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Una Università di merda

Fernando Suárez, rector, en su toma de posesión ante el expresidente Ignacio González

Desde hace varias semanas es habitual que cada pocos días se conozca una nueva sospecha de plagio académico del actual rector de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, el profesor Fernando Suárez Bilbao. En el momento de escribir estas líneas hay robustos indicios de que se ha aprovechado burda y extensamente del trabajo de varios colegas pero también del realizado por un cónsul de Portugal, por los autores de una página web que promociona el recorrido en bici del Camino de Santiago y hasta de la publicación de un rabino. Aunque los hechos deben ser investigados con rigor y hasta sus últimas consecuencias, la actitud del rector y las pruebas publicadas en la prensa dejan lugar a muy pocas dudas.

En efecto, en una comunicación dirigida al Consejo de Gobierno de su Universidad, y que incluye varios errores gramaticales, el rector achaca las denuncias a una suerte de conspiración contra la propia Universidad: se escuda en que los "corta y pega" detectados son "disfunciones" atribuibles a que "se trabaja en equipo", se niega a aceptar que lo suyo sea un caso reiterado de plagio –con el peregrino argumento de que no había ánimo de lucro, desconociendo con ello las previsiones de la vigente Ley de Propiedad Intelectual– y, añadiendo sal a la herida, rechaza dar explicaciones a la sociedad que le paga un generoso sueldo mensual del que son parte relevante los complementos de investigación derivados de "sus" publicaciones.

¿Se imaginan que, por citar algunos ejemplos, la persona que dirige un importante hospital público hubiera cometido reiteradas malas prácticas en el ejercicio de su profesión? ¿O que lo hiciera quien está al frente de una empresa pública? ¿Podrían mantenerse en su puesto, escurriendo el bulto, sin que sus colegas, la Administración y, en general, la sociedad les exigieran, como mínimo, asumir responsabilidades y abandonar el cargo? Nos permitimos dudarlo.

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Mis padres de la Constitución

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La puerta del Sol de Madrid, durante la Marcha del Cambio convocada por Podemos el 31 de enero de 2015.

La primera vez que me fijé en la palabra Constitución fue escuchando cantar a mi padre. Haciendo sonar una vieja guitarra que le regaló Paco Luque, un compañero de la tercera galería de Carabanchel donde estaban los presos políticos de base (los jefes estaban en la sexta) entonaba mi padre una poco conocida estrofa del himno de Riego que dice: "Si Riego murió en el cadalso no murió como infame traidor, que murió con la espada en la mano, defendiendo la Constitución". No sabía nada yo entonces del heroísmo de nuestros militares liberales del XIX ni de la agitada historia de nuestro constitucionalismo.

Años después, estudiando segundo de BUP, empuñé por primera vez la Constitución del 78 como arma política. Acababa de ser elegido representante estudiantil en el Instituto Juana de Castilla de Moratalaz, y la dirección del centro nos impedía colocar carteles políticos aduciendo nuestra minoría de edad. Reuní a mis compañeros en casa y con mi madre, abogada en ejercicio, asesorándonos, estudiamos los artículos de la Constitución relativos a la libertad de expresión, reunión y asociación. Y allá que nos fuimos a la reunión del consejo escolar a decir que la Constitución estaba por encima de cualquier decisión de la dirección de nuestro instituto. Ganamos el derecho a pegar carteles pero no tanto por la Constitución y por nuestra oratoria persuasiva de entonces, sino por unos profesores y padres que valoraron nuestro esfuerzo y tenacidad contra una directora, a la sazón profesora de alemán, doña Rosa Recuenco, que defendió hasta el final que se restringieran nuestros derechos al tiempo que favorecía actos extra escolares del profesor de religión católica.

