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¿Falta talento o sobran jefes que no lo saben liderar?

Me desayuno con un titular: "La falta de talento preocupa al 76% de los CEO de la banca", que paradójicamente aparece en la misma página en la que se anuncian expedientes de regulación que afectan a miles de empleados del sector bancario: ¿En qué quedamos: nos faltan o nos sobran? ¿Es posible que sea verdad que la banca española carece de personas adecuadas, mientras que son miles y miles las inadecuadas?

Si no fuera por el patetismo que denota la primera noticia, y por el dolor que connota la segunda (al margen de que se prejubilen con una cadena de oro), la coincidencia temporal de ambas me hace sospechar que parte del problema no radica en esas personas, sino en quienes las dirigen.

Algunos rasgos de la vida económica española, y social en general, se asemejan preocupantemente al patio sevillano de Monipodio, en el que, según Cervantes, lo que se veía era un trasunto disfrazado de lo que realmente pasaba.

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Derrota como objetivo, Chamartín como espantajo

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Alba Rico, en una entrevista de hace unos días en Público, aludía con acierto a que "hay una cierta izquierda que considera que la buena dirección es la derrota". Sin duda ha contribuido a la pérdida del Ayuntamiento frente a otra izquierda que, con otros planteamientos, ha conseguido, ensanchando su alcance, la mayoría de los votos en Madrid; en ese feudo de la derecha que siempre ha sido, y tiende a seguir siendo, la capital. Quizás se nos había olvidado, confiando en que la labor de Carmena gobernando la ciudad de otro modo y para todos, podía superar esa condición. Confianza que, malévolamente trasmitida, también ha contribuido a la, de hecho, pretendida derrota.

La izquierda de la derrota cuestiona eso de gobernar para todos. Cuestiona incluso gobernar, gestionar la ciudad. Si ha llegado a las instituciones es para seguir reivindicando, desde ese altavoz, su enfrentamiento impotente ante las fuerzas financieras y empresariales que dominan el mundo y por tanto la ciudad. Ante estas fuerzas, solo cabe la denuncia. Así lo han manifestado de forma expresa algunos ediles que han planteado una candidatura tan supuestamente pura como intrínsecamente perdedora.

La fallida candidatura ha implicado un hándicap para la consolidación de un Ayuntamiento de progreso, pero su efecto ha sido más amplio. Se ha apoyado en una doble aproximación que se ha extendido más allá de los escasos votantes de la imposible alternativa. De un lado, cuestionando precisamente la idea de gobernar para todos, incluidas las empresas. Pareciera que, frente a éstas, el Ayuntamiento hubiera debido oponerse, paralizando sus propuestas. La ciudad, por más que la derecha lo intentó proclamar, no se ha paralizado. Los "puros" lo han intentado y no lo han conseguido.

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Reivindicando a Carmena

Sede del Ayuntamiento de Madrid

Este sábado, 15 de junio, el Gobierno de Manuela Carmena pasa a ser un paréntesis (para algunos siempre lo ha sido) en la ciudad de Madrid, gobernada desde 1989 por la derecha. Durante dos años y tres meses he sido la Directora de Gabinete del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. No pretendo hacer un análisis de qué ha pasado y por qué, pero sí quiero hablar de mi experiencia y reivindicar con el corazón, -pero también con datos-, la apasionante etapa de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid.

¿Qué nos dicen los datos? Que a pesar de haber sido la candidatura más votada, no ha sido suficiente para gobernar. En todos los distritos hemos bajado ligeramente. En total 15.731 votos, un 0,9% en el total de la ciudad. La mayoría de los análisis que se han hecho hasta ahora coinciden en que la pérdida de votos de los distritos del Sur ha sido determinante, sobre todo en Vallecas, a pesar de que hay tres distritos por delante en ese porcentaje de bajada: Ciudad Lineal (-2,73%), Latina (-2,55%) y Hortaleza (-2,42%). También se obvia que en otros distritos del sur la bajada ha sido similar. Por ejemplo, Usera presenta datos similares a Tetuán o Centro o que Villaverde o Villa de Vallecas ofrecen datos como Chamartín o Fuencarral.

