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El billete único intermodal: una reivindicación ciudadana

Imagen de archivo del Metro de Madrid.

Casi 200.000 personas han apoyado el billete único intermodal de transportes en la consulta ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Ha sido la propuesta con mayor respaldo, gracias al 94% de votos favorables. Pero no solo ha sido la ciudadanía madrileña la que ha impulsado este cambio. También en la Asamblea Regional fue aprobada una proposición similar para la creación de un billete único, con el respaldo de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Ahora la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y su consejero de Transportes, Pedro Rollán, han salido prestos a negar esta posibilidad, que ni siquiera se plantean estudiar.

Barcelona, Valencia, Lisboa, Roma, Bruselas, entre otras muchas ciudades, han implantado el billete único; y otro buen número, soluciones que favorecen la intermodalidad. En Madrid, esta está cubierta para los usuarios frecuentes con el abono de transportes, pero para el resto el transbordo entre los diferentes modos está penalizado, encareciendo su vida diaria y favoreciendo el uso del vehículo privado.

La inmensa mayoría de los desempleados y desempleadas, a las que no cubre el bono transporte para parados de Cristina Cifuentes, o aquellas personas a las que no les sale rentable adquirir un abono mensual por sus hábitos diarios pero necesitan desplazarse o les gusta salir a disfrutar de su ciudad se ven disuadidos del transporte público.

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Las trampas de las reformas de la Ley Mordaza

Cabecera de la manifestación contra las leyes "que amordazan". Madrid, 14 de febrero de 2015. \ Disopress

En los últimos meses se suceden los intentos por tomar la iniciativa de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza por excelencia, y apuntarse el presunto tanto de acabar con una ley que cuenta con el rechazo de más del 80% de la ciudadanía.

Desde la  Plataforma No Somos Delito formada por más de 100 colectivos y organizaciones sociales, hemos estado siguiendo de cerca  este proceso y nos preocupa que ninguno de  los textos alternativos presentados por PSOE y PNV recojan una regulación garantista del ejercicio de los derechos fundamentales.

En definitiva, nos enfrentamos al riesgo de que se consume la trampa de cambiar algo para que todo siga igual, evitando además entrar en un debate sereno, profundo y articulado con todos los actores sobre el concepto de seguridad ciudadana y las necesidades reales de legislación

Para ayudar a que esto no suceda, queremos informar a la ciudadanía de las cuestiones que más nos preocupan sobre dichas propuestas de ley en este artículo, que es el resultado de un profundo trabajo de  análisis de ambas reformas realizado por un grupo de más de 20 juristas y ciudadanía en general.

1. Justificación de las reformas

A pesar de que  PSOE alude en su exposición de motivos a la amplia contestación social como el principal motivo de necesidad para reformar la ley vigente, sin embargo, su propuesta de derogación combina lo peor de la Ley Mordaza y de la Ley Corcuera, más conocida esta última como Ley de Patada en la Puerta (LO 1/1992). Y esto, sumado a que el texto presentado por el grupo socialista sigue abusando del uso de conceptos jurídicos indeterminados y genéricos, que dificultan la definición del ámbito de aplicación de esta ley, lo que nos dejaría de nuevo ante una situación de indefensión frente a la norma, una de las principales críticas sociales a la ley vigente.                

Por su parte, el PNV anuncia  en su exposición de motivos  una ampliación del derecho de huelga y los derechos y libertades de los extranjeros en España (derogación de las devoluciones en caliente incluida). Pero, si continuamos la lectura del texto, descubrimos que ¡no se incluyen tales cambios!, ya que dichos conceptos no aparecen desarrollados en  su articulado.

2. ¿Una ley de seguridad ciudadana para proteger los derechos de las personas?

Nos preocupa mucho la noción de seguridad ciudadana que manejan  las reformas presentadas tanto por el PSOE como el PNV.

En el caso del PNV, se coloca en el mismo plano la protección de los derechos fundamentales y la de los bienes, entendiendo la esfera pública como un espacio de "uso y disfrute públicos" y no como un espacio para el libre ejercicio de derechos, concepción que se aleja mucho de lo que necesita la ciudadanía y de la defensa de los derechos fundamentales. Además de que esta reforma mantiene en su definición de seguridad ciudadana conceptos jurídicos indeterminados como "tranquilidad y convivencia ciudadanas", que amplían el margen de discrecionalidad a la hora de aplicar dicha ley.

