La crisis de los debates que ha estallado en el ecuador de la campaña electoral deja en una posición muy delicada a la administradora única de la corporación, Rosa María Mateo, cuestionada por los propios profesionales de la televisión y la radio públicas y por todos los partidos de la oposición.

Mateo fue la persona que decidió cambiar la fecha del debate -que RTVE había fijado desde el primer momento el 22 de abril- para el 23, la fecha que había elegido el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y el día en que Atresmedia había planificado otro en el que ya habían confirmado su asistencia el resto de aspirantes: Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias.

Los Consejos de Informativos -los comités profesionales que velan por la neutralidad de la información en la radio y televisión públicas- mostraron su disconformidad con la decisión de Mateo y pidieron que la cobertura electoral no se plegase a los intereses de ningún partido. Durante todo el jueves, los informativos de televisión y radio contaron la protesta de los periodistas y en la segunda edición del telediario, la editora adjunta y presentadora, Ana Roldán, comunicó que la dirección de informativos se desvinculaba “de la decisión de la administradora única”.

Periodistas con gran ascendencia sobre la redacción como el director de Los Desayunos, Xabier Fortes, y el presentador habitual de la segunda edición del Telediario, Carlos Franganillo se mostraron muy críticos en las redes sociales contra la decisión de Rosa María Mateo.

A primera hora del viernes, el director de Las Mañanas de Radio Nacional, Íñigo Alfonso, arrancó su programa pidiendo perdón a la audiencia y criticó que se haya colocado a los medios de comunicación públicos en el centro del debate político.

Este viernes después de que Sánchez rectificase y decidiese acudir a los dos formatos, los Consejos de Informativos de RTVE emitieron un nuevo comunicado en el que cuestionan que no fuese la Corporación la que anunciase la vuelta a la fecha original. “Lamentamos la decisión de la Administradora Única de cambiar el día del debate en contra de lo propuesto por la Dirección de los Servicios Informativos, las consecuencias que ha provocado y celebramos la rectificación final”, señala la nota que considera “una falta de elegancia y de respeto las insinuaciones de un grupo privado de comunicación sobre nuestra capacidad para organizar un debate profesional”.

Las redacciones de la televisión y la radio públicas se habían convertido en un hervidero durante el jueves, pese a ser festivo. El anuncio del cambio de la fecha para cuadrarla con la propuesta de Sánchez había caído “como una bomba en la redacción” a primera hora, según periodistas que lo vivieron de primera mano en Torrespaña.

“Decisión unilateral”

La dirección de informativos informó por la mañana a los comités profesionales de que se trataba de una “decisión unilateral” de Mateo. La propia dirección de informativos admitió a los representantes de la redacción que no compartía el cambio de día. Ambas partes coincidían en que hacerlo después de que Sánchez lo hubiera reclamado constituía “un ataque a la independencia de la corporación y de su administradora única”. Según las fuentes consultadas el ambiente en la redacción se fue calentando durante toda la jornada y el plan de los profesionales era dar 24 horas a Mateo para que rectificase o pedir su dimisión.

Algunos periodistas de la corporación empezaron a organizarse a través de las redes sociales para volver a vestir de negro este viernes recordando las protestas de los profesionales de la corporación para reclamar una dirección no sujeta a ningún gobierno, antes del nombramiento de Mateo.

Piden a Mateo que “reflexione” sobre lo ocurrido

Entre los profesionales ha quedado un gran malestar con la gestión que ha hecho el equipo de Pedro Sánchez del debate, pero también quejas sobre el comportamiento de otros partidos. Reprochan a PP y Ciudadanos que se hubieran posicionado con el debate de Atresmedia y lamentan además las críticas vertidas sobre algunos profesionales de este grupo de comunicación poniendo en duda la capacidad de RTVE para organizar el debate.

“El sentir general de la redacción es de orgullo por la actitud de la jefatura de Informativos y la dignidad de los profesionales”, asegura un periodista.

Fuentes del movimiento Mujeres RTVE explican a Vertele que durante este tiempo su postura se ha visto reflejada en los comunicados del Consejo de Informativos. Las mismas fuentes señalan “que siempre defenderán el servicio público que ofrece RTVE, que lo ha demostrado no solo con los debates más mediáticos, sino también con los más plurales como ‘El Debate a 6’ o los organizados a nivel territorial”.

