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Sobre Madrid Nuevo Norte: mitos y realidades

Vista general del Distrito Castellana Norte /DCN.

La semana pasada, la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el Ministro de Fomento y el presidente de la empresa Distrito Castellana Norte (DCN) presentaron «Madrid Nuevo Norte». Tras el anuncio, y al tratarse de una actuación tan relevante y que tanta expectación ha generado, se han ido sucediendo todo tipo de comentarios, análisis y valoraciones. Estas reacciones, aunque quizá demasiado precipitadas en algún caso, ponen de manifiesto una serie de cuestiones importantes que conviene aclarar.

Hay que recordar primero que lo que se ha presentado no es el proyecto sino las líneas estratégicas que van a definirlo. Podría decirse que hemos pactado las reglas del juego y ahora toca echar la partida. A la vuelta del verano, iniciaremos los trabajos para aterrizar el acuerdo en una propuesta concreta de ordenación que recoja los objetivos estratégicos fijados.

Se toma como base la propuesta municipal presentada como alternativa al plan anterior: Madrid Puerta Norte. Al sur de la M30, predomina el uso terciario de oficinas y, al norte, el residencial con algo de actividad terciaria próxima a los nodos de transporte. También se fija como prioridad la remodelación de la estación y se garantiza una movilidad sostenible, basada en el transporte público, al ubicar en su entorno el centro de negocios.

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Seis razones para investigar el accidente del Alvia

Imagen del descarrilamiento en Santiago

Por si alguien tiene dudas sobre la necesidad de reabrir la investigación del accidente del tren Alvia, conviene leer el Auto de 10 de marzo de 2017 del Juzgado de Instrucción de Santiago de Compostela que, en su página 12, afirma: "En conclusión, existen indicios suficientes para concluir que la Dirección de Seguridad en la Circulación de ADIF, a quién en principio compete la labor de evaluar los riesgos inherentes a la circulación según se acaba de exponer, no cumplió con dicho cometido generando y tolerando una situación de riesgo que finalmente cristalizó en el accidente que costó la vida y la salud a múltiples usuarios el pasado 24 de julio de 2013". Dicho director de ADIF está ahora imputado.

Al cumplirse cuatro años del terrible accidente del tren AVE en Santiago, que provocó 80 muertos y 144 heridos, el Grupo Socialista en el Congreso —de acuerdo con Pedro Sánchez— ha solicitado la creación de dos Comisiones en relación con todas las causas del accidente: una de investigación técnica a crear por el Gobierno con garantía de independencia y asistida por la UE, y otra parlamentaria para delimitar las posibles responsabilidades políticas que pudieran existir.

Como diputado socialista he insistido en los pasados doce meses, con diferentes iniciativas parlamentarias que no fueron tramitadas, en las seis importantes novedades y decisiones que se han producido en los tribunales e instancias europeas. Ellas obligan a reabrir la investigación técnica inicial del Gobierno que se ha demostrado fallida. El principio de transparencia exige, también, que se conozcan todas las decisiones de gestión que hubieran contribuido al descarrilamiento del tren en la línea 082 del AVE Ourense-Santiago. Lo irresponsable sería mirar hacia otro lado y desoír la reclamación de la plataforma de víctimas que quieren conocer toda la verdad, como corresponde a un Estado de Derecho.

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Ayuntamientos del cambio: ¿una gestión económica revolucionaria?

Ayuntamiento de Madrid

Sobrepasados los dos años de los nuevos gobiernos municipales, ya se tienen datos suficientes como para poder analizar los cambios de su gestión económica. Los ayuntamientos del cambio han contrapuesto una nueva teoría de gestión económica que parece mucho mejor a la vigente.

El Banco de España reconoce que en el tercer trimestre de 2015, el primero que se puede atribuir a Manuela Carmena, Madrid tenía una deuda de 5.583 millones euros. En el primer trimestre de este año, en cambio, la cifra era de 3.611 millones, lo que supone una diferencia de casi 2.000 millones de euros en un año y medio. En Cádiz se ha pasado de 213 millones —140% de los ingresos— a 160 millones. En municipios medios como Badalona o San Fernando ocurre igual. En algunos pequeños como Alpedrete (Madrid) no hay siquiera números rojos. Hay que mirar cada caso con rigor, pero con el mismo rigor se puede decir que es una tendencia general muy clara.

¿Cómo se ha conseguido? ¿Ha sido a partir de las teorías de Keynes, Stiglitz, Krugman o Piketty? No, ha sido aplicando la compleja teoría de los tres presupuestos, que se basa en pedir varios presupuestos reales —como indica la ley—, eliminar los gastos superfluos —que haya informes de necesidad— y pensar en lo mejor para los usuarios. Baste un ejemplo para explicarlo: el Ayuntamiento de Madrid acaba de adquirir uniformes y coches para sus seis mil policías. Los nuevos uniformes son de mayor calidad, hay más prendas y chalecos antibalas diferenciados para hombres y mujeres. El precio ha sido nueve millones de euros más barato que en la compra anterior realizada por el PP. Se trata de gestionar lo público como gestionas tu casa; no se te ocurriría robarte.

