Presupuestos para incluir, no para excluir
Recientemente, José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, ha comunicado la licitación por 20 millones de euros del primero de los tres nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) anunciados en marzo por el ministro del Interior, que será construido en Algeciras. Además, según el convenio firmado con el Ayuntamiento, el consistorio cederá un solar de 10.000 metros cuadrados para ello.
En pleno debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, nos gustaría fijar nuestra atención en los costes del retorno forzoso de las personas extranjeras. Estos incluyen los gastos de los Centros de Internamiento cuya única finalidad, recordemos, es la de garantizar la expulsión de quienes se encuentran internados en los mismos y no la “acogida de inmigrantes” o “la atención humanitaria”, como se ha llegado a decir.
Desde el punto de vista puramente económico, las expulsiones forzosas gestionadas por el Ministerio de Interior de 2008 a 2014 han costado 158,47 millones de euros a las arcas públicas. Así, el coste de los Centros de Internamiento de Extranjeros es de aproximadamente 8,8 millones de euros anuales (excluida la partida de personal). Por otro lado, entre los años 2011 y 2016 hubo más de 116 vuelos de expulsión, lo que supuso un desembolso de 26 millones de euros, es decir, unos 7.000 euros de media por persona expulsada. A este monto habría que sumarle el de los operativos de expulsión realizados en barco, 86 solo en 2016.
¿De verdad nos interesa como sociedad destinar esta gran cantidad de dinero a excluir a unas personas con las que convivimos, que son nuestras vecinas y que aportan con su vida al desarrollo de la comunidad? ¿No sería más eficaz invertir esos montos en procesos de inclusión?
El discurso de la Unión Europea al respecto no puede ser más contradictorio. Por un lado, Dimitris Avramopoulos, comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía de la Comisión Europea, se ha pronunciado a favor de una “integración temprana y efectiva de los nacionales de terceros países” que convierta “a la migración en una ventaja para la economía y la cohesión de nuestra sociedad”. Por otro, el pasado mes de marzo, la Comisión Europea presentaba nuevas medidas y recomendaciones para la intensificación del retorno forzoso y para “garantizar que los migrantes en situación irregular sean repatriados con rapidez”.
En 2016, se repatriaron de manera forzosa a 9.241 personas extranjeras. Parte de los gastos de repatriación se financian con fondos europeos. Así, el Programa del Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea (FAMI) aprobado para España está orientado a tres objetivos: la integración de las personas migrantes, el asilo y la políticas de retorno. De ellos, el que más peso tiene es este último, que recibe el 43% de los fondos asignados, en detrimento de los otros dos, centrados en la integración y en mejorar las condiciones de acogida de las personas migrantes o solicitantes de asilo.
El coste económico de las expulsiones palidece frente al terrible coste humano que suponen: familias rotas, denuncias de agresiones en el CIE y en los traslados al aeropuerto, repatriación de potenciales refugiados poniendo en peligro sus vidas, expulsiones de personas que no tienen ninguna relación con el país de origen o incluso nacidas en España.
El coste humano de una política migratoria que prima la expulsión sobre la inclusión es incalculable. Si bien el número de personas expulsadas desde los CIE ha disminuido en los últimos años, se ha intensificado la práctica de las expulsiones exprés, expulsiones realizadas directamente desde comisaría, en el breve plazo de 72 horas desde la detención. En este sentido, para las personas migrantes que no han podido regularizar su situación, o que han caído en la irregularidad por perder su trabajo, la amenaza no ha cambiado. En cualquier momento sus vidas pueden dar un vuelco. La irregularidad administrativa favorece la exclusión social, el abuso y la discriminación. Por otro lado, mantener a una parte de la población excluida perjudica la cohesión social, cuestiona las bases de nuestra propia sociedad y genera sufrimiento innecesario y evitable.
Las políticas de exclusión, además de haberse demostrado ineficaces, se construyen sobre discursos falsos. Como muestra la estrategia anti-rumores de Andalucía Acoge, las personas migradas consultan un 7% menos al médico de familia que las españolas y su gasto farmacéutico por persona es mucho menor. Además, la población extracomunitaria solo constituye el 12,2% de las personas usuarias de los servicios sociales, frente al 84% de las personas de nacionalidad española. En cambio, el 30% del crecimiento del PIB español entre los años 1996 y 2006 cabe ser asignado al proceso de inmigración, según esta misma fuente. Tampoco podemos olvidar que parte de esa riqueza ha sido fruto de una mano de obra migrante expuesta a la explotación y la precariedad laboral.
Retomando las palabras de Judith Butler: “La clave está en entender que toda vida humana es igualmente valiosa y debe ser reconocible como tal, independientemente de las circunstancias políticas que la rodeen”, y para ello urge generar políticas de igualdad y de no discriminación eficaces.
Unos presupuestos que destinan dinero a la creación de nuevos CIE están impulsando políticas de segregación en lugar de facilitar el acceso y el ejercicio de los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos de las personas migrantes. Son políticas que excluyen, diferencian y discriminan, fomentando el racismo directo en las calles en lugar de construir comunidad y fortalecer los vínculos de vecindad. Estos mecanismos generan una ciudadanía excluyente, espacios que coartan la vida y la participación de quienes los habitan.
Sin embargo, desde la ciudadanía organizada se ha demostrado que se puede generar otro tipo de relación basada en el apoyo mutuo y la convivencia. Por eso, reclamamos que los recursos económicos de esta sociedad sean empleados para construir comunidad y no para destruirla.
