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Consecuencias económicas de la repetición electoral que no verás en los relatos

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. EFE

Era febrero de 2019, aunque parezca que hace casi un siglo, y el Congreso se disponía a tramitar los presupuestos más sociales de las últimas décadas. Unos presupuestos que tras una relativamente larga negociación entre PSOE y Unidos Podemos pretendían dejar atrás la política económica de Montoro y sus años de austeridad.

Aquellas cuentas incluían medidas sociales como el incremento en un 60% de la financiación de atención a la dependencia o la prestación para desempleados para mayores de 52 años; medidas destinadas a luchar contra la burbuja del alquiler, como el impulso de la vivienda pública en alquiler social; medidas feministas que impulsaban la igualdad real entre hombres y mujeres, como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad; partidas para modernizar el modelo productivo, como el incremento de la inversión en I+D+i; o medidas de justicia fiscal como el establecimiento de tipo mínimo en el impuesto de sociedades para grandes empresas o la reducción del IVA de algunos productos de primera necesidad.

Esas medidas y otras muchas contenidas en aquellos presupuestos, aunque modestas en su alcance, iban en la senda de lo que este país necesita en materia económica: impulsar la demanda interna mediante una política fiscal -tímidamente- expansiva cuando los nubarrones de la desaceleración ya eran más que evidentes, incidiendo sobre la reducción de las desigualdades generadas por la anterior crisis y apostando por la paulatina transformación del modelo productivo. La financiación de esta expansión fiscal se producía en estos presupuestos de incrementos de ingresos aprovechando el margen fiscal que da la brecha de 8 puntos en recaudación sobre el PIB que nos separa de la media de nuestros socios europeos.

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Por un populismo verde

Imagen de archivo de más de 10.000 estudiantes en La Haya marchando contra el cambio climático

Ante la amenaza existencial de la crisis climática, las calles vuelven a hervir. Vivimos una nueva ola de movilizaciones globales que buscan ganar momentum este otoño con la huelga mundial por el clima del 27 de septiembre y la realización de acciones de desobediencia civil en diversas capitales europeas para el 7 de octubre.

Mientras tanto, en el ámbito institucional, las reacciones tardan. De hecho, para los partidos políticos, quizá el verdadero 'cambio climático' sea que, por primera vez, el desenlace de la crisis ecológica entrará dentro del plazo de los próximos comicios. Según las estimaciones más conservadoras, nos quedan 11 años para evitar que el daño causado por el calentamiento global sea irreversible. Esta línea temporal representa dos ciclos electorales, cosa que ya se empieza a notar. Actualmente la política medioambiental es de los temas más polémicos en las primarias presidenciales del partido demócrata en EEUU y, del mismo modo, ya no hay referente de la izquierda internacional (Klein, Ocasio, Corbyn, Varoufakis) sin su correspondienteGreen New Deal.

Pero hay que reconocer que esta nueva ola verde ha pillado a gran parte de la izquierda a contrapié. Los partidos verdes europeos de 'toda la vida' no acaban de explotar su trayectoria para hacerse valer en este nuevo contexto. Es como si les costara creerse que su agenda, por fin, se ha hecho mainstream. Asimismo, la izquierda 'clásica' a menudo se muestra insegura o hasta incómoda en reconocer la nueva centralidad del ecologismo. No es fácil hacer evolucionar los discursos e imaginarios establecidos. Para colmo, la generación joven que ha puesto el tema en la agenda pública con tanto éxito está muy infrarrepresentada entre las bases de los partidos, por no hablar de los cargos de responsabilidad de los mismos. Este hecho inevitablemente dificulta cualquier 'transición ecológica' de la izquierda institucional.

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La protección para los que denuncian ilegalidades viene de Europa

Buzón de denuncias de la Agencia Valenciana Antifraude.

España ha sido incapaz, con todo lo que ha llovido en materia de corrupción, de crear una normativa que proteja a los denunciantes. A pesar de la presión internacional para que nuestro país recogiera una normativa específica que ampare a trabajadores y funcionarios que denuncian ilegalidades de su empresa, finalmente, ha tenido que ser Europa la que, a través de una directiva, recogiera esta protección.

Conocidos son los casos en los que funcionarios que destaparon importantes casos de corrupción han acabado sufriendo acoso laboral, marginados en sótanos del Ayuntamiento o directamente despedidos. Una situación que obviamente no incentiva a que otros compañeros, sabedores de las represalias, denuncien las ilegalidades que conocen.

