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La Justicia Universal, en serio (contra la versión 2.0 de la reforma de 2009)

Reunión del Tribunal Internacional de Justicia

Hace veinte años, cuando la detención del general Pinochet en Londres abría el difícil camino hacia la justicia universal, el benemérito Premio Nobel de la Paz Henry Kissinger la definía como “un movimiento consistente en someter la política internacional a procesos judiciales”. A quien había disfrutado del poder de mover como peones políticos en el escenario internacional a genocidas y torturadores, le debía parecer inadmisible, claro, el intento de someterlos a la “tiranía de los jueces”. Bajo el pretexto de la realpolitik, a duras penas se escondía el proyecto real: mantener el ámbito de la vieja razón de Estado fuera del alcance del funcionamiento de los principios básicos del Estado de Derecho, nacido precisamente para eso, para asegurar el control del ejercicio del poder y evitar su actuación impune.

La batalla por mantener ese ámbito de impunidad se hace más dura cuando no se trata sólo de someter al control judicial eso que eufemísticamente se llama cloacas del Estado, sino de reducir e incluso eliminar la existencia de zonas institucionales de alegalidad, el lado oscuro pero inevitable -al menos tendencialmente- del poder. La razón es obvia: el oxímoron de la alegalidad institucional, supuestamente exigido en aras del realismo político (en el colmo de la desfachatez, hay incluso quien lo considera el precio que ha de pagarse por mor de la ética de la responsabilidad) es un cáncer letal para el Estado de Derecho.  Por eso, no se trata sólo de hacer controlable a posteriori el ejercicio desviado, el abuso de poder.  El proyecto en el que encaja la justicia universal es más ambicioso y tiene que ver con una lógica jurídica, la que, entre otros, ha teorizado Luigi Ferrajoli como lógica expansiva del Estado constitucional, del constitucionalismo, que no puede dejar de instalarse en al ámbito del Derecho y de las relaciones internacionales, desarrollando tesis de raíz kelseniana.

El proceso recorrido en esa lucha del Derecho contra la impunidad que es la justicia universal, tiene etapas muy conocidas. Su línea argumental viene señalada en la propia sentencia del Tribunal de Apelación de la Cámara de los Lores que, en el juicio sobre la extradición del dictador chileno advertía que “el Derecho Internacional estipula que los crímenes de ius cogens, entre ellos el genocidio, pueden ser penados por cualquier Estado, porque los criminales son enemigos comunes de toda la humanidad y todas las naciones tienen el mismo interés en su aprehensión y persecución”. Con este mismo espíritu, en el verano del 2002, se ponía en marcha el Tribunal Penal Internacional, cuyo Estatuto de Roma asegura que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo”. Y siendo así, el mismo tratado internacional -del cual España es parte- recuerda que “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales.”

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La memoria histórica no es cuestión de gustos o de colores, Sr. Van Grieken

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken

Tal día como hoy un 6 de noviembre de 1933 el Presidente de la II República Niceto Alcalá Zamora inauguró, además de otros siete colegios en Madrid, el Grupo Escolar 14 de Abril, actual Calvo Sotelo. Una denominación, la de ahora, inimaginable en aquel momento, cuando eligieron un nombre mucho menos personalista a petición del propio Presidente, ya que la intención inicial era llamarlo Alcalá Zamora. Pues bien, 85 años después de aquella democracia truncada por un sangriento golpe militar, el nombre de este histórico centro de enseñanza sigue dando de qué hablar. 

Lo que vino después de esa inauguración, que encajaba en una decidida apuesta por la enseñanza pública, lo sabemos: una guerra terrible, predecesora del horror que ocuparía el resto del continente y ultramar, a la que se sumaron cuarenta años de dictadura. En ella se impuso legislación propia, parte de la cual nos trae al caso de este artículo. 

Me refiero a una Orden Ministerial emitida del 20 de abril de 1939 que ordena el cambio de nombres de 16 colegios de Madrid entre los que se encuentra el 14 de abril, “por nombres insignes de una significada representación de los mártires de nuestra Cruzada” cuya vigencia el Partido Popular de la Comunidad de Madrid pretende seguir prolongando por una cuestión de gusto o disgusto más bien, respecto al nombre original, a pesar de que dicha razón no es válida en democracia, o al menos no debería serlo.

