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¿Cómo hemos de enfrentarnos a las instituciones patriarcales?

Coincido con Beatriz Gimeno en analizar la prostitución como una una institución patriarcal, pero difiero en si se debe impedir la existencia del sindicato OTRAS, y más en general, en cómo debemos hacer frente a las instituciones del patriarcado, que considero un patriarcado capitalista.

Beatriz Gimeno empieza creando la duda, como mínimo, de si detrás de este sindicato están los proxenetas. Más adelante dice que estos están detrás de las prostitutas que defienden sus derechos, o dice de ellas: "ese sector defensor a ultranza defiende a los empresarios diciendo que son “compañeros”. Como la ciudadanía tenemos derecho a la información veraz, y las trabajadoras sexuales en general y el sindicato OTRAS en particular, tienen derecho a que no se publiquen falsedades sobre ellas, si hay datos debe publicarlos: qué proxenetas, qué relación, con quién... y si no los hay, debe rectificar. Mientras, hago dos reflexiones: primera, la experiencia nos dice que la patronal generalmente no está interesada en que sus trabajadoras y trabajadores se organicen y se sindiquen, sino todo lo contrario; segunda, aunque hubiera datos que demostraran que la patronal está detras de tal o cual activista, o incluso de muchas de ellas, no se podría generalizar al resto.

En cualquier caso, esto es indiferente para permitir su constitución. La libertad sindical es un derecho democrático conquistado que se concreta en una Ley Orgánica. Esta, de 1985, establece que las organizaciones sindicales se pueden constituir sin autorización previa (art. 2.1.a) y no pueden "ser suspendidas ni disueltas sino mediante resolución firme de la Autoridad Judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes (art. 2.2.c). Esto lo ignoran, tanto la ministra de Trabajo, cuando dijo: "Nadie me avisó", como Beatriz Gimeno, cuando dice que no se investigó porque se trataba de prostitución. No se investigó porque el Ejecutivo no tiene absolutamente ningún papel en la aprobación o reprobación de un sindicato, lo que precisamente es un logro del movimiento obrero para protegerse de los gobiernos. Los derechos reconocidos en las leyes son herramientas que no podemos permitir que se nos arrebaten, como han entendido CC OO y CGT (no así UGT). No se puede decidir "democráticamente" impedir que se cree un sindicato (o un partido), ni aunque así lo deseara el 99% de la población. Se puede privar a alguien de algunos de sus derechos como respuesta a sus acciones, nunca de manera preventiva (por eso la prisión permanente es tan antidemocrática).

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¿Desandar lo andado?, lo van a tener difícil

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo

La reciente aprobación administrativa de la sindicación de las trabajadoras del sexo en el estado español ha levantado ampollas en la Ministra de Trabajo que, sin ningún pudor, se ha atrevido a definirla como "un gol que le han metido por la escuadra". Como resultaría difícil de entender la frontal oposición de un Gobierno que se llama socialista y obrero a la reivindicación de los derechos laborales de un colectivo tan oprimido, marginado y estigmatizado social e institucionalmente como el de las trabajadoras del sexo, le ha parecido una buena idea acudir a la Abogacía del Estado para rebuscar en la supuesta ilegalidad de la prostitución un argumento de fondo que les permita dejar sin efecto una autorización en curso que él mismo ha formulado.

Pero les va a costar encontrarlo porque no creo que sean capaces de reivindicar cómodamente el único precedente legal que habla de la prostitución como "negocio ilícito" en el estado español. Me refiero al viejo Decreto-ley franquista de 1956 que, siguiendo la filosofía abolicionista del Convenio de Naciones Unidas de 1949, proclamaba la ilegalidad de su práctica "ante la teología moral y ante el mismo derecho natural que habían de tener reflejo positivo de una nación cristiana para la debida protección de la moral social y del respeto debido a la dignidad de la mujer".

