el nivel estrictamente gubernativo. No podemos quedarnos esperando que otros lo hagan por nosotros, dejando que una vez más la política se vacíe de contenido y vivamos degradados en la judicialización de nuestra convivencia.

El comportamiento de Cristina Cifuentes es reprobable por motivos sobrados, pero especialmente porque instituye la impunidad. El mensaje que está enviando es que una conducta inmoral, fraudulenta y hasta delictiva tiene réditos y puede eludir las sanciones públicas e incluso las judiciales. Es en definitiva una llamada a la generalización de la corrupción por todo el cuerpo social, y en un asunto vital como la formación para la sociedad del conocimiento.

Al comienzo de la crisis la universidad salió a la calle a protestar por los recortes: lo hizo en masa, como comunidad, y supo mostrar a los destructores de lo público su rechazo colectivo a la austeridad impuesta para fines espurios, denunciando la creciente dificultad de acceso de las capas menos favorecidas a la educación superior. Pero la universidad y los centros públicos de investigación venían arrastrando una serie de conflictos internos de gran calado, que permanecían invisibles, o más bien invisibilizados durante décadas. Al igual que otros sectores, la I+D+i española ha tratado de soportar la crisis como ha podido; pero en este caso, detrás de lo que parecía simplemente ajustarse de forma colectiva a los recortes, se ha producido un reparto muy desigual de los costes y esfuerzos, según criterios tan poco científicos como la jerarquía y la antigüedad, y exacerbando la endogamia heredada.

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¿Antigitanismo en el Congreso de los Diputados?

Alicia Sánchez Camacho lee el manifiesto del Congreso por el Día Internacional del Pueblo Gitano

El colectivo feminista-antirracista “Imago Política”, apoyado por más de 150 organizaciones y activistas de derechos humanos de toda Europa, ha impulsado el martes pasado en el Congreso de los Diputados, a través del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú-En Marea, una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano.

El impulso de una declaración institucional es un pequeño ejemplo del derecho a la participación política que toda sociedad civil tiene en una democracia sana y plural. Sin embargo, algo que indica el inicio de un compromiso mínimo con una población históricamente discriminada y masacrada, parece suponer para el PP un grandísimo esfuerzo que finalmente no ha sido capaz de realizar.

En concreto, el Grupo Parlamentario del PP y su órgano colegiado para los asuntos gitanos no entendieron que con una declaración institucional se “ inicia un acto democrático que reconcilia a la sociedad con una parte de la ciudadanía cuya realidad ha sido históricamente negada. Por tanto, este gesto responde a la intención de construir una memoria de Estado en la que se restituya lo sustraído”. No contento con esta negación, el partido de Mariano Rajoy también se cierra a reconocer que “ los planes de integración para el pueblo gitano que se han venido implementando desde los años 80 son dependientes de los servicios sociales”.

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La credibilidad del PSOE

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Mitin de Pedro Sánchez en Valencia

Esta legislatura pasará a la historia como un folio en blanco. Los estudiantes del futuro encontrarán en sus manuales el título “XII legislatura” y, a continuación, una página vacía y pensarán que se trata de un defecto de impresión. Pero no. El Gobierno observa y registra la realidad sin vocación alguna por intervenir en ella para, acaso, intentar mejorarla. No parece una inacción motivada por un liberalismo militante, sino, más bien, por la inexistencia de un proyecto político, siquiera ligeramente transformador. Tampoco parece que la inacción esté motivada por el abandono invencible a una grata pereza, sino por la creencia de que los problemas se irán solucionando, ellos solitos. Y si ellos solos no lo hacen, lo hará el mercado. La mano invisible. En el ínterin, los problemas se agravan y nada se hace para solucionarlos. La nada como proyecto político. La feria del nihilismo ovacionada por manos invisibles. 

La anterior legislatura pasará a la historia porque un partido que nació para cambiar todo, acabó evitando el cambio y dio una segunda oportunidad a otro partido nacido para que nada cambiara nunca. 

Son cosas de la etapa gaseosa de la política española en la que vivimos, cuya principal característica es la volatilidad. Lo que hoy es, mañana cambia o, directamente, es otra cosa. Sirva de ejemplo UPyD, aquella formación política que algunos de ustedes recordarán: unos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2015 aparecía como la gran fuerza regeneradora del panorama político español y con unos notables pronósticos electorales en los sondeos. Celebradas las elecciones, UPyD se convirtió en fuerza extraparlamentaria en la práctica totalidad de las ciudades y comunidades autónomas y, poco después, desapareció. El magenta volvió a ser solo un color, el rojo oscuro que tira a morado. 

