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Por qué el aborto no es digno en la sanidad pública en España

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Manifestación contra la reforma de la Ley de Plazos del Aborto en Las Palmas de Gran Canaria.

En España el aborto es un derecho reconocido por la ley. Frente a las luchas que muchas mujeres aún mantienen en países de todo el mundo para conseguir abortar sin que las encarcelen y sin poner en riesgo su vida y su salud, podemos decir que en España el aborto es legal y también es seguro. Sin embargo, no podemos decir que el acceso al aborto en los servicios públicos de salud sea siempre digno.

¿De qué hablamos en Women’s Link Worldwide cuando hacemos esta denuncia? Hablamos de casos como el de Ana, una mujer a la que el Servicio Murciano de Salud ocultó toda la información sobre el estado de salud del feto y la grave anomalía que este sufría. Una mujer que, durante más de seis semanas, tuvo que ir de clínica privada en clínica privada, buscando las respuestas que la sanidad pública le negaba y pagando pruebas que podrían haberle realizado en su hospital de referencia sin ningún coste para ella.

Hablamos de una ley que en muchos casos se queda en puro papel mojado porque los servicios de salud pública, haciendo uso de una objeción de conciencia velada, niegan a las mujeres la información que necesitan para tomar decisiones sobre su propia vida y su cuerpo con autonomía. Casos como el de Ana no son aislados y llevan a muchas mujeres a poner en riesgo su salud en toda nuestra geografía. No hace mucho leíamos en la prensa el caso una mujer gallega que había perdido su útero y con él, la posibilidad de ser madre biológica, tras tener que recorrer más de 500 km en su propio coche para poder abortar en una clínica privada de Madrid porque ningún hospital público gallego quiso practicar la interrupción, a pesar del extremo riesgo que había para su salud.

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La Ley Cifuentes: el fin de la autonomía universitaria

Cristina Cifuentes.

Habrás escuchado alguna vez aquello de autonomía universitaria: es un concepto fundamental de las universidades públicas. La autonomía es aquello que permite que no sean los gobiernos de un color o de otro los que decidan íntegramente qué temas o autores estudias y cuáles quedan vetados. Es también aquello que prohíbe entrar a la Policía en los campus universitarios ante la menor protesta sin delito flagrante o permiso rectoral, y no menos importante, es aquello que permite a las universidades gestionar, dentro de las leyes, sus propios presupuestos para, por ejemplo, poder tener becas de emergencia destinada a quienes no pueden sufragar los costes de estudiar ante la brutal subida de tasas del Partido Popular en Madrid.

Otro de los aspectos fundamentales que permite a las universidades el hecho de tener autonomía es el de su organización interna, de tal manera que un poder político enemigo, por ejemplo, de las humanidades, no pueda imponer la eliminación de materias y grados a los cuales ellos no le ven rentabilidad inmediata para sus empresas y las de sus amigos. En resumen, no pueden hacer lo que ya han hecho con la educación secundaria, relegar o incluso eliminar asignaturas como Filosofía o Educación para la Ciudadanía.

Llegados a este punto, ya conocemos la importancia capital de gozar de este derecho. Ahora toca la parte más desagradable: como la Ley Cifuentes de Universidades pretende acabar mediante el chantaje económico y la injerencia política con este precepto. Pero antes de entrar en materia legislativa, esta ley no es solo un ataque a las universidades públicas sino a la propia Constitución, que regula en el artículo 27 esto, como parte fundamental del consenso que se supone nos otorgamos los españoles en el 78 (por mucho que lo modifiquen con nocturnidad y en verano a espaldas de la gente).

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La levedad del programa de Roma

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, durante la firma de la Declaración de Roma.

El 25 de marzo se han reunido los 27 –ya sin el dimisionario Reino Unido– y han aprobado una Declaración que tiene más de celebración de 60 años juntos que de directrices u hoja de ruta para el futuro.

Dadas las circunstancias: en pleno Brexit; con un nuevo presidente de Estados Unidos aislacionista, nacionalista y hostil a la Unión Europea; enfrentados a amenazas diversas a nuestra seguridad; sin terminar de salir de la crisis económica; y con partidos populistas antieuropeos a nuestro alrededor, la Declaración tiene la indudable dimensión política de reafirmar la unidad y continuidad del proyecto europeo. Más aún si tenemos en cuenta la división implícita o explícita que anida en el interior de la UE, de la que valen solo como botón de muestra la inquietante deriva autoritaria de países tan relevantes como Polonia o Hungría.