Poco después, ya siendo un adolescente enormemente politizado, conocí a Rafa Mayoral, quizá el mayor responsable de que me decidiera a estudiar la carrera de Derecho. El que fuera abogado de la PAH y hoy nuestro diputado, tenía a los 19 años aún más vehemencia que ahora y le recuerdo, con las pupilas encendidas, repitiéndome la clase de Derecho Constitucional que le habían dado, explicándome que el Derecho es fundamental para entender cómo funciona el sistema y que la Constitución es la expresión jurídica de la correlación de fuerzas.

Mi primer profesor en la facultad de Derecho de la Complutense fue el gran Pablo Santolaya Machetti. Recuerdo los maravillosos debates que favorecía en clase. Santolaya me dio mi primera matrícula de honor; decía que por mi madurez aunque hoy pienso que respondía más a mi pesadez. Me fascinaba el Derecho Constitucional entre otras cosas porque ofrecía enormes ventajas para entender muchas claves de la política que después explicábamos a los compañeros militantes que estudiaban otras carreras. De la profesora García Escudero, letrada de la Cortes, adquirí mis primeras nociones de Derecho parlamentario (esto no me entusiasmó ya tanto).

Un año de Erasmus en Bolonia me permitió conocer la constitución antifascista italiana, esa que como dice Enric Juliana [periodista de La Vanguardia] pactaron el partido del Papa (la DC) y el partido de Stalin (el PCI) y que los italianos acaban de defender frente al intento de Matteo Renzi de devenir en nuevo César todopoderoso desatado del parlamento.

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Una Constitución para el siglo XXI

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El otro día, mientras tomaba un café en la estación antes de coger un tren, no pude evitar escuchar la conversación de dos jóvenes que estaban junto a mí en la barra. Uno de ellos le contaba al otro que se había apuntado a una academia para prepararse con tiempo unas oposiciones, no sé para qué puesto. Le parecía mejor que estudiar por su cuenta y sus padres le echaban una mano con las mensualidades. Le contaba al colega que lo que llevaba peor hasta el momento era estudiar la Constitución, que era "un ladrillo". Estuve tentado de darme la vuelta y darle algún consejo a aquel muchacho. Al final no le dije nada, pero su comentario me acompañó durante el viaje.

Me di cuenta de que debería haberle preguntado por qué le parecía "un ladrillo", ¿qué quería decir con esa expresión que no sonaba muy positiva? Es evidente que no se refería a su peso físico… Para aquel joven, la Constitución era un texto con el que ni conectaba ni se identificaba, pese a llevar, negro sobre blanco, los principios fundamentales por los que se rige nuestro país y también su propia vida y que todos debemos conocer para poder exigirlos y defenderlos.

Los socialistas lo venimos diciendo desde hace tiempo: tenemos que reformar la Constitución, entre otras cosas para adaptarla a los nuevos tiempos que vive nuestra sociedad, para corresponder a sus anhelos, que son diferentes a los de 1978. Hemos vivido muchísimos cambios en 38 años y debemos revitalizarla. Los humanos cumplimos años, aparecen las 'goteras' y tenemos que mejorar hábitos. Debemos hacer eso por ella, hay que mejorarle el tejado y reforzar sus cimientos y, como hace casi cuatro décadas, tiene que ser entre todos.

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Nunca una lengua había dado tanto de qué hablar

Imagen de archivo de una mujer usando la lengua de signos.

Para quienes no están de acuerdo con el hecho de que una persona sorda conozca dos lenguas –en mi caso, la lengua de signos y lengua oral–, para quienes no saben ni conocen la lengua de signos y la desprecian e infravaloran, para quienes quieren que seamos normales como ellos, oyentes al fin y al cabo, para quienes nos recomiendan como solución mágica el implante coclear (así sin más, un avance tecnológico que requiere un apoyo post-operatorio y rehabilitación porque no se aprende a oír de forma natural, al igual que uno no aprende inmediatamente a andar con su pierna ortopédica no habiendo andado en su vida), para quienes no están de acuerdo con divulgar el conocimiento de la lengua de signos y, finalmente, para quienes dicen que tenemos que aprender a hablar y olvidan que somos educados desde la infancia en el habla (por lo que hablamos sí o sí) voy a hablar de la 185.