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La encrucijada brasileña y la izquierda

Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula Da Silva

El encarcelamiento de Luiz Inacio “Lula” Da Silva la pasada madrugada del 7 de abril es sin duda la noticia más relevante de la política latinoamericana en lo que llevamos de año y resulta especialmente reseñable por muchas razones. En primer lugar, por a quién afecta: el que fuera presidente del país-continente más importante económica y geopolíticamente de la región y quién gozara de las mayores y más sostenidas tasas de popularidad en la historia del país (35% de intención de voto antes de la confirmación de su condena) y del continente, respetado y reconocido internacionalmente por izquierdas y derechas como el hombre que pasó la página de la oscura historia de uno de los países con mayor violencia y desigualdad social del Mundo y aquel que situó a Brasil en el lugar que le correspondía en el gran tablero. En segundo lugar, por darse en el momento en el que se da: antesala de unas elecciones otoñales decisivas para un país que vive en una permanente convulsión política ya desde antes de la inhabilitación de Dilma Rousseff (maniobra plagada de irregularidades procesales y de sombras) y la vuelta al poder de una de las derechas más abiertamente corruptas y expoliadoras de lo público en todo el hemisferio occidental. En tercer lugar, por el cómo ha tenido lugar su detención: por una parte, la espectacularidad de las sucesivas requisiciones, registros policiales e interrogatorios judiciales realizados a Lula y a otros miembros del PT y después, las masivas manifestaciones en solidaridad con el exmandatario hasta el momento mismo de su entrega. En cuarto y último lugar (y este es el centro quizás del presente ensayo de análisis) por la situación binaria que se abre en la opinión pública brasileña y mundial sobre el descompuesto contexto nacional: una polarización que sitúa nuevamente a la izquierda mundial en una encrucijada en la que se le fuerza a tomar partido entre la defensa de un líder presuntamente corrupto y un plan manifiesto de algunos de los poderes fácticos de Brasil, aliados con intereses extranjeros, para la recuperación de todo el poder institucional en Brasil y el reparto de la inmensa riqueza natural que atesora el país-continente.

La votación de los once ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), la noche del miércoles 4 de abril, en el sentido de rechazar el habeas corpus presentado por la defensa de Lula, supone en la práctica el fin de su carrera política. Este hecho, no se da en estos precisos momentos y de esta manera tan abrupta y espectacular sin conexión con el enorme y complejo entramado de intereses y juegos de poder que operan y condenan al pueblo brasileño a ser el perpetuo escenario de las mayores e indisimuladas ambiciones crematísticas de su clase dominantes y de potencias e intereses privados foráneos. Prueba de ello es que su ocurrencia está siendo abiertamente celebrada por una gran parte de los representantes del gran capital nacional (con la mega-federación industrial FIESP a la cabeza) y transnacional, de las Fuerzas Armadas (rearmadas por cierto bajo los gobiernos del PT de manera muy notable y como nunca antes desde la dictadura), de la oposición política, de las clases alta y medias-altas agraviadas por  cuatro gobiernos del PT que operaron una reducción innegable de las brechas sociales (que  las distinguían de las comunidades obreras, faveladas, ribereñas, sertanejas e indígenas), de los poderes fácticos judiciales y mediáticos y, como no, del gobierno de los Estados Unidos; la sempiterna potencia ultracolonial, siempre al acecho de los graneros de materias primas latinoamericanos y que era recelosa del poder geopolítico ascendente de Brasil como cabeza de los BRIC, espoleado por el proyecto de autonomización energética, militar y satelital que impulsaron decididamente las administraciones de Lula y Dilma.

Es sobre esta realidad material, innegable, que las confabulaciones y colusiones políticas, empresariales y judiciales se enmadejan hasta difuminar cualquier luz de verdad; una luz difusa y sobre la que se proyectan las sombras del propio PT y del hombre que aupó al partido al poder.

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Fake news, ¿de quién es la responsabilidad?

Mark Zuckerberg

Desde que, para nuestra sorpresa, el Brexit y Trump ganaron el año pasado, parece que estamos viviendo en la llamada “era de la postverdad”. Recientemente estamos confirmando que las noticias falsas han desempeñado un papel fundamental en los resultados de las votaciones del último año y medio. Pero ¿qué hay detrás y quién debería tener la responsabilidad de controlar las fake news?

