Periodistas espiados en nombre de la democracia
“La forma en la que Estados Unidos pidió a Google que facilitara todos los documentos es absolutamente inaceptable y en contra de la Cuarta Enmienda”. Así resumía Baltasar Garzón, director del equipo legal de Wikileaks, la entrega a la fiscalía estadounidense, por parte del buscador, de los correos electrónicos y otros datos de las comunicaciones personales de tres periodistas de la organización: Sarah Harrison, directora de investigación, Joseph Farrell y Kristinn Hrafnsson, portavoz.
Fue en el marco de una rueda de prensa celebrada este lunes en Ginebra, en el Club de Prensa, poco después de que el Consejo sobre Derechos Humanos de la ONU, en una de sus revisiones periódicas, sometiera a examen a Suecia (país que mantiene una orden de detención contra Julian Assange y a quien le ha denegado su petición de declarar en la embajada de Ecuador en Londres, donde permanece recluido desde junio de 2012).
Un procedimiento que los abogados de Assange confiaban que contribuyese a desatascar la situación legal de su defendido, quien, según denunciaron, “ha cumplido efectivamente una sentencia 2 años y medio, más que el máximo que enfrentan las acusaciones no probadas”.
Precisamente en este contexto de, según dijeron, “persecución política hacia todo lo que tiene que ver con Wikileaks” sitúan los abogados de la organización el procedimiento secreto abierto hace dos años contra los periodistas y que no conocieron hasta el pasado 23 de diciembre cuando Google les informó del requerimiento que la Fiscalía les había cursado.
Se trata de tres órdenes judiciales emitidas el 22 de marzo de 2012 por el juez estadounidense John F. Anderson en las que se pide a Google la entrega, antes del 5 de abril de ese año, de toda la información disponible relativa a los tres principales periodistas del portal.
Además de los correos electrónicos, en la orden se requiere a Google que entreguen borradores no enviados, lista de contactos, imágenes y archivos, números de tarjetas de crédito, direcciones IP, entre otros muchos datos. Estas órdenes de registro fueron usadas en la rueda de prensa por los abogados de Wikileaks para explicar la situación de persecución política que, a su juicio, estaría sufriendo la plataforma de filtraciones y su fundador:
“Assange y WikiLeaks son objeto de una investigación penal masiva de sus actividades periodísticas, que se remonta por lo menos 4 años”, dijeron. Unas investigaciones que “son la razón por la que Ecuador ofreció dar asilo”, destacó el abogado Michael Ratner, que intervino en la rueda de prensa a través de videoconferencia.
El equipo jurídico que defiende a Assange insistió en que estas diligencias que ahora se conocen no son algo aislado.
Como recapitulaba en The Guardian el director de la Freedom of the Press Foundation, Trevor Timm, en una columna el pasado domingo en la que daba a conocer el caso de la cesión de datos de Google, “en los últimos cuatro años, WikiLeaks ha tenido sus cuentas de Twitter espiadas en secreto, se ha visto obligada a renunciar a la mayor parte de su financiación después de que las compañías de tarjetas de crédito les cortaran el paso de manera unilateral, ha tenido un informante el FBI dentro de su organización de noticias, ha visto a sus seguidores llevados ante un gran jurado, y ha sido víctima de la agencia de espionaje del Reino Unido GCHQ que hackeó su página web para espiar a sus lectores”.
Caza al periodismo de filtraciones
La tesis de la persecución se apoya además en la forma de proceder del Departamento de Justicia: Según destacó una de las afectadas, Sarah Harrison, lejos de pedirse información concreta en base a una presunción fundada, se buscaba acceder al historial digital completo de estos usuarios. “No se trata de una investigación, 'dame los correos electrónicos x, y, z'. Se solicitó todo desde el principio”, dijo.
La gravedad de los hechos, según el equipo de legal de Wikileaks es doble. Por un lado se trata de una investigación prospectiva, en contra de lo que establece la Cuarta Enmienda. Según ilustró Baltasar Garzón: “El fiscal 'ha ido de pesca' y se ha equivocado”. Y añadió: “Son pruebas arbitrarias e ilegales que pueden suponer la nulidad de todo el proceso”.