Por su lado, el PSOE mantiene el mismo prisma que el PP sobre seguridad ciudadana confundiendo este concepto con el mantenimiento del orden público; además, de que no introduce en el texto ninguna definición. La única definición posible que encontramos en el texto sobre la noción de seguridad ciudadana es la referente a la finalidad de aplicación de la ley destinada a “asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como la de prevenir la comisión de delitos y faltas”. Definición que usa de nuevo conceptos jurídicos genéricos, volviendo a la inseguridad jurídica que esto supone para la ciudadanía.

3. Home Sweet Home: regitros domiciliarios.

En esta ocasión el PNV pierde una preciosa oportunidad para regular de manera más garantista este apartado de registros domiciliarios, ignorando de nuevo que, salvo casos de autorización u orden judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sólo deben intervenir en domicilios particulares en supuestos tasados.

Es aun peor en este punto la propuesta del PSOE, que, en el Capítulo 3, recoge la posibilidad de entrada y registro en domicilios en diferentes supuestos, algunos de los cuales son competencia municipal y podrían ser usados para facilitar desalojos ilegales. Se incluye, además, una potestad de entrada en edificios de entidades públicas sin necesidad de autorización previa que, nuevamente, puede ser utilizado como excusa general para desalojar actos de protesta. En este mismo capítulo, recupera la posibilidad de realizar controles en la vía pública o en carretera para "el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social", sin describir a qué supuestos se refiere.

4. Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)

Respecto a evitar arbitrariedad en las actuaciones de los funcionarios públicos en la propuesta registrada por el PNV, el texto no especifica los supuestos en los que está justificada esta intervención. Los criterios propuestos para delimitar su actuación van desde el amplio marco de los "indicios" de participación y el vago espectro de que “se considere razonablemente necesario".

Tanto PNV como PSOE pierden la oportunidad de regular de manera más garantista los supuestos en los que se puede requerir la documentación a fin de evitar controles de identidad discriminatorios y la posibilidad de regular con rigor los derechos que asisten a la persona "retenida" para ser identificada. Respecto de los principios que deben regir la actuación de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana, el PSOE destaca la “cooperación y la lealtad institucional”, omitiendo otros principios esenciales para la protección de nuestros derechos como la legalidad, la igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad y responsabilidad.

Procede señalar que ambas propuestas mantienen, además, el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad. Resulta preocupante comprobar cómo en un procedimiento tan poco garantista como es el sancionador se insiste en no revisar una previsión que supone, de facto, una pérdida de posibilidades del derecho a la defensa.

6. Mantienen o incrementan los supuestos de infracciones

La propuesta del PNV mantiene 3 de las 4 infracciones muy graves, eliminando la sanción por  manifestaciones frente infraestructuras en las que se presten servicios básicos para la comunidad,  salvo en el supuesto en que la intrusión en las mismas produzca “una interferencia grave en su funcionamiento”, un término ambiguo que no es precisamente exculpador.  De las infracciones graves, el PNV mantiene 7 de las tipificadas en la actual Ley Mordaza. En el caso de las multas por obstrucción a la autoridad, como son las protestas por desahucios, el PNV, por un lado, elimina de este supuesto la figura de las autoridades judiciales, pero, por otro lado, mantiene  la figura de las autoridades administrativas, con lo que se podrían seguir sancionado las protestas por desahucios de vivienda municipal y autonómica que ahora son particularmente frecuentes. Además mantiene 10 de las 17 infracciones leves, lo cual resulta preocupante, ,,entre ellas, la sanción por falta de respeto a agentes de las FCSE, responsable de miles de multas infundadas desde que entró en vigor la actual ley. .

En la proposición del PSOE se incrementan de 4 a 11 el número de infracciones muy graves y desaparece solo una infracción. En cuanto a las infracciones graves, el PSOE reproduce 11 de las infracciones existentes e introduce 7 nuevas en su mayoría relacionadas con el uso y gestión de establecimientos y locales. De las infracciones leves mantiene 6 e incorpora 5 nuevas infracciones además de numerosos conceptos jurídicos indeterminados, como la alteración seguridad colectiva, actividades con trascendencia para la seguridad, etc.

Por último, otra cuestión que preocupa mucho es el Registro Central de Infracciones contra la seguridad ciudadana, o listas negras de infractores, que quedaría derogado por parte del PSOE, pero sin especificar qué pasará con los datos ya existentes en el registro, y que se mantiene vigente en el caso del PNV.