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Los permisos iguales e intransferibles como negación de la maternidad

Una mujer embarazada

El periodo de enmiendas para la proposición de ley de los Permisos Iguales e Intransferibles (PII) se prolonga una y otra vez. Es comprensible. Los PII han sido diseñados para acabar ni más ni menos que con el machismo en el empleo,  y para ello toman la crianza temprana de los bebés -la fase más vulnerable de la vida de los seres humanos- como herramienta para la reeducación social. Resulta realmente sorprendente que esta propuesta experimental haya logrado formar parte del discurso de lo políticamente correcto y que la ciudadanía la haya aceptado como requisito necesario para lograr la igualdad. El Parlamento, además, parece dispuesto a aprobar tan osada propuesta sin estudios de opinión ni informes de personas expertas.

Para las mujeres que integramos la plataforma PETRA una ley que otorga nuevos derechos y privilegios a los padres y no atiende las demandas históricas de las madres no es una ley feminista. Pensar en los permisos parentales en términos de igualdad asumiendo que el derecho de madres y padres vienen del mismo lugar es un error. Este es un derecho que se deriva del nacimiento de una criatura del vientre de una mujer, y por lo tanto, no emanan del mismo lugar el derecho del padre y el de la madre. La maternidad biológica funda automáticamente maternidad social en todos los sistemas normativos y legales del mundo, es un derecho universal e incontestable, y la exterogestación y la lactancia son por definición intransferibles. Sin embargo, el derecho del padre a cuidar de su bebé menor de un año no emana de la biología, es puramente cultural y social, y de hecho, tal y como se plantea en la proposición de ley se trata de un derecho muy innovador: es ingeniería social. Por eso, la base para defender este derecho en los padres es mucho más frágil y cuestionable que en las madres. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional y el voto en contra de una mujer no significa nada. Todas conocemos ejemplos de sentencias crueles y misóginas hacia las madres redactadas tanto por jueces como por juezas.

La mayoría de las madres desean cuidar de su criatura más allá de las 16 semanas; y la ciencia nos dice que lo que el bebé necesita en su primer año de vida es contacto continuado con su madre. Curiosamente la habitual fuerza probatoria de la ciencia se queda en suspenso en este punto: al parecer, cuando la ciencia habla de madres y bebés se infecta del descrédito y la sospecha sistemática con que una cultura misógina contempla a madres y criaturas. De modo que los PII se plantean como una medida cuyos objetivos son única y explícitamente laborales e igualitarios; los deseos y necesidades de madres y criaturas quedan fuera de la ecuación, lo que equivale a excluir a las madres como sujeto político protagonista de esta ley: se regular la maternidad sin contar con la opinión privilegiada de las madres. En este planteamiento de los PII subyace un juicio paternalista que considera a las madres incapaces de defender sus verdaderos intereses, unos intereses que por supuesto residen en el mercado y no en la defensa del bienestar de su criatura. Este es un prejuicio que entronca con la más rancia tradición patriarcal y que asocia la maternidad con un estado “alterado” propenso a una dolencia típica de los 50 (la mística de la maternidad) y que inhabilita a las madres para el buen cálculo racional.

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Ya está bien

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El líder del Partido Popular, Pablo Casado, en una imagen de archivo.

No sé si en el mundo entero, pero sí en un gran número de países, se está produciendo una metamorfosis política preocupante hacia la extrema derecha, que en forma larvada viene arrastrándose desde la crisis financiera de 2008, "resuelta" con medidas draconianas y austericidas que han dejado infinidad de daños directos y muchos más colaterales. De igual modo, han afectado el proyecto de vida de cientos de miles de seres humanos, en España y en todo el mundo, con una marcada deriva hacia la ultraderecha que en la actualidad se manifiesta de forma clamorosa y abierta.

En esta deriva internacional hacia una especie de neofascismo de corte neoliberal, asistimos en España a una desgraciada puesta en escena de los políticos de derechas locales, ansiosos de retomar el poder del que se sienten injustamente arrojados, utilizando para ello todo tipo de descalificaciones y mentiras, sin importarles incurrir en las más evidentes inconsecuencias. Vemos cómo arbitran la realidad a su medida, aplaudiendo las acciones de las instituciones cuando les benefician y denostándolas si les vienen de frente. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular que, acostumbrado durante demasiados años a tener a su disposición a un sector de la justicia, de los medios de información, del poder económico y habituado al mangoneo más descarado, no se resigna a encontrarse en los asientos del público. La acción de su líder Pablo Casado llega a ser incluso poco ética. Todo vale con tal de recuperar el poder.