Respecto a esto último es de destacar la mención expresa al Estado de Derecho. A estas alturas, es triste tener que reafirmar la columna vertebral de la cultura política y jurídica europea, democrática y desarrollada económicamente. Pero las cosas son así. El populismo rampante –frenado últimamente en Austria y en Holanda pero al acecho en Francia– obliga a reafirmar los valores que ha tenido siempre Europa cuando se ha confrontado con el fascismo y las pulsiones autoritarias.

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Las tres piezas que fallan en el Caso Cassandra sobre la humillación de Carrero Blanco

La Audiencia Nacional ha condenado a un año de prisión a Cassandra Vera, que publicó en Twitter chistes sobre Carrero Blanco y con mención explícita a la banda terrorista ETA.

Con el texto de la ley en la mano, da la impresión que la sentencia es una sentencia técnicamente bien aplicada. Técnicamente significa que nos ceñimos estrictamente al texto, y no al espíritu, y que somos capaces de abstraernos de todo el contexto histórico, político, cultural y social que envuelve al caso. Pero ni las normas son un texto, sino una transcripción de un espíritu, de una voluntad, incluso de una práctica social, ni ninguna acción puede detraerse de su entorno, de su naturaleza tan humana como social.

En este sentido, en mi opinión fallan tres piezas en el rompecabezas de la sentencia sobre el Caso Cassandra.

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Presupuestos de 2017: Oportunidad perdida

Mentiríamos si dijéramos que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado aprobado por el Consejo de Ministros nos ha decepcionado. Lo sorprendente hubiera sido que las cuentas públicas presentadas respondieran a las necesidades de la mayoría social. Porque esa es la mayor crítica que le podemos hacer al Partido Popular y a sus aliados: que han vuelto a realizar un ejercicio de trilerismo político y presupuestario para que todo siga igual.

La liquidación de 2016 ha permitido al Gobierno sacar pecho de cerrar con un déficit del 4,33% del Producto Interior Bruto, holgadamente por debajo del 4,6% fijado por la UE como tope máximo. Poco debería presumir ya que este cumplimiento se debe más a que Bruselas ha reducido el límite (originalmente estaba en un 2,8%) que a la reducción misma del déficit, que ha sido muy moderada. De hecho, sin la contribución de las corporaciones locales que han registrado el superávit más alto de la historia (0,64% del PIB), el fracaso en su única meta hubiera sido total. Para completar el análisis, hay que resaltar que no se incluye en el cálculo las ayudas al sector financiero.

Persiguiendo este objetivo de una manera cuasi enfermiza, se han extremado los recortes en 2016 a través de acuerdos de no disponibilidad de crédito que han alcanzado los 10.400 millones de euros y que han afectado a partidas tan importantes como protección social, investigación y desarrollo e inversiones. Y lo que ha hecho el Gobierno ha sido anunciar, con todo tipo de trompetería mediática, que consolida esos recortes realizados en 2016, ya que el Ministerio de Hacienda ha partido del límite de gasto ejecutado en el pasado año después del tijeretazo. Y esa obsesión con el cumplimiento del objetivo de déficit público arrasa con la inversión social y compromete la ansiada recuperación económica, sumiendo en la desesperación a una sociedad con inaceptables tasas de desempleo, desigualdad y exclusión social.

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En el 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández

Miguel Hernández

El día 28 de marzo se conmemoró en Orihuela y en muchos otros lugares, el 75 aniversario de la muerte, de Miguel Hernández, en la Prisión de Alicante, condenado por un Consejo de Guerra que, fiel a su odio a la inteligencia, consideró que su poesía constituía una "adhesión a la rebelión" frente a unos militares golpistas. El poeta del pueblo, como a él le gustaba llamarse, construyó toda su magna obra, verso a verso, con la esperanza de cimentar un camino empedrado para alcanzar la libertad por la que luchó y murió. Le tocó vivir en tiempos convulsos que azotaban Europa, como él mismo dejó escrito, desde Rusia hasta España. Sin proponérselo, sus estrofas se convirtieron en las piedras que construyeron los muros de su prisión. En el verano de 1937 dijo en un mitin: "Vivo para exaltar los valores puros del pueblo y, a su lado estoy, tan dispuesto a vivir como a morir".

