Un Parlamento para afrontar el día después

Soñamos con el día después, aún lejano, que nos devuelva a la normalidad, la que vivíamos antes de la COVID-19. Pero olvidamos que volveríamos a una aparente normalidad que ya arrastraba graves crisis, desafíos planetarios y tecnológicos de gran complejidad y riesgos existenciales derivados de la globalización.

Llegan tiempos todavía más duros en los que casi nada será igual tras las diferentes consecuencias del virus. Pienso en la recesión de la economía del país con la pérdida de empleos, las limitaciones -por prevención- de muchos de nuestros hábitos de vida y en la fragilidad de una democracia que deberá saber combinar la libertad personal con el uso de mecanismos tecnológicos que aporten control y seguridad. Ahora toca sacar enseñanzas de la tragedia para poder defender mejor el interés de la comunidad y del planeta.

La crisis del coronavirus dejará, en España y en medio mundo, un paisaje de dolor por las miles de personas fallecidas, muchas preguntas críticas sobre la fortaleza de los sistemas sanitarios públicos, efectos sociales que incrementarán la desigualdad y un Estado desbordado en su objetivo de que nadie quede desprotegido. Pero la pandemia aún no está controlada. Puede haber rebrotes y tampoco sabemos qué sucederá en Africa.

El Parlamento -la política democrática- nunca puede cerrar ni perder la iniciativa en tiempos de emergencia. Porque en un Estado de Derecho la vida parlamentaria forma parte de las llamadas actividades esenciales. Y ante una situación excepcional, como el estado de alarma, el Congreso tiene que debatir y aprobar, en su caso, las medidas del Gobierno dirigidas a combatir la crisis del coronavirus y controlar la acción del ejecutivo. Pero además -y junto al Gobierno- ha de analizar la nueva realidad y preparar la política de altura para el día después.

Porque hará falta negociar y gestionar pactos entre grupos políticos hoy enfrentados. Para abordar una reconstrucción económica y social en el marco de la transición energética, fortalecer los pilares del Estado del Bienestar en defensa de lo público, reducir la brecha digital, acordar los términos de una colaboración leal y corresponsable entre el Gobierno, Ayuntamientos y CCAA y presentar un frente común ante las instancias de la UE para defender una Europa de cooperación y solidaridad. Pero nada será posible sin acuerdos parlamentarios amplios, hasta hoy impensables, pensados para garantizar respuestas eficaces y la gobernabilidad de España.

Sin embargo, aprovechando la ansiedad que provocan las miles de muertes y la incertidumbre económica y laboral, hay en marcha una estrategia de lucha de poder contra el Gobierno de izquierdas que pasa por sembrar, en las redes y en medios de comunicación, la confusión, bulos, odio y proclamas neogolpistas. El PP debería ser consciente de que tanto los que la alientan como quienes alimentan la crisis política estarían amenazando el sistema democrático.

El crecimiento del neofascismo podría volver a repetirse en medio de una alarma social y a la sombra de una crisis de confianza en las instituciones. Sabido es qué clima crean y cómo se aprovechan de la crispación social, del miedo y la inseguridad para promover, desde el populismo, la vuelta de fórmulas autoritarias.

Lamentablemente, el tono y el fondo de las intervenciones que escuchamos en los Plenos con voto telemático, entre la oposición y el presidente Pedro Sánchez, no presagian un clima de diálogo y acuerdos. ¡Mal vamos!

No será fácil pero los efectos de la COVID-19 exigen, como única respuesta política, una empatía social de los dirigentes políticos hacia la gente angustiada por tantas incertidumbres y una nueva dinámica parlamentaria. La clave reside en la búsqueda del consenso en torno a grandes pactos de Estado que incluyan un presupuesto de emergencia para varios años, y en comprometerse con actitudes de unidad, lealtad y renuncias entre las partes.