Pensando que así se despegaba de la corrupción que asola a su partido y que mal que le pese está firmemente dictaminada por sentencia, Casado ha desechado a sus compañeros de formación de los viejos tiempos en la convicción de que, de ese modo, el mal no le alcanzaría. No sé si por inexperto, por iluso o por ignorante, no esperaba que la corrupción le pudiera salpicar.

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El régimen de autónomos y la corresponsabilidad fiscal

Un modelo de estado social se debe basar necesariamente en la corresponsabilidad fiscal. En una relación directa entre la renta que se genera, la riqueza que se posee, y lo que se aporta a los recursos comunes. Esto se canaliza a través de las políticas impositivas y del sistema de cotizaciones sociales que sustentan una buena parte de nuestro sistema de protección social (pensiones, desempleo, etc.).

En tiempos en los que el neoliberalismo ha impulsado una feroz disputa por la hegemonía en los conceptos, aforismos del tipo "el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos" y la creciente demonización del "subir impuestos", España (con una "presión fiscal" 7,4% inferior en porcentaje del PIB a la media de la zona Euro) necesita un profundo ejercicio de pedagogía y cultura fiscal.

Por ello, resultan especialmente inquietantes los términos en los que se está dando el debate sobre el régimen de cotización de los trabajadores/as autónomos, a raíz del acuerdo entre el Gobierno y el grupo de Unidos Podemos que recogía en su punto 5.1 el compromiso de "reformar, dentro de 2019, el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja".

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Rafa Nadal y los trabajadores de Navantia

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Rafa Nadal durante un torneo

Preguntan en Yemen si las decenas de miles de compatriotas masacrados por Arabia Saudí durante los últimos tres años deberían haber muerto en un consulado para que alguien los tomara en serio. El descuartizamiento de Jamal Khashoggi ha centrado ahora la mirada internacional en un país que ya hace tiempo que cruzó todas las líneas rojas imaginables.

En septiembre, Margarita Robles anunció la paralización de un envío de bombas idénticas a las usadas para destruir un autobús escolar lleno de niños. A los saudíes no les gustó y amenazaron con romper un contrato para construir buques de guerra. Esto, a su vez, no gustó a los trabajadores que iban a construirlos, que salieron a manifestarse. El Gobierno tomó nota de las movilizaciones, desautorizó a la ministra, dio un giro de 180 grados en su posición y acabó mandando las bombas. Desde entonces todos los acontecimientos, incluido el brutal asesinato del periodista saudí del Washington Post, se han enmarcado en el debate entre si defendemos los puestos de trabajo o los Derechos Humanos. Pan aquí contra muertos allí, y parecía que la elección estaba complicada hasta que Pedro Sánchez deshizo el empate: "Priman los empleos, los intereses de los españoles".

Todo encaja, hay una razón superior para renunciar a la coherencia: los puestos de trabajo en un astillero.

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Correos no "pasa" el corte

Una empleada de Correos

"Afronto esta nueva etapa teniendo muy presentes a los más de 51.000 empleados del Grupo Correos, así como a sus familias, cuya vida gira en torno a esta gran empresa. Sin duda, lo mejor que tiene la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos es su capital humano, sus trabajadoras y sus trabajadores". Así se estrenaba el nuevo Presidente Juan Manuel Serrano en la Carta que el 23 de julio nos dedicaba a toda la plantilla de Correos S.A.

Desde luego no puede discutirse que este hombre tiene la marca del PSOE de Pedro Sánchez: marketing político y buenas palabras dirigidas a la mayoría trabajadora. Ahora bien, la realidad -que es siempre la más tozuda- viene a demostrar que las cosas se cambian con nuestra acción y no con declaraciones melosas. Y para muestra un botón.

