Un poso de una verdad para hacer país
En julio pasado el Gobierno anunció su intención de crear una Comisión de la Verdad para conocer lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, entre otras medidas que implican una reforma integral de la denominada ley de memoria histórica, la Ley 52/2007. Esta decisión responde a una de las reivindicaciones de numerosos ciudadanos y ciudadanas, asociaciones memorialistas, activistas de derechos humanos y, muy especialmente, la Plataforma por la Comisión de la Verdad. Desde la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) no podemos sino valorar positivamente el hecho de que, por primera vez, un Gobierno de la Nación manifieste la voluntad expresa de abordar (por fin) el derecho a la verdad en nuestro país.
Lo cierto es que en España no ha habido hasta el momento una verdadera voluntad de conocer lo acontecido desde la Guerra Civil y hasta el final de la dictadura. Se han desarrollado, sin duda, numerosas iniciativas para llevar a cabo exhumaciones, lograr el acceso a los archivos o rescatar la memoria, pero no tantas que apunten a la creación de una Comisión de la Verdad. Frente a esta propuesta, han existido siempre profundas reticencias. Tanto es así que ni la Ley de 2007 la prevé, ni existe acuerdo entre las Comunidades Autónomas en torno a su creación, y las propuestas, en caso de haberlas, suelen estar más orientadas a la construcción de una verdad histórica y no “comisionizada”. La Proposición de Ley presentada por el PSOE en diciembre de 2017 sí incluyó la creación de una Comisión de la Verdad y ahora, ya en Gobierno, el PSOE reitera esta voluntad.
Existe en un cierto sector de la sociedad el temor profundo a lo que pueda conocerse. El miedo que antes era a las víctimas, tantas décadas silenciadas, pertenece ahora a aquellos que prefieren no saber, por lo que se pueda desvelar. Este temor es la causa de que no tengamos datos objetivos, que se nos haya negado cualquier ejercicio de aproximación a una verdad contrastada y, con mucho mayor motivo, a cualquier verdad que tenga una connotación judicial, y que nos permitiría conocer, por ejemplo, la identidad de la víctima o las circunstancias en las que fue asesinada y tener, de esta forma, una suerte de verdad “oficializada” por el poder judicial.
La verdad a la que aspiramos, a través de la creación de una Comisión, ha de tener unos componentes oficiales. No quiere esto decir que la Comisión esté compuesta por jueces (aunque puede haberlos), sino que se tienen que establecer métodos con la finalidad de llegar a una verdad contrastada y firme, y que al mismo tiempo garanticen el derecho de todos los participantes en esa comisión. Dotar a la verdad de garantías resulta fundamental, pues el derecho a la verdad constituye la base de todos los demás derechos: la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. El establecimiento de métodos creíbles permitirá llegar a la convicción de que, frente a la “verdad” hasta el momento contada, hay otro relato más próximo a lo que realmente sucedió .
La siguiente cuestión es para qué sirve esta verdad, cómo hacemos para que el trabajo de una Comisión de la Verdad no se convierta en otro extenso informe que muy pocos se van a leer. Frente a esta inquietud la respuesta es clara: la verdad es la base sobre la que se asienta un futuro en el que se garantice la no repetición de la historia de crímenes de lesa humanidad. Esto, en el actual contexto de surgimiento de movimientos fascistas en Europa, resulta especialmente revelador. Es una tarea aún por hacer, superar la idea de que está todo contado y construir y darle forma a un relato colectivo para que todos y todas quepamos en dicho relato. La construcción de verdad va por tanto más allá de las exhumaciones de los restos de desaparecidos forzados en España; ha de incluir medidas valientes, como la transformación del Valle de los Caídos en un lugar de memoria, en un lugar resignificado. Es una cuestión de dignidad democrática y de respeto a las víctimas, y así lo hemos expresado desde FIBGAR en numerosas ocasiones.
Contrariamente a la aparente contradicción entre verdad y justicia, es importante resaltar que se hace necesario encontrar un equilibrio entre ambos elementos que cumpla con los estándares internacionales. Estos estándares se refieren concretamente a la prohibición de amnistía de los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, y agresión (de amnistía y de prescripción, por mucho que los tribunales en nuestro país aún argumenten en este sentido). Esta relación de equilibrio entre verdad y justicia se ha desarrollado bajo diferentes modelos en contextos diversos, y ahí es donde tenemos todavía pendiente una importante labor pedagógica en nuestro país sobre las implicaciones de los mecanismos de Justicia Transicional. Sin embargo, hay que destacar que algunos informes elaborados por Comisiones de la Verdad han servido para procesos penales, como por ejemplo el denominado Informe Retting de Chile o el Nunca Más de Argentina, que fueron utilizados en los procesos desarrollados en España por delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado.
A pesar de lo anterior, si se pregunta a las víctimas de delitos atroces sobre su preferencia entre el cumplimiento de pena privativa de libertad de los autores de los delitos o la verdad, la mayor parte de ellas optará por el conocimiento de lo que ocurrió con su ser querido. Más allá de eso, hay circunstancias en las que las penas de prisión no son la respuesta más adecuada, por factores por ejemplo como el tiempo trascurrido desde la comisión de los hechos (como podría ser el caso de España), y en los que el enfoque de justicia restaurativa y reparación integral nos aporta una respuesta más satisfactoria para las víctimas.
Como señalábamos, la búsqueda de esta fórmula de Justicia Transicional ha de venir marcada por su coherencia con los estándares internacionales, en particular, con las recomendaciones dadas (y nunca contestadas por el Gobierno) por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff, en su informe de 2014 sobre la situación española. A lo largo de los últimos años otros organismos internacionales han recomendado igualmente a España crear una Comisión de la Verdad, como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo.
Y es que, como señaló una asistente al curso de memoria titulado “Derecho a la verdad y deber de memoria para el fortalecimiento de la democracia” (celebrado en la Universidad Complutense el pasado mes de julio), establecer un relato de verdad implica hacer algo por los de antes y por los de después, dejar un poso de una verdad global que haga país. Una verdad que no sea pasto de historiadores u opinadores oportunistas que tratan de establecer discursos de posverdad. Un relato consciente y aceptado globalmente para que las generaciones venideras puedan transitar por él; un relato participativo y no el oficial impuesto.