7. Derecho a la protesta

El PSOE mantiene 3 infracciones muy graves referidas al ejercicio del derecho de reunión y rescata de la Ley Corcuera las sanciones por la provocación de reacciones en el público que alteren la seguridad ciudadana, extendiendo la responsabilidad del individuo a las reacciones de terceras personas. Además, añade otra infracción muy grave, como la de causar desórdenes graves en vías públicas y daños graves a los bienes públicos. Entre las leves, introducen 3 nuevas infracciones: la desobediencia a agente de la autoridad, la alteración de la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías públicas. Y mantiene además la infracción por la celebración de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público (artículo 26 j), lo que nos llama poderosamente la atención ya que precisamente este fue uno de los artículos  de la Ley Mordaza (37.1) que recurrieron ante el Tribunal Constitucional.

El PNV introduce una disposición final que modifica la Ley reguladora del derecho de reunión, posibilitando la celebración de manifestaciones espontáneas y pacíficas en supuestos de urgencia, una reivindicación ciudadana constante, así como una exigencia por parte de la jurisprudencia europea. Pero, respecto a la responsabilidad de los promotores u organizadores de manifestaciones o concentraciones, mantienen exactamente la misma regulación que la ley vigente.

8. Criminalización de la pobreza

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Lo que nos cuenta Bernie Sanders

El precandidato del Partido Demócrata, Bernie Sanders, en una imagen de archivo

Estas pasadas Navidades, alguien que me conoce y me quiere bien, me envió desde tierras del Brexit la recién publicada obra autobiográfica de Bernie Sanders: “Our revolution: a future to believe in”. Confieso no ser un fanático de este tipo de obras, que más que para transmitir ideas, suelen estar pensadas para otros fines. Tras leerlo, creo que no es éste el caso.

Es cierto que más parece un refrito de textos escritos autónomamente, lo que en ocasiones hace que algún párrafo se repita literalmente, pero tiene un indudable marchamo de autenticidad, destila un agradable sentido del humor y además ayuda verdaderamente a entender la realidad sociológica norteamericana y el porqué de Trump.

Primera lección: en este mundo globalizado, los problemas de las democracias son similares. Pese a las teóricas diferencias en cuanto a modelo, la mayor parte del diagnóstico es transplantable a nuestro delicado modelo de bienestar. Sanders ilustra muy bien la evolución en el reparto de la renta entre las clases más privilegiadas y la otrora orgullosa clase media americana, evidenciando el punto de inflexión en desigualdad a partir de la desregulación de Reagan. En todo el mundo, el capitalismo rompió el pacto de reparto con las clases medias a partir de los 80, como cuenta muy bien el economista Manuel Escudero. A partir de ahí, hemos llegado a este punto de desequilibrio, que ha minado el significado de nuestras instituciones y que va camino de convertirse en distopía. “No cometan ningún error”, dice Bernie, “el pastel de la economía ha seguido creciendo, es solo que los pobres y las clases medias están quedándose con porciones cada vez más pequeñas”.

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De muros, mantas y criminalización de la pobreza

Numerosos viandantes se paran en los numerosos puestos ambulantes informales situados en la Calle Preciados cerca de la Plaza Mayor.

El mundo está cada vez más agrietado de muros y de vallas. No hay ninguno de ellos, desde el muro entre EEUU y México –que, por cierto, empezó a construirse en 1994–, hasta las vallas de Ceuta y Melilla, pasando por el Brexit, los muros de Cisjordania, o las paredes eslovacas, que no haya sido erigido con el propósito de mantener alejada a la mayoría de la población del acceso a derechos universales de los que una minoría disfruta.

Estamos hablando de derechos fundamentales como el derecho a la vida y para sostenerla, claro, a la alimentación, a la salud o a la educación. Cada rincón de la tierra parece disponer de un "sur" particular del que extraer recursos, desde la mano de obra barata al coltán congolés pasando por el pescado de las costas mediterráneas. Así, mientras los sures se expanden en un mundo cada vez más desigual, los nortes menguan y devienen miedosos y paranoicos.

