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¿Es neoliberal defender el trabajo sexual?

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Manifestación de prostitutas bajo el lema 'Madrid me multa', el 15 de febrero de 2014. Fotografía de Johannes Mahn.

La última estrategia de descrédito hacia quienes abrazamos la posición pro-derechos, en materia de prostitución, es la de tildarnos de neoliberales. Parece mentira, pero esta acusación en gran medida descansa en que aceptamos el consentimiento de quienes manifiestan ejercer por decisión propia el trabajo sexual. Se debe, entonces, a que respetamos la decisión de ejercer, a que no cuestionamos la libertad individual como argumento, a que no impugnamos los testimonios y la voz de las prostitutas por decisión propia.


1. Cualquier decisión se encuentra, inevitablemente y de entrada, condicionada por estructuras de opresión y condiciones materiales. Además, según cuántas y cuáles sean las estructuras que atraviesen a cada persona y su intersección, el abanico de opciones de cada decisión será más o menos limitado. Ya se sabe que no es lo mismo ser una mujer blanca cis de nacionalidad española que una mujer negra trans migrante. Ahora bien, que toda elección se encuentre de base condicionada no es lo mismo que decir que está determinada por dichas estructuras. Por tanto, aunque no sea del todo preciso hablar de elección (porque estrictamente hablando nadie es libre), sí de decisión y de capacidad de agencia.

Lo curioso de este tipo de argumentos que buscan rechazar la validez del consentimiento es que solo surgen en torno al trabajo sexual: ¿por qué?, ¿qué diferencia al trabajo sexual de otros trabajos? Un ejemplo: trabajar en una mina con exposición al amianto puede recortar de 15 a 20 años la vida de la persona trabajadora y desencadena frecuentemente en varios tipos de cáncer. Es una profesión de alto riesgo y, sin embargo, no existe un movimiento por la abolición de la minería ni artículos que impugnen la decisión de ejercerla, sino una lucha obrera por el reconocimiento de una legislación diferente vinculada a los problemas de la profesión.

¿Qué distingue a la prostitución de la minería?: el estigma. Un estigma que no solo tiene que ver con la discriminación y la moral sexual interiorizada, sino también y principalmente con la construcción del género femenino, sus límites y fobias. Hablar de estigma es hablar de feminismo, pero eso daría para otro artículo.

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El desarme de ETA

El anuncio de que ETA consumará el próximo 8 de abril su desarme unilateral e incondicional con la localización de los zulos en los que esconde su armamento es la decisión más trascendental desde que hace cinco años anunciara el “cese definitivo” de la violencia. El prolongado impasse de la organización terrorista no ha tenido otro objetivo que intentar involucrar en la operación a los gobiernos español y francés, en una especie de armisticio que otorgase cierto decoro a la evidencia de su derrota. Solo así se explica que una organización terrorista que decidió dejar las armas en octubre de 2011 haya tardado más de un lustro en anunciar su entrega. ¿Si no las iba a utilizar, para qué las necesitaba?

El Gobierno de Mariano Rajoy, que defiende a machamartillo la derrota policial de ETA, se ha negado desde entonces a aceptar una suerte de escenificación pactada del fin de la banda, y su homólogo galo ha refrendado sin fisuras las decisiones adoptadas desde Madrid. Así las cosas, la organización terrorista no tenía otra salida que prolongar sine die la situación de bloqueo, con riesgo de que fuese la propia policía la que incautara sus arsenales, o dar un paso al frente, como ha hecho. Una decisión a la que ha contribuido el Ejecutivo vasco, que, si en diciembre de 2014 se ofreció como dinamizador del proceso de desarme y recibió el desaire de la organización, ahora ha jugado un papel activo en el mismo. Las palabras del lehendakari Íñigo Urkullu, asegurando haber estado directamente informado de la iniciativa y haber colaborado en la misma dan cuenta de ello. La disposición de su gobierno a contribuir en el final ordenado de la banda es la constatación de su voluntad de implicarse en el paso definitivo que aún le queda por dar a ETA: el anuncio de su disolución.

El inmovilismo de Rajoy durante estos cinco años de ausencia de violencia se ha visto afianzado por relevantes operaciones policiales que se han saldado con la detención de los principales dirigentes de la banda (Izaskun Lesaka, David Pla, Iratxe Sorzabal y Mikel Irastorza, entre otros) y la incautación de importantes arsenales de armas (los últimos en octubre y diciembre de 2016 en Francia) cuando la organización terrorista preparaba la escenificación de su entrega. La última de estas operaciones, llevada a cabo el 16 de diciembre, concluyó con la detención de varios intermediarios civiles en quienes la banda había depositado el protagonismo de su desarme, uno de los cuales, Jean Noël Etcheverry, ha anunciado ahora la inminencia del mismo.

