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¿De qué hablamos cuando hablamos de diálogo?

De que ambas partes sean capaces de reconocerse la una a la otra como interlocutoras y de que sean capaces de hablar con claridad y sin dobleces ni eufemismos depende que, de una vez por todas, España recupere un clima de concordia y confianza política suficientes para empezar a trabajar

Manifestantes durante la concentración a favor del diálogo de este sábado en Madrid

Manifestantes durante una concentración en Madrid a favor del diálogo.

La independencia de Cataluña es una aspiración política legítima, como lo son la liberalización del aborto, el matrimonio igualitario, la eliminación del Impuesto de Sucesiones, el despido libre o el establecimiento de un sistema educativo público, por citar sólo algunos ejemplos. En democracia, la ley debe garantizar que cualquier aspiración política legítima se pueda materializar de manera legal.

En España hay un conflicto político que nos bloquea al menos desde 2006, y urge resolverlo: una parte importante de la ciudadanía de Cataluña no está satisfecha con su encaje institucional en  nuestro país. La negativa del autoproclamado "constitucionalismo" a tratar este asunto de otra forma que no sea usar la Ley y la Constitución como si fueran sendas fustas ha contribuido a que de la insatisfacción con el encaje de Cataluña en España, prácticamente la mitad de la población catalana haya pasado al abierto apoyo a la independencia.

Prácticamente la mitad de Cataluña vota por opciones abiertamente independentistas, y sus calles y plazas se llenan constantemente de gente que reclama la independencia. Por más que se puedan llenar también de gente que no la quiere, y por más que los partidos no independentistas reciban la otra mitad de los votos, estas circunstancias son síntomas claros de la existencia de dicho conflicto que no es un simple problema de convivencia, como parece haber decidido el Gobierno de Pedro Sánchez.

En teoría, la Constitución de 1978 garantiza que cualquier aspiración política legítima tiene cauces legales y democráticos para materializarse dentro de la legalidad. Para ello la constitución establece trámites legislativos ordinarios y otros extraordinarios para aquellas causas cuya materialización incluya la necesidad de reformar la propia Constitución. Sin embargo, el procedimiento de reforma constitucional que haría falta para materializar la independencia de Cataluña es prácticamente imposible de llevar a cabo. Es decir, la independencia de Cataluña es una aspiración política legítima en teoría posible, pero en la práctica es inviable por vías legales.

En 2006 vimos que este bloqueo legal a una aspiración política legítima no sólo afecta a un objetivo que acabaría con el Estado tal y como lo conocemos hoy día, como sería la independencia de Cataluña. También se levantó un muro político, institucional y legal contra una reforma del Estatut de Cataluña que no sólo no amenazaba la unidad de España, sino que garantizaba una nueva estabilidad en la relación entre Cataluña y el resto de España que se podría prolongar durante varias décadas.

Este bloqueo se levantó después de una activa campaña anticatalana de la derecha autoproclamada constitucionalista, llamando al boicot contra los productos catalanes y recogiendo firmas contra Cataluña. ¿Qué había hecho Cataluña para merecer tal castigo? Nada. Simplemente negociar un nuevo Estatut de Autonomía que contó con un apoyo masivo tanto en Cataluña como en España –ya que, siguiendo el trámite Constitucional, se votó como la Ley orgánica que es en el Congreso de los Diputados-, pero la derecha lo llevó al Tribunal Constitucional por una nimiedad: en su preámbulo usaba el término "nación" para referirse a Cataluña. Ello fue el pie para que el Tribunal Constitucional cancelara gran parte del articulado del Estatut, anulando incluso artículos similares a otros que están vigentes en los estatutos de otras comunidades autónomas. 

Así, Cataluña, y España en su conjunto, a través de las instituciones que las representan democráticamente –el Congreso de los Diputados y el Parlament-, chocaron con el muro institucional que hace, de hecho, inviable una aspiración política del conjunto del país, no sólo de Cataluña, que no era ya la independencia de Cataluña, sino una reforma de su Estatut de Autonomía que la vertebraba bajo el paraguas constitucional de España para varias décadas.

Aquello supuso que el catalanismo girara poco a poco desde posiciones autonomistas a posiciones independentistas. Todo esto, más que ninguna otra circunstancia, es lo que ha provocado la división política –al borde de la quiebra civil- en que se encuentra Cataluña actualmente, dividida en dos bandos prácticamente irreconciliables que ni siquiera se reconocen mutuamente como interlocutores.

Este bloqueo legal no ya a la independencia de Cataluña, sino a una reforma del Estatut, desembocó en lo que conocemos como el "procés" y en la declaración unilateral de independencia, una huida hacia delante que se saltó todos los procedimientos legales, estatutarios y constitucionales, como respuesta a la percepción –acertada, por otra parte- de buena parte de la población catalana de que sus legítimas aspiraciones políticas –que por aquel entonces no eran aún la independencia- no contaban con vías legales de materialización.