Un reciente informe alerta de que uno de cada cuatro norteamericanos visitó alguna página de noticias falsas durante el periodo anterior a las elecciones que llevaron a la Casa Blanca a Donald Trump.  La consultora Cambridge Analytica accedió  a los perfiles de 87 millones de personas en Facebook para pronosticar su voto e influir en ellas a favor de Trump. Y el  Oxford Internet Institute acaba de publicar otro informe en el que concluye que, en Twitter, la red de seguidores de Trump comparte y circula más variedad y cantidad de noticias falsas que todo el resto de agentes políticos combinados.

¿Qué son las llamadas fake news? Como afirma Cas Mudde en un artículo para The Guardian, la importancia de la manipulación algorítmica y las fake news es relativa, ya que, por un lado, su consumo está concentrado en una parte del electorado, y por otro, su impacto afecta sobre todo a grupos ya fanatizados. Pero se trata de algo alarmante. Aunque se puede tratar de  fraudes, bots tóxicos, pseudociencia, clickbaits o teorías de la conspiración, estamos hablando de algo similar con diferentes formas, propósitos e impactos. En realidad, las noticias falsas siempre han existido; el  problema ahora es que la multiplicación de plataformas aumenta exponencialmente su propagación.

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¿Por qué "No pasarán"?

05/10/1936.- Cartel con el conocido lema del "No pasarán" colocado en la calle de Toledo, cerca de la Plaza Mayor.

En la Sala de Bóvedas de la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor de Madrid, se expone estos días la muestra “No Pasarán. Madrid 1936. 16 días”. Comisionada por Tània Balló y Gonzalo Berger, es la primera exposición organizada íntegramente por el Ayuntamiento de Madrid -en concreto, por su Oficina de Derechos Humanos y Memoria- sobre un tema relacionado con la memoria democrática de nuestro país. Esta exposición trata sobre el comportamiento del pueblo madrileño durante esos días de noviembre de 1936 en los que Madrid resistió el embate de las tropas franquistas sublevadas contra la legalidad republicana. El éxito de la muestra es incuestionable, como lo refrenda la gran afluencia de público registrada desde el día de su inauguración.

Con esta exposición el Ayuntamiento da un paso más en el desarrollo de sus políticas de memoria. Unas políticas que cumplen con las obligaciones que el Derecho internacional impone al Estado español para con las víctimas de la represión franquista en cuanto son víctimas de graves violaciones de derechos humanos: verdad, justicia y reparación. Ante la parálisis del Gobierno central en este tema y el desamparo en el que deja sumidas a las víctimas, el Ayuntamiento sí cumple con sus obligaciones en el marco de sus competencias propias.

Además, esta exposición tiene un espíritu, diseño y contenido profundamente pedagógico. Porque las políticas de memoria deben responder también al propósito de dar a conocer la historia para las generaciones actuales y venideras. En este caso, rememorar para que el sacrificio del pueblo de Madrid no quede en el olvido y sea conocido por quienes visitan nuestra ciudad; que los valores y el sufrimiento de las y los madrileños anónimos que defendieron la legalidad frente a un ejército golpista forme parte de nuestro acervo cultural y ciudadano.

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La estabilidad del cambio ante el bloqueo y la corrupción

Manuela Carmena y Ada Colau

La triple crisis que vive en España no tiene visos de resolverse en manos del gobierno del PP y su alianza por la derecha con Ciudadanos. La crisis socioeconómica que está expulsando a las familias más vulnerables de sus derechos más básicos, la crisis democrática que demuestra que la estructura del Partido Popular es una organización pensada para delinquir y para atrincherarse en el poder y la crisis territorial que evidencia el agotamiento del estado de las autonomías necesitan retos valientes que pongan en marcha una idea de país diferente. El mayor síntoma de esta triple crisis se está viviendo en la Generalitat de Catalunya y también en el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid.

