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Últimos estertores

La familia Franco ha desaprovechado la oportunidad de mostrar una mísera parte de la comprensión que la sociedad española ha mostrado con ellos

Seguro que el Gobierno lo podía haber hecho mucho mejor, pero con esta actitud no le dejan otra alternativa que ser contundente. Por responsabilidad y salud democrática no le queda elección

Unidos Podemos pide revisar la Transición en sus enmiendas a la Ley de Memoria

EFE

Este martes viviremos un nuevo 20N lleno de nostalgia y exaltación JoseAntoniana y Franquista. Por lo que ya hemos visto este fin de semana, incluidas agresiones a varias activistas de Femen, la exhibición será mayor que otras veces, en lo que parece una muestra estertórea ante la exhumación inminente de los restos del dictador. 

Esto que pasará este martes en nuestro país quizá acapare algo más de atención ante la incipiente preocupación por los despertares de un neofascismo (al que le sobra el prefijo) ya que en España no es nada nuevo, sino más bien un ligero remodelado con el lenguaje modernizado de los mismos nostálgicos que hoy mostraran la bandera vigente en la dictadura, “la del pollo”.

Las ceremonias en recuerdo y honor del dictador y del fundador de la falange, la caminata nocturna y las reacciones exacerbadas ante la desaparición de simbología fascista en los espacios públicos -que alcanza su zénit con la retirada de los restos de Franco del mausoleo construido con trabajo esclavo en el Valle de Cuelgamuros- están normalizadas en nuestro país, estamos acostumbrados a verlas año tras año desde el 20 de noviembre de 1975. 

Sin embargo, fuera de nuestras fronteras suponen un anacronismo difícil de entender. Más allá de los Pirineos y los mares que nos rodean, en lugares desde los que vinieron hombres y mujeres a nuestro país para luchar contra el fascismo y donde nos celebran y conmemoran como el pueblo que participó de forma esencial para dar uno de los golpes definitivos al nazismo en la liberación de París,  somos considerados una anomalía democrática.

Fuera de aquí no hay dos bandos, ni equidistancia, ni dobles raseros. Fuera de aquí hay un orden democrático que fue violentado por un golpe de Estado, una guerra sangrienta y una dictadura genocida. Fuera de aquí no hay ningún tipo de confusión entre demócratas y fascistas. 

Hay expertos y expertas que explican esta diferencia como consecuencia del intenso trabajo de construcción de memoria que se realizó durante el Franquismo y que llega a nuestros días a través del “atado y bien atado” traducido en los pactos de silencio y equidistancia de un periodo transicional que parece eternamente inconcluso. 

Por eso quizás sea normal aquí lo que fuera no lo es, como que el Estado de nuestro país haya permanecido de perfil ante los Derechos Humanos y los tratados internacionales que hemos adquirido, como si fuesen algo opcional y no de obligado cumplimiento. 

Es además inexplicable en términos democráticos que algunos de los que se autodenominan constitucionalistas ignoren el contenido del artículo 10.2 de la Constitución Española que obliga a su interpretación conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por nuestro país. Es decir también es derecho interno, tal y como nos recordó recientemente, una vez más, el relator especial de la ONU Fabian Salvioli. 

Y es que la UE y la ONU han reclamado a nuestro país el obligado cumplimiento de estas normas en innumerables ocasiones. Incluso con informes que concretan los incumplimientos que generan los déficits democráticos más preocupantes, como la falta de responsabilidad del Estado en la exhumación de desaparecidos en el segundo país del mundo con mayor cantidad de los mismos o la anulación de sentencias y otras ordenes franquistas aún vigentes hoy en día. La falta de formación en este tipo de Derechos Humanos en la función pública, judicatura y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o la privación de efecto de la mal llamada Ley de Amnistía, son también requeridos en estos toques de atención. 

Se incluye además en las resoluciones de la ONU la retirada de simbología franquista y fascista incluido aquello parece estar levantando tanto revuelo y dando minutos de televisión a los nostálgicos de la dictadura: la exhumación del dictador y la resignificación de la mayor fosa común del país: El Valle de los Caídos. 

Ante esta acción del Estado de obligado cumplimiento y de absoluta necesidad por higiene democrática, lo normal es que no hubiese habido resistencias. En otros lugares los dictadores están en lugares ignotos, privados o en una urna en manos de sus familiares. 

La familia Franco podía haberse comportando con amplitud de miras, entender que los Derechos Humanos son fundamentales y que están por encima de otros derechos particulares. Entender que el tratamiento de los restos de un dictador supera su ámbito familiar, comprender que la salud democrática de una sociedad es importante y sencillamente depositar los restos de su familiar, con dignidad y discreción, en un lugar privado donde no generen un problema. No era tan difícil. 

La familia Franco ha desaprovechado la oportunidad de mostrar una mísera parte de la comprensión que la sociedad española ha mostrado con ellos. No parece ser suficiente para despertar su “generosidad” tener la oportunidad de inhumar dignamente a su familiar, mientras esa oportunidad les es negada aún hoy a 114.000 familias que no tienen un lugar donde depositar una lágrima o una flor. 

Y en su lugar ha decidido dar la batalla, enalteciendo el franquismo, desafiando al Estado con la amenaza de montar un centro de peregrinaje fascista en plena capital de nuestro país y pretendiendo humillar, una vez más, a las víctimas del dictador y a la sociedad española exigiendo funerales de Jefe de Estado. 

Así hoy en España hay una familia que está sosteniendo un pulso con el Gobierno del Estado. Una familia que no es ni más ni menos que ninguna otra de nuestro país y que sin embargo actúa como si gozase de privilegios e impunidad no concebibles para ninguna familia en democracia, a excepción por Ley de la familia real, pero ese es otro debate. 

Y digo hoy -no hace ni cuarenta ni ochenta años- esto pasa en España hoy. Y no se trata ni de reabrir heridas, ni de reconciliaciones, venganzas o perdones. Eso pertenece al ámbito personal de cada cual. Se trata de que si una familia puede poner hoy en jaque a un Estado, ese Estado tiene un problema democrático. 

Seguro que el Gobierno lo podía haber hecho mucho mejor, pero con esta actitud no le dejan otra alternativa que ser contundente. Por responsabilidad y salud democrática no le queda elección. Si la familia quiere los restos en un lugar público, incluida la Almudena, ese lugar deberá ser cerrado por el Estado porque así lo dicta el Derecho Internacional que nuestra Constitución hace interno. Por muchas largas que el Partido Popular y Ciudadanos intenten darle a su connivencia con la situación, prolongando la presentación de enmiendas a la Ley de Memoria una y otra vez en un uso torticero y perverso de la normativa parlamentaria. 

Desprenderse de privilegios siempre genera resistencias, pero la familia del dictador y los nostálgicos tienen que entender que su tiempo de gloria pasó. Mientras ellos se anclan al pasado, la sociedad española evoluciona y lo mira para entender su presente y obtener mejores garantías de futuro. Está preparada para exhumar no solo a Franco sino al franquismo y no va a consentir que las resistencias antidemocráticas de unos pocos vayan más allá de estos los de hoy, sus últimos estertores.

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