Una renta digna para combatir la pobreza más allá del Covid-19

A raíz de la crisis del coronavirus, las desigualdades socioeconómicas preexistentes se han puesto de manifiesto. En 2019, el 23,8% de la población estaba en riesgo de pobreza y exclusión social y, a comienzos de 2020, 573.000 unidades familiares carecían de ingresos. Los hogares en situación de pobreza, generalmente con viviendas pequeñas mal equipadas trabajos precarios y escasos ingresos, ven aumentados sus problemas.

Determinados grupos sociales en situaciones vulnerables, como las personas con discapacidad y enfermedades crónicas, la población gitana en riesgo de exclusión, las personas inmigrantes en situación irregular, las solicitantes de asilo, las personas sin hogar, las personas con problemas de adicciones, la población reclusa, las mujeres víctimas de violencia machista o los hogares monoparentales, entre otros, se enfrentan al coronavirus y a las medidas del Estado de Alarma desde una posición inicial de dificultad y precariedad.

Esta crisis está situando a amplias capas de la población española en una situación de seria desprotección en lo que respecta al disfrute de sus derechos fundamentales. El virus impacta de manera más intensa a las personas mayores, muchas de las cuales viven en soledad involuntaria y llevan peor el confinamiento. Por otra parte, hay dos cuestiones graves que les afectan especialmente: la falta de garantías y de seguridad de muchas residencias geriátricas y la existencia de protocolos terapéuticos que discriminan el acceso de las personas mayores de 80 años a ciertos tratamientos vitales.

Los niños, niñas y adolescentes tienen una fuerte capacidad de resiliencia, pueden aceptar las nuevas circunstancias mientras tengan sus necesidades cubiertas, espacio y elementos para sus juegos, así como el cariño y apoyo de las personas adultas con las que conviven. Sin embargo, en la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad las necesidades materiales básicas no están cubiertas.

Asimismo, la enseñanza online que se ha establecido por las autoridades educativas alcanza al grueso del alumnado, pero no llega a quienes carecen de ordenadores, deben compartir el equipo con otras personas, o no tienen acceso a Internet. Al no poder cumplir con estas tareas, probablemente se producirá una mayor brecha digital y un desfase curricular con respecto a sus pares que será difícilmente recuperable.

Las personas sin hogar, en chabolismo o infravivienda, sin acceso a suministros de agua, electricidad y/o gas y las personas internas de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y de los Centros de Atención a Solicitantes de Asilo están particularmente afectadas, al no poder adoptar los mínimos para su seguridad sanitaria.

Las consecuencias de la epidemia potencian la desigualdad de género dentro de los hogares. Se constata como la distribución de la tarea reproductiva, que se ha cargado siempre mayoritariamente en los hombros de las mujeres, se ha multiplicado durante las medidas de confinamiento. A esto se suma la implicación aún más activa en las tareas escolares y en la atención a las personas dependientes, quienes antes de la crisis estaban en centros de día o en residencias. En las familias monoparentales, la responsabilidad de gestionar la crisis recae exclusivamente sobre el más de 80% de mujeres que componen estos hogares.

También se está observando un repunte en los casos de violencia de género agravado por la situación de confinamiento, por lo que se hacen necesarias medidas efectivas de protección tanto para las mujeres víctimas como para sus hijos e hijas, entre ellas el aumento de los recursos de acogida, campañas regulares de sensibilización y concienciación dirigidas a la opinión pública sobre la importancia de la denuncia por parte de las personas próximas, así como mayor atención presencial y telefónica, entre otras.

Hasta que las medidas sociales contenidas en los dos Reales Decretos-Ley del Gobierno entren en vigor, se tramiten y se evalúen las demandas de aquellos hogares afectados, estas circunstancias se irán agravando, así como las tensiones intrafamiliares y la angustia de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, quienes ya vivían al límite.

Como parte esencial de una estrategia más amplia de protección social, desde EAPN-ES consideramos que es necesario contar con un ingreso mínimo, que ayude a cubrir las necesidades básicas insatisfechas, permitiendo una vida digna y segura a las personas más desprotegidas.