El verano en Correos se ha saldado de la peor forma posible. La sobrecarga de trabajo ocasionada por la bajísima tasa de contratación y el incumplimiento del ya de por sí bochornoso "acuerdo de coberturas" (que abrió la puerta a tener secciones de reparto permanentemente sin cubrir, cargando ese trabajo entre el resto de la plantilla del centro) ha generado todo un caos laboral perjudicial tanto para la salud de los trabajadores como para la satisfacción de los usuarios del servicio. Compañeros que entraron a través de las nuevas bolsas de empleo eventual el pasado 1 de junio han decaído voluntariamente al ver los entresijos de lo que supone trabajar en Correos por no hablar de la cretina actuación de algunos jefes que, a través de evaluaciones negativas, han fulminado a nuevos eventuales en lugar de enseñarles a desempeñar correctamente sus labores.

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Catalunya merece claridad

El independentismo necesita a los 'comuns' para aprobar sus presupuestos.

¿Dónde estamos?

No hace aún un año de las elecciones del 21-D y hemos vivido estos días los aniversarios de los hechos de octubre, que finalizaron en aquellos comicios convocados por el Gobierno de Mariano Rajoy previa intervención del autogobierno de Catalunya vía artículo 155 de la Constitución, el encarcelamiento de líderes independentistas, la represión violenta del 1 de octubre y el reprobado discurso del Rey.

En una situación de excepcionalidad política, los resultados arrojados por las urnas fueron paradójicos: Ciudadanos se convirtió en la primera fuerza política de Catalunya, pero el independentismo volvía a ganar la mayoría parlamentaria con la suma de los neoconvergentes (Junts per Catalunya), ERC y la CUP. Desde entonces y hasta ahora, la judicialización de la política ha seguido teniendo efectos perversos, y mientras, el Govern no tenía ni tiene un programa claro: de un lado, insisten en el mandato del 1-O de la construcción de la República y, de otro, se conjuran para ganar tiempo y moverse dentro de la legalidad, aunque solo sea de manera temporal hasta la llegada de un nuevo "momentum" más propicio para la enésima convocatoria electoral. Estrategias contradictorias que generan desorientación entre propios y ajenos; en definitiva, un gobierno que no gobierna y que está desaparecido del día a día de la gente.

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Neoliberalismo y la minoría de edad

Brasileños celebran en las calles de todo el país el triunfo de Bolsonaro

Hemos empezado esta semana con la desagradable noticia de las elecciones en Brasil. Un señor ultraderechista, misógino, racista, homófobo y militarista hasta la médula se ha hecho con la presidencia de dicho país. Pero esta noticia no debería sorprender a nadie, pues con dar un breve vistazo al panorama mundial podemos ver la deriva que estamos tomando.

Trump como el paradigma de lo inimaginable sigue siendo el presidente de Estados Unidos y Colombia primero con un NO a la paz y que luego elige al títere de Uribe. Pero Europa no está mucho mejor, un Brexit que no sabemos como acabará o la extrema derecha asaltando parlamentos en países que parecen haber olvidado su historia. Pero, ¿y España? Aquí no nos quedamos atráS, cuatro nostálgicos nos decían hasta que Abascal los reunió en Vistalegre. Son mucho más que cuatro, ocupando cada vez un espacio que ahora también quieren los populares de Casado.

¡Ay la historia!, esa que al desconocerla, parecemos condenados a repetir. Pero si algo está claro, es el desalentador panorama que nos han colado y que ahora tenemos en frente. Ahora toca dar crédito a lo que vemos. Una realidad que de no enfrentarla, ahora se enfrenta a nosotras. Hay que pensar y nombrar con todas sus letras esta amenaza contra la democracia y los valores ilustrados. Hay que pararle los cascos a esta tropa de gobernantes que se están haciendo con el poder. Caricaturas de ellos mismos con discursos ya, descaradamente antidemocráticos.

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Madrid Central, un beneficio para todas las personas

Señalización del área de Madrid Central

Estamos a un mes de la entrada en vigor de Madrid Central, la Zona de Bajas Emisiones (y a la vez una “superárea de prioridad residencial de 472 hectáreas) que convertirá la práctica totalidad del Distrito Centro de Madrid en un espacio con un 37% menos de tráfico y, por ello, en un entorno más saludable, más amable, más seguro... en definitiva, en un centro más vivo y más vivible. Y, sin embargo, Madrid Central no es una medida exclusiva para el centro de Madrid: Madrid Central beneficiará a todas y todos.