Pensarán: "¿Qué dice la medida 185?" Y cuando la lean llegará la cuestión clave de este texto: ¿es realmente necesaria esta medida? Comenzaremos por describirla. Podemos es el único partido político que incluye esta reivindicación histórica del colectivo de personas sordas y su movimiento asociativo: "Proponemos reformar el artículo 3 de la Constitución y hacer un reconocimiento explícito de las lenguas de signos españolas como lenguas oficiales del Estado".

Pero, de todos ustedes, díganme, ¿quiénes sabrían definirme qué es la lengua de signos? Además, hablamos de "las lenguas de signos españolas" porque entendemos que su uso conlleva variedades signo-lingüísticas derivadas de la característica plurinacional de nuestro país. Tenemos historia y nuestros conflictos signo-lingüísticos son una realidad que provocan emoción, investigación y debates en la comunidad sorda.

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Votos decisivos, votos útiles para la ciudadanía

Los socialistas españoles, como los demás partidos socialdemócratas europeos, somos defensores de la sostenibilidad fiscal, en los términos en que la formularon los socialdemócratas suecos cuando llegaron al gobierno en los años treinta del siglo pasado. Los servicios públicos deben financiarse mediante un sistema tributario progresivo, y el recurso a la deuda ha de ser sólo una fórmula transitoria, limitada a las etapas de crisis, en las que los impuestos son incapaces de proporcionar recursos suficientes y una subida excesiva de los mismos puede ahogar la recuperación.

Estamos a favor de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, que la Comisión Europea ha ido flexibilizando tras comprobar que la austeridad compulsiva no hacía más que agravar las consecuencias de la crisis. De hecho, el objetivo de déficit para 2015, que el Gobierno incumplió (lo sobrepasó en unos 9.000 millones de euros), acabó situándose en el 4,2% después de que Bruselas lo ampliase en varias ocasiones, pues en la primera actualización del Programa de Estabilidad que Rajoy negoció con la Comisión, en 2012, era del 1%. Y el que se acaba de fijar para 2017, del 3,1%, contrasta con el equilibrio presupuestario acordado con la Comisión Europea hace cinco años.

Nos parece que alcanzar el 3,1% de déficit en 2017 es posible, y por eso vamos a apoyarlo en el Congreso. Cosa distinta es que estemos de acuerdo con la forma en Montoro y Rajoy prevén lograrlo, pues para ello dejan de lado la posibilidad de llevar a cabo una reforma integral de nuestro sistema tributario para hacerlo más progresivo y más justo, y rebajan el techo de gasto de la Administración Central en unos 5.000 millones de euros. Esto supone consolidar los 3.000 millones de gasto recortados en 2016 a través de acuerdos de no disponibilidad de créditos y del cierre anticipado del presupuesto y abrir la puesta a recortes de gasto adicionales porque los 2.000 millones de euros de ahorro conseguidos por la caída de los intereses de la deuda parece que ya no se van a lograr el próximo año. Su "mix" de ingresos y gastos no lo compartimos.

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Machismo, dinero y una ministra que nos miente

Para la lucha feminista el dinero no lo es todo. Sin embargo, en política, sabemos que es en las partidas presupuestarias donde el Gobierno expresa sus prioridades; y las prioridades sí lo son todo. Estas se leen en cifras, elocuentes y determinantes.

Hace dos semanas, defendí en el Senado –en nombre de Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea– recuperar la financiación de la lucha contra la violencia machista y la promoción de la igualdad que existía en el año 2010 para el próximo presupuesto de 2017, y blindarla, fijar ese mínimo. Esto abrió un debate con la ministra de Igualdad que terminó en una moción de nuestro grupo, rechazada en solitario por el Partido Popular el pasado martes.

