Los países de la UE mantienen su división para eliminar el “roaming”

Los países de la Unión Europea (UE) siguen divididos sobre la propuesta de la Comisión Europea (CE) de eliminar los costes por utilizar el móvil en itinerancia (“roaming”) y pidieron hoy esperar a conocer un informe de los reguladores europeos antes de pronunciarse sobre el asunto.

El consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la UE celebró hoy un debate sobre la actualización de las normas comunitarias de comunicaciones electrónicas propuesta por la CE para impulsar un verdadero mercado único digital en el continente.

A pesar de que la iniciativa de Bruselas cubría una amplia gama de aspectos, de la creación de una autorización única para que las compañías de telecomunicaciones a la coordinación del uso del espectro radioeléctrico, finalmente el Consejo se ha centrado en dos aspectos “clave”: el “roaming” y la neutralidad de la red.

Partiendo de la propuesta de la CE de que el “roaming” desaparezca para 2016, el Parlamento Europeo ya aprobó en abril su posición al respecto: suprimir el 15 de diciembre de 2015 esas cargas y que se apliquen las mismas tarifas móviles por llamada o conexión de datos a los usuarios independientemente del país en el que se encuentren.

Ahora el consejo debe también adoptar una posición común para empezar a negociar con las otras dos instituciones, pero antes de cerrar un mandato los ministros se pronunciaron hoy mayoritariamente a favor de esperar a que el Organismo de Reguladores Europeos en Comunicaciones Electrónicas (BEREC), compuesto por los 28 reguladores nacionales, emita en diciembre un informe al respecto.

La presidencia italiana de turno de la UE ha elaborado entre tanto una propuesta de texto común que no ha recibido el respaldo de los Estados miembros al haber “todavía posiciones muy dispares”, según fuentes comunitarias.

En concreto, la presidencia propone aplazar la eliminación del “roaming” un año, al 15 de diciembre de 2016.

El secretario de Estado español de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, declaró en el debate público con sus homólogos europeos que apoya la propuesta, a la vez que consideró que este acuerdo “debe ser un anticipo de una revisión profunda del marco regulador de la economía digital”.

“El reglamento debe recoger unos principios claros sobre una internet abierta y, a la vez, dotar de flexibilidad a las autoridades nacionales para su vigilancia y adecuación a cada país”, señaló.

Pidió “ajustar el equilibrio entre tarificación minorista y mayorista” a la hora de eliminar el “roaming”, teniendo en cuenta un “equilibrio que responda a la diversidad” de los países.

Portugal por su parte señaló que hay que “mirar el impacto en los mercados nacionales, el nivel de los precios mayoristas y unos criterios de uso justos”, para evitar además “distorsiones de la competencia” y que aumenten los precios a nivel nacional.

Para países como Holanda, Irlanda o Suecia, es necesario “no precipitarse” y contar con un “trabajo preparatorio para llegar a un mandato de negociación aceptable”, mientras que otros como Dinamarca o Lituania temieron por que los operadores sufran consecuencias financieras negativas.

Otros como Austria alertaron de que una regulación precipitada podría “tener consecuencias para la amplia masa de los consumidores europeos, que tendrían que compensar (los costes) por los pocos que utilizan este servicio en el extranjero”.

Grecia por su parte señaló igualmente que “el final de la itinerancia, si no se planifica bien, va a hacer que suba el precio de la telefonía móvil en cada país”.

Sobre la neutralidad de la red, las delegaciones se mostraron mayoritariamente a favor de mantener un internet “abierto y neutral” y prohibir la discriminación de precios por acceder a contenidos.

La propuesta de la CE admitía que los operadores ofreciesen “servicios especializados” con “calidad garantizada” -como los vídeos a la carta o aplicaciones médicas- si no se interfiere con la velocidad de conexión prometida a otros clientes.

El objetivo es evitar la discriminación de contenidos o aplicaciones de voz como Skype o mensajería como Whatsapp, por las políticas comerciales de los proveedores de internet.

Según la propuesta de la presidencia, la gestión del tráfico se permitiría si es “transparente, no discriminatoria y proporcionada y no anticompetitiva”.