Efectivamente se cumplió su profecía, pero su canto a la libertad alcanzó una repercusión mundial. La enfermedad consumió su cuerpo pero no pudo con la fuerza arrolladora de sus palabras, difundidas y admiradas por todos los que rechazan el fascismo y tratan de salvaguardar el significado de los valores democráticos imperecederos, a pesar de las turbulencias del pasado y del presente.

Pasó un año y otro año y un año y otro pasó, sin que la dictadura, cosa lógica, tomase ninguna iniciativa para reparar la injusta condena. Pero iniciada la transición a la democracia, muchos no podemos comprender ni admitir que los nuevos gobernantes, legitimados por la fuerza de la soberanía popular, permaneciesen impasibles ante los asesinatos extrajudiciales, las condenas a muerte en juicios sumarísimos o el expolio moral y económico de los vencidos. Alemania supo reparar las tropelías jurídicas del nazismo y declaró la nulidad de todos los juicios, reparando económicamente a todos los perseguidos durante esa época.

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Carrero no es Miguel Ángel Blanco

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Lugar donde se produjo la explosión, en la esquina de las calles Maldonado y Claudio Coello, que alcanzó el automovil del Parque móvil en el que viajaba el presidente del Gobierno en la dictadura franquista, Luis Carrero Blanco.

La libertad de expresión forma parte del corazón de nuestro concepto de sociedad democrática. Es una regla infalible para detectar autocracias, que tienden en ocasiones a camuflarse tras el asistencialismo material, y su cuestionamiento o reducción también identifican síntomas de enfermedad en las sociedades libres. No es casualidad que los ilustrados del siglo XVIII grabaran a fuego este derecho, como un anhelo fundamental para el desarrollo individual de nuestra propia condición humana, retomando la bandera que los erasmistas ondeaban en plena guerra de religiones. Libertad para ser libres, definía ante los soviets, genial y simplemente Fernando de Los Ríos.

Como todos los derechos, aún los fundamentales, es evidente que su ejercicio está limitado por su intromisión en el ámbito de valores protegidos por otros derechos. No se puede uno amparar en la libertad de expresión para calumniar, injuriar, o herir gratuitamente a los demás. Tampoco para alentar el odio hacia otras personas o colectivos humanos: la libertad de expresión no puede amparar el racismo, la xenofobia, la homofobia… Y aún en este caso, el cuestionamiento de este derecho, y no digamos la utilización del derecho penal para ello, tiene que estar restringido para los hechos más graves.

Esta pasada semana hemos conocido la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el "caso Cassandra". Dice el tribunal que la acusada, burlándose de la muerte del almirante Carrero Blanco a manos de ETA en 1973, cometió "desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a las víctimas", y le condena a un año de prisión en aplicación del artículo 578 del Código Penal.

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La prostitución no es una elección "natural"

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Imagen de archivo.

La prostitución se enmarca y se juzga tradicionalmente en relación con la moral sexual. El argumento más relevante contra esta institución consiste en señalar que generalmente no es algo libremente elegido, sino que su ejercicio se debe a la precariedad y la necesidad, así como a la falta de recursos económicos y sociales. Y esto es un argumento contra toda explotación sexual, dejando ahora de lado las cifras contundentes de la trata con tales fines. Sin embargo, la equiparación de la prostitución a cualquier otro trabajo, como por ejemplo se hizo en Alemania en 2001, alimenta la idea de la prostitución como elección libre que debe ser reconocida por un Estado de derecho. Esta situación amplía las fronteras del negocio económico y traslada el mensaje a niños y adolescentes varones de que están legitimados para comprar mujeres si necesitan cubrir sus necesidades sexuales.

Pero más allá de los puros intereses comerciales del mercado neoliberal, hay criterios morales, éticos y políticos que se han de poner en juego al hablar de la prostitución. Porque no estamos hablando de que los varones se limiten a satisfacer sus necesidades, sino de que lo hacen a costa del bienestar de las mujeres y de la compra de su  sexualidad. Este hecho mismo convierte la relación prostitucional en un ejercicio de poder y de dominación, por la que una persona tiene que ponerse al servicio de otra pasando por encima de sus propios deseos o necesidades. Con ello la persona prostituida pierde el sentido de su propia sexualidad y de la decisión autónoma sobre la misma.