La regulación europea parte de la premisa de que existe un interés general en que este tipo de situaciones se denuncie y sean de conocimiento público, siendo a la vez los trabajadores los que están en mejor posición para conocer las irregularidades o ilegalidades que se cometen en la empresa. Sin embargo, lo que no se puede pedir es que un asalariado o funcionario cumpla el deber cívico de denunciar estas situaciones para ser posteriormente abandonado a su suerte en su empresa por el Estado. Es necesario que el "informante" pueda realizar tales comunicaciones mediante un medio seguro y bajo el amparo de una protección legal contra las potenciales represalias.

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Ser de izquierdas

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No se han apagado los ecos del intento fallido de formar un gobierno de coalición o alcanzar un acuerdo de gobernabilidad para España entre el PSOE y Unidas Podemos y ya regresan las descalificaciones de siempre hacia los socialistas en torno a nuestra condición de hombres y mujeres de izquierdas. Jamás entenderé esa obsesión por una parte de la izquierda en erigirse en la única y en la verdadera, pues ese diagnóstico excluyente es contradictorio con el deseo, manifestado al mismo tiempo, de querer gobernar con alguien a quien se desprecia y con quien no se comparte los mismos o parecidos objetivos políticos. Por otro lado, si solo es de izquierdas quien milita o simpatiza con Unidas Podemos, habrán de reconocer que la izquierda ocupa un espacio muy minoritario en la sociedad española, hoy apenas el 14 %, y deberían de dejar de hablar ya en nombre de la "gente", pues a quien realmente representan no es a la gente, sino a la "minoría".

Desconozco la trayectoria vital y personal de esos que se dicen de izquierdas y que me niegan a mí el carnet de izquierdista todos los días en las redes, incluido el señor Maestre, colaborador de este diario, que me augura un paso por las televisiones equiparable al de Joaquín Leguina. Pero sí sé cuál es la mía. Milito en el PSOE desde 1990. Contaba entonces con 21 años. Antes que yo militaba en él mi madre, y antes que mi madre lo hizo mi abuelo en la época de la República. Esa militancia le costó la cárcel, circunstancia esta en la que tuvo suerte, pues iba en el camión camino del paredón cuando un amigo lo bajó de él y la pena se le sustituyó por la de prisión, prisión en la que estuvo tres años y donde recibía una paliza semanal y manguerazos de agua fría en el patio de la penitenciaría en pleno invierno de Valladolid. Cuando salió de la cárcel, cojo como consecuencia de las torturas, lo expulsaron del ayuntamiento que hoy presido privándole de su condición de funcionario y lo dejaron en la calle con una mano delante y otra detrás. Nadie sabe las penurias que pasó mi familia para salir adelante en aquellos tiempos difíciles y señalada como estaba por la militancia política de mi abuelo.

Hoy, mucho después, yo presido un ayuntamiento que ha remunicipalizado el agua, único de España que lo ha hecho, enfrentándome a un lobby que ha llevado a cabo una campaña de desprestigio político y personal contra mí sin precedentes. Abrimos los comedores escolares a los 15 días de llegar al Gobierno mientras que los dirigidos por la verdadera izquierda solo buscaban excusas para no hacer lo que habían prometido. Los niños en mi ciudad viajan gratis en transporte público hasta los 12 años y a partir del 1 de enero lo harán hasta los 16. Mi ayuntamiento tiene la política de preservación del medio ambiente y salud pública más estricta y ambiciosa de España, una política de vivienda que ha multiplicado por 20 el parque público que nos encontramos al llegar al Gobierno. Invertimos en los colegios públicos en nuestra ciudad, sin competencias en materia educativa, más que la administración autonómica en toda la comunidad. Hemos dado un giro a la percepción que se tenía de Valladolid con una política cultural y de promoción de la ciudad sin parangón en España. El gasto social en el Ayuntamiento de Valladolid se ha incrementado un 40% respecto al que nos encontramos. Y sí, gobierno en coalición con otra formación de izquierdas, pero formada por gente seria, con trayectoria en los movimientos sociales y vecinales y que no descubrió la calle antes de ayer, coalición que ha recibido el refrendo de la "gente" que le ha otorgado mayoría absoluta a su suma y de la que ha desaparecido Podemos, que se quedó sin representación a la primera de cambio tras haber tenido tres concejales en su primer y único mandato.

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Bajadas de impuestos y legado de Manuela Carmena

Manuela Carmena, ex alcaldesa de Madrid.

