Cuando ser chivato no es malo
Si juntásemos en una misma sala al periodista encargado de las publicaciones de los cables filtrados por Wikileaks en el diario Le Monde, al cofundador de YanukovichLeaks, a una ex oficial del MI5 huida durante años por denunciar a la agencia de inteligencia británica, a los desarrolladores de Globaleaks –la primera plataforma en código abierto para el intercambio de información de forma anónima— y a un miembro del equipo legal de Edward Snowden, junto a decenas de periodistas especializados en investigación, expertos en seguridad informática, abogados, activistas y algún que otro ciudadano dispuesto a arriesgar su vida por hacer públicas las irregularidades de las que es testigo desde su puesto en una Administración Pública o una empresa privada; si los juntásemos a todos, puede que más de un Gobierno suspicaz se echase a temblar.
Así es que tan ilustre audiencia se reunió recientemente en la ciudad de Ámsterdam con motivo de la primera Conferencia Internacional de Whistleblowers (Internacional Whistleblowers Conference), donde quedó patente que el tradicional papel de los medios de comunicación como generador de noticias se desdibuja para fundirse en un nuevo modelo informativo que, en colaboración con ciudadanos anónimos, fluye entre el periodismo de investigación de toda la vida, las herramientas informáticas de última generación y las pantanosas aguas de la transparencia corporativa e institucional. Lo que no sabemos es si alguna agencia de inteligencia se molestó en mandar algún espía hasta la capital holandesa.
El estigma de denunciar a tu propio gobierno
Annie Machon toma el escenario de la sala principal del Pakhuis de Zwijger sin titubeos, con la seguridad de quien sabe que ha hecho algo bien. Recorre el mundo desde hace años impartiendo charlas y participando en debates sobre transparencia informativa, activismo ciudadano y defendiendo el indispensable papel que los whistleblowers tienen para la sociedad.
Un tema que conoce bien de cerca esta exoficial de inteligencia del MI5 británico que tuvo que abandonar su puesto de trabajo junto a su pareja de entonces, el agente secreto David Shayler, para ayudarle a denunciar presuntas actuaciones criminales dentro de la agencia de inteligencia del Reino Unido. Entre ellas Shayler había descubierto el pago por parte del MI6 a un agente involucrado en el intento de asesinato del líder libio Muammar Gaddafi.
Aquel mes de agosto de 1997, la pareja recibía la esperada llamada por parte de los periodistas del diario Daily Mail con los que llevaban meses trabajando: la exclusiva sería publicada en tres días. En apenas unas horas cogieron sus maletas y huyeron a la ciudad holandesa de Utrecht, a partir de entonces comenzó una huida que les llevó a vivir ocultos durante un año en distintas localidades europeas y otra temporada de exilio en París.
Tras ocho años de litigios, la ex MI5 disfruta ahora de lo que ella considera simplemente “ejercer mis derechos democráticos y libertad de expresión”. Atrás quedan las amenazas, arrestos y juicios –incluso a sus allegados, a los periodistas y a quienes les apoyaron—, años y años de aislamiento, sin poder trabajar, viviendo con el estigma de ser una traidora para algunos, una heroína para otros. “Acabas aprendiendo a vivir con ello”, confiesa.
Sin embargo, el perfil habitual de quien valientemente decide denunciar una irregularidad de la que es testigo en su entorno laboral o social está más alejado de los focos y las grandes audiencias a las que está ya habituada Machon. Normalmente el informador acaba convirtiéndose en la propia víctima de la historia; es culpabilizado mientras que aquellos que infringen las leyes no son ni tan siquiera cuestionados. “La realidad es que las autoridades persiguen a los informadores para disuadir a futuros informadores”, denuncia la ex MI5.
Esta desprotección jurídica conlleva inevitablemente un efecto persuasivo sobre aquellos testigos de malas conductas, posibilitando que éstas se perpetúen en el tiempo. Así, un débil sistema judicial no solo deja desamparados a los filtradores de información, sino que además les condena a la exclusión social, profesional y económica. Un riesgo que no todo el mundo está dispuesto a asumir.
España, a la cola europea en protección para los denunciantes
Pese a que a nivel internacional existe ya cierto consenso en torno a la figura del whistleblower, la inclusión de medidas legislativas en la Unión Europea para su protección, ha sido en las últimas dos décadas, lenta y desigual dependiendo del país comunitario en cuestión.
Según el informe de la ONG anticorrupción Transparency International “Whistleblowing in Europe: legal protections for whistleblowers in the EU” de 2013 tan solo Reino Unido, Luxemburgo, Romania y Eslovenia poseen una cobertura legislativa “avanzada” en cuanto a la protección de filtradores de información. En esta clasificación, España se encuentra entre los siete de los 27 estados miembros que no cuentan con ningún tipo de legislación o ésta es muy limitada.
Mientras la PIDA (Public Interest Disclosure Act) británica protege a “prácticamente todos los empleados en el gobierno, el sector privado y ONGs”, e incluso contempla la posibilidad de que el denunciante reclame compensaciones económicas en caso de haber sido perjudicado económica o moralmente –un referente legislativo a nivel europeo y mundial— España “no cuenta con ninguna legislación global para proteger a empleados del sector público y privado de las represalias por denunciar delitos”, denuncia el informe de TI.