Frente a las pretensiones de la ética liberal de que con la prostitución "elegida" estamos ante un caso de libre consenso de las partes, cabe oponer que estamos ante la vulneración del principio de no-instrumentalización, esto es, de no convertir a la persona en medio para un fin, en el sentido kantiano. Con la prostitución se institucionaliza la vulneración de tal derecho. Con lo que nos encontramos en el terreno de la protección o desprotección de los derechos humanos. Y la legalización de la prostitución nos hace retroceder a estadios anteriores a la defensa de tales derechos.

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Ante las mentiras de Francisco Espinosa sobre Javier Cercas

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El escrito Javier Cercas.

Comenzaré diciendo que conozco a Francisco Espinosa Maestre desde hace años. Que le considero uno de los más importantes investigadores sobre la Segunda República Española, la Guerra Civil y la represión franquista. Sus magníficos trabajos La Guerra Civil en Huelva, La Justicia de Queipo, La columna de la muerte o Masacre, entre otros, ocupan un lugar destacado en mi biblioteca personal y son para mí obras de obligada referencia. Conozco y valoro de un modo extraordinario su riguroso y decidido trabajo en pos de la recuperación de la Memoria Histórica en nuestro país y su incansable batalla contra el revisionismo de los pseudohistoriadores de la derecha franquista.

Por todo ello me resulta especialmente llamativo que el pasado 15 de marzo Francisco Espinosa publicase en eldiario.es el artículo titulado 'Javier Cercas blanquea de nuevo el fascismo'. Ya el mismo titular me parece brutal y la acusación gravísima, y más aún dirigida a un escritor como Cercas, a quien, por otra parte, conozco también muy bien y al que me une parentesco y amistad antigua y que ha dado sobradas muestras en sus artículos e intervenciones públicas de estar comprometido con la causa y los valores de la izquierda.

Por eso, como modesto investigador de la historia de nuestra región y conocedor de la historia reciente de Ibahernando –mi pueblo natal y el de Javier Cercas, pueblo en el que transcurre casi por completo El monarca de las sombras– me veo en la penosa obligación ética y profesional de afirmar taxativamente que se trata de un artículo difamatorio, sorprendentemente lleno no sólo de rencor y de insultos, sino también de tergiversaciones y conjeturas sin fundamento, pero sobre todo de invenciones y mentiras, entre ellas la de que Javier Cercas justifica el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y los asesinatos y el terror que lo siguieron.

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Los insultos del consejero Romeva

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Raül Romeva, conseller de Asuntos Exteriores de Catalunya.

El consejero Raül Romeva cada vez que habla pone de relieve su ignorancia histórica, que le es seriamente reprochable, y su notable falta de respeto por los ciudadanos de Catalunya en función de sus opciones políticas. Sobre todo, si no coinciden con las suyas, es decir, ese independentismo que tanto se empeña, vanamente, en propagar.

Pero, recientemente, Romeva ha traspasado las líneas de lo permisible ética y jurídicamente. Con motivo de una convocatoria de Sociedad Civil Catalana, el pasado 19 de marzo, domingo, varios miles de personas se manifestaron contra el proceso independentista. El citado consejero los descalificó llamándolos "falangistas". Dijo esto : "Són tots aquells que hi havia a la manifestació del diumenge". Lo hizo el siguiente día 22 de dicho mes en el Parlament de Catalunya y, por tanto, amparándose en la "inviolabilidad" parlamentaria. Expresado en otro ámbito, hubiera sido perseguible penalmente. Pero ello no impide reconocer que ese calificativo es, objetivamente injurioso, en el sentido del Art. 208 del Código Penal. Porque, sin lugar a dudas, "lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación".

Desde el mínimo conocimiento de nuestra historia y, en particular, de la que se inició con el golpe militar del 18 de julio de 1936, sobre todo quien ocupa un alto cargo público está obligado a saber que Falange Española fue la principal fuerza política que propició y apoyó activamente dicha insurrección. Y que, posteriormente, participó plenamente en la destrucción de la República y la implantación de un Estado totalitario, como reconoció la ONU en 1946.

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