Tampoco parece viable hoy, como muchos piensan, apelar al Código civil, cuyos artículos 1271 y 1275 condicionan la validez de cualquier contrato –como la del propio contrato de prostitución– a su eventual contrariedad a las leyes o a las buenas costumbres o la inmoralidad o ilegalidad de su causa. Y es que, dejando a un lado la supuesta inmoralidad del trabajo del sexo que ya no es un argumento potable, hay precedentes judiciales que han afirmado ya su legalidad, como una última sentencia de 18 de febrero de 2015 del Juzgado de lo Social nº 10 de Barcelona que reconoció la condición de trabajadora a quien prestaba servicios sexuales voluntarios por cuenta ajena, precisamente reivindicando una "obligada perspectiva de género y la necesidad de tutela de sus derechos fundamentales", muy consciente de que el reconocimiento de esa ciudadanía laboral en nuestras sociedades tardocapitalistas representa una garantía contra la pobreza, la marginación, el abuso de poder y la explotación. Y creo que no hay que insistir en la idea de que en un Estado de Derecho la legalidad o no de una práctica no regulada la definen los tribunales.

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El derecho a la ciudad

Imagen de archivo de dos turistas.

El derecho a la vivienda debería acompañarse del derecho a la ciudad, porque todo lo que ahí tenemos a nuestro alcance para realizar un proyecto de vida ha sido financiado con presupuesto público: desde las aceras, las papeleras, el alcantarillado o el alumbrado de las calles, a los servicios que garantizan la seguridad, el transporte, la educación y la asistencia sanitaria…, así como la construcción y mantenimiento de los espacios y edificios públicos. La ciudad debiera ser considerada un bien de primera necesidad y vivir en ella y poder utilizar sus servicios un derecho en el que apoyar el final del alquiler turístico de las viviendas en las ciudades. Todo ello bajo un prisma sencillo: una vivienda es una vivienda.

El debate sobre el alquiler turístico de las viviendas existentes puede plantearse en términos más comprometidos y sociales que los esgrimidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su informe del pasado 13 de julio sobre las bondades de las “Viviendas de Uso Turístico”, como interesadamente denomina a las viviendas usadas con fines turísticos. La CNMC viene a decir que la expansión de las VUT “ha supuesto una verdadera revolución en el mercado del alojamiento turístico, generando beneficios para los usuarios, para los ciudadanos y para la economía de las ciudades”. Y aduciendo que “la expansión de las VUT ha intensificado la competencia entre alojamientos turísticos, propiciando menores precios y mejoras en la calidad del conjunto de alojamientos”. Posiblemente sea así para cuadrar los números de las multinacionales del sector turístico, pero no considera este informe que esta competencia en un sector tan atomizado en España sólo está provocando la proliferación de sueldos miserables, -como es el caso de las 'kellys'-, y la merma en la calidad, atención y profesionalidad del empleo en los servicios turísticos que se ofrecen al visitante. En este informe, la CNMC pasa de puntillas sobre los daños que produce a la ciudad la alteración de las posibilidades de alojamiento de sus residentes.

El alquiler turístico de viviendas distorsiona y altera las previsiones de desarrollo de la ciudad. Este desarrollo, diseñado mediante un planeamiento urbanístico sujeto a aprobación y control público, tiene por norma el interés general y como primer deber el equilibrio y sostenibilidad de las funciones de la ciudad. Por ello debiera considerarse si es una base económica y competencia del Estado la necesidad de optimizar al máximo el uso de todo lo público construido en nuestras ciudades, y poner en carga un capital formado por servicios, equipamientos y espacios diseñados para cubrir las necesidades básicas y económicas de millones de ciudadanos a la busca de un lugar para vivir.

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El Valle sí se toca

Imagen de archivo del Valle de los Caídos.

Desde que Pedro Sánchez anunciara la futurible exhumación de Franco del conocido como Valle de los Caídos, los medios de comunicación han generado una ingente cantidad de artículos, tertulias televisivas y editoriales acerca de este asunto tan clave en lo simbólico para cualquier democracia que se precie. Sería impensable que en cualquier otra democracia europea se rindieran honores a la tumba de un dictador. Es por ello que creo necesario explicar la posición fundamentada de Izquierda Unida sobre este tema, también -por qué no- para hacer pedagogía sobre un lugar muy popular del que creemos conocer más de lo que realmente sabemos.

El Valle de los Caídos se erigió para "perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra Gloriosa Cruzada", según reza el artículo 1 del Decreto del 1 de abril de 1940 que le dio lugar. Fue en 1958 cuando, antes de inaugurar el complejo, se cambiaron sus objetivos fundacionales y se exhumaron –la mayoría sin consentimiento ni información a los familiares– los restos de decenas de miles de asesinados "del otro bando" llegando a contar con más de 33.000 cuerpos enterrados en lo que es la fosa común más numerosa del Estado. En el interior de la basílica en un lugar preeminente se hallan las tumbas de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, y del dictador Francisco Franco, llegando a incumplir los preceptos del derecho canónico que salvaguardan ese espacio sacro a obispos y al Papa.

