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Proteger el derecho a la vivienda no admite dilaciones

El Gobierno prorroga un año el Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables

Helena Beunza

Secretaria general de Vivienda del Ministerio de Fomento —

Un derecho básico, como es el acceso a una vivienda digna y adecuada, se ha convertido en un problema de primera magnitud en nuestro país. En las grandes ciudades la adquisición en propiedad parece una aspiración imposible para las capas medias y trabajadoras, a quienes también parece dar la espalda un mercado del alquiler caracterizado la atomización de la oferta, la falta de transparencia y el desequilibrio entre arrendador y arrendatario.

Ninguna administración del Estado y ningún partido político pueden permanecer de brazos cruzados ante un problema que agrava más la brecha social e intergeneracional provocada por la crisis. Después de muchos años en los que no ha habido una política estatal de vivienda dirigida a proteger su función social, y en la que la regulación del mercado del alquiler no ha cumplido si quiera los objetivos de revertir los fallos del mercado, nuestra obligación es revertir esta situación.

Pero, no nos engañemos ni agravemos el problema generando falsas expectativas porque no se alcanza la cima de una zancada. Por eso este Gobierno, desde su llegada hace siete meses tras la moción de censura contra el PP y sus políticas, ha ido dando pasos decisivos para garantizar a todos los españoles por igual el derecho constitucional a acceder a una vivienda digna.

Primero, dando a la vivienda la categoría política que merecía, elevándola a secretaría general. Luego, estableciendo una hoja de ruta muy clara. Hemos gestionado con celeridad las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Creamos un grupo de trabajo interministerial para diagnosticar en profundidad la situación en la que se encontraba el mercado de la vivienda. Promovemos conversaciones con las Comunidades Autónomas para consensuar la primera ley estatal de vivienda de la democracia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, han ofrecido a todas las fuerzas políticas acordar un pacto de Estado que proteja el derecho de los españoles a una vivienda digna. Y hemos aprobado un paquete de medidas urgentes para dar estabilidad al mercado del alquiler, proteger a los inquilinos frente a prácticas abusivas y dar también seguridad a los arrendadores.

El objetivo último es propiciar un aumento de la oferta que permita contener y reducir la escalada de precios. Sabíamos lo que teníamos que hacer: por convicción, pero también porque resultaba resueltamente evidente lo que no había que hacer. La reforma liberalizadora de 2013, impulsada por el PP, fue un experimento que no tuvo efectos positivos sobre la oferta, pero si disparó los precios e incrementó dramáticamente el número de desahucios vinculados a contratos de alquiler.

El comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas en sus observaciones finales adoptadas en marzo de 2018, manifestaba su preocupación por la situación del derecho a una vivienda digna y adecuada y la falta de un “marco adecuado que determine las debidas garantías legales y procesales a las personas afectadas”. A continuación, formulaba una serie de recomendaciones entre las que se encontraba la revisión de la legislación arrendamientos para garantizar la seguridad de tenencia y mecanismos judiciales efectivos que garantizaran la protección del derecho a una vivienda adecuada.

Las medidas contempladas en el Real Decreto de Medidas urgentes permiten corregir los errores del pasado y allana el camino para avanzar en la buena dirección. Dan seguridad al mercado al volver a los plazos de la ley previa a la reforma liberalizadora, aumentar el plazo mínimo de los contratos de alquiler de tres a cinco años, y de uno a tres el de las prórrogas. Pone coto a los desmanes limitando a dos mensualidades el tope de las fianzas. Y permite a los Ayuntamientos reinvertir sus superávit en la promoción de vivienda social.

En definitiva, se trata de una batería de medidas que da cumplimiento a las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas Pero éste es sólo un primer paso. El compromiso del Gobierno en este sentido se ha traducido en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que en lo que respecta a vivienda parte de un preacuerdo con Unidos Podemos para dar un giro social a las políticas de vivienda de este país.

Nunca antes se había invertido tanto en vivienda. Más de 649 millones, lo que supone un incremento del 43% respecto del año pasado, destinado a aumentar el parque de vivienda público, promover los alquileres sociales, aumentar las líneas de ayudas y su dotación, e invertir más en rehabilitación, regeneración y renovación urbana.

En conclusión, el Gobierno no ha dejado de hacer política de vivienda teniendo en cuenta qué medidas no admitían dilación y podían aprobarse de forma urgente. Y sin olvidar por supuesto otras medidas que requieren un proceso más elaborado -por razones de seguridad jurídica- aun siendo igualmente de determinantes.

Ahora acabamos de pedir al INE una estadística pública de precios del mercado del alquiler para determinar las zonas más tensionadas, un instrumento imprescindible para habilitar a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a detectar zonas singularmente tensionadas sobre las que poder actuar de manera excepcional para dar estabilidad al mercado y seguridad a los ciudadanos.

Tenemos ante nosotros la oportunidad de recuperar el tiempo perdido de todos estos años. De recuperar una política de vivienda ambiciosa, que disipe el riesgo de eventuales burbujas inmobiliarias, y que contribuya al bien común garantizando a las clases medias y trabajadoras, a los más jóvenes y a los colectivos más vulnerables, el acceso a una vivienda digna a un precio asequible. Está en juego el disfrute de un derecho nuclear que condiciona el ejercicio de otros derechos básicos.

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