Una de las promesas electorales y eslóganes más repetidos por los candidatos al Ayuntamiento de Madrid de los partidos de la derecha y la ultraderecha madrileña fue, sin duda, la bajada de impuestos. Bajada del IBI al mínimo legal, bonificaciones al IBI para empresas, ampliación de la bonificación del 50% del IBI por la instalación de paneles solares, reducción del ICIO y del IAE, bonificaciones al impuesto de sucesiones municipal, etc.

A menos de 100 días de la llegada del Partido Popular y Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, gracias a los votos de Vox, parece que las tan soñadas bajadas de impuestos se van desdibujando del imaginario de la derecha. Algo previsible. Por mucho que desde el gobierno del PP insistan en culpar al legado de Carmena del incumplimiento de sus promesas electorales, lo cierto es que, bajo la actual regla de gasto, las bajadas de impuestos no tienen cabida en el presupuesto municipal sin una bajada equivalente del gasto. El Ayuntamiento tiene poca deuda y mucho superávit, ese no es el problema.

La rigurosidad, eficiencia y responsabilidad con la que el anterior gobierno de la ciudad gestionó las cuentas municipales es indiscutible. Más allá de dejar el Ayuntamiento de Madrid con un superávit superior a 1.000 millones de euros, el anterior gobierno consiguió reducir los niveles de deuda pública un 54% desde 2014, más de 3.000 millones de euros. En esos mismos cuatro años, la Comunidad de Madrid (cuyo presupuesto era gestionado por la hoy Delegada de Hacienda del actual gobierno municipal) aumentó un 31% sus niveles de endeudamiento, la deuda se ha multiplicado por tres en diez años mientras el PIB ha crecido en torno al 10%. Si en la ciudad de Madrid, cada madrileña y madrileño pasamos de pagar una media de 1.875 euros de deuda en 2014 a pagar 857 en 2018, en la Comunidad este importe aumentó de 3.980 a 5.010 euros. En 2014, la deuda representaba el 163% del gasto no financiero del Ayuntamiento (149% en el caso de la Comunidad de Madrid). Con datos del primer trimestre de 2019, la deuda ahora representa el 51% del total del presupuesto no financiero del Ayuntamiento, la mitad que en 2014, mientras que en la Comunidad supera ya el 175%.

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Exhumar al dictador: y romper el concordato de la democracia con el franquismo

Una mujer junto a la tumba del general Francisco Franco, en el Valle de los Caídos / EFE

Desde hace unos meses, en el Valle de los Caídos, una red de apoyo a la permanencia de los restos del dictador Francisco Franco en el recinto vigila la basílica, desde que abre al público hasta que cierra, para detectar cualquier señal que permita anticipar que el Gobierno inicia la operación de extracción de los restos del dictador para darles un tratamiento más democrático. La noticia de que el Tribunal Supremo no acepta la reclamación de la familia del dictador y da luz verde a su exhumación ha debido caer entre ellos como la entrada del hocico de un oso en una colmena. Sus horas de vigilancia, en la cafetería, en la Basílica, incluso en la hospedería, se van a intensificar de aquí al día en que la maquinaria para levantar esa pesada losa que lleva más de cuatro décadas arrastrada por nuestra democracia, sea alzada y apartada para permitir el acceso al cuerpo del dictador.

Para la amplia derecha española, esa que no ha terminado de comulgar con la democracia aunque haga uso de ella, se viene encima la profanación de una reliquia de la historia de España, el último salvador de las esencias de España, el fiel heredero del Cid Campeador y de los Reyes Católicos, el hombre que fue elegido por Dios para ser Caudillo por designación divina.

La exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, reclamada desde hace años por sus víctimas, tenía por objeto normalizar nuestra democracia, desterrando su momia del territorio del Estado y privatizando su figura, entregándolo a sus opulentos herederos. Se trataba de que las víctimas de la dictadura dejaran de pagar con sus impuestos la tumba del dictador. ¿Se puede aceptar que una víctima financie la tumba de honor de su verdugo? En España se ha aceptado y se seguirá aceptando esa forma de maltrato hacia las víctimas de la dictadura, que han sido obligadas por el Estado democrático durante décadas a financiar el mausoleo del líder militar del fascismo español.

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La noche violenta

"De vuelta a casa quiero ser libre, no valiente" fue alguna de las reivindicaciones que pudieron leerse en la Noche Violeta de Madrid.