Llegados a este punto, solo hay una salida: la creación de puentes entre ambos campos, el independentista y el no independentista, de cara a la creación de espacios políticos de encuentro en los que al menos ambas partes se reconozcan como interlocutoras y se interroguen mutuamente sobre hasta dónde pueden llegar, sobre qué les resulta aceptable e inaceptable, y en los que sean capaces también de gestionar el desacuerdo. Los constitucionalistas, en sentido amplio, no sólo los autoproclamados constitucionalistas, debemos entender que hay un conflicto político que hay que resolver con métodos políticos, que no son otros que el diálogo y el acuerdo, y los independentistas deben entender que no se puede imponer una ruptura de la soberanía de manera unilateral por sólo una parte de quienes componen actualmente esa soberanía. Al menos, si no queremos que el conflicto político prosiga tras esa independencia.

Una vez alcanzado un clima de confianza, es decir, una vez que ambas partes se reconocen y son capaces de llegar a acuerdos y pactar desacuerdos, es cuando debería comenzar un proceso de diálogo amplio, en el que participen todas las fuerzas políticas y sociales que tengan algún interés en el proceso y que debería partir, sin líneas rojas ni imposiciones, de la base del último acuerdo en que se pudo fundamentar una vertebración democrática de Cataluña en España, y aceptable por las ciudadanías catalana y española en su conjunto, y que hoy quizás no sea aceptable directamente por ninguna de las partes, debido al clima de desconfianza mutua que se ha instalado desde entonces. Un proceso de diálogo que es posible que pase por un referéndum, como pasó el de 2006, pero que va más allá del referéndum.

¿Cuál sería el objetivo de este proceso de diálogo? Básicamente, la creación de un clima de concordia en el que se reconozcan Cataluña y España, un clima de concordia inspirado por el principio de lealtad federal, según el cual se respeta la diversidad nacional, social, lingüística y política de España y se conforma un nuevo modelo de relación que no es un mero estadio de transición hacia la independencia, sino un encaje real de España como estado común y no central ni impuesto.

Finalmente, el ámbito de negociación debe definirse claramente, y ambas partes deben hablar claro y dejar de lado eufemismos y sobreentendidos. En este sentido, conviene que todas las partes lean y estudien la Ley de Claridad de Canadá (aquí se puede consultar en español), porque es un ejemplo al que se hace referencia frecuentemente desde el campo catalanista o independentista que establece unas bases mínimas para que un referéndum de independencia de una provincia o región de Canadá pueda ser considerado como legalmente válido.

Dicha ley, que reconoce a los parlamentos regionales la capacidad de convocar un referéndum de independencia, establece que es la Cámara de los Comunes, es decir, el parlamento canadiense, el que debe decidir si la pregunta tiene la claridad suficiente y el que debe establecer los requisitos de claridad de la respuesta, que no se refieren sólo a la cantidad de los votos, sino que puede tener en cuenta otras circunstancias, como la participación o la abstención u "otros asuntos o circunstancias que considere relevantes"

Es decir, la provincia convoca el referéndum, pero el parlamento canadiense es el que determina si tanto la pregunta como la respuesta son claras. La Ley exige que se pregunte única y exclusivamente sobre la voluntad de los votantes de que la provincia en cuestión sea un estado independiente, y considera que la pregunta no es clara si se vincula a otras circunstancias, como posibles acuerdos económicos o de otro tipo.

Además, la Ley establece que las provincias de Canadá "carecen de facultades para separarse de Canadá unilateralmente y que, por tanto, la separación de cualquier provincia haría preciso modificar la Constitución de Canadá, lo cual, a su vez, precisaría negociaciones en las que, al menos, participaran los gobiernos de todas las provincias así como el gobierno de Canadá", negociaciones que incluirán "tanto el reparto de activos y pasivos como cualquier modificación de las fronteras de la provincia, los derechos, intereses y reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas de Canadá, así como la protección de los derechos de las minorías"

En resumen: independentistas y no independentistas, catalanes y españoles, Cataluña y el resto de España, deben ser capaces de generar un espacio de diálogo que desbloquee la situación política actual y en el que se puedan alcanzar los acuerdos suficientes para crear un nuevo entramado institucional y territorial de las diferentes partes de España, reconociendo el pluralismo y la diversidad nacional, social, económica y lingüística de España, un proceso en el que unos deben renunciar a imponer su modelo de unidad simplemente aplicando al pie de la letra citas constitucionales interpretadas de la forma más restrictiva posible y otros deben renunciar a la independencia unilateral como único fin del proceso. De que ambas partes sean capaces de reconocerse la una a la otra como interlocutoras y de que sean capaces de hablar con claridad y sin dobleces ni eufemismos depende que, de una vez por todas, España recupere un clima de concordia y confianza política suficientes para empezar a trabajar en problemas quizás menos ruidosos, pero de mucho mayor calado como la falta de expectativas, los retos ambiental y feminista, los nuevos modelos laborales y empresariales, la igualdad de oportunidades, que afectan por igual a catalanes, españoles, extremeños, castellanos, manchegos ...

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