Pero, además, supone un ataque a la libertad de prensa en la medida en que se estaría aplicando a periodistas que difunden información de interés público “sensible”, la ley de espionaje, con unos cargos que, según Wikileaks, podrían llegar a representar, en total, hasta cuarenta y cinco años de prisión.
“Estados Unidos está tratando el periodismo de denuncia como si no fuera periodismo”, advirtió Garzón. “Lo contrario a lo que le dicen que haga los comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos”, precisó.
“Me siento atacado. Como periodista desde hace casi treinta años, creo que esto es un ataque al periodismo”, dijo el islandés Kristinn Hrafnsson, portavoz de Wikileaks.
Y es que otro elemento que destacaron todos los intervinientes en la rueda de prensa, además del “agravante” que supone que los afectados sean periodistas, es el hecho de que se trataba de sus comunicaciones personales:
“Iban tras las cuentas de correo electrónico privadas de los periodistas. Nadie en Wikileaks usaría Google para las comunicaciones internas. La cuenta que tenía era una personal desde hacía mucho tiempo”, explicó Harrison.
El equipo legal de Wikileaks denunció que, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, se estuviera aplicando la ley de espionaje: 'Una ley que es para la seguridad nacional se ha utilizado para investigar correos electrónicos privados“.
La posibilidad de someter a la actividad periodística a leyes excepcionales también ha llevado a la periodista Quinn Norton a anunciar su intención de dejar de cubrir temas de seguridad informática y hacktivismo, particularmente de Anonymous, como venía haciendo, tras conocerse la pena de más de cinco años a que ha sido condenado el también periodista Barrett Brown, por diversos cargos, entre ellos, enlazar a un pastebin público que contenía datos privados obtenidos en un ataque al sitio web de la consultora de seguridad Stratfor.
El propio Brown en su primera columna después de dictarse sentencia (“el lado positivo es que al fin puedo hablar libremente”, dice) en la que analiza las consecuencias de su caso para la libertad de prensa, recuerda que Reporteros Sin Fronteras lo incluyó entre los factores clave para descender de posición a Estados Unidos en el ranking global que elabora la ONG, pasando del puesto 33 al 46.
La responsabilidad de las empresas: de Google al bloqueo de Vodafone a TPB
En cuanto a Google se le censura que no se opusiera a las órdenes de registro y que entregase los datos sin notificarlo a sus usuarios, según el buscador por “secreto de sumario”, con la consiguiente imposibilidad de defensa para los afectados. “Google esperó más de 2 años y medio para notificar a sus suscriptores de estas ordenes de registro”, denunció Michael Ratner.
“Si podemos demostrar que Google no se opuso a la entrega masiva de documentos, estudiaremos tomar acciones legales, civiles o penales, tanto contra Google como contra el gobierno norteamericano”, anunciaba Baltasar Garzón.
Para ello, esperarán a que el buscador responda a la carta que el lunes enviaron los abogados de Wikileaks. “El primer paso para nosotros es saber exactamente qué información Google entregó a las autoridades de EE.UU”, explicaron. Porque, además, pueden estar en juego los derechos de “terceras personas que nada tienen que ver con Wikileaks y a las que también se les habría causado un perjuicio”, aclaró Garzón.
¿En qué condiciones se puede ver obligada una empresa como Google a dar toda la información que tenga almacenada de uno de sus usuarios? Se lo preguntamos al profesor de Derecho de la Información y Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, Manuel Sánchez de Diego.
“Dependerá de la legislación de cada país. Sin embargo, entiendo que el derecho a la intimidad debe ser preservado a nivel internacional como derecho humano universal. Eso significa que cualquier restricción legal debe ser necesaria en una sociedad democrática, por lo que el derecho humano se impondría a restricciones legales abusivas o incluso las cláusulas que se aceptan sin mirar de Google”, afirma.