Como siempre es más fácil ver la valla en el ojo ajeno que la inmensa muralla en el propio, en los últimos días personas relevantes del mundo de la política o de la cultura, así como cientos de periodistas de muchos países europeos han realizado vehementes declaraciones –y no es para menos– en contra de las decisiones adoptadas por Trump en sus primeros días de gobierno. La indignación se ha dirigido, en concreto, contra el muro de separación entre México y Estados Unidos (que, como se dijo más arriba, fue una idea de la administración de Bill Clinton) y el veto de entrada a las personas provenientes de siete países de mayoría musulmana durante tres meses.

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El "giro copernicano" del Gobierno de Rajoy en violencia de género

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Mariano Rajoy, en una imagen de archivo.

El 23 de Febrero El Mundo publicó una noticia titulada "Interior entrevista a asesinos por violencia machista para detectar un 'patrón de conducta". Según se explicaba, se trataría de conocer en qué momento y por qué en la mente de un hombre "se pasea el pensamiento" de matar a su pareja o expareja (sic). Con ese fin van a ser entrevistados 200 condenados por violencia machista para tratar de detectar "un patrón de conducta que permita establecer potenciales agresiones a mujeres". Con el material conseguido trabajarán en "el diseño de un formulario de valoración policial de riesgo de feminicidio".

Pues bien, esta investigación se pondrá en práctica después de que en los primeros 62 días del año haya habido ya 16 mujeres asesinadas por violencia de género, según las estadísticas oficiales. Por lo que se desprende de esta información, resulta que las causas de este tipo de violencia hay que buscarlas en el interior de cada asesino, quien debe narrar al "experto" lo que pasó por su mente en el momento del asesinato. ¿Y por qué no cuando la maltrató psíquicamente o la agredió sin llegar a matarla?

Me pregunto: si el asesino machista después de hurgar en su mente llega a la conclusión de que se vió turbado por un "trastorno mental transitorio", ¿será eso un eximente? Porque no creo seriamente que el asesino confiese que a las mujeres no suficientemente sumisas hay que matarlas.

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La arquitectura española premiada con el Pritzker: acero y lentitud local

Laboratorio Barberi (Olot, Girona) / Foto:Hisao Suzuki.

Hasta la localidad gerundense de Olot, llegan desde hace años jóvenes estudiantes de todas partes del mundo para conocer de cerca la obra y el peculiar modo de hacer de tres arquitectos catalanes, Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta, fundadores del estudio RCR. Al recibir el pasado miércoles el premio Pritzker, el más importante del mundo en el terreno de la arquitectura, se veían desbordados también con las repentinas visitas y llamadas de la prensa internacional.

No es la primera vez que este galardón se concede a un arquitecto español. Rafael Moneo lo había obtenido el año 1996. Sin embargo nunca antes el premio Pritzker había sido otorgado al trabajo conjunto de tres arquitectos. En el caso del estudio RCR se debe al mérito de haber construido un diálogo de una riqueza polifónica ininterrumpida desde hace casi tres décadas. Una labor cuyo resultado mantiene, no obstante, una "personalidad" que trasciende a la de cada uno de sus integrantes.

Resumir los valores de este peculiar estudio catalán no permite dejar de lado tres aspectos clave para entender su singularidad: el lugar, la materia y el tiempo. O dicho con mayor precisión: su relación con Olot, el acero y la lentitud.

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Veintiuna mujeres muertas, ¿fallos del sistema?

Una mujer camina junto a un cartel contra la violencia de género durante una manifestación.

Cinco mujeres asesinadas en cuatro días, veintiuna en lo que llevamos de año (16, según las cifras del Ministerio de Sanidad); "fallos del sistema", le llaman.

Al menos dos de las últimas mujeres asesinadas, en Gandía y Santa Perpetua de la Mogoda, tenían concedidas una orden de protección, y ahora el debate público se ha instalado en la eficacia de estos instrumentos jurídicos, olvidando que la protección de las mujeres no se limita a las órdenes de alejamiento, sino que es un concepto mucho más amplio y complejo; olvidando que el sistema jurídico es fruto del sistema patriarcal, que es el que falla y el que mata.

No nos sirven las palabras de consuelo, ni las subcomisiones de trabajo, ni los minutos de silencio de las instituciones, BASTA YA, queremos hechos, prevención, sensibilización, políticas y recursos. Que no se llenen la boca de condenas estériles contra la violencia machista quienes mantienen recortes indignantes en políticas de prevención y de igualdad y no adoptan las necesarias medidas de protección y seguridad de las mujeres supervivientes.