Las obras acabaron en 1958 con un coste de unos 1.086 millones de pesetas. Si lo reconvertimos a la moneda y al valor actuales serían unos 226 millones de euros. En 1942 el Gobierno se ve desbordado por la ingente tarea de la faraónica construcción e integra en los trabajos a batallones de trabajadores. En este caso, sería la Compañía del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores Penados nº 95 la que se sumó a la construcción del que sería el mausoleo para la tumba del dictador.

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El mito de la Alemania desnazificada

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Manifestación ultraderechista en Chemnitz (Alemania)

Es un hecho que, cuando en España se habla de memoria histórica y de las resistencias que la misma genera entre un gran sector de una población que sigue viendo el Franquismo como algo que no hay que remover, se suele poner a Alemania como ejemplo de Estado que reparó los daños causados durante el Tercer Reich. Sin embargo, esto suele llevar a la conclusión errónea de que en Alemania el nazismo ha desaparecido.

En las últimas semanas la prensa española se ha hecho eco de la presencia activa de neonazis en las calles alemanas. Hace escasas semanas, el 18 de agosto, casi un millar de neonazis se paseaban por las calles de Berlín para rendir homenaje a Rudolf Hess, figura clave del Tercer Reich, con el lema “Ich bereue nichts!” (“No me arrepiento de nada”), frase que dijo durante los juicios de Núremberg el que fuera secretario de Hitler. Esta marcha en honor a Hess no es nueva: se lleva celebrando años, no sin la oposición de miles de personas que salen cada agosto a las calles a tratar de bloquearla.

También en los últimos días han dado la vuelta al mundo las exaltaciones xenófobas y racistas en Chemnitz, ciudad de Sajonia, donde más de mil neonazis salieron “a la caza del inmigrante” (según definió la propia policía), después de que presuntamente dos inmigrantes mataran a un ciudadano germano-cubano (aunque la prensa solo remarcase su condición de ciudadano alemán, lo que alimentó el odio xenófobo). Este hecho no es más que la explosión de algo que se lleva fraguando décadas en Alemania, donde movimientos como PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente) campan a sus anchas por las calles de Dresde, también en Sajonia, desde hace años.

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Hablemos de derechos, no de goles

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Miembros de la Organización de Trabajadoras Sexuales

El derecho a sindicarse es un derecho fundamental recogido en el capítulo 'Derechos y libertades. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas' de la Constitución Española de 1978. Así reza el artículo 28: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato”.

El sábado 4 de agosto se publicó en el BOE la resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución del sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales, en siglas OTRAS. OTRAS está conformado por trabajadoras y trabajadores del sexo, algunas ya organizadas en asociaciones pro derechos, otras trabajan captando a sus clientes en la calle, otras de forma autónoma en pisos y hoteles… Y viven y trabajan en ciudades diferentes, aunque su sede está ubicada en Barcelona. Juntas deciden dar un paso más para organizarse sindicalmente y pelear por sus derechos laborales.

Hay prostitutas ya sindicadas. Durante el mes de julio se constituyó una sección sindical en Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC). Durante los últimos años han sido muchos los encuentros entre organizaciones sindicales y organizaciones pro derechos, pero no ha habido los acuerdos que ya funcionan en otros países: AMMAR en Argentina trabaja bajo el paraguas de la CTA, o la organización alemana Hydra bajo el sindicato Verdi o las holandesas El Hilo Rojo bajo el paraguas del sindicato FNV, etc, etc.

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A vueltas con la prostitución

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Como a estas alturas el debate sobre el sindicato de “trabajadoras sexuales” ya habrá desgranado todos sus argumentos, intentaré aquí aportar algo que no se refiera sólo a la cuestión del sindicato que está en liza. Pero comenzaré diciendo que yo me enteré de la creación de este sindicato cuando me escribieron dos prostitutas para pedirme que intentara hacer público que este es un sindicato de proxenetas. Yo no lo conozco, pero basta leerse sus estatutos. En todo caso esta información me sirve para denunciar que este es el nivel en el que ciertos defensores de la prostitución se mueven siempre, los medios incluidos.  Si tiene que ver con la prostitución ya no se investiga, no se va más allá, no se relaciona con nada, prohibido sospechar, la realidad desaparece oculta tras un cartel de neón que dice “Prostitución” o mejor “sexo”, una de las mercancías más vendibles, si no la que más. Y eso ya lo tapa todo. Siempre me ha sorprendido la capacidad de muchos para no ver, sólo cuando hablamos de prostitución, la enorme cantidad de dolor humano, de mujeres, que está justo delante nuestro.

