Dulces intereses amargan nuestra salud

En nuestra sociedad hemos asumido que el problema del sobrepeso y la obesidad ha alcanzado el rango de epidemia, siendo su incidencia más del doble que en los años 80. Pero estamos viendo cómo nos acercamos a otra epidemia muy relacionada con la primera; la de la diabetes tipo 2. En las últimas semanas, estamos asistiendo a un aluvión de noticias en prensa y programas de televisión relacionados con esta nueva amenaza para la salud pública. Y es que los datos son alarmantes; en EEUU la diabetes tipo 2 afectaba a un 3% de los niños y ahora se sitúa en un 45%. En España también estamos viendo cómo esta enfermedad se ve cada vez más en niños, sobre todo obesos, algo casi inédito en el pasado.

Según el consenso científico, el origen de estas dolencias parece estar en los malos hábitos alimentarios, donde sobresale el elevado consumo de azúcar añadido, tal y como recogen las últimas recomendaciones de la OMS al respecto. No sólo se lo relaciona con diabetes tipo 2, sino también con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y mayor mortalidad, afectando a la presión y las grasas en sangre. Más en concreto, se ha visto que la ganancia de peso está relacionada con el consumo elevado de refrescos azucarados.

Un refresco de cola llega a tener 36 gramos de azúcar y una bebida energética puede llegar hasta los 80 gramos, mientras que las recomendaciones oficiales hablan de no superar los 25 gramos diarios para mejorar la salud. Actualmente en España se superan los 100 gramos diarios de media, más de cuatro veces por encima de las recomendaciones. Recientemente ha salido a la luz un estudio revelando que una reducción del 10 % en el precio de frutas, verduras y cereales, junto a un aumento del 10% en los refrescos con azúcar, evitaría 500.000 muertes en 20 años.

En México, uno de los pocos países en el mundo donde han adoptado un impuesto especial para estas bebidas, han conseguido disminuir sus ventas y recaudar 1.900 millones de dólares y ahora la sociedad civil pide que se aumente del 6% al 20%, la misma cifra que pide la sanidad inglesa, ante una tasa de obesidad del 25%. Hace unos años el parlamento catalán quiso gravar con un nuevo impuesto a este tipo de bebidas pero el embajador estadounidense amenazó con desinversión empresarial y fue suficiente para que al final no se presentase dicho impuesto, dejando a un lado las consideraciones de salud pública.

El año pasado se destapó que Coca-Cola financiaba estudios “científicos” para restar importancia a las consecuencias de una excesiva ingesta de azúcar añadido, y desviar la atención hacia la actividad física (una condición indispensables pero no suficiente).

Una investigación señaló en 2014 que las conclusiones de los trabajos que analizaban la relación entre consumo de refrescos y aumento de peso eran muy diferentes en función de si se habían financiado o no por compañías del sector.

Por su parte, Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas (ICBA), rechaza las recomendaciones de la OMS, aduciendo que “no existe una base científica para el tratamiento de los azúcares libres de manera diferente que los azúcares intrínsecos.”

Es decir, equiparan los azúcares añadidos en un refresco, con los intrínsecos de una pieza de fruta, por ejemplo, algo completamente disparatado. El equivalente español a la ICBA, la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes (Anfabra) que representa a la patronal del sector, indica a través de su presidente Josep Puxeu, que el “azúcar no es el nuevo tabaco”, indignándose al oír hablar de aplicar impuestos a estas bebidas, porque es algo “opcional”.

Mucho ojo con pensar que al escoger la versión “light”, “diet” o “zero”, nos estamos librando de los efectos perjudiciales del azúcar añadido, ya que los últimos estudios indican que no es así. Se está viendo que los edulcorantes artificiales sin calorías contribuyen a la ganancia de peso por mecanismos neurológicos de recompensa, “despistan a nuestro organismo” produciendo desajustes hormonales al dar la señal de dulzor a nuestro cuerpo pero sin aportar azúcar ni calorías. También se les relaciona con intolerancia a la glucosa al alterar nuestra microbiota (bacterias de nuestro intestino) de forma perjudicial.

La falta de voluntad política para atajar esta situación en nuestro país es clamorosa, con casos de puertas giratorias entre la administración y las empresas del sector o sociedades vinculadas a éstas y legislaciones hechas al gusto de los intereses de la industria. El propio Josep Puxeu, presidente de Anfabra, fue secretario de Estado de Medio Rural y Agua con el PSOE hasta 2011, después de haber sido también Secretario General de Agricultura y Alimentación y Director General de Política Alimentaria, pasando, por tanto, de defender los intereses de todos sobre la alimentación y el agua, a defender a capa y espada los intereses de la patronal del refresco.