Lamentan haber sido “protagonistas de la noticia, ya que los trabajadores de RTVE solo quieren hacer su trabajo e informar lo mejor posible”. Tal y como refleja también el último comunicado del Consejo de Informativos, señalan que “hubiera sido más deseable que el anuncio de la fecha viniera de la Corporación y no de un grupo político”. Consideran “que Rosa María Mateo debería reflexionar ante todo esto, se lo pedimos. Su decisión unilateral no ha gustado entre los profesionales y debería reflexionar por las consecuencias que ha tenido para la imagen de RTVE”. Añaden que lamentan haber sido “objeto de estrategia electoral y de ataques a la profesionalidad del medio”.

Fuentes de la dirección de RTVE reconocen que la de Mateo ha sido una “decisión con muchos riesgos y difícil, pero que, en cualquier caso, el objetivo era conseguir el debate en la televisión pública y se ha conseguido”. Esas mismas fuentes describen las últimas 24 horas como “frenéticas” e indican que “ha sido la propia Rosa María Mateo la que ha estado llevando las negociaciones y las gestiones con los distintos partidos”.

Tormenta política por los debates

La polémica ha derivado en una gran tormenta política y trastocado la campaña, que ahora girará en torno a esos dos debates. Los planes del candidato socialista, que había pactado con los asesores un perfil bajo para no cometer errores y conservar la ventaja que le dan todas las encuestas, se han torcido y ahora es Sánchez al que apuntan todos los focos en la doble cita de RTVE y Atresmedia.

Ciudadanos ya ha pedido este jueves la dimisión de Rosa María Mateo. “La señora Mateo ha demostrado por qué Sánchez la quería ahí y no quería que hubiera un concurso público. La quería para tener a TVE a su servicio, por eso pedimos la dimisión de Mateo, por ese triste espectáculo que ha dado”, ha señalado el número dos del partido, José Manuel Villegas, a las puertas del Pirulí, donde está ubicado la sede del ente público en Madrid.

Desde el Partido Popular, su líder, Pablo Casado, ha sido estas últimas horas muy duro con la corporación pública, no solo con la dirección, también ha cargado contra sus profesionales. “Sánchez quería que le hiciesen una entrevista en TVE, un masaje como cada vez que le entrevista TVE”, dijo el miércoles en uno de sus mítines el candidato popular.

La administradora única de RTVE mientras tanto guarda silencio y no ha acudido a su despacho durante estos días festivos.

La dirección de TVG ha abierto un expediente sancionador por falta muy grave a la periodista y presentadora Tati Moyano supuestamente por utilizar medios de la televisión pública para la presentación de un acto benéfico: la gala Gala contra el Cáncer que se celebró el pasado 22 de junio en Santiago de Compostela.

La apertura del procedimiento de sanción que se ha incoado -que podría llegar al despido y que todavía no está resuelto- lo ha comunicado el comité de empresa de la Corporación Radio Televisión de Galicia, que ve en ese expediente una represalia política contra una periodista por reivindicar la pluralidad en los medios públicos gallegos.

En el acto benéfico, que Moyano presentó de forma altruista y sin cobrar, la periodista de TVG hizo una defensa de los medios públicos y explicó que si iba vestida de negro ese viernes era para defender como el resto de sus compañeros una televisión al servicio de los espectadores y no de los intereses de los partidos.

En la mesa presidencial de ese acto estaba sentado junto a otras personalidades, Alberto Núñez Feijóo, que según varios testigos, expresó su incomodidad por las reivindicaciones de la presentora del canal autonómico. Moyano, que presenta la segunda edición del infomativo, ya había presentado su dimisión junto a su compañero Alfonso Hermida por discrepancias con los criterios informativos de la dirección del ente, nombrada por el Partido Popular. Ambos presentadores anunciaron que renunciaban a conducir ese telexornal en la nueva temporada que arranca en septiembre.

La semana siguiente a la celebración de la gala fue un hervidero en los despachos de la Televisión de Galicia. Fuentes de los trabajadores aseguran que a Moyano se le preguntó repetidamente si su contrato amparaba la presentación de eventos, aunque estos fuesen benéficos y no implicasen ninguna retribución. Una veintenta de presentadores firmaron entonces un documento de solidaridad con Moyano en el que advertían que todos ellos habían presentado actos públicos y privados, sin haber sido apercibidos por la dirección.

La dirección de TVG preguntó entonces si Moyano había utilizado material del canal autonómico para presentar la gala. Fuentes del comité sostienen que los medios que se utilizaron fueron facilitados por la ONG que organizaba el evento.

La cúpula de la televisión autonómica alega que Moyano se maquilló en los camerinos de TVG con la ayuda de las trabajadoras de la casa y que eso supone una falta muy grave, que es la que motiva el expediente sancionador.