Recuperar la financiación del año 2010 no es mucho, si no fuera porque los recortes en este tiempo han sido crueles: se han comido el 24% y el 41% respectivamente de estas partidas (violencia/igualdad). Eso se traduce en menos dinero, menos personal, menos tiempo, menos prevención, detección, atención y recuperación de la violencia contra las mujeres. Lo cierto es que estamos muy lejos de que este tema sea una prioridad. Representa un 0,005% del total de los Presupuestos Generales del Estado.

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¡Que no nos jodan la vida!

¿Eres de las que has dejado de imaginar un futuro para tus hijas mejor que el tuyo? ¿De las que ahora se fijan en precios que antes no se fijaban? ¿Haces malabares para llegar a fin de mes y has desarrollado una gran capacidad sumando las horas de calefacción que te puedes permitir? Puede incluso que seas de las que han calculado alguna vez el salario final al mes para aceptar un contrato temporal por pocas horas.

Tal vez seas de los que llenan el maletero del coche de sillas plegables para pasar el calor del verano en un parque de tu ciudad porque no te llega para salir de vacaciones o de aquellas personas para las que contrato indefinido no significa estabilidad. Quizá seas de los pensionistas que estiran la pensión acogiendo a hijos, nietos e incluso vecinos en casa ¿Eres un perfecto experto en marcas blancas?

Puede que seas de ese grupo amplio de personas que aún derribando el hemos vivido por encima de nuestras posibilidades todavía se siente responsable de vivir peor de lo que vivía antes. O de los que asumen que el salario es algo que puede reducirse o desaparecer en cualquier momento y piso en propiedad es una combinación de palabras difícil.

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¡Fidel sí que pudo!

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Fidel Castro Ruz abandonó la vida terrenal el pasado día 25 de noviembre para ingresar con letras mayúsculas en la Historia de la humanidad. Aun sus más fieros detractores son conscientes del importante papel político, social y cultural que durante el siglo XX tuvo este gigante de la política, probablemente el latinoamericano contemporáneo con más influencia y proyección histórica.

Basta con comprobar el peso político de Cuba en el escenario internacional, un pequeño país con apenas 10 millones de habitantes, sin recursos naturales destacables, pero con unos invaluables recursos humanos y políticos. Estos recursos  fueron resultado de las políticas populares desplegadas por la nueva República cubana fundada por Fidel tras expulsar del  poder en 1959 al dictador títere de los Estados Unidos, Fulgencio Batista. Desde 1898 hasta 1959, 'Enmienda Platt' mediante, Cuba fue un territorio intervenido política y militarmente por los EEUU, conocido por ser la base de operaciones de la mafia italo-estadounidense, que convirtió al país en un gran casino-prostíbulo sin rastro de soberanía nacional.

A los 27 años de edad, Fidel organizó y protagonizó el asalto al Cuartel Moncada, con la intención de mostrar al pueblo cubano la vulnerabilidad de la dictadura. Si bien fracasó en el intento, este ser humano excepcional supo utilizar esa derrota para sentar las bases del futuro proceso revolucionario cubano.  Su intervención magistral en la vista del juicio que lo condenó por estos hechos -“La historia me absolverá”, alegato de referencia para cualquier proceso judicial de confrontación política- lo encumbró como la única opción para acabar con la dictadura y traer la democracia a Cuba.Con apenas 30 años lideró la expedición del Granma a la isla, emprendiendo la lucha guerrillera que le llevó a entrar triunfante en La Habana el 1 de enero de 1959. Ese año, a la edad de 32, se convirtió en el más joven mandatario latinoamericano y probablemente mundial.

