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Por fin las eléctricas van a empezar a ganar dinero

En definitiva, que en el mejor de los casos la luz subirá muy por encima del 0,7% de bajada anunciada por el Gobierno en la anterior campaña electoral

El servicio de electricidad en Holanda vuelve a la normalidad tras el apagón de unas horas

EFE

En plena campaña electoral acabamos de conocer un auto del Tribunal Supremo por el que se ordena al Ministro de Economía, en su papel de sustituto del renunciado —papeles de Panamá— Ministro de Industria, Energía y Turismo, a que eleve al Consejo de Ministros, antes del 30 de junio, una propuesta de metodología de cálculo del valor de los componentes de los precios de la tarifa eléctrica.

Se trata del precio aplicable a esos más de 12 millones de suministros que siguen acogidos al denominado “Precio Voluntario del Pequeño Consumidor” (PVPC), esto es, a la opción por defecto facilitada por el Gobierno, ésa reservada a aquéllos que siguen resistiéndose a aceptar las supuestamente fabulosas ofertas con las que son bombardeados día tras día por hordas de comerciales a la puerta de casa. Resistencia, por otra parte, elogiable en la medida en que asociaciones de consumidores llevan años denunciando algunas de esas prácticas comerciales por considerarlas abusivas. No deben de andar muy desencaminadas las asociaciones cuando la propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha informado de que, curiosamente, los consumidores que “salen” de la tarifa oficial lo hacen pagando de media más de lo que venían haciendo. Curioso mercado en el que masivamente se quiere pagar más por lo mismo.

La necesidad de establecer la referida metodología no es otra que la de calcular de forma objetiva el denominado “margen de comercialización”, esto es, el conjunto de costes que afronta la compañía eléctrica por atender al cliente, facturarle y cobrarle. Se excluyen del cálculo los costes de adquisición de energía y de su transporte hasta el domicilio.

Cuando en abril de 2014 el Gobierno ideó la nueva “tarifa por horas” —ya sabe, lo de poner la lavadora a las 6 de la mañana porque es más barato que hacerlo a las 6 de la tarde, aunque depende del día— decidió que la tarifa oficial sería un mero traslado de los costes de adquisición y transporte de energía a los que se sumaría un margen de comercialización que estableció provisionalmente en 4 € por kW contratado y año antes de impuestos. Dado que la potencia contratada más habitual es de 4,6 kW, la cifra equivale a un margen de 23 € por familia y año, impuesto de electricidad e IVA ya incluidos.

Pues bien, las eléctricas consideraron el margen insuficiente, lo recurrieron en los tribunales y lo ganaron. Para ser exactos, la sentencia del Supremo que les dio la razón se dictó el 3 de noviembre del año pasado. ¡Vaya!, ahora se comprende por qué cuando semanas después, cuatro días antes de las pasadas elecciones generales, el Gobierno anunció una inmediata bajada de la tarifa eléctrica, algunos la discutimos porque, entre otras “trampas”, no incorporaba lo que el Supremo había sentenciado: que había que recalcular el margen de comercialización. Y había que hacerlo nada menos que desde abril de 2014. Nueva refacturación a la vista que se acumulará al famoso por incomprensible recibo eléctrico.

La cuestión por tanto es cuánto nos va a subir la luz esta vez. Los números, una vez más, los proporciona la CNMC. Su sala de supervisión regulatoria aprobó el 19 de mayo una propuesta de metodología que dejaba en manos del Gobierno una subida de entre el 1,2 y el 6,8% del recibo. Antes de entrar en la justificación de tan amplia horquilla, permítaseme detenerme en la política de comunicación del supervisor. Según la web de la CNMC, su propuesta se publicó el 3 de junio mientras que la nota de prensa explicativa es de 17 de junio. Es verdaderamente sorprendente que las sanciones al sector de los pañales de adultos, de las agencias de viaje o de los extintores, por ejemplo, gocen de nota de prensa explicativa en cuanto se publican. Parecen ser de mayor interés que la factura de la luz de más de 10 millones de hogares.

Entrando en la horquilla, la razón de su amplitud es que, además de los costes, cabría la posibilidad de que el Gobierno reconociera un margen a las comercializadoras eléctricas (que la CNMC estima no debiera en ningún caso superar el 3,5% de sus ventas) y, además, un coste de captación y retención de clientes. Coste éste en el no incurren las comercializadoras que venden energía a la tarifa oficial pero que se sugiere incorporar (para luego reintegrar “al sistema”) con el fin de no distorsionar el mercado, dado que las empresas que ofertan electricidad en competencia sí que lo afrontan.

En definitiva, que en el mejor de los casos la luz subirá muy por encima del 0,7% de bajada anunciada por el Gobierno en la anterior campaña electoral. Es más, como el cálculo habrá que retrotraerlo a abril de 2014, se nos incorporarán en concepto de atrasos entre 20 y 120 € por familia, según los márgenes que finalmente el Gobierno decida incorporar. El procedimiento, aventuro, tiene muchas posibilidades de ser polémico, principalmente porque muchos de los consumidores que estaban acogidos a la tarifa oficial por entonces ya no lo están.

Dejando de lado justificaciones de costes que pueden parecer más o menos razonables, conviene elevar la perspectiva para preguntarse el sentido que tiene que se vayan a reconocer ahora mayores costes a unas eléctricas que declaran un margen bruto conjunto de más de 7.000 millones de euros anuales en España.

Hay quien dirá que se trata de actividades distintas y que es necesario garantizar la competencia en todos los segmentos del negocio eléctrico. Quizás, entonces, ahí estaría el problema: en que en algunas actividades la competencia sería tan escasa que los márgenes permitirían dedicarse a otras que resultaran deficitarias. Quizás, pues, el próximo Gobierno debiera centrarse en reestructurar definitivamente el sector para evitar márgenes desproporcionados en todas sus actividades. Quizás entonces la factura eléctrica resultara comprensible para la mayoría de los ciudadanos.

A todo esto, el Sr. De Guindos previsiblemente no cumplirá la orden del Supremo. En la medida en que la semana pasada se negó a firmar una orden que establecía el reparto entre las eléctricas de los ingresos que les abonamos por la gestión de las redes, por haber sido Consejero de Endesa antes de su actual cargo, cabe presuponer que, por evidente analogía, nuevamente recaerá sobre la Vicepresidenta la decisión de reconocer más o menos margen comercial a las eléctricas.

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