Más allá del ámbito legal, Sánchez de Diego también apunta a otro elemento: la quiebra de la confianza exigible a las empresas digitales. “Aparte de las normas y el juicio jurídico que se pueda hacer a la acción de Google de entregar información de sus usuarios a las autoridades norteamericanas, que es una cuestión compleja, existe una clara reprobación a su actuación por vulnerar las normas de comportamiento en Internet. Después de conocer que ha entregado información de sus usuarios, sin ni siquiera advertírselo, han roto la confianza. Han sido las autoridades norteamericanas, pero pueden ser las chinas, la empresa competidora o el partido político rival”, reflexiona.
Los abogados de Google han explicado esta semana, tras la denuncia de Wikileaks, que se opusieron a las órdenes de registro de la fiscalía y a no poder ponerlas en conocimiento de los afectados. Pero alegan que el fiscal en ningún caso aceptó a levantar el secreto por el precedente de Twitter, cuando en 2010 recibió también una orden judicial para aportar datos de la parlamentaria islandesa Birgitta Jónsdóttir, ahora en el Partido Pirata, y entonces en el Movimiento de los Ciudadanos, que terminó saliendo a la luz y generando una importante campaña de protesta en las redes.
Un argumento que no ha sido muy bien recibido por parte de los defensores de los derechos civiles, como el abogado Christopher Soghoian, de la ACLU:
Sobre la responsabilidad de las empresas en garantizar el derecho a la información, cabe también preguntarse por otro caso de actualidad esta semana: el bloqueo, por parte de Vodafone a The Pirate Bay, sin que mediase orden judicial obligando a ello.
“Aquí estaríamos de nuevo ante otro problema en donde concurren no solo las condiciones que las operadoras de telecomunicaciones, portales... ponen y todos aceptamos sin leer; también la normativa de defensa de la propiedad intelectual que a mi juicio es recurrible en tanto que establece un sistema ”administrativo“ de protección”, afirma Sánchez de Diego.
“Entiendo que, al existir un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión, la restricción al mismo ha de realizarse por el poder judicial en resolución motivada”, asegura.
Otros espionajes a periodistas
La denuncia de Wikileaks de “espionaje” a miembros de su equipo viene a sumarse a otra revelación reciente: según uno de los últimos documentos de Snowden publicados, la agencia británica de espionaje (GCHQ) habría estado rastreando y almacenando específicamente correos electrónicos de periodistas de investigación de grandes medios internacionales, como la BBC, Reuters, The Guardian y New York Times.
En España, el pasado diciembre salía a la luz cómo las llamadas de teléfono de dos periodistas del diario ABC habían sido rastreadas, por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, para llegar hasta la presunta fuente de una información que el periódico había ofreció en su portada meses atrás.
La situación incluso podría empeorar si sale adelante la reforma de la Ley de Enjuciamiento Criminal que amplía los supuestos por los que se pueden interceptar las telecomunicaciones (pinchazos telefónicos) sin control judicial, que ya no será solo, como venía ocurriendo, para los delitos de terrorismo.
¿Tiene derechos de privacidad “extra” un periodista por el hecho de serlo o la posibilidad de acceso a sus comunicaciones es la misma que en el caso de cualquier ciudadano?
Sánchez de Diego recuerda que “los tribunales han manifestado reiteradamente que el derecho a la libertad de expresión con todas sus facetas y derechos derivados corresponden a todas las personas. Lo que ocurre es que cuando esas personas realizan una función esencial en una sociedad democrática como es la de crear una opinión pública libre, existe un plus de protección”, explica.
¿Cómo evitar estos ataques al periodismo, particularmente al periodismo denuncia? ¿Serían necesarios cambios en la legislación? En España, por ejemplo, el secreto profesional está recogido en la Constitución, pero no existe una norma que lo desarrolle.
En el caso del periodismo de filtraciones o de denuncia, el Parlamento Europeo, el marco de la comisión de investigación sobre el caso Snowden, incluyó entre sus conclusiones la necesidad de crear un marco de protección para las personas que revelan información sensible de interés público, los denominados whistleblowers.
“Bastaría con que en la jurisprudencia de los estados y a nivel internacional se reconozca la función de defender un espacio en donde exista una opinión pública libre”, apunta Sánchez de Diego.
Documentos
Orden de busca y registro contra Sarah Harrison
Orden de busca y registro contra Joseph Farrel