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"Juana está en mi casa": el pacto feminista entre redes de desobediencia civil contra las violencias machistas

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Carteles en apoyo de Juana

En estos días estamos viviendo una situación histórica para los derechos de las mujeres y los feminismos en dos escenarios políticos perfectamente identificables: el Pacto de Estado, de un lado, y la movilización feminista “Juana está en mi casa”, de otro.

Por su parte, el debate de la subcomisión para el Pacto ha abordado el ensanche político y jurídico de la noción de “violencia de género” en el marco de la Ley de 2004  y del Convenio de Estambul. Además, reconoce la necesidad de dar cierta marcha atrás a la Ley Montoro, lo que implica que todos los partidos asuman públicamente el profundo vínculo entre los recortes y el asesinato sistemático de mujeres en este país. Las instituciones y administraciones tienen la obligación de generar mecanismos de prevención y protección ante las violencias machistas, y eso sólo se hace con inversión pública adecuada y, por tanto, con una voluntad política feminista, es decir, centrada en las políticas de educación y prevención, y no en el populismo punitivista.    

Finalmente, por estas y otras muchas razones, el dictamen no ha sido aprobado por unanimidad, ya que contiene carencias técnicas y políticas inasumibles. Entre ellas, la mentira insultante del compromiso político de 1.000 millones de euros, cuando en realidad sólo se garantizan 44 millones, o no haber permitido que los movimientos feministas participen en el debate con el protagonismo necesario.

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¿Cesión o recuperación de soberanía en Europa? Una cuestión de enfoque

El denominado "proyecto europeo" ha avanzado a partir de la tensión y del equilibrio entre las competencias que los gobiernos cedían a instituciones de ámbito supraestatal y las que permanecían bajo su tutela; el recorrido de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea (UE) ha encarnado el avance de las primeras y el retroceso de las segundas; si bien es evidente que los estados han conservado parcelas sustanciales de autonomía tanto en la esfera política como económica.

La formación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) situó el tema de la soberanía en el centro del debate europeo. Con la creación de la zona euro los gobiernos que decidieron formar parte de la misma renunciaron a parcelas sustanciales de soberanía en la gestión de sus políticas económicas. Se suponía –en realidad este ha sido el supuesto sobre el que se ha levantado todo el edificio comunitario- que los costes asociados a esa cesión serían sustancialmente más bajos que los beneficios derivados de compartir la moneda.

Ahora, cuando todavía no hemos superado la crisis económica (a pesar de que en la mayor parte de los países comunitarios el Producto Interior Bruto ya ofrece registros positivos) y cuando la UE experimenta la zozobra de una aguda crisis política (como consecuencia de la decisión del Reino Unido de abandonar la UE, el Brexit, y del generalizado ascenso y consolidación de la extrema derecha racista y xenófoba) el tema de la soberanía reaparece con fuerza.

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¿Desconectar? Un derecho incuestionable

Las nuevas tecnologías y la economía digital están difuminando la frontera entre la vida profesional y la personal. La precariedad y temporalidad del empleo está provocando un aumento del temor de los trabajadores y las trabajadoras a perder su trabajo y, por tanto, es un caldo de cultivo para que muchas empresas abusen en materia de jornada y de descansos.

La frontera entre la vida laboral y la vida privada debe estar clara y es por esto que creemos que es fundamental que se regule de alguna manera el "derecho a la desconexión" cuando se termina la jornada laboral o en los períodos necesarios de descanso.

Desde la Unión General de Trabajadores reclamamos incluir este derecho tanto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como un derecho más de los trabajadores y trabajadoras, como en el Estatuto de los Trabajadores, que regula la ordenación del tiempo de trabajo. Entendemos que el derecho a desconectar y, con él, a preservar la salud de los trabajadores y trabajadoras de este país, debe ser responsabilidad de todos, Gobierno, empresas y sindicatos.

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Epidemia de drogas... esta vez desde una perspectiva de género

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Leyendo como cada mañana las noticias de eldiario.es me di de bruces con un breve artículo que hablaba sobre cómo los hombres en Canadá están afectados por problemas de drogadicción a causa de una crisis de masculinidad que les impide expresar sus emociones y les enfrenta cada día a duros trabajos físicos que, en muchas ocasiones, implican peligrosidad para su vida.

Estoy de acuerdo con ello: los roles de género los padecen tanto hombres como mujeres y, en el caso del frente masculino, las exigencias que les impone la sociedad y nuestra cultura patriarcal les obligan a desempeñar el rol de "cabeza de familia" que trabaja fuera de casa, aporta –a priori– el salario principal en el hogar y se encarga de todos los empleos que supongan peligro o fuerza física, situándole de esta manera en una situación de alto riesgo frente a las adicciones.

No obstante, ¿qué ocurre en el caso de las mujeres? ¿Tienen menor riesgo que los hombres porque, en principio, la sociedad espera "menos" de ellas? Alguien podría pensar que las mujeres, al ser las coordinadoras de cada hogar en cuanto a las tareas domésticas y del cuidado, se enfrentan a menores factores de riesgo. Y es precisamente esta idea lo que las sitúa ya de partida en ese riesgo social.