“Represalia irracional”

La representación de los trabajadores asegura que la “desmedida reacción de la Corporación obedece exclusivamente a una represalia irracional contra una trabajadora que ha protestado contra el férreo control informativo de la TVG en presencia del presidente de la Xunta”. “En lugar de adoptar las medidas adecuadas para erradicar la censura previa y la manipulación instalada en los medios públicos”, alega el comité intercentros en un comunicado, la dirección de TVG opta por abrir “un expediente sancionador que es un acto más próximo a las corrupción institucional que a la normalidad democrática”.

Los trabajadores alertan del “grave deterioro de las relaciones laborales en la Corporación por parte del actual equipo directivo” que preside Alfonso Sánchez Izquierdo, un periodista muy próximo al PP que fue colocado al frente de los medios públicos sin el apoyo de ningún otro partido pese a que la ley de la Corporación obligaba a que el Parlamento lo eligiese con una mayoría cualificada que exigía el consenso de varios grupos políticos.

Sánchez Izquierdo, que lleva al frente del canal desde que Feijóo llegó al Gobierno en 2009 siempre ha colocado a TVG como un ejemplo de pluralidad, frente a las denuncias de los trabajadores y de la oposición que ven en la televisión y la radio autonómica un instrumento de propaganda del Partido Popular.

Las protestas se han intensificado desde hace un par de meses cuando una parte de los trabajadores de la televisión autonómica decidieron sumarse a los viernes negros reivindicativos de la plantilla de Radio Televisión Española. Está previsto que este viernes la movilización de los profesionales de TVG sirva de amparo a la periodista expedientada.

La Corporación Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) ha apercibido a una de las trabajadoras que presentó su dimisión del principal telediario de la cadena en protesta por el control informativo. La compañía de los medios públicos ha abierto “un proceso informativo” a Beatriz Moyano después de su participación en una gala benéfica contra el cáncer celebrada el pasado 22 de junio en Compostela.

Desde la Corporación se aclara que el expediente informativo se ha abierto “ante el posible incumplimiento” por parte de la trabajadora de la norma que advierte de que “los medios públicos sólo se pueden usar si se actúa en representación de la CRTVG”, algo para lo cual, en todo caso, “hace falta, obviamente, un reconocimiento expreso”. De hecho, la compañía de los medios públicos, ante las informaciones que advertían del apercibimiento, aclara a este diario que se vio “en el deber de recordar al personal algo que parece lógico: que no se pueden utilizar medios públicos para fines particulares”.

El motivo del expediente, según se desprende de las aclaraciones que hace la CRTVG, se habría debido al supuesto uso de material o servicios de la compañía pública para el evento que organizaba la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Fuentes de la plantilla entienden que la reclamación de la empresa se refiere al supuesto uso del servicio de maquillaje, algo que admiten como habitual entre los trabajadores para cualquier gala, incluso remunerada.

También sospechan que todo es un castigo a la propia Moyano, que dimitó de su puesto de presentadora del Telexornal Serán y que en ese acto contra el cáncer hizo una breve reivindicación -vestida de negro- de las protestas de sus compañeros en la CRTVG ante miembros de la corporación del Ayuntamiento de Santiago y ante el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La principal reprimenda a la periodista y la peticiónde explicaciones se refirió siempre a la supuesta incompatiblidade de la gala con su labor en la empresa, pero fue el euso del servicio de maquillaje la excusa empleada por la CRTVG para apercibirla, según cuentan desde el plantel de trabajadores.

Más de una semana antes de la celebración de la gala, Beatriz Moyano solicita esa jornada como día de asuntos propios y comunica a la Dirección de Proyección Social de la CRTVG su intención de participar en ella, a pesar de que no es una actividad remunerada. Cumple así, según fuentes del personal, con el protocolo marcado en la empresa -que no contesta-, el mismo que siguen todas las personas que participan en eventos parecidos.

Cinco días después de la gala, la presentadora es requerida por la Dirección de Recursos Humanos de la CRTVG para que aclare la “compatibilidad” de su participación en el evento con su labor en el medio público. Moyano entiende que, al no haber retribución ni beneficio económico alguno, el acto no está sujeto a régimen de incompatibilidad y que el protocolo seguido fue el mismo que el de sus compañeros en casos semejantes.

La CRTVG aclara a este diario que “los actos que realice personal de la CRTVG de forma particular, sean retribuidos o no, son, dentro de la ley, su responsabilidad, y para eso deberán atenerse a la legislación correspondiente, que conocen y que está colgada en la intranet” de la compañía. Los trabajadores de los medios públicos están sujetos a la normativa de incompatibilidades de los empleados del sector público establecida en la Ley 53/1984, del 26 de diciembre.

Además, en respuesta a este medio, la CRTVG aclara que los actos a los que acuden los trabajadores de la empresa “pueden no ser retribuidos en un caso, para luego alcanzar otros que sí lo son”.

