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La regulación del diésel, una cuestión (también) de salud

Es un acto de responsabilidad política anteponer la salud pública de nuestros ciudadanos a los intereses de determinados grupos empresariales, máxime cuando existen en el mercado tecnologías efectivas que permiten el cambio

Científicos desarrollan biocombustible apto para motor diésel tradicional

EFE

El pasado 12 de febrero, el Parlament de las Illes Balears aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una norma tan pionera como necesaria para encarar el mayor reto al que se enfrenta la humanidad: el cambio climático. Hablamos de una realidad cuyos efectos ya se dejan sentir y ante la que los territorios insulares somos especialmente vulnerables. Hay consenso científico sobre la magnitud del problema y cada vez hay más consenso social y político sobre la necesidad de actuar de forma inmediata: nos jugamos demasiado.

Nuestras islas no se pueden permitir la inacción y la nueva ley, que entra en vigor el próximo 2 de mayo, establece un calendario escalado de medidas orientadas a garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de París. La ley plantea la reducción de emisiones en todos los sectores económicos, haciendo especial hincapié en aquellos que más contaminan, como son la generación de energía y el transporte terrestre. En este sentido, se ha fijado un calendario para el cierre y desmantelamiento de la central de carbón de Alcúdia y la evolución hacia combustibles menos contaminantes mientras se produce el despliegue de las renovables.

En materia de transporte por carretera, se fomenta la movilidad sostenible y libre de emisiones, estableciendo restricciones para los vehículos contaminantes con un doble calendario: el año 2025 se limita la circulación de los nuevos coches diésel, y en 2035 de los restantes.

Este calendario nos permite garantizar que el proceso de recambio natural de los actuales vehículos de combustión se produzca sin estridencias, con tiempo suficiente para que los coches que ahora circulan acaben su vida útil y sin tener que forzar a la ciudadanía a cambiar su vehículo antes de que llegue a la obsolescencia. Con este calendario aseguramos que en el año 2050, toda la flota de las islas estará libre de emisiones.

Esta medida de restricción de acceso de los turismos diésel al territorio balear a partir de 2025 ha provocado una encendida reacción por parte de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Merece la pena recordar aquí que durante la elaboración del proyecto de ley se mantuvieron distintas reuniones con responsables de esta entidad y que por nuestra parte siempre se ha mantenido abierto el diálogo. Sin embargo, en la defensa de sus propios intereses económicos, el lobby automovilístico ha puesto en marcha multitud de mecanismos para dificultar la tramitación y aprobación de la ley.

Un reguero de notas de prensa se hacen eco de cada una de estas denuncias, que posteriormente han sido desestimadas. Entendemos, en cualquier caso, que la insistencia sobre la propuesta balear no se debe tanto a su impacto directo, sino a su valor ideológico, que podría alentar iniciativas semejantes en otras comunidades.

La presión ejercida desde este lobby en la defensa de sus intereses económicos se ha contestado a nivel jurídico y será defendida con el máximo rigor técnico por nuestro Govern, pero no quisiera perder la oportunidad de exponer públicamente los motivos que nos llevaron a plantear esta medida.

En primer lugar, el mercado automovilístico ya está trazando de forma espontánea esta senda. En 2018 se quebró la tendencia de los últimos 20 años, y las ventas de turismos diésel cayeron en picado, dejando de ser la opción mayoritaria, hasta tener una cuota de solo el 35,8%. Pese a las grandes ofertas presentadas por fabricantes y concesionarios, la igualación progresiva del precio de los carburantes, las restricciones aplicadas por algunas ciudades y el amargo sabor de boca que ha causado el Dieselgate han hundido las ventas de estos vehículos. Durante los próximos años seremos testigos de caídas todavía más significativas.