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Operación Canalejas: reinventando el modelo de ciudad

La fachada del edificio de Canalejas.

Hace dos años, llegamos al Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de cambiar el modelo urbano del Partido Popular. Para ello, había que poner en marcha un plan de rehabilitación de viviendas y espacios públicos en los barrios más golpeados por la crisis para revertir progresivamente el desequilibrio social y territorial de nuestra ciudad. También, era imprescindible superar el modelo de movilidad existente, obsoleto y orientado a reafirmar el papel del coche como eje central del sistema, para implantar uno alternativo basado en la convivencia de distintos modos de transporte, reforzando los medios colectivos y sostenibles.

Estas dos cuestiones, la recuperación de la ciudad consolidada frente al desarrollo expansivo y el cambio en la cultura de la movilidad, son retos que compartimos con la mayoría de las capitales de nuestro entorno. Sin embargo, Madrid tiene un hecho específico: su conformación a base de grandes operaciones urbanísticas. Y es que el Partido Popular nunca ha tenido una idea de ciudad. Solo la ausencia de un proyecto alternativo y una estrategia muy potente de marketing político le permitieron vender como un modelo lo que era únicamente el resultado de una serie de transacciones económicas en el territorio. Ya el término "operación" denota la ausencia de un proyecto unitario en el que se inscriben todas las decisiones e intervenciones que lo integran.  

Una de las actuaciones más simbólicas de esta forma de hacer ciudad es la llamada 'Operación Canalejas'. Este complejo formado por ocho edificios había sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2012. Sin embargo, solo un año después, el gobierno de Ana Botella aprobó una polémica modificación del Plan General para aumentar la edificabilidad del conjunto y permitir la agrupación y unificación de los espacios interiores de todas las edificaciones, con el fin de facilitar la implantación de un hotel y un gran centro comercial.

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El reto de captar fondos independientes

Imagen de archivo: Astrid, matrona de MSF entra en una embarcación de la Guardia Civil española, con un bebé recién nacido en una embarcación en el Mediterráneo.

La independencia financiera es parte fundamental de la identidad de Médicos Sin Fronteras (MSF) porque eso nos permite evaluar las necesidades de las poblaciones más vulnerables y decidir qué asistencia debemos proporcionarles, sin estar condicionados por los intereses políticos, económicos o religiosos de los países donantes de fondos u otros grandes financiadores. En este sentido, cabe destacar que, en junio de 2016, MSF anunció su renuncia a los fondos públicos de la UE y sus Estados miembros (incluyendo España), en protesta por su dañina política migratoria.

Actualmente, el 95% de nuestros ingresos son de origen privado, procedentes de las aportaciones de casi seis millones de socios y colaboradores particulares en todo el mundo, de los cuales 500.000 provienen de España. Estos donantes regulares son clave para garantizar la sostenibilidad de nuestros proyectos de asistencia humanitaria y su apoyo constante permite activarnos de forma rápida ante emergencias, sobre todo las menos mediáticas.

Entre las estrategias que implementamos para llegar a nuevos donantes, desde hace diez años se encuentran los trabajadores de diálogo directo en calle, también conocidos por el término anglófono Face to Face (F2F). Esta vía nos permite tener miles de conversaciones a diario con gente de distintas ciudades españolas, para dar a conocer nuestro trabajo y acercar a la sociedad la realidad de las poblaciones más vulnerables. A través de estos trabajadores recabamos alrededor del 20% de nuestros ingresos, que destinamos en su mayoría a proyectos en terreno: hospitales en el norte de Siria, campañas de vacunación en República Centroafricana y tratamiento del cólera en Yemen, entre otros muchos.

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La libertad de elección de centro

Clase de un colegio.

Posiblemente muchos ciudadanos y ciudadanas se pregunten a qué se ha dedicado estos últimos meses la Subcomisión de Educación creada en el Congreso de los Diputados para trabajar en un acuerdo educativo. Más de 80 comparecientes, representantes de la Comunidad educativa, colectivos relevantes y expertos en diversas áreas de innovación y educación han compartido su visión y propuestas para la mejora de nuestro sistema educativo. Han sido muchos los retos planteados en la Subcomisión que no ha llegado todavía a su fin.

Estos meses, el debate político educativo se ha centrado en el futuro, en diagnosticar para mejorar, y en este objetivo hemos trabajado los distintos grupos parlamentarios. Y lo hemos hecho desde la búsqueda de los mejores diagnósticos y las propuestas fundamentadas en apreciaciones sólidas y rigurosas.

Sin embargo, el PP ha roto la imprescindible lealtad política e institucional con el registro de una Proposición no de Ley en el Congreso que viene a denunciar las decisiones de varios Gobiernos Autonómicos socialistas que han decidido cerrar líneas o unidades concertadas. La proposición llega aún más lejos dejando entrever una causalidad ideológica que busca deliberadamente poner en riesgo la viabilidad de dichos centros concertados, vulnerando la libertad de enseñanza y como consecuencia la libertad de elección de centro.

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