La mayoría independentista que está legítimamente llamada a formar gobierno en Catalunya, liderados por JxCat y por ERC, se han quedado sin horizonte político. Más allá del evidente error en la judicialización del procés, que se está volviendo en contra del propio gobierno Rajoy, y de la represión que se está desencadenando en todo el estado bajo la excusa de la unidad de la nación, el independentismo ha entrado en una vía de agotamiento evidente por su inefectividad. Detrás de los símbolos, los discursos épicos y las investiduras fallidas, se esconde la evidencia de que no son capaces de formar un gobierno que gobierne para la gente. La guerra entre JxCat y ERC no es una batalla por mejorar las condiciones de vida de la gente, por blindar la educación y la sanidad pública o por incrementar nuestras cuotas de autogobierno ante la amenaza recentralizadora del Estado, sino un intento de JxCat de atrincherarse en el poder y continuar siendo la factoría catalana del poder por el poder. Así pues, el bloqueo en la formación de un más que nunca necesario gobierno para Catalunya está situando al país, cuando más inoportuna es, en una inestabilidad política que afecta en el día a día de los y las catalanas.

La inestabilidad política también se está adueñando del gobierno de la Comunidad de Madrid, en este caso a consecuencia de las falsificaciones, las mentiras y las amenazas del falso máster de la presidenta Cristina Cifuentes. El caso, en sí, escenifica las formas de gobernar del Partido Popular, el poder a costa de lo que sea, y también está poniendo en evidencia el papel de cómplice de la corrupción de Ciudadanos. Los casos de corrupción del PP en Valencia, Baleares, Murcia y ahora también Madrid, dejan de manifiesto que el partido de M. Rajoy necesita de las instituciones para parasitarlas todo lo que puedan pero también para proteger a sus corruptos. Funcionan como un clan. La propia Cifuentes ha dicho que sólo dejará la presidencia de la CAM si se lo pide Mariano Rajoy. Eso es, el capo. La peor corrupción que ejerce el PP no es la de robar dinero de la caja pública, que ya es denostable de por sí. La peor de sus corrupciones es la utilización de las instituciones del estado para sus propios intereses partidistas, para perseguir y criminalizar a sus opositores políticos y para parapetarse detrás de ellas para proteger a sus corruptos.

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Siria: el silencio y los graznidos

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Bombardeos en la provincia siria de Idleb

Miércoles, 9 am. Un grupo de chavales que ha creado un nuevo medio de comunicación y a los que tengo mucho cariño me invitan a dar una charla sobre Siria. Cuando me informan con más detalle, compruebo que el segundo ponente con el que cuentan para la mesa es un profesor universitario conocido por deshacerse, siempre que tiene ocasión, en alabanzas al clan de los Asad, la dictadura hereditaria que la población siria lleva sufriendo más de 50 años. El profesor, fan confeso de los Asad, los legitima en público negando sus crímenes y esgrimiendo que el régimen es en realidad una víctima del imperialismo estadounidense, y en privado con comentarios que superan lo grotesco. 

“Queridos, hace tiempo que establecí ciertas líneas rojas para mi participación en debates”, respondo a los fundadores (jóvenes, listos, rebosantes de entusiasmo) del nuevo medio. “Del mismo modo que boicoteo a negacionistas del Holocausto o a sionistas que niegan la existencia histórica de Palestina, también me niego a participar en actos donde se dé voz a negacionistas de los crímenes del régimen de Asad en Siria". 

Miércoles, 7 pm. Un conocido medio de comunicación cercano a planteamientos progresistas y de izquierdas (aunque quién sabe ya qué significa este término) me pide un análisis sobre los últimos bombardeos químicos en la zona de Ghouta. Las imágenes son espeluznantes y llevo días evitando enfrentarme a ellas, así que en estos momentos dudo si puedo ofrecer un análisis a la altura del lodazal en que se ha convertido Siria. Necesitaría leer mucho, hacer unas cuantas entrevistas, contactar con mucha gente en el terreno y cercana a él, contrastar distintos materiales que me han ido llegando… “Ya, te entiendo”, me responde la amabilísima responsable de Internacional del medio. “Lo que ocurre es que nos están llegando muchas propuestas de artículos de gente que alega que todo es un montaje de EEUU y completamente acrítica de la responsabilidad de Asad en las masacres contra civiles en el país. Nos gustaría que escribieses tú algo desde el rigor y el conocimiento del país". 