Pero no es el único caso, la antigua directora de la Agencia española de seguridad alimentaria (AECOSAN), durante el mandato de la ex-ministra de sanidad del PP, Ana Mato, era, ni más ni menos, que directora científica de Coca-cola España. Algo que levantó ampollas en el organismo de seguridad alimentaria de la UE, la EFSA, temiendo conflictos de interés durante su gestión. Otro ejemplo, muy recurrente en lo medios de comunicación, es el de la Dra. Gómez Candela, jefa de Sección de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario de La Paz y miembro del Comité Científico del Instituto de Estudios del Azúcar y la Remolacha (IEDAR), que, cómo no, tiene una opinión distinta a la expuesta en este artículo sobre la responsabilidad del azúcar en las enfermedades crónicas descritas.

Es la agencia española de seguridad alimentaria, AECOSAN, dependiente del Ministerio de Sanidad, la que ha lanzado en los últimos años toda una batería de planes y estrategias financiadas con el dinero de todos y cuyo objetivo final no es en realidad proteger la salud pública, sino lavarle la cara a la comida basura de la industria alimentaria. Algunos ejemplos serían; la estrategia NAOS, para sensibilizar a la población sobre el problema que representa la obesidad y promover hábitos saludables, premió a Gallina Blanca, una de las principales empresas del sector de la comida precocinada.

Tenemos también el Plan Havisa, un entramado de agencias de publicidad, medios de comunicación y empresas del sector alimentario, que, junto a AECOSAN (Ministerio de Sanidad), han acordado añadir mensajes para promocionar hábitos saludables en la publicidad; básicamente actividad física y mensajes ambiguos en letra minúscula sobre el faldón del anuncio televisivo, no se tocan temas sobre calidad nutricional o sobre sus ingredientes. Eso si, la marca que sea se ha ganado el logotipo del Ministerio de Sanidad en su publicidad. Por último, el código PAOS, un código de autorregulación en la publicidad de productos alimentarios dirigidos a menores, también promovido por AECOSAN, en el que las empresas son las que deciden como regular su propia publicidad, es de libre adhesión, se incumple impunemente de forma sistemática y no recoge las recomendaciones de la OMS sobre publicidad alimentaria dirigida a niños. También podríamos hablar de los múltiples lazos de sociedades médicas, nutricionales y científicas con la industria alimentaria, pero no tendría fin el artículo. De hecho, la prestigiosa revista científica BMJ (British Medical Journal) ha publicado un informe que detalla estos vergonzosos acuerdos en nuestro país.

Cabe destacar que el denominador común y el mayor factor de riesgo de estas enfermedades es la desigualdad socioeconómica y el entorno obesogénico. Por ello, mientras no se garantice una información oficial fiable e independiente, tal y como pide la actual directora de la OMS, mientras no se acabe con este entorno obesogénico, las grandes desigualdades socioeconómicas, invertir más en prevención y no permitir que los productos alimenticios más insanos sean cada vez más baratos y los más saludables cada vez más caros, no se está en condiciones de elegir o no libremente los hábitos saludables.La realidad es que el estudio ALADINO publicó que en 2013 el 43% de la infancia española presentaba sobrepeso (24.6%) u obesidad (18.5%). Casi uno de cada dos.

Asociaciones de consumidores, la Organización Mundial de la Salud, pediatras y sociólogos exigen un cambio de normativa. La OMS señala que cerca del 50% de los anuncios de comida en televisión, a los que los niños se exponen, promocionan productos ricos en grasas, azúcares y sal. Habría que ir más allá del impuesto y complementarlo prohibiendo (si, prohibiendo totalmente) la publicidad de productos insanos dirigidos a niños en todos sus formatos (TV, Web, carteles, paquetes de productos, etc) e incluso se podría proponer un cartel en el envase advirtiendo de los daños a la salud y el medioambiente para desincentivar su consumo de forma masiva. La Academia Americana de Pediatría indica que “existe suficiente evidencia para desterrar la publicidad de comida basura o comida rápida de la programación televisiva infantil”. En Inglaterra o México, con tasas de obesidad escandalosas, ya han prohibido totalmente la publicidad de comida basura en horario infantil. ¿Acaso están permitidos los anuncios de alcohol o tabaco a menores? ¿Hay motivos para distinguirlos de la comida basura? La ciencia dice que no.