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Contra la criminalización de las ONG y de los trabajadores humanitarios en Italia

No abandonaremos absolutamente a nadie en el mar, como quisieran aquellos que atacan a las ONG para que terminen después las misiones de salvamento

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Una de las operaciones de rescate de Proactiva Open Arms.

Una de las operaciones de rescate de Proactiva Open Arms en el Mediterráneo. Proactiva Open Arms

Los primeros días de Matteo Salvini en el Palazzo del Viminale (Ministerio de Interior) están suponiendo una pesada marcha atrás en el frente de las relaciones internacionales, con las crisis diplomáticas abiertas con Túnez y Malta y con el tobogán europeo sobre la reforma del Reglamento de Dublín.

En el último consejo europeo (de ministros del Interior) el Gobierno italiano se alió con los peores gobiernos nacionalistas europeos (Hungría y Austria a la cabeza), que nunca y de ninguna manera desean que se supere el criterio del actual Reglamento de Dublín, el de la competencia del primer país de ingreso, por lo tanto en perjuicio de Grecia e Italia. Una serie de errores que son claramente percibidos por la opinión pública.

Tras la culminación de estos desastres, se hizo el silencio sobre el bárbaro asesinato de  Soumaila Sacko y sus compañeros heridos, con la ostentosa elección del ministro de Interior y viceprimer ministro de ir de visita a las plazas fuertes del liguismo, en lugar de ir, como era su deber, a Rosarno, escenario de estos crímenes. Ni siquiera una palabra contra la 'Ndrangheta.

Frente a los primeros avisos de los límites y contradicciones del nuevo ministro de Interior, vuelve la consabida arma de distracción masiva: la criminalización de las ONG y de los trabajadores humanitarios que bajo varios grupos y nombres prestan asistencia a los migrantes en fuga del infierno libia.

De nuevo ha comenzado la presión mediática y del Ejecutivo sobre esa parte de la magistratura que desde hace años indaga sobre las ONG y sobre los ciudadanos solidarios, defensores de los derechos humanos. Parecen ya olvidadas las sentencias de los tribunales y las decisiones de los jueces sobre las pesquisas preliminares que han desmentido la hipótesis de "asociación para delinquir" presentadas contra las ONG.

Salvini quiere las manos libres para afrontar la inmigración como ha prometido en campaña electoral, una guerra permanente contra el enemigo interno, los migrantes, y no solo los irregulares, y también contra los que piden ser socorridos en aguas internacionales. Una guerra de bajo coste económico, si nos quedamos con los anuncios de estos días, pero de fuerte impacto electoral, la única preocupación del ministro de Interior.

Estamos ante un cambio crucial en el que se ponen en discusión las relaciones entre nuestro poder ejecutivo y nuestra jurisdicción, sancionadas por la Carta Constitucional, bisagra del sistema democrático y delineadas por la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y de la Convención europea para la salvaguardia de los derechos del hombre. El pacto de gobierno y el dominio del ministro de Interior sobre las actividades del Ejecutivo constituyen ya un grave desgarro constitucional.  

El Viminale ha afinado la puntería. Salvini está yendo más allá de los compromisos acordados con el Movimiento Cinco Estrellas. Gira peligrosamente hacia la superación de las responsabilidades penales individuales y a la utilización del concepto 'culpa colectiva', típico de los neofascismos del siglo pasado. El ataque generalizado contra las ONG constituye un ejemplo.

No abandonaremos absolutamente a nadie en el mar, como quisieran aquellos que atacan a las ONG para que terminen después las misiones de salvamento. Por fortuna, más allá de un frente republicano todavía personificado por hombres que han allanado el camino a las políticas xenófobas de la Liga, se está consolidando desde abajo un vasto frente de sociedad civil y de juristas que no tiran la toalla.

Cada uno de ellos hará su parte para defender el derecho a la vida, el derecho constitucional al asilo, la dignidad de las personas, todas, de cualquier origen que sean, y las garantías del Estado de Derecho reconocidas por nuestra Constitución.

Los profesionales de la información y los defensores de los derechos humanos bajo ataque vigilarán para que la continua difusión de noticias falsas no fomente  la creación de más rupturas entre la población, alimentando procesos que solo sirven para garantizar una involución autoritaria del Estado y el predominio de una política fuera de las reglas constitucionales. Permaneceremos siempre del lado de las víctimas y de quien las asiste, por los derechos de todos y de todas.

Traducido por Cristina Barchi

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