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España 2018: De la indignación a la perplejidad

El caso del Máster falso de Cifuentes no sucede en un momento cualquiera. En un importante artículo del lúcido periodista conservador José Antonio Zarzalejos se definía la situación de España como de “perplejidad” ante la coincidencia de cuatro crisis que construyen la imagen de colapso institucional: el Caso Cifuentes, que podría llevarse por delante al PP, la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado por parte de Rajoy sin tener garantizada su aprobación, la denegación de la justicia alemana de la extradición de Puigdemont e incluso el vídeo de la bronca entre la reina Letizia y su suegra y predecesora Sofía. “ España navega con el piloto automático, no hay comandante en la aeronave y no se sabe si pasamos por un tramo de turbulencias o caemos en picado”, concluye Zarzalejos. Todo ello ocurre tras un primer trimestre de 2018 en el que por primera vez desde finales de 2013 vuelve a crecer la movilización social gracias fundamentalmente a mujeres y pensionistas.

En términos sociológicos las crisis que tenemos delante afectan directa o indirectamente a prácticamente toda la población española:

El Caso Cifuentes viene a recuperar la sensación de que nos gobierna una élite sin ningún tipo de escrúpulos cívicos que son capaces de hacer trampas en todos los ámbitos de la vida. Y en este caso, además, es especialmente fácil que irrite a millones de personas, muy especialmente a los jóvenes, que entienden perfectamente el caso: no es fácil entender qué es un testaferro o una malversación, pero que te regalen un título universitario que no has cursado es una barbaridad que entiende todo el mundo y millones de personas están muy familiarizadas con la burocracia universitaria como para tragarse excusas de baratillo.

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Currículum en B

El “caso Cifuentes” apunta hacia el peligro que representan para la ética pública las universidades cuando aceptan convertirse en simples estancos expendedores de títulos, algo que pervierte la esencia misma de la Academia y que debería movernos a adoptar medidas para su reversión. Apuntado esto, indico también que no entraré ahora a analizar la conducta de doña Cristina Cifuentes ni haré conjeturas sobre su mayor o menor grado de implicación directa en las extrañas actuaciones administrativas que la llevaron a estar en posesión de un máster otorgado por la Universidad Rey Juan Carlos sin haber realizado aparentemente grandes esfuerzos intelectuales para merecerlo; tampoco quiero valorar el comportamiento de aquellos profesores y funcionarios que al parecer la ayudaron en su sorprendente logro. Lo que me preocupa especialmente es analizar el resabio antidemocrático que desprenden los hechos que hemos ido conociendo gracias a las indagaciones periodísticas.

¿Un político debe estar en posesión de títulos universitarios? Entiendo que no es imprescindible, porque el representante (que no dueño) de la ciudadanía debe ante todo cumplir unas condiciones elementales: conocer lo que pasa en su circunscripción y estar bien enraizado en ella, no robar el dinero público, ser accesible, y gozar de una buena dosis de sentido común que, como decía Descartes, es el sentido mejor repartido entre la humanidad. Nuestro problema es que, como rémora del franquismo y de su rechazo frontal a las ideas de democracia e igualdad, los segmentos sociológicos que han apoyado al Partido Popular han seguido encantados con la visión tecnocrática del mundo, según la cual los cargos públicos vienen reservados a quienes por su formación elevada deben ser considerados como “mejores” que el resto, entendiendo equivocadamente que acceder a la presidencia de una Comunidad Autónoma o a un escaño en el Congreso es tarea equivalente a la de aprobar una oposición con el número uno de la promoción. En el universo reaccionario del franquismo se fomentaba el entendimiento de la política como equivalente a “politiquería”, actividad despreciable que solamente podía dignificarse si quien llegaba a ella venía avalado no por el voto de la masa amorfa sino por la fuerza de su currículum que encandilaba al dictador.

Esta visión era compartida por el fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga, quien formó un partido de notables trufado con caciques y tecnócratas. Pero aquel proyecto no podía ganar unas elecciones con su tufo netamente clasista, y por ello José María Aznar lo reconvirtió en Partido Popular y lo estructuró como una organización compacta, jerárquica y disciplinada, con una cadena de mando y unas posibilidades de ascenso que estaban en proporción directa a la obediencia mostrada. Esta opción abrió la puerta a mujeres y hombres ambiciosos que podían hacer una carrera profesional larga en la política, si se mostraban fieles a los tics sociológicos heredados, entre los que se encuentra la exhibición de méritos que agraden a los votantes de la derecha tradicional, encantados de poner la gestión de los asuntos públicos en las manos de quien se supone que tiene un derecho adquirido a estar en política como premio a su supuesta valía académica y/o profesional previas.

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