Tratándose de una medida con incidencia no solo en el espacio público sino, más aún, en la calidad del aire, su ámbito de repercusión se extenderá a todo Madrid (e, incluso, más allá de nuestra Comunidad Autónoma). Como medida principal del Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático, esta gran zona de bajas emisiones tiene como objetivo garantizar la protección de la salud frente a los efectos de los contaminantes atmosféricos y contribuir a la lucha contra el cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué actuar directamente en el centro de la ciudad será beneficioso para todo Madrid? La clave es la concentración por acumulación de emisiones contaminantes, producidas por miles de coches atravesando simultáneamente y día a día un espacio reducido como es el centro de Madrid. Una vez producida la concentración de emisiones, la dispersión irá arrastrando esa nube tóxica según la dirección del viento en cada momento, pudiendo llegar a alcanzar ciudades vecinas. Sin embargo, si se distribuyen los viajes de paso entre otros modos sostenibles y las circunvalaciones (autopistas creadas precisamente con este objetivo) ya sea la M30, la M40 o la M50, la concentración de emisiones será menor, y por lo tanto menos contaminante; su efecto, consecuentemente, será menos negativo en la salud de Madrid y todo su entorno: de Torrelodones, a Toledo; de Guadalajara, a Talavera de la Reina.

Además los incentivos e impulso de tecnologías más limpias, especialmente vehículos eléctricos tendrán su efecto de transición para el conjunto de la ciudad Pero, como hemos dicho, Madrid Central en tanto que área de prioridad residencial, supondrá igualmente una medida muy beneficiosa en términos de movilidad. El colectivo más beneficiado será el de usuarios del transporte público (1.200.000 viajes, el 59% de los desplazamientos diarios en Madrid Central) especialmente autobús , metro o cercanías (pero también taxi o BiciMad), que se disfrutará de mejores frecuencias gracias a una menor intensidad del tráfico y, por tanto, mayor fluidez. Igualmente, favorecerá enormemente a todas aquellas personas que realizan sus desplazamientos caminando (el 27% de los viajes que se producen en Madrid Central son a pie, unos 550.000 desplazamientos al día). Todas estas personas agradecerán sin duda la reducción y pacificación del tráfico, que junto a las rehabilitaciones y ampliaciones de aceras, la generación de ejes peatonales y la mejora progresiva de diversos entornos del ámbito, ya facilitan, y facilitarán aún más, su deambular diario. Un deambular que, además, se realizará en un entorno mucho más saludable, con menos humos y mejores condiciones de accesibilidad universal y seguridad vial. Por último, tampoco se debe olvidar que también los usuarios del coche notarán la mejora: hablamos fundamentalmente de residentes del distrito y sus personas invitadas, pero también profesionales de transporte y servicios, y demás colectivos autorizados; en definitiva, todos los viajes internos, así como los externos con origen o destino en Madrid Central. Y es que, lejos de lo que han tratado de hacer ver quienes defienden el uso del coche privado por encima de todo, los criterios de acceso al área no supondrán ni mucho menos una restricción generalizada. De los 230.000 viajes diarios en coche que se producen actualmente en Madrid Central, que corresponde únicamente a un 11% del total de desplazamientos, tan solo se pretende actuar sobre el tráfico de paso y los vehículos más contaminantes. Todos somos conscientes que los centros de las ciudades no son atajos, y sin embargo 58.000 coches diarios utilizan el centro de la ciudad como un atajo (hablamos de un 2,8% del total de desplazamientos en Madrid Central, pero que supone hasta un 25% de los que se realizan en coche). Ello a pesar de que se trata de desplazamientos que tienen múltiples recorridos alternativos, y a menudo incluso más rápidos. Más allá de estos vehículos, que realmente no necesitan acceder al centro porque no es el centro el destino de su viaje, únicamente verán limitado su acceso aquellos coches muy contaminantes que no se benefician de las excepciones, unos 18.000 vehículos que suponen un muy reducido 0,70% del conjunto de viajes en un área con una enorme oferta de transporte público, y que además cuenta con otras muchas posibles formas de transporte. Y sin embargo, con la afección como vemos a menos de un 1% de los viajes diarios en Madrid Central y, especialmente, la eliminación de los viajes de paso, vamos a conseguir una reducción del 37% del tráfico en la zona y un ahorro de emisiones de más del 40% que beneficiará muchas personas, afectando a muy pocas. El resto de coches encontrarán un área mucho más despejada con un tráfico más fluido para realizar sus actividades. 

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