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Que viene el lobo

El ultraderechista Geert Wilders.

Los Oráculos de Astrampsico es un libro de adivinación cuyos orígenes pretenden remontarse a un misterioso mago egipcio del siglo IV a.C. y que parece haber causado furor en el Imperio Romano. El sistema se basa en una serie de preguntas y unas sencillas operaciones matemáticas, que remiten unas respuestas determinadas. Las preguntas versaban sobre amor, sobre la propia supervivencia ("¿he sido envenenado?"), e incluso sobre la promoción política del demandante ("¿seré consejero?"). Parece un método sencillo, pero como buen oráculo que se precie, en ocasiones las interpretaciones podían ser muy enrevesadas.

Como también, habría que ver la cara de aquel al que el oráculo le respondía "sí" a la pregunta "¿llegaré a ser obispo?" –pregunta real que se introdujo en época cristiana, para que veamos cuáles eran las preocupaciones–, para añadirle a continuación un "pero te arrepentirás". Así lo que en ocasiones parecía una buena noticia, se tornaba en una broma del destino, por lo demás todo muy de tragedia griega.

Pareciera que el PvdA (el Partido del Trabajo, partido laborista holandés) hubiera usado un método similar para entrar a formar gobierno con el derechista-liberal VVD, haciendo así primer ministro a su líder Mark Rutte. El oráculo le dijo a los laboristas que sí, que formarían gobierno de "gran coalición", solo que en este caso no debieron de esperar al "pero te arrepentirás".

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Alivio, reflexión y esperanza

El primer ministro holandés, Mark Rutte.

Después del suspiro de alivio al constatar que el Partido de la Libertad del racista Wilders no ganó las elecciones celebradas esta semana en los Países Bajos, no conviene despreocuparse ante la evidencia de que la derecha avanza y la izquierda retrocede.

La lectura de los resultados electorales holandeses no es sencilla ya que su sistema de partidos es muy fragmentado; hasta 13 formaciones políticas han logrado representación parlamentaria y la complejidad aumenta si observamos su diversidad: conviven partidos de carácter religioso con otros que representan a los mayores de 55 años o un partido multicultural de perfil socialdemócrata.

Esta cohabitación de clivajes políticos de diferentes épocas en la historia del país es comprensible en el contexto de un sistema electoral proporcional. La novedad del escenario que han dibujado los resultados de estos comicios es la recomposición en el bloque de la derecha (que aumenta tres diputados) frente a una pérdida neta de diputados en el bloque de la izquierda.

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Impuesto al sol en España: ¿para qué sirve el Parlamento?

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Paneles solares, en una imagen de archivo.

Somos muchos los que, a raíz de los últimos resultados electorales, confiábamos en que la mayor fragmentación del Congreso de los Diputados condujera a una legislatura donde el pacto fuera la tónica dominante. Se abría un nuevo escenario muy distinto al de las abultadas mayorías vistas con anterioridad que, en la práctica, ninguneaban permanentemente al Parlamento aplicando el rodillo del que gozaban los Gobiernos respaldados por mayorías absolutas.

Nos faltaba conocer el artículo 134.6 de la Constitución. Ese que permite al Gobierno vetar cualquier iniciativa legislativa del Parlamento cuando esta tiene impacto en los Presupuestos Generales del Estado.

Como es fácil imaginar, casi cualquier norma afecta de forma directa o indirecta a la recaudación de impuestos, por lo que el Gobierno puede hacer uso masivo de tan peculiar facultad en una suerte de secuestro permanente al Parlamento. Así ha ocurrido en más de dos decenas de proposiciones de ley en los escasos meses que llevamos de legislatura.

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Cuerpos de mujeres y derechos humanos: ¿qué debate?

Solo Ciudadanos aboga abiertamente por el derecho a alquilar el útero de una mujer para uso reproductivo, pero en todos los partidos políticos encontramos líderes que nos obsequian con la expresión "hay que abrir el debate". Así lo ha declarado el reciente Congreso del PP, y muchos medios de comunicación se han lanzado a la tarea a bombo y platillo.