Apoyo del personal a la presentadora

Ante los requerimientos de información, la inmensa mayoría de presentadores de la TVG difunden un escrito en el que exponen su solidaridad con Beatriz Moyano y solicitan un protocolo de actuación claro que especifique qué proceso seguir a la hora de participar en estos eventos benéficos. Pocos días después, la CRTVG publica en la intranet (red de comunicación interna) de la compañía un recordatorio para todo el personal sobre las exigencias de la compatibilidad a la hora de participar en estas galas.

Según la Corporación, el texto publicado en la intranet fue el siguiente:

“Se recuerda a los trabajadores y trabajadoras que los servicios de maquillaje de la CRTVG, y también los servicios externos de peluquería y estilismo, sólo pueden ser empleados por aquellos trabajadores/as que lo precisen, en horario de trabajo y para el ejercicio de sus funciones en estudio, directos o personalizaciones. En caso de que los trabajadores deban utilizar estos servicios en algún acto, expresa y únicamente en representación de la CRTVG, deberán informar y esperar la aprobación de sus superiores tal y como se venía haciendo. Se recuerda también que el material de oficina (impresoras, folios etc.), así como las herramientas de trabajo son para uso exclusivo de labores relacionadas con la actividad profesional”.

Fuentes del personal, no obstante, aseguran que la mayoría de las preguntas y requerimientos a Beatriz Moyano tenían que ver con la compatibilidad del acto con su labor en la TVG y no sobre el presunto uso de medios públicos de la CRTVG. Las mismas fuentes entienden que el cuestionamiento de la participación de la presentadora en el acto puede suponer incluso el socavamiento de derechos fundamentales de la periodista y entienden que el proceso contra ella es algo excepcional y diferente al dado a otros en la misma situación.

Seis plenos del Congreso después, la renovación de Radio Televisión Española embarrancó este lunes en el último segundo, oficialmente por el error de dos diputados que en lugar de votar por los consejeros del ente público que se proponían, lo hicieron por el aspirante a presidente. Se adelantaron así a una votación que vendría después y sus votos se consideraron nulos. El caso es que con esas supuestas equivocaciones -tal y como fue la negociación ya nadie descarta nada, ni siquiera que fuesen premeditadas- de dos parlamentarios aún sin identificar y la ausencia de otros dos, los números ya no salieron y el Gobierno perdió así la primera votación en el Congreso.

Y eso que la delicada negociación se había hilado partido a partido y había incluido algunos gestos a los partidos independentistas. La vicepresidenta Carmen Calvo y la titular de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, invitaron al president de la Generalitat Quim Torra que pudiese hablar de todo en su reunión con Pedro Sánchez en La Moncloa, tal y como por otra parte habían exigido ERC y el PDeCAT. Fueron días en que dirigentes como Joan Tardá recurrieron al diccionario de la Real Academia Española para buscar el significado concreto de las ofertas lanzadas por las dirigentes socialistas. El Gobierno incluyó rebajas a los vuelos desde Canarias para convencer a los nacionalistas de allí. Y asumió que a Podemos le correspondía designar a la mitad del Consejo de Radio Televisión Española, cinco de diez miembros.

Ahora cualquier cambio en RTVE pasa por la designación de un administrador único, el plan B que se reservó el Gobierno con su decreto si todo fallaba.

La primera gran negociación de los socialistas tras llegar al poder ya había nacido torcida. Sánchez había cedido inicialmente la capacidad de propuesta del presidente a Pablo Iglesias, que había elegido al jefe de Política de eldiario.es, Andrés Gil, para el puesto. Las protestas de los trabajadores de RTVE que reclamaban a un profesional de la casa al frente de los medios públicos y las quejas del PNV y Esquerra sobre cómo se había fraguado la negociación llevaron a Gil a presentar su renuncia. El PSOE rectificó y planteó a Podemos que eligiese de entre una lista de trabajadores de Televisión Española y Radio Nacional.

Al final fueron los socialistas los que decidieron el nombre: eligieron al actual director de Radio 3, Tomás Fernando Flores. El PP planteó como alternativa a su director de TVE, Eladio Jareño. Perdió y decidió apartarse del proceso, como ya había hecho Ciudadanos. Ninguno de los dos partidos presentó candidatos al Consejo de Administración que debían elegir el Congreso y el Senado. Al cambio de la cúpula de RTVE le quedaban esos dos trámites formales, que ambas cámaras avalasen a los nombres pactados por el Gobierno con sus socios. El PP había perdido la capacidad de veto porque el decreto -que ha recurrido en el Constitucional- exigía el acuerdo