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Carta abierta a D. Fernando Suárez Bilbao, rector de la Universidad Rey Juan Carlos

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Fernando Suárez, rector, en su toma de posesión ante el expresidente Ignacio González

Sr. Suárez Bilbao,

Empezaré diciéndole que leí con desazón y malestar la primera noticia sobre su primer plagio descubierto. Como persona que ha dedicado su vida a la investigación (y a la docencia universitaria) y, en consecuencia, ha publicado abundantes trabajos científicos, siempre me abochorna enterarme de que alguien comete una acción tan degradante y deplorable como el plagio. El desagrado del primer día alcanzó el grado de indignación con la noticia siguiente de que también había plagiado una tesis doctoral de una alumna de la Universidad Complutense. Sin embargo, aquello no era más que el principio de una historia continuada de plagios descarados, porque las noticias acerca de sus engaños plagiarios se amontonaban en la prensa diaria: "el rector de la universidad pública Rey Juan Carlos plagió el libro de un catedrático", "… plagió un artículo publicado en 2002 del anuario que dirige", "…también plagió a un presidente de la Real Academia de la Historia", "…escribió un libro haciendo un ‘collage’ de trabajos de juristas reconocidos", "…también copió 43 de las 45 páginas de un artículo académico” (que firma como autor y que copió de cinco artículos de otros autores). ‘Qué pesadilla, este señor ha plagiado todo lo que ha publicado’, era la convicción cada día más arraigada en mi mente acerca de sus publicaciones, señor Rector. Porque su engaño al parecer no tiene fin: "El rector de la Rey Juan Carlos también copió (párrafos de la Tesis Doctoral) a un cónsul de Portugal", ha sido la última noticia con la que hemos desayunado el pasado lunes.

¿Qué pasó, entonces, con aquella indignación del segundo día? Aunque resulte obvia mi aclaración, se lo voy a contar. La indignación se convirtió en vergüenza ajena, la vergüenza ajena en rabia y la rabia en pesadumbre, desesperanza y tristeza. Porque Vd., Magnífico y Excelentísimo Sr. Rector de la universidad pública Rey Juan Carlos, no sólo se ha deshonrado a sí mismo, sino que ha deshonrado y sigue manchando el nombre de la universidad pública y de los universitarios. Porque usted, ante tamaño fraude, ha tenido la desfachatez y la desvergüenza de responder diciendo, primero, que todo se debe a "disfunciones porque soy humano", para añadir que trabaja "con mucho material de aluvión y en equipos de investigación", pero que ninguno de sus trabajos es un plagio porque no le han generado "ningún beneficio económico al autor", y ha coronado su sarta de sandeces y falacias erigiéndose en víctima de un ataque a la universidad "de los de siempre".

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¿Pueden los impuestos volvernos más sanos? El caso de las bebidas azucaradas

Implantar impuestos que graven el consumo de sustancias nocivas para la salud no es algo nuevo, y lleva siendo utilizado por todos los países en relación al tabaco y el alcohol desde hace tiempo. Las políticas fiscales ambiciosas sobre el tabaco suponen una de las medidas más importantes para la reducción de su consumo, al igual que ocurre con las bebidas alcohólicas; en el caso de las bebidas azucaradas la fuerza de las recomendaciones es más débil porque, entre otras cosas, las experiencias al respecto llevan menor tiempo en funcionamiento.

Según se ha conocido recientemente, el Gobierno pretende incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año un impuesto sobre bebidas azucaradas. Dado que existen experiencias previas y que su efectividad requiere análisis más profundos que la simple aceptación de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre la implantación de este tipo de impuestos, es preciso plantear algunos aspectos antes de asumir estas medidas como netamente positivas.

El consumo de bebidas azucaradas está relacionado con el incremento de la obesidad y el sobrepeso, así como con el desarrollo de enfermedades tales como la Diabetes Mellitus; la efectividad de los impuestos sobre estas bebidas radica, principalmente, en (I) que consigan una importante disminución en el consumo de bebidas azucaradas, (II) que el consumo no se desplace a bienes sustitutos altamente obesógenos y (III) que se consigan generar nuevos hábitos de consumo más saludables y que se mantengan a largo plazo.

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