En este debate, la referencia principal parece ser el deseo, convertido en un supuesto derecho, de alquilar cuerpos de mujeres como vasijas para gestar óvulos y/o espermatozoides; y la ausencia principal es el deseo y los derechos de las mujeres objeto de esa operación. La pretensión de los arrendatarios es que se reconozca validez legal a los contratos privados por los que las madres se comprometen a entregar a sus futuros bebés; que se permita la reproducción asistida consecuente; y que los arrendatarios se consideren los padres de los bebés a todos los efectos desde el mismo momento de la firma, incluyendo la futura inscripción a su nombre en el registro civil, e independientemente de la voluntad posterior de la madre. Son muchas cuestiones, relacionadas pero diferentes.  

Junto a la afirmación "¡son nuestros hijos!", nombre que hábilmente han elegido como nombre de su asociación, aparecen idílicas imágenes de niños. Esconden así el problema de cómo los han adquirido. Si comprar niños no es legítimo, ni por tanto legal. ¿Por qué debería serlo comprarlos en un mercado de futuros?

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Abusos sexuales en la Iglesia: no dar la espalda a las víctimas

El padre Román, único procesado en el caso conocido como Romanones, en la Audiencia de Granada.

Las noticias sobre el juicio al acusado de cometer abusos de menores en la Diócesis de Granada han puesto sobre la mesa una vez más el problema de los abusos sexuales en instituciones religiosas. Si observamos los pronunciamientos que efectúan algunos representantes eclesiásticos en ocasiones como ésta nos podemos percatar de lo fácil que es caer en la tentación de minimización o incluso de la negación, reduciendo el problema a comportamientos individuales que pueden suceder en toda clase de grupos sociales o instituciones. Sin embargo, frente a tan cómoda actitud mental existe también la posibilidad de optar por el coraje y la sensatez que llevan a ver la realidad del bosque, no sólo la de los árboles. Quienes quieran saber deberían prestar atención a lo que hoy en día se conoce ya sobre el problema y a las decisiones adoptadas por la Iglesia católica en otros países.

Las primeras revelaciones de abusos sexuales cometidos por el clero surgieron en los Estados Unidos de América a finales del siglo pasado. En la actualidad empezamos a saber bastante más que entonces. Un estudio presentado en el Congreso europeo de criminología en 2016, basado en la revisión de 30 estudios publicados sobre el tema, presentó casos ocurridos en instituciones de la Iglesia católica con un total de 14.753 víctimas (79% de ellas de sexo masculino) y 9.495 abusadores (de los cuales  un 93% hombres). La Santa Sede reconoció como probados 3.420 casos que se habrían producido entre 2004 y 2013, aunque otras fuentes han apuntado que la cifra total de víctimas podría llegar hasta las 100.000 personas. No puede sorprender, pues, que un documento de la Iglesia católica en Irlanda calificara el abuso sexual como un problema "endémico".

En diversos países se han creado comisiones que han investigado la realidad, como la que en Australia ha examinado el abuso sexual en instituciones gubernamentales y religiosas. En Irlanda ha habido entre 2005 y 2011 cuatro comisiones de investigación  sobre abuso sexual en la Iglesia católica. También se han creado comisiones "ad hoc" en los Países bajos, Bélgica, Reino Unido y Austria. Algunas de ellas han emanado del Parlamento y otras han sido órganos internos de la Iglesia católica encargados de establecer procedimientos dirigidos a conocer los casos, exigir responsabilidades a los perpetradores y reparar a las víctimas. En 2014 la Conferencia de obispos católicos alemanes encargó a un equipo de expertos un estudio para determinar la extensión del fenómeno, descubrir cuáles las estructuras y dinámicas que favorecen el abuso y establecer medidas de prevención.

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Medidas contra la pobreza energética: más allá del bono social

Imagen de archivo.

Resolver el problema de la pobreza energética en España es no sólo una obligación moral y legal con los más de 5 millones (8% de los hogares) de personas que no pueden mantener su vivienda en condiciones adecuadas de temperatura ni usar energía para iluminarse o cocinar. Es además una oportunidad de mejorar el funcionamiento de nuestro sistema energético y cumplir con los acuerdos internacionales de lucha contra el cambio climático a los que nuestro país se ha comprometido.

Es una obligación moral porque afecta a los más débiles de la sociedad: a nuestros mayores (la pobreza energética es una de las causas de aumento de mortalidad causada por enfermedades cardiovasculares y respiratorias en personas de más de 60 años en invierno), a nuestra infancia y nuestra juventud (la pobreza energética provoca falta de concentración, ansiedad y depresión en este grupo de la población, lo que a su vez genera problemas de aprendizaje y retrasos en el colegio). Afecta más a las personas que viven en viviendas más antiguas, a los que tienen trabajos más precarios o están desempleados y a los hogares con un miembro de la familia enfermo. Afecta a las madres con menores a su cargo, es decir, a más de 1,7 millones de hogares en España. Solucionar la pobreza energética es construir una sociedad menos desigual y más cohesionada.