En segundo lugar, los vehículos no contaminantes están alcanzando la madurez tecnológica necesaria como para ser una alternativa real. Los vehículos eléctricos tienen cada vez mayor autonomía y un precio más competitivo. La consultora Deloitte, en su último informe, fija el 2021 como el punto temporal en el que se equipararán los precios de los vehículos diésel y los de combustión. La mayoría de fabricantes automovilísticos apuestan decididamente por el vehículo eléctrico.

Por último, el argumento sin duda de más peso y el que motiva a anticipar el calendario de restricción de los vehículos diésel (año 2025) respecto de los restantes de combustión interna (2035), es el hecho de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevara en 2012 el humo de diésel al nivel 1 en su lista de sustancias cancerígenas. Es el nivel máximo, el que corresponde a "sustancias que causan cáncer con seguridad", que comparte con otras sustancias tan letales como el amianto, el benzeno, el formaldehído o la radiación.

No hablamos aquí únicamente de reducir emisiones de efecto invernadero o de asegurar la calidad del aire en términos abstractos: tratamos de reducir, mediante las herramientas que estatutariamente nos corresponden, la presencia de una sustancia que con total certeza afecta negativamente a la salud. Es un acto de responsabilidad política anteponer la salud pública de nuestros ciudadanos a los intereses de determinados grupos empresariales, máxime cuando existen en el mercado tecnologías efectivas que permiten el cambio.

Y lo que es más: la política de eliminación de los humos del diésel no se está librando únicamente en el ámbito del transporte terrestre. La misma ley de cambio climático que establece esta restricción impone la eliminación progresiva de los combustibles más contaminantes (carbón, fuel oil y gasóleo) de las centrales térmicas por alternativas de transición más limpias, como el gas natural, en tanto se completa el despliegue de las renovables.

No acaban aquí nuestras medidas, y también se aplican en el ámbito doméstico y empresarial: las nuevas calderas que se instalen no podrán utilizar diésel o gasóleo. Nuestra apuesta por la supresión del diésel es consistente a todos los niveles, como lo han sido también nuestros esfuerzos por la erradicación del carbón: Dentro de nuestro marco competencial, defenderemos la eliminación de todo aquello que sea nocivo para los ciudadanos.

De todo lo anterior hace caso omiso ANFAC, quien ha optado por hacer de Baleares el tablero de juego en el que debe dirimirse la perdurabilidad de los combustibles derivados del petróleo. Esta partida que se ha abierto en nuestras islas se disputa también a nivel nacional e incluso a nivel europeo: ¿Debe anteponerse la libertad de mercado y la protección de los intereses económicos de unos pocos a la salud e interés de todos, cuando existen alternativas en el mercado que permiten compatibilizar ambas situaciones? Más pronto que tarde, las instituciones europeas y, especialmente la Comisión, deberán pronunciarse respecto a esta cuestión. La respuesta del Govern y de la sociedad a la que represento y de la que formo parte es clara.

Otros muchos territorios europeos, como Francia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Países Bajos, y también España, han planteado distintos tipos de restricciones con diferentes calendarios a los vehículos de combustión interna. En breve, otros muchos países se unirán a esta petición, que es ya la de unas sociedades que reclaman acciones decididas en la lucha contra el cambio climático. El seguimiento multitudinario que tienen movimientos como Fridays for Future y otros hace evidente el clamor.

Los fabricantes de vehículos no deberían oponerse a un cambio que es ya imparable. Al contrario, deberían convertir este reto en una oportunidad, liderando la nueva industria y situando Europa a la cabeza de un sector que va a tener un notable despegue económico durante los próximos años.

En tanto se resuelve esta cuestión en las instancias correspondientes, desde nuestras Islas mantendremos con firmeza nuestra posición, con el convencimiento que nos da defender aquello que es justo y necesario. La lucha contra el cambio climático es un clamor que ni podemos ni queremos desoír. La tecnología ha avanzado lo suficiente para permitir una movilidad sostenible que no perjudique a nuestra salud. El sector que haga una apuesta rápida y efectiva hacia esta nueva movilidad saldrá ganando y, con él, todos los ciudadanos y ciudadanas.

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