Carta a algunos candidatos sobre la violencia de género
En estos días de presupuestos y campaña electoral, cuando afloran hechos, opiniones y algún oportunismo, conviene aclarar que la violencia de género es incuestionable. Lo es para Pedro Sánchez, para el Partido Socialista Obrero Español, y debería serlo para toda persona de bien dados los datos de muertes, denuncias y situaciones dramáticas que se viven en España y se estudian en otros países. Es hora de preguntar con toda claridad a quienes aspiran a gobernar este país qué van a hacer para dotar de instrumentos a las mujeres que sufren esta violencia en silencio o en voz alta, a quienes temen por su vida cuando denuncian. Es hora de mojarse y dejar de buscar paraguas bajo los que acoger algunos votos.
España tiene una buena ley contra la violencia de género. Llevamos más de una década de aplicación pero no todas sus medidas se han desarrollado. Desde el PSOE, que generó la Ley, se continúa en la lucha con los instrumentos precisos. La creación de las Unidades de Valoración Forense Integral son un nuevo escalón, logrado en la Comunidad de Madrid, a propuesta de esta formación política y votada por unanimidad en estos días. España ha sido un referente en violencia de género a nivel mundial, ha sido un país adelantado a su tiempo, un camino iniciado y sostenido conjuntamente con las organizaciones de mujeres que ahora no se puede desandar.
El manual de buenas prácticas legislativas en violencia de género elaborado en 2011 en el seno de Naciones Unidas nos menciona como modelo. El Grupo de Trabajo del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), alaba el impresionante despliegue institucional que se crea a partir de la Ley Integral contra la violencia de género.
Hemos creado juzgados, fiscalías, policías, equipos técnicos especializados en violencia sobre la mujer y todo ello a pesar de tener que desmontar los persistentes estereotipos y prejuicios de género como el mito las denuncias falsas, las leyes que pese a su aparente neutralidad resultan discriminatorias y disuasorias -como el artículo 35 del Estatuto de la Víctima-, el fomentado constructo del Síndrome de Alienación Parental.
Sin embargo toda esta “ciudad de las damas”, como la llamaría la escritora del medioevo Cristina de Pizán en 1405, se ve desafiada por reciente propaganda que pretende devolvernos al pasado donde no había instrumentos de garantía de la igualdad entre hombres y mujeres.
A alguien se le ha ocurrido que en el Código Penal hay una “asimetría penal por cuestión de sexo” al incorporarse en la última reforma la agravante de género como motivo de discriminación. Decir que existe una asimetría penal por cuestión de sexo es jurídicamente incorrecto y desde la perspectiva de derechos humanos es, además, una manifestación contraria a los Convenios de la CEDAW, al Convenio de Estambul, a la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional que avala la Ley integral contra la violencia de género, al resumen de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social en su 59º periodo de sesiones, entre los numerosos informes que consideran la violencia de género como una violación de los derechos humanos.
Es incorrecto jurídicamente porque no se trata de una cuestión de sexo, sino de género. El sexo es una condición orgánica. Género se refiere a los comportamientos, las actividades, que una sociedad atribuye a mujeres u hombres. Así, se entiende por violencia contra la mujer por razones de género toda violencia que se ejerce contra ellas por el mero hecho de ser mujer o porque afecta a las mujeres de forma desproporcionada.
Como ejemplo de esta desproporción, la directora ejecutiva de ONU Mujeres Phumzile Mlambo, dijo el pasado año que casi la mitad de las mujeres en el mundo sufre violencia por parte de su pareja sentimental. En España, es claro que la violencia que se produce en el ámbito del hogar o de la pareja o expareja afecta desproporcionádamente a las mujeres. Anualmente se registran una media de 130.000 denuncias de mujeres por delitos cometidos por sus parejas o exparejas, un tercio de la violencia contra la mujer existente, según la macro encuesta de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Los datos del Consejo General del Poder Judicial revelan que en el año 2010 fueron asesinadas 62 mujeres y 5 hombres; en 2012, 52 mujeres y 4 hombres; en 2013, 54 mujeres y 6 hombres. Estos datos prueban que la violencia en la pareja afecta desproporcionadamente a las mujeres. Queda claro, así, que la circunstancia agravante de discriminación por motivos de género está más que fundamentada.
Es hora de preguntarse si quienes aspiran a gobernar un país con estos dolorosos datos de violencia de género, no están obligados a saber sacar conclusiones que los números reflejan con claridad en lugar de retorcerlos sólo con el fin de encontrar algún voto disperso entre la lluvia fina y permanente de una violencia que nos cala a todos y a todas en España y en el mundo.