Pero es también una obligación legal. Lo dice la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del sector eléctrico. Lo dice la Comisión Europea en su último paquete de medidas sobre clima y energía. En ambos casos se habla de la necesidad de definir adecuadamente el concepto de consumidor vulnerable de pobreza energética y de desarrollo normativo para paliar el problema. En esta línea, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2016 en diciembre del año pasado, que modifica los criterios que regulan el acceso al bono social e introduce algunas medidas que tratan de reducir el impacto de la pobreza energética. Se trata de un modesto primer paso. Sigue pendiente resolver el problema de los hogares que no pueden pagar la factura de electricidad. Además, no podemos olvidarnos del gas, que no está incluido en el bono social, y del que dependen muchas familias para cocinar y calentarse.

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Política, lobbies y maltrato animal

El pasado domingo el periódico La Razón se marcaba una portada con una enorme foto de un perro, y el titular "No al maltrato animal". Lo hacía precisamente destacando que este jueves se aprobará previsiblemente en el Congreso el Convenio europeo de protección de los animales de compañía. Podría pensarse que el hecho de que un medio tan descaradamente progubernamental lance esta campaña puede responder a que por fin se abre hueco en la agenda del Gobierno la protección animal, pero nada más lejos de la realidad. Y es que en esto, como en todo, la política juega un papel muy importante; pero el PP que gobierna es el que rebaja el IVA a la tauromaquia o pretende mantener como legal la amputación del rabo de los perros.

Vaya por delante que el Convenio europeo, que por fin se aprobará el jueves, es del año 1987. Es decir, nuestro país va a tardar nada menos que 30 años en ratificarlo para que entre en vigor. Este retraso además viene acompañado de una reserva que ha traído una enorme lucha en el Congreso: la reserva española a la prohibición de la amputación de la cola de los perros, recogida en el artículo 10 del Convenio.

Efectivamente, no solo se han tardado 30 años en ratificar el Convenio, sino que desde el Gobierno quiere hacerse de forma incompleta, eliminando un aspecto clave. Desde Unidos Podemos presentamos una enmienda contra esta reserva española, pero nos hemos encontrado con una oposición feroz a que se elimine. Nuestra petición de que, tal como establece el Convenio, se prohíba la amputación del rabo de los perros está siendo combatida con uñas y dientes por el lobby cazador, apoyado por el Partido Popular.

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Sin infancia, no hay futuro

Imagen de archivo. / Edu Bayer

Cada vez más estudios en el mundo demuestran hasta qué punto todo lo que pasa en la infancia, sobre todo durante los primeros años, marca a la persona para bien o para mal. Los problemas que no se solucionen en esa fase, las oportunidades de desarrollo que se dejen pasar, afectarán directamente a las posibilidades futuras de esos niños y niñas y sus familias. Pero, además, suponen un gran coste futuro para las arcas públicas y las sociedades en la forma de programas compensatorios y gestión de la convivencia en la escuela, gasto en desempleo, delincuencia, problemas de salud en la edad adulta, y un largo etcétera. Se sabe, por tanto, que la inversión en este grupo de edad es la más rentable con diferencia. Mientras en países muchos más pobres que el nuestro ya se está tomando conciencia de esto, y se están adoptando las medidas necesarias, en España continuamos mirando hacia otro lado.

En cualquier lugar del mundo, una niña que nace en una familia de renta baja lo va a tener de entrada mucho más difícil en la vida que una nacida en una familia de renta media-alta. En eso no somos especiales. Posiblemente la primera tendrá que lidiar con las dificultades de sus padres desde muy pequeña, no sólo en la forma de carencias materiales, sino también emocionales y psicológicas. También se verá afectada por la falta de expectativas que su entorno tiene sobre ella.

Pero estas desigualdades son injustas e ineficientes: conducen a sociedades menos cohesionadas y en las que se derrocha el talento y potencial de los menores que viven este tipo de situaciones. De ahí que sea necesaria la intervención estatal para corregirlas, a través de las políticas y servicios públicos. El papel del Estado debe ser garantizar que las oportunidades de los niños en el futuro dependan de su propio esfuerzo y capacidades, y no de dónde vienen o dónde nacen. Así es en la mayoría de países de Europa. Pero, de nuevo, no en España, donde las historias de éxito escolar y personal de muchas de estas niñas son cada vez más difíciles de encontrar.

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