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¿Huelga de la enseñanza cuando se habla de pacto educativo en el Congreso?

Ahora es cuando se están fijando las posiciones para un enfrentamiento del que puede salir muy dañado un servicio público del que dependemos demasiado como país

Los estudiantes recorren Madrid con gritos a favor de una huelga general

Imagen de archivo de una manifestación contra los recortes en educación. EFE

Nos encontramos en pleno proceso de reuniones de la Subcomisión para el Pacto Educativo del Congreso de los Diputados, que tiene el objetivo de encontrar un acuerdo general para una nueva ley de educación. Y precisamente cuando el legislativo da muestras de voluntad de diálogo y convoca semana a semana a diferentes representantes de la comunidad educativa para escuchar sus pareceres sobre la situación actual del sistema de enseñanza y sus necesidades de cambio, la Plataforma por la Escuela Pública convoca una huelga general de profesorado, alumnado y familias. ¿Qué les ha dado? ¿Justo se ponen a protestar cuando esos mismos convocantes comparecen ante sus señorías para explayarse y parecen tener la oportunidad de que sus demandas lleguen directamente a los encargados de hacer la nueva ley?

Pero las organizaciones de madres y padres, docentes, trabajadores no docentes y estudiantes no son unas irresponsables ni están fuera de sus cabales. A pesar de lo que se mueve en el Parlamento, la situación es muy grave y se acumulan razones de plomo para actuar con todas las fuerzas disponibles. El sistema educativo es un campo de batalla crucial para detener y revertir la ofensiva neoliberal que nos está haciendo recular desde la crisis de 2008.

Ahora es cuando se están fijando las posiciones para un enfrentamiento del que puede salir muy dañado un servicio público del que dependemos demasiado como país. De hecho, el tripartito que sostiene el Gobierno de Rajoy presupone que las posiciones están fijadas, como mínimo, en el punto en el que las ha dejado la aplicación express de la Ley Wert tras la generosa supresión del principal señuelo, las reválidas. La cosa quedó claramente definida con la comparecencia del exministro Gabilondo ante la subcomisión. Javier Sánchez, el diputado de Podemos, le espetó a las claras la pregunta crucial: ¿Cuál es su modelo, el del incremento constante de la privatización a través de la enseñanza concertada o el de la progresiva reversión hacia un sistema plenamente público? El filósofo metido a político del PSOE no eludió la pregunta y contestó explicando la posición de su partido: conciertos con escuelas privadas sí, por supuesto que sí, la enseñanza concertada es intocable… eso sí, con la condición de que se cumplan a rajatabla los requisitos de la ley. Es decir, conciertos como siempre, pero con una dosis extra de voluntarismo por nuestra parte…

El Partido Popular recurrió ante el Tribunal Constitucional el pasado mes de enero la resolución del parlamento que derogaba la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) con la excusa de que la medida afectaba a los ingresos presupuestados porque podía implicar la pérdida de una subvención europea. En realidad, se trata de seguir aplicando hasta el último minuto una ley de punto final de la enseñanza pública tal como la hemos concebido hasta el momento.

La LOMCE adapta el entramado jurídico a la tendencia consolidada en los peores años de la crisis. El nuestro es un ejemplo que añadir al libro La doctrina del shock, de Naomi Klein. La gravísima recesión económica se utiliza para aplicar una terapia que profundiza en la privatización y el desmantelamiento del Estado Social en beneficio de los intereses privados. Los datos son evidentes. Entre 2010 y 2016, según cifras del Ministerio de Educación, se perdieron 12.507 puestos docentes en la enseñanza pública al tiempo que se producía un incremento de 11.256 profesores en la privada. Lo comido por lo servido. Es un proceso de privatización encubierta. Mientras se suprimen por doquier plazas y centros públicos, los conciertos con privados son sagrados y no dejan de crecer en número y cuantía.

Todo vale para favorecer la idea de un mercado de la educación: cesión de terrenos públicos, aumentos extraordinarios año tras año de lo presupuestado para los colegios particulares, distritos únicos y rankings de centros, legalización de la subvención a la enseñanza que segrega por sexos y castigo impenitente a los docentes de la pública y sus centros a base de bajas no remuneradas, aumento de las ratios y de las horas lectivas, impulso de la interinidad frente a las plantillas estables limitando o cerrando la convocatoria de plazas de oposición…

¿Qué se cumpla la ley para los conciertos con la privada? ¿La misma que sistemáticamente no se cumplía cuando gobernaba el PSOE? Si la trinchera se fija en las actuales posiciones en la disputa pública-privada, tenemos claramente definidas las condiciones para el retroceso paulatino y las próximas ofensivas de la privatización y la desigualdad. La amenaza más grave está en que PSOE, PP y Ciudadanos lleguen a un acuerdo de fondo que respete el plan revolucionario del neoliberalismo europeo para nuestro país. Bajo la cobertura del consenso de los políticos de siempre, con los socialistas volviendo a dejar claro su compromiso con la agenda de Bruselas, podemos perder la batalla crucial y ver lo asombrosamente rápido que se transforma un servicio público esencial en un mercado revuelto para que ganen los que tienen que ganar a costa de los que tenemos que perder.

La educación pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades, sin contar el nivel socioeconómico de las familias o si vivimos en la ciudad o un pueblo. Es la que garantiza el derecho a la educación en un sistema a la vez neutral y plural, sin privilegios para ninguna concepción religiosa o política. La Constitución de 1978, en su artículo 27, punto primero, garantiza el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Ese derecho implica que el Estado se ha de hacer cargo de que el servicio no le falte a nadie. Esa libertad se complementa con el punto 6 del mismo artículo, que dice que cualquier persona física o jurídica puede crear un centro docente.

¿Debemos entender que la libertad de enseñanza implica necesariamente que cerca del 30% de la red de centros sostenida por fondos públicos sea privada subvencionada? La libertad de prensa, respaldada por el artículo 20 de la Constitución, no implica en absoluto que el Estado deba subvencionar a los medios de comunicación privados. Si bien es cierto que el punto 9 del artículo 27 dice que "los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que cumplan los requisitos que la ley establezca", en ningún caso se puede inferir que el modelo público-privado por el que han optado nuestros gobernantes desde 1985 sea nada más que una opción política dentro de las que la propia Constitución habilita. No hay un derecho constitucional a la enseñanza concertada, ni a que el Estado sufrague un supuesto derecho a elegir de las familias.

En nombre de la libertad de elección, se cuela el mercado. En un mercado siempre habrá opciones para pobres y para ricos. No habrá nunca suficientes opciones para satisfacer el derecho a elegir de todos los padres y madres, siempre habrá opciones privilegiadas; en el caso español, la supremacía de la Iglesia Católica en la oferta privada es abrumadora. Solo hay un modo verdaderamente razonable de garantizar el derecho de niños y niñas y de jóvenes y no tan jóvenes (y no de sus progenitores, por cierto) a una educación digna y sin privilegios de nadie: la enseñanza pública. Y en este momento vamos a la huelga porque se impone la necesidad de defenderla y avanzar sus posiciones frente a las intenciones mercantilistas de los que tienen la sartén por el mango en el Congreso de los Diputados.

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