No pretendo negar que exista esa percepción. Es la que ha permitido argumentar que Carmena se ha dedicado al centro y que se ha olvidado de la periferia, concretamente de los distritos del sur. Evidentemente no hemos sabido transmitir el enorme esfuerzo que se ha hecho sobre todo desde el Fondo de Reequilibrio Territorial, los Planes Integrales de Barrio o los Equipos de Actuación Distrital que han destinado más de 166 millones de euros a reequilibrar la ciudad.

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Voto a los 16: ¿Por qué negarse a ampliar derechos?

La reforma electoral pendiente: ¿Quién tiene miedo?

Iniciar un debate sobre el voto a partir de los 16 años es iniciar una cascada de reacciones que casi siempre ponen en tela de juicio la capacidad de las personas jóvenes para decidir en el ámbito político. Se trata de una cuestión que surge periódicamente y que, de momento en España, no hemos llegado a superar. Algunos países vecinos de la Unión Europea como Austria, Chipre o Malta ya han tomado una decisión al respecto y permiten a las personas de 16 y 17 años votar en todos los niveles electorales.

En nuestro país, sin embargo, tan sólo se ha trabajado en una iniciativa en el Congreso de las y los Diputados en abril de 2016 con la idea de modificar la Ley electoral. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría del Congreso. Dos años después, en 2018 se volvió a poner en marcha una propuesta de reforma de la LOREG donde también se incluyó el voto a los 16 años, sin llegar a ningún término. Es extraño, que aún tengamos que discutir sobre si una persona puede tener acceso a uno de los derechos más fundamentales de una democracia, como es el de poder votar, pero vivimos tiempos muy contradictorios.

Hay quienes se oponen a este derecho aludiendo que las y los jóvenes son muy influenciables y se dejan llevar por sus emociones, basando su negativa en la inmadurez psicológica de tener 16 años. Argumento que, por desgracia, ya fue utilizado en el pasado para impedir votar a las mujeres y que carecen de una justificación real. Otras personas exponen que "mejor cuando eduquemos correctamente en Democracia" ya que "no se está realmente preparado a los 16 años para poder votar". Pero ¿a los 18 años ya llegamos preparados y preparadas? ¿A los 18 ya tenemos la suficiente madurez psicológica? Son argumentos que, aunque se hagan con la mejor intención de salud democrática, conducen a un sendero peligroso; pues insinuar que hacen falta unas capacidades mínimas para votar nos desliga automáticamente de la cuestión de edad y nos conduce a hablar de niveles de ciudadanía. ¿Cómo se evalúa si se han alcanzado estas capacidades? ¿Con el final de la educación obligatoria (que ocurre, por cierto, a los 16 años)? ¿Creamos la escalofriante figura de un examen de derecho al sufragio? Y así es como se empieza a entender que haya personas que se quejen amargamente de que su voto "vale lo mismo" que el de otras personas.

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Torcer el Derecho

El 26 de mayo pasado las urnas de toda Europa hablaron. A algunos no les gustó lo que dijeron. Muchos se sorprendieron y otros lamentamos la victoria del Frente Nacional de Le Pen en Francia, o la más acuciante posición euroescéptica de un Reino Unido sumido en la locura del Brexit. A quienes se muestran en contra del proceso independentista en Cataluña les herviría la sangre conociendo que Carles Puigdemont recibía el respaldo popular necesario para ser llamado a recoger su acta de europarlamentario. Todas esas impresiones y opiniones son absolutamente legítimas, en democracia. Todas, salvo que provengan de un operador jurídico en la noble misión de impartir recta e imparcial justicia o del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción penal. Ellos no pueden tener opinión, ni motivación política en la confección de sus decisiones o presentación de informe o dictámenes. Cada cual, al igual que la Abogacía del Estado, ha de seguir lo dictado por la ley y sólo la ley. Torcer el Derecho por razones políticas o evitar situaciones complejas, que supongan verdaderos quebraderos de cabeza para los altos funcionarios encargados de acusar y juzgar, no tiene cabida en un Estado democrático que se rige por el imperio de la Ley.

El político Oriol Junqueras, acusado en el denominado procés, ha cosechado su segunda victoria democrática. En la primera fue llamado a ser diputado del Congreso de España. En la segunda, a convertirse en europarlamentario. La ley dictamina que, para formalizar lo que aclamaron las urnas, es imprescindible recoger el acta que le acredita como tal, y ese acto es indeleble a la condición adquirida en aquellas. Ese documento, que metafóricamente podría corresponderse al altavoz físico que los ciudadanos dan a sus representantes, despliega efectos jurídicos tan importantes como la inmunidad parlamentaria.

