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Las multas de Europa sí llegan a tiempo

La Comisión Europea busca condicionar la partida otorgada al Servicio Postal Universal

La única manera de asegurar Correos como empresa pública y con derechos al servicio de la gente pasa por el control democrático de sus trabajadores

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Bruselas pide a España recuperar 167 millones en ayuda incompatible a Correos

EFE

Correos S.A. sigue siendo top en los mass media. Unos días después de ser cesado su ex-presidente Javier Cuesta Nuín (sustituido por Juanma Serrano, uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez) y de hacerse públicas unas estruendosas filtraciones acerca del futuro privado hacia el que camina la empresa a marchas forzadas, dando un giro de 180º a sus prioridades estratégicas y al perfil de su plantilla, ahora es Bruselas quien saca el mazo a pasear. Y es que nuestra realidad estatal a menudo es rebasada por la pertenencia a la Unión Europea, donde el sector postal ya ha sido mayoritariamente liberalizado y entregado al capital privado.

Ayer publicaba El País que "la Comisión Europea ha concluido que Correos recibió entre los años 2004 y 2010 una compensación excesiva por parte del Estado para cumplir su papel como servicio postal universal. Bruselas cifra esta ayuda en 166 millones de euros, que la compañía deberá reembolsar al Tesoro. A ellos se suma un millón más derivado de exenciones fiscales indebidas, según revelan fuentes comunitarias".

Hay que tener en cuenta que el importe de la partida destinada a cubrir el Servicio Postal Universal (SPU) ha sido drásticamente recortado en los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados por M. Rajoy antes de abandonar La Moncloa. Y que dicho recorte, junto a otras problemáticas aun más lesivas, como los recientes despidos ejecutados por la empresa a trabajadores con bajas médicas aplicando la Reforma Laboral o la exclusión de una gran cantidad de eventuales de nuevas bolsas de empleo, entre otras, ha generado un aumento de la movilización de la plantilla y un requerimiento al Gobierno del PSOE de revertir las políticas aplicadas por sus predecesores al frente del Ejecutivo.

La demanda de aumentar el dinero presupuestado para el SPU es de las pocas medidas que aparece en la tabla reivindicativa de las organizaciones sindicales y las plataformas en lucha. Por tanto, no parece fortuito que justo cuando la cantidad destinada a este servicio público está en liza y el movimiento de trabajadores presiona por su ascenso, Bruselas haga su entrada en escena para dar un golpe encima de la mesa y, apoyándose en una denuncia de 2013, dictaminar que Correos debe devolver una millonada porque, según ellos, se ha estado ayudando excesivamente a esta empresa pública.

Es evidente que la Comisión Europea busca condicionar la partida otorgada al SPU. Al sentenciar que en el pasado ha estado por encima de lo necesario, lo que en verdad indica es que el nuevo Gobierno debe desoír las reclamaciones de los trabajadores y no incrementar el dinero destinado a esta función.

Y, para cerrar el hilo argumental, deja la puerta abierta a la posibilidad de que la directiva de Correos hubiera estado usando parte de los fondos públicos para la actividad de paquetería que no puede ser financiada con dinero público en lugar de para satisfacer el servicio postal.

Así pues, Bruselas juzga a Correos por "irregularidades en su financiación", pero a su vez manda el mensaje de que los recortes en la partida del SPU van en buena línea catalogando de excesiva la cuantía recibida entre 2004 y 2010.

En mi opinión, esta nueva polémica sirve para reforzar la idea de que la única manera de asegurar Correos como empresa pública y con una plantilla con derechos al servicio de la gente pasa por el control democrático de sus trabajadores. Las necesidades sociales no pueden seguir en manos de empresarios y directivos, para los cuales todo gira en torno a sus montañas de billetes.

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