Sorprende también la ingenuidad o mala fe de quienes no se extrañan de que no haya nunca proxenetas en los debates tratando de inclinar la balanza hacia sus intereses.  ¿Estamos ante la única industria multimillonaria en la que los empresarios nunca aparecen y nadie se pregunta dónde están? ¿Nadie se pregunta cuáles son sus intereses ni sospecha cuando estos coinciden con los de algunas asociaciones? ¿Y cuando comparten abogados? Pues, aunque suene raro, no. Si trata de prostitución, ese sector defensor a ultranza defiende a los empresarios diciendo que son “compañeros” (sí, como Amancio Ortega de las trabajadoras de Zara). Este sector siempre se pone del lado de las mujeres con acceso a la voz pública, con infraestructura y con fácil acceso a los medios. Pero jamás escuchan a esas otras que no son partidarias de que su actividad se regule y tiene buenos motivos para ello. Incluso en algunos países se han asociado para exigir al estado que no regule. A estas nunca las verás en un debate y si llegan al mismo, se encontrarán con que el sector izquierdista pro prostitución desconfía de su testimonio, no quiere escucharlo y las desprecia. Por algún motivo solo se escucha a las putas felices.

Me resulta sorprendente también que haya un sector de la izquierda que solo cuando hablamos de prostitución no politice, no vea ni estructura ni sistema de dominación. Piensan la prostitución como colgando de la nada y en ella solo se puede considerar la voluntad de putas y puteros (parte de la ecuación a la que no se puede mencionar). ¿Por qué resulta tan difícil hacer análisis políticos de una institución que afecta de manera tan fundamental  a las relaciones de género? ¿Por qué no se preguntan para qué sirve la prostitución y si esa función es compatible con la igualdad?  ¿La prostitución está ahí sin nada que ver con el patriarcado, con la estructura de desigualdad, no influye, no la fortalece? ¿No hay relación de la prostitución con el sistema patriarcal de imaginarios sexuales y sociales que nos configura? ¿Nada? ¿No tiene la prostitución ninguna relación con la política sexual más allá de las invocaciones a la libre decisión de las mujeres? 

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Vienen a pagarnos las pensiones

Rescatados 23 inmigrantes en dos pateras en el Estrecho de Gibraltar. / Efe.

Nuestra derrota estuvo siempre implí­cita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neo-colonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se convierten en veneno. “Las venas abiertas de América Latina " (1971), Eduardo Galeano

Vienen a pagarnos las pensiones es una frase transversal que han utilizado desde partidos de derecha e izquierda, hasta el Banco de España o el FMI. Detrás de esa frase nada inocente, se esconde una visión utilitarista de las migraciones que se ha asentado por desgracia en nuestro imaginario colectivo, normalizando el hecho de que un migrante en España es un producto al servicio de -nuestro- Estado de Bienestar.

Las raíces de esta “doctrina utilitarista” se remonta al desarrollo mismo del propio capitalismo, que como bien explicaba Harvey, el imperialismo y el colonialismo han sido socialmente necesarios para el éxito del sistema. Tal y como describen Marx y Engels en un texto1 poco conocido de ambos: 

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Propuesta anti-homofobia a los directores de educación

La Pedagogía tiene asentadas una serie de reglas educativas insoslayables. Una de ellas, y que colapsa la tarea educadora, es que los profesores no deben desautorizarse mutuamente. Esto es extensible a las normas morales que se inculquen. Estas deben siempre cumplir con los Derechos Humanos, la ciencia y la defensa de la dignidad de todos los colectivos por minoritarios que sean. Las recientes declaraciones del Papa sobre los homosexuales aconsejando a los padres de estos que los lleven a un psiquiatra, o la noticia de que en el IES Marcos Zaragozá de la Vila Joiosa una profesora de religión enseñaba a los adolescentes que “la homosexualidad  es antinatural” y que “constituye un grave desorden moral” no pueden sorprender, pues reflejan la doctrina del actual Catecismo oficial de la Iglesia católica.