Esta inmunidad fue diseñada por el parlamentarismo histórico para garantizar el libre ejercicio de las responsabilidades y derechos políticos de los miembros de la asamblea legislativa en representación del pueblo. Es decir, para preservar y desarrollar la propia esencia de la democracia. Con ella se disipan los intentos de injerencia de otros intereses o poderes, incluso el judicial. Lo que sucede es que sus efectos son manifiestamente distintos cuando se trata de las Cortes españolas o del Parlamento Europeo. La condición de acusado en pleno juicio oral supone que el suplicatorio, que normalmente debería tramitar y, en su caso, aceptar nuestra Cámara Baja nacional, no sea necesario y que conforme con los reglamentos del Senado y del Congreso, la suspensión del flamante parlamentario, y otros en similar situación, iba de suyo. El Parlamento Europeo es diferente: aquí la condición de eurodiputado y su correspondiente inmunidad son automáticas y, en efecto, se habría de requerir la luz verde a un suplicatorio en Bruselas, ante la presencia del portador del acta mientras tanto, inmune, lejos del calabozo, con el proceso interrumpido, su causa internacionalizada y, quizás, de ser concedido el suplicatorio estando en Bruselas, enfrentarse al cansino proceso de entrega que ya todos conocemos.

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Por el futuro del planeta, apostemos por emisiones cero

El Reino Unido aspira a reducir a cero los gases contaminantes para 2050.

El lecho del Mediterráneo convertido en un basurero. Un oso polar desesperado, saltando de un pequeño trozo de hielo a otro. El cielo que cubre nuestras capitales teñido de marrón grisáceo. Todos hemos visto estas imágenes o, si no, otras parecidas, que ponen de manifiesto cómo el medio ambiente está cambiando y la urgencia con la que debemos actuar antes de que sea irreversible.

El Reino Unido es muy consciente de la gravedad de la situación y por ello se acaba de comprometer a acabar con su contribución al cambio climático, eliminando sus emisiones de manera total para el año 2050. Cero emisiones de gases de efecto invernadero. Somos el primer país importante que asume este reto tan grande pero que estamos convencidos de que se puede conseguir, e invitamos a sumarse a todos los demás.

Aunque España aún no tiene nuevo gobierno, en febrero anunció el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-30, que ha recibido numerosas alabanzas por su nivel de ambición y de detalle. Estamos convencidos de que podremos trabajar codo con codo con la nueva administración española para garantizar el futuro de nuestro planeta.

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El antigitanismo de género mata

La hermana de una mujer romaní que no quería continuar una relación de pareja ha sido asesinada este lunes. Su otra hermana murió este martes y su madre está en el hospital. Sin embargo, no serán reconocidas como víctimas de violencia machista, ni tampoco como víctimas de violencia de género porque nos gobierna un Estado retrasado respecto a las demandas de las mujeres en las calles. Por tanto en este caso igualmente que en el resto, lo personal es político también cuando hablamos de las mujeres romaníes.

La igualdad entre mujeres y hombres es el componente estructural que nos vacuna frente a las violencias machistas, entre las que se encuentra la violencia de género. Sin embargo, el Antigitanismo de Género en nuestro país excluye a las mujeres romaníes sistemáticamente tanto de las políticas "feministas" (de Estado) como de las políticas antirracistas (que no existen en realidad). Lo único que el Estado contempla a estos efectos es una asignación presupuestaria de 125.000 euros a cargo de los Presupuestos Generales del Estado para un programa de igualdad en el empleo. ¿Va este dinero directamente a las mujeres romaníes? Por supuesto que no, es otorgado sin criterio ninguno a una organización presidida por un sacerdote varón y payo cuya máxima reflexión sobre la mal llamada "integración" se basa en establecer como indicador el número de matrimonio mixtos. Actualmente, ninguna mujer romaní con formación en igualdad entre mujeres y hombres o la erradicación de violencias machistas está siendo contemplada oficialmente para tomar decisiones en este sentido en las diferentes administraciones. No será porque no haya mujeres formadas entre nuestras filas.

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Ecologismo político coherente y útil para ganar el futuro

Fridays For Future "ha contribuido" al auge de los verdes en las europeas

El ecologismo político vive en buena parte del mundo unos momentos de valoración y reconocimiento como nunca habíamos visto. El discurso verde está calando incluso, con mayor o menor sinceridad, en formaciones que jamás tuvieron en cuenta los postulados que reivindican que la crisis social y la crisis ambiental son imposibles de separar.