Cada cinco horas, una violación. Todas por hombres a mujeres. Con esas cifras escandalosas se construye razonadamente el temor preconcebido. Crecemos bajo una advertencia: la de que tenemos muchas probabilidades de ser víctimas de una agresión machista. Consolida esta idea el "guion del miedo" tanto en literatura, como en cine o series de toda índole, donde no suele fallar la mujer asesinada, violada, desaparecida, maltratada o cuestionada.

Por otro lado, es importante transformar la realidad mediante el lenguaje y en lugar de decir que "el nivel de violencia contra las mujeres es intolerable", deberíamos empezar a decir que "el porcentaje de violadores aumenta cada año".

No es que se dejen de contar historias que son ciertas ni que se silencie la verdad de las mujeres ni de que se ignore la realidad, pero sí reivindico la necesidad de encontrar un equilibrio entre lo que verdaderamente hay que denunciar y la perpetuidad de la "mujer víctima" tan habitual en la ficción solo porque alimenta nuestro miedo, nos sitúa en el centro del problema y, además, normaliza situaciones aberrantes que todas y todos interiorizamos como parte del sino femenino.

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Colmillo y Derrota

"Te reviento la cabeza, y sabes que lo hago". Alzamos la vista. La plaza de San Ildefonso está abarrotada. Las terrazas son ahora un anfiteatro que callan ante el espectáculo. Un hombre rodea a la que parece ser su mujer con un botellín en la mano. Jadea insultos, la intimida, merodeando a un metro de ella mientras ésta agacha el mentón y solloza. No la toca, pero va acercándose de cuando en cuando mostrando los dientes, que a estas alturas de la escena me parecen colmillos. Ni muy lejos, ni muy cerca. Lo justo para asfixiarla con su presencia. Ella es cada vez más diminuta, una presa agotada de huir. Cuando, exhausta, se retira el pelo de la cara, la veo: la imagen misma de la derrota. Él no cesa. Respira su miedo, que parece darle alas. Miro a mi alrededor.

Nada.

El silencio de esa muchedumbre que segundos antes llenaba cada recoveco con ese inconfundible bullicio veraniego me parece ya ensordecedor. Nadie se mueve. Él se aleja de su presa y miro a mi amiga. Nos levantamos.

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¡Suspendidos! La vuelta al cole de nuestros políticos

Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Cs).

Aristóteles afirma que todos los hombres (y las mujeres) somos animales políticos, por estar llamados a vivir en la polis o ciudad; hoy, diríamos, en sociedad. Un deber político es cuidar de nuestra "polis", de modo que en ella podamos llegar a ser lo que estamos llamados a ser. La educación cabal entraña una educación política en el sentido más amplio y profundo; sin ella no hay libertad, ni democracia, ni sociedad. Eso exige desarrollar unas convicciones y virtudes políticas que son previas y básicas, sobre las que se desarrollan posteriormente y de modo derivado nuestras opiniones y decisiones de cariz ideológico o partidista, y sin las que estas últimas no tienen ni sentido ni fundamento.

De modo generalizado y patente, nuestros políticos han suspendido en septiembre el examen, que era de primero de democracia, libertad y sociedad; no les queda otra que una vuelta al cole, pero a diferencia de nuestros hijos, la suya es vergonzosa y vergonzante.

A principios de agosto, sostenía en esta misma tribuna que los políticos profesionales españoles no eran muy duchos a la hora de negociar; me equivocaba: la patología que sufren es otra, no están a la altura de las necesidades del ahora, como diría Ortega; por eso no fueron capaces de llegar a acuerdos políticos (en favor del bien de la polis española), aunque hubiera, por lo menos cuatro modos sensatos de haberlo conseguido.

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El tiempo ahoga mientras el Gobierno sigue sin permitir zarpar al Aita Mari

Aita Mari

La Dirección general de la Marina Mercante lleva una semana sin dar respuesta a la petición de nuestro buque de rescate, Aita Mari, para zarpar de Pasaia en misión humanitaria al Mediterráneo. Una falta de respuesta que solo pone en riesgo mortal a más personas inocentes.

Hace un año que nuestro barco está listo para poder desempañar las labores para las que fue concebido. Desde entonces, mal contadas por la agencia de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), han fallecido 1.353 víctimas en el Mediterráneo.

En Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) entendemos que la ayuda humanitaria va mas allá de salvar vidas, es además evitar el sufrimiento humano. Las personas acostumbradas a trabajar como cooperantes en ayuda humanitaria saben de lo que estoy hablando: esto es el imperativo humanitario, que emana del derecho internacional y del principio moral fundamental de humanidad.

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