Ante esta situación, y ante el acoso, la marginación y las burlas que en muchos centros de enseñanza padece el alumnado homosexual por culpa  del adoctrinamiento religioso con una anticientífica papilla ideológica en temas de sexualidad, y por culpa de su sempiterno machismo (recordemos que ha habido suicidios), propongo que especialistas impartan al alumnado charlas científicas al respecto. Que desde la Medicina, la Psicología, la Judicatura, la Pedagogía y la Psiquiatría informen profesionales en los institutos. Veo esto necesario para dar a la problemática la importancia y credibilidad que merece. Educar en la diversidad afectivo-sexual, en la construcción de las identidades de género y en el homoerotismo adquiere la seriedad y el respeto que merece si son llamados a los centros de enseñanza expertos de la sociedad civil. Ellos lo harán científica y empáticamente desde su especialidad. Ellos explicarán que la ciencia ha dejado claro que la homosexualidad no es enfermedad ni trastorno y no hay nada que curar, diga lo que diga el Catecismo (veasé los dos manuales internacionales oficiales al respecto: el CIE-10 y el DSM-V).

El gran pedagogo y filósofo de la democracia John Dewey escribió: “La educación debe hacer que cada uno encuentre su propia felicidad realizada en la medida que se mejoren las condiciones de los otros. Lo mejor que puede decirse de cualquier proceso de educación es que no margina al diferente y pone al sujeto en condiciones de nueva educación”. Sin embargo sabemos que todavía hay obispos y cardenales homófobos: incluso uno manifestó que “la ideología de género es peor que la eugenesia del nazismo”. De  sinsentidos anticientíficos la Iglesia ha dejado huella a lo largo de la historia. Es su problema: lo malo es que hace sufrir a muchas personas. Por ello muchos pedagogos y psicólogos consideramos que el adoctrinamiento en cuestiones éticas sin aval científico  es muy cuestionable cuando se practica con niños todavía sin juicio crítico y conocimiento de alternativas al monoteísmo. Y el Catecismo católico es, no lo duden, homófobo. Quizás sea el momento, por fin, de que la religión desaparezca de la enseñanza pública, esa que pagan también los no creyentes. En sabias palabras del pedagogo humanista Ferrer i Guàrdia: “La enseñanza científica y racional habrá disuelto la masa popular para hacer de cada persona un ser consciente, responsable y activo, que determinará su voluntad por su propio juicio, asesorado por su propio conocimiento. El capitalismo y la religión han formado un estrecho lazo para anular la personalidad de los hombres y desnaturalizarlos”.

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La Ley General Penitenciaria está para ser cumplida

Manifestación de familiares de presos de ETA

Cuando se aborda el tema del acercamiento de los presos de la banda terrorista ETA a las cárceles vascas o próximas, algunas de las reacciones que suscita, no dejan de ser sorprendentes. En tiempos recientes, hemos podido observar, como muchos políticos, inequívocamente de derechas y otros que no lo son tanto, no dudan en poner especial énfasis, en algo obvio, las leyes están para ser cumplidas y para que nadie esté por encima de la ley. En su fervor de novicios, se atreven a monopolizar la etiqueta de constitucionalistas, si bien no dudan en pasar por encima del cumplimiento de una ley orgánica, como la Ley Orgánica General Penitenciaria.

No se trata de una cuestión de víctimas y verdugos, sino de la pura coherencia de una democracia con el sistema penitenciario que se ha dado a sí misma. Nuestro régimen penitenciario, basado en la tradición histórica del humanitarismo penitenciario, del que España fue pionera (Concepción Arenal, Victoria Kent, Dorado Montero, Salillas y otros), se basa en principios y valores constitucionales, íntimamente unidos a la dignidad del ser humano que no la pierde por el hecho de haber cometido hechos delictivos inevitablemente condenables y algunos, absolutamente rechazables.

Los constituyentes, al redactar el artículo 25 de la Constitución fijaron, como objetivos fundamentales de la pena y del sistema penitenciario, la búsqueda de la resocialización e inserción social del penado, por lo que todo el ordenamiento jurídico complementario, la Ley General Penitenciaria, el Reglamento y otras disposiciones de rango inferior, que rigen el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, deben estar dirigidos a facilitar la consecución de estos fines.

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