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Acogimiento familiar también para menores extranjeros solos

Las necesidades específicas de estos niños están relacionadas con su edad, su diferente idioma, cultura, religión y su proyecto migratorio

Centros de menores inmigrantes no acompañados

En los últimos dos años, el número de niños y niñas extranjeros no acompañados en España se ha duplicado. Además de los que migran por voluntad propia, también hay un número importante que lo hace forzosamente: la huida de zonas de conflicto o del servicio militar obligatorio, la identidad o la orientación sexual o las diversas formas de violencia contra las mujeres pueden ser el detonante de estos desplazamientos.

La mayoría de ellos son adolescentes varones de entre 15 y 17 años, magrebíes, aunque el número de subsaharianos, sobre todo de Guinea Conakry y Malí, está aumentando. Sus expectativas son comunes: aprender castellano para poder completar sus estudios y desarrollar habilidades que les permitan encontrar un trabajo. Se concentran en los puntos de acceso al territorio español, principalmente Andalucía, Ceuta y Melilla o Valencia y en las comunidades autónomas de Catalunya y País Vasco.

Cuando llegan a España, deben ser protegidos por la administración pública de la comunidad autónoma correspondiente. Sin embargo, siempre hay una minoría que acaba en Centros de Internamiento de Extranjeros. A los demás, lo habitual es que se les ofrezca el acogimiento residencial en alguno de los centros de menores existentes. Aunque hay experiencias de éxito, lo más habitual es que no se esté garantizando su protección ni su acceso a derechos. Para empezar, algunos terminan en la calle a los pocos meses, al no ser considerados como menores, tras los resultados de las cuestionadas pruebas de determinación de la edad.

Además, la alta concentración de menores en determinadas comunidades autónomas ha hecho que los centros se encuentren completamente saturados, hasta el punto de que los menores tengan que dormir en colchones en el suelo. Es frecuente que ni siquiera hayan sido tutelados y no tengan un acceso adecuado a la educación o a la sanidad. Además, no se les está tramitando la autorización de residencia que establece la ley, ni preparando para su incorporación al mercado laboral. Por otra parte, cada vez más estos centros se están convirtiendo en el foco de ataques xenófobos, potenciados por discursos de odio.

Y ante esta situación, ¿cuál está siendo la respuesta de las administraciones públicas? Algunas de las comunidades autónomas que reciben muchos niños han abierto nuevos centros o ampliado los que tenían, pero la mayoría es reacia a ello, justificando su decisión en un supuesto efecto llamada. Por otro lado, muy pocas de las que menos niños reciben se han ofrecido para apoyar al resto. La iniciativa del Gobierno para redistribuir a los menores llegados en 2018 a España tuvo poca repercusión, y solo algunas Comunidades Autónomas aceptaron a un total de 200 niños y niñas que se encontraban en otras regiones.

Sin embargo, hay comunidades autónomas que han dado un paso más en la búsqueda de soluciones. Catalunya, por ejemplo, ha puesto en marcha un proyecto piloto para ofrecer acogimiento familiar a menores extranjeros solos y los primeros niños ya se encuentran con sus familias de acogida. También en la Comunidad Valenciana se está potenciando este tipo de acogimiento. Y es que, según la ley de protección del menor, el acogimiento familiar debería primar frente al residencial. Aunque en Europa y en España este último es el más frecuente, en Holanda, el 43% de los niños y niñas extranjeros no acompañados están en familias y en la ciudad de Venecia, el 50%, lo que demuestra que es posible.

Las necesidades específicas de estos niños están relacionadas con su edad, su diferente idioma, cultura, religión y su proyecto migratorio. Aunque la acogida está abierta a todo tipo de familias, en Holanda los mejores resultados se han dado en familias de cultura similar. En este sentido, algunas organizaciones sociales, entre ellas, ACCEM, recomiendan que el acogimiento se promueva primero entre la familia extensa y luego entre familias de la misma nacionalidad o al menos del mismo origen cultural y religioso. Este contexto puede facilitar que las decisiones relacionadas con el interés superior del menor tengan en consideración estos aspectos de su identidad.

Para que el acogimiento funcione, el apoyo a las familias es fundamental, tanto en recursos, compensando suficientemente los gastos del acogimiento, como en formación, proporcionando herramientas para la toma de decisiones. Uno de los retos que se plantea es que algunos niños y niñas tienen su propia familia apoyándoles. Por eso, es crucial que el niño obtenga lo que podría considerarse como un consentimiento emocional de sus padres que prevenga un potencial conflicto de lealtades y que ambas familias mantengan una relación adecuada.

De manera complementaria al acogimiento, se han puesto en marcha proyectos de acompañamiento de niñas y niños que viven en centros, que proporcionan un apoyo familiar o individual desde fuera. El proyecto Izeba, de la Diputación de Gipuzkoa, lleva años ofreciendo el soporte de figuras familiares que ejercen las funciones de "tíos y tías" compartiendo su tiempo con los menores y cubriendo una parte de sus necesidades afectivas y emocionales. Esta relación muchas veces perdura tras la mayoría de edad y facilita el paso a la vida autónoma. En Catalunya, por otro lado, se está desarrollando un programa de mentoring en el que las personas interesadas se ofrecen durante un mínimo de seis meses para apoyar a los menores con los idiomas oficiales y facilitar su integración.

Muchos de estos niños y niñas extranjeros sin referentes familiares permanecerán en España tras la mayoría de edad. Su desarrollo personal no es solo un derecho para ellos, sino una oportunidad para toda la sociedad. Los programas específicos de acogimiento familiar pueden ser una buena opción ya que asegurarían un entorno adecuado, una acogida individualizada y, la existencia de una red familiar que les sirva de referencia cuando cumplan los 18 años y cese la medida de protección.

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