Es más, ni tan siquiera existe una “cultura palpable” en los empleados y en la ciudadanía de denunciar dichos delitos. Desde TI relacionan esta falta de implicación con el hecho de que cualquier ciudadano que denuncie una actividad delictiva ha de confirmar su declaración personalmente ante las autoridades. Únicamente la ley española ampara el anonimato de los ciudadanos que denuncien conflictos de intereses que atañen a oficiales de alto grado y miembros del gobierno.
Así, por ejemplo, en uno de los mayores casos de filtración de documentos en la historia de nuestro país, los correos de Blesa, la Fiscalía intentó a comienzos de este año que se abriera una investigación a los medios de comunicación que publicaron los correos del ex presidente de Caja Madrid –los cuales fueron determinantes como prueba de sus prácticas irregulares en la entidad bancaria.
Pese a las repetidas recomendaciones a España desde 2006 por parte de la OECD (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) y más recientemente por el Consejo de Ministros de los Estados Miembros la Unión Europea [Recommendation CM/Rec(2014)7, 30 de abril de 2014], tampoco “existe una aparente iniciativa por parte de los líderes políticos de implementar dicho marco de seguridad jurídica” continúa el informe.
Es cierto que la sociedad española ejerce desde hace unos años una presión cada vez mayor desde las calles, sin embargo, la mayoría de la ciudadanía sigue percibiendo como inefectivos los canales de denuncia habituales y las principales agencias anticorrupción gozan de niveles de popularidad bastante bajos. Precisamente, la corrupción, que es lo que la cultura del whistleblowing trata de prevenir, “es un factor crucial en el declive de la apreciación de la calidad democrática que atraviesa España actualmente”, concluye el informe de la ONG.
No se trata de incentivar una cultura del chivatazo sino de que dar la voz de alarma ante actos corruptos e ilegales se convierta en un deber tanto para los medios de comunicación y legisladores como para la sociedad civil. Un cambio cultural que requiere de unas leyes lo suficientemente solventes para garantizar la protección de los informadores, así como efectividad en la investigación posterior de dichos delitos, para que el esfuerzo y compromiso de los ciudadanos no sea en balde y deje impunes a los verdaderos culpables.
Whistleblowers tecnológicos
El desarrollo tecnológico también lidera, en ocasiones, la senda del cambio social. En los últimos años estamos siendo testigos de la aparición de plataformas informáticas cuyo objetivo es transformar la información que maneja la sociedad civil en acción, al posibilitar la filtración de documentos de forma totalmente anónima que prueben presuntas malas prácticas dentro de las instituciones públicas o empresas privadas.
Más allá de Wikileaks –la estrella mediática de las plataformas de filtraciones—, ha surgido un nuevo movimiento de jóvenes iniciativas en código abierto como es el sistema desarrollado por Globaleaks, el cual es utilizado ya por una quincena de iniciativas en países de todo el mundo, incluida la holandesa Publeaks que colabora con más de 40 medios nacionales y locales, o la recién llegada a España Fíltrala, que tiene un acuerdo con cuatro cabeceras españolas: eldiario.es, Diagonal, La Marea y Mongolia.
“El modelo internacional-global propuesto por Wikileaks no llegaba hasta contextos locales, cuando de hecho, tenemos acreditado que los 'leaks’ locales son más poderosos que 'leaks’ globales”, así surgió la idea de empezar a hacer plataformas locales de whistleblowing, explican desde Fíltrala. “En España la corrupción es rampante, a la vez que la población está bastante enterada sobre el uso del Internet como herramienta de acción social”, por lo que una iniciativa como esta tiene muchas opciones de éxito.
“Creemos que la veracidad reside en el propio contenido y estructura de los documentos, las filtraciones deben hablar por sí mismas. Este es unos de los pilares del 'periodismo científico' que intentamos practicar”, explica Pedro Noel, uno de los impulsores de la plataforma.
Pero no se trata simplemente de conseguir una exclusiva que cope las cabeceras de los medios, “las grandes filtraciones son las más mediáticas, pero también necesitamos transparencia desde dentro de los gobiernos e instituciones”, reivindican desde Globaleaks.
El caso Snowden y Wikileaks han sido “un punto de partida bueno y necesario” para el fenómeno de las filtraciones, que ha demostrado “el gran impacto social que pueden tener los ciudadanos como informadores desde dentro de las instituciones, y ha contribuido al debate sobre qué riesgos han de ser evaluados y qué medidas han de ser tomadas al respecto, como por ejemplo, mejores softwares de seguridad” apunta Giovani Pellerano, desarrollador de la herramienta y miembro fundador del Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights –organización corresponsable de la Conferencia— y que apenas alcanza la treintena, como la mayoría de los informáticos presentes. “Además de periodistas, grupos activistas y ONG, también las Administraciones Públicas, en países como Italia o Tailandia, están empezando a solicitar nuestra tecnología” señala Pellegrini.
Asistimos a una nueva situación informativa donde el ciudadano ya no es un mero receptor de información más o menos activo sino una valiosa fuente de información con un valor clave para el resto de la sociedad; donde ya no son las grandes corporaciones de medios las que destapan escándalos sino organizaciones sin ánimo de lucro como la estadounidense 100 Reporters o la serbia Pištala (“El silbato”) y donde, tal y como afirma uno de los reporteros tras la plataforma ucraniana YanukovichLeaks, Dmytro Gnap “el periodismo de investigación está convirtiéndose más que en un trabajo, en un deber de la sociedad”.