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Medicamentos, precios e investigación: pacientes delante de patentes

Imagen de archivo.

Desde que la constitución de la Organización Mundial del Comercio y su Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) sentaron las bases del actual sistema de patentes, éste se ha mostrado poco efectivo a la hora de desarrollar innovaciones centradas en las necesidades de la población, así como ineficiente e injusto por la centralidad del beneficio económico en el sistema actual de innovación biomédica.

En efecto, los precios no reflejan ni el valor terapéutico del producto ni los costes de I+D, sino que vienen fijados por criterios de marketing. Parece evidente que la forma de fijar los precios de un medicamento, cuya función, no lo olvidemos, es salvar vidas, no debería obedecer a los mismos criterios que otros mercados de bienes o servicios como el de televisores o muebles. Existe en definitiva un abismo moral entre el precio de un medicamento y el coste de su producción, reconocido incluso por algunos altos ejecutivos de la industria como Mike Kelly, CEO de Kantar Health: "El coste de producción de un medicamento es ínfimo en comparación con su precio de mercado".

En los últimos años, el sistema fallido de innovación biomédica, que antes parecía afectar solamente a los países de rentas medias-bajas y bajas, ha comenzado a afectar también a los países de rentas medias-altas y altas, con el claro ejemplo de los nuevos medicamentos de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C, o los nuevos medicamentos antitumorales, cuyos elevados precios ponen en riesgo la sostenibilidad y la solvencia de los sistemas sanitarios públicos de estos países.

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Las elecciones francesas (II): Fillon, un sepulturero para la derecha

El candidato del centroderecha a las elecciones francesa, François Hollande.

El número del 1 de febrero de 2017 de la revista Valeurs Actuelles, de derechas, traía en portada un retrato de François Hollande, vestido de negro y fusil en mano. Titular: "El liquidador" o, si se prefiere, mejor traducción sería el sepulturero de Francia. Lo mismo sería aplicable a François Fillon sobre la derecha: él se ha transformado en el sepulturero de la derecha francesa. Motivo: su impresentable apego al dinero… de los demás. Es decir, por cómo ha remunerado a su familia, a costa del Estado y para empleos ficticios.

Pobres derechas e izquierdas "de gobierno". Porque alguno ha hablado, en vistas a la historia de la socialdemocracia que desde siempre la izquierda socialista ha respirado traición: como cuando Jean Jaurès "edulcoró" el programa de Jules Guesde, Léon Blum el de Marceau Pivert y Jean Zyromski y François Mitterrand el de J. P. Chevènement, François Hollande el de Arnaud Montebourg y M. Aubry.

Pero esto no es una especificidad francesa. ¿Acaso no traicionó Hollande, pero antes Tony Blair y antes Gerhard Schröder y antes Felipe González y antes Bettino Craxi y también Mario Soares y François Mitterrand, como hemos visto? ¡Pues otro tanto ha pasado con la derecha francesa (cuestión, Francia, que ahora nos ocupa a pocos días de las elecciones)!

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La infancia y adolescencia trans existen, un autobús no nos va a parar

Imagen de archivo de un acto con la bandera del colectivo LGTBI.

Hay quien defiende esa teoría que asegura que, una mentira repetida muchas veces acaba convirtiéndose en una verdad, como recordábamos desde la página web de Chrysallis. Y, aunque la mentira sea ridícula y carente de cualquier base, hay organizaciones que no dudan en seguir dándole duro, invirtiendo su dinero (o el de las incautas personas que hacen donaciones y las sociedades no tan secretas que están detrás) y su tiempo en intentar adoctrinar a quien se les ponga a tiro.

Esto mismo es lo que ha sucedido esta semana, cuando una asociación de sobra conocida por sus acciones sin sentido en contra de los derechos fundamentales de diversos colectivos, ha decidido sacar a la calle y pasear por diferentes ciudades del estado un autobús pintado de naranja (muy apropiado utilizar el color corporativo de nuestra asociación) cargado con mensajes tránsfobos y excluyentes.

La campaña no ha tardado más que unas horas en tener repercusión a todos los niveles, pero ¿realmente han alcanzado el objetivo que perseguían? No es la primera vez que hacen algo similar (recordemos el envío masivo de panfletos propagandísticos a los centros educativos incluyendo imágenes del material didáctico de Chrysallis EH) y nos quedamos con el regustillo de que pareciera ser que algo no les fue bien del todo.

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