Hoy, en la calle, entre las generaciones más jóvenes, crece una hegemonía cultural de los valores ecologistas que, en lo político, van mucho más allá de reclamaciones concretas de tal o cual protección hasta ocupar el centro de una transformación del modelo económico, social y de vida que conocemos.

Lo acabamos de ver en las recientes elecciones europeas. Los partidos verdes se hacen fuertes en muchos países europeos, en algunos casos hasta superar a las formaciones hegemónicas del eje socialdemócratas-liberales, dueños del mapa político  continental desde hace 70 años. Es más, observamos como la irrupción de una ultraderecha antieuropea, antisocial, antifeminista y antiecológica encuentra su dique de contención en los partidos verdes.

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Lo que nos jugamos en salud

Protesta de profesionales sanitarios en un centro de salud de Galicia

El pasado 26 de mayo se abrieron las urnas en la Comunidad de Madrid y, con ellas, se abrió una posibilidad de dejar la gestión de uno de nuestros pilares sociales fundamentales: nuestra sanidad pública, en manos de gente decente.

Parece mentira que un gesto tan simple como colocar una papeleta en una urna tenga tantas consecuencias en el devenir de nuestra salud. Desde que en 1974, un ministro canadiense, Marc Lalonde, encargara un estudio epidemiológico sobre la influencia de las condiciones socioeconómicas en la salud de la población, nadie duda de la influencia de los determinantes sociales en salud. Pero si damos un paso causal más, si enfocamos más el microscopio, los determinantes sociales derivan de los determinantes políticos, puesto que son las decisiones políticas las que moldean que el espectro social sea o no saludable y sea o no un determinante en la salud: salarios dignos, educación de calidad, viviendas accesibles, protección social, igualdad de oportunidades, acceso equitativo a la protección de la salud, etc, no son sino la consecuencia de los determinantes políticos en salud.  

En este contexto de determinantes políticos en salud pareciera como si el movimiento que produce la papeleta al caer en la urna produjera lo que en la teoría física se conoce como el efecto mariposa, un simple aleteo electoral convertido en una tempestad en el futuro de nuestro sistema sanitario y de nuestra salud.

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¿Golpe de Estado o golpe de efecto?

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Asistentes a la manifestación de Barcelona por el 1-O

Cuando no se quiere o no se sabe analizar un problema, se suelen sustituir las conclusiones por frases o conceptos rotundos con los que se elude el difícil ejercicio intelectual de profundizar en cuestiones que no son tan simples como algunos tratan de transmitir a la opinión pública. En el caso del proceso de Catalunya, la idea del golpe de Estado, agigantada por los efectos acumulativos de los medios de comunicación y las redes sociales, ha conseguido incrustarse en gran parte de nuestro cuerpo social que lo ha asimilado con facilidad, quizá porque les parece una imagen plástica que, en cierto modo, compendia algo que rechazan visceralmente.

No recuerdo quién fue el primero en acuñar el vocablo para definir el proceso político iniciado con el propósito de llegar a la declaración de la República independiente de Catalunya. Lo cierto es que ha hecho fortuna y los comentaristas políticos, los periodistas y los políticos profesionales lo utilizan como argumento para justificar una inevitable condena por hechos que algunos, en un desliz imperdonable y carente de la más mínima racionalidad, comparan con el golpe armado y con tiros del 23F. Puesto en circulación el molde, se convierte en una moneda de cambio que circula con fluidez, obviando la necesaria tarea de realizar un profundo análisis de la cuestión para encajarla en su verdadera dimensión política y jurídica.

Manejar el concepto de golpe de Estado en el mundo de los medios de comunicación o en la confrontación política no debe extrañarnos a nadie; pero me preocupa especialmente que esta especie de mantra se haya manejado en el seno de un Tribunal de Justicia por los fiscales acusadores que tienen, constitucionalmente, la obligación de someterse y respetar el principio de legalidad. Resulta, por tanto, extraño que los medios de comunicación hayan resaltado el pasaje de la intervención del fiscal Zaragoza, en el que afirmó solemnemente, invocando la solvencia de prestigiosos autores y pensadores, que lo sucedido y lo que se estaba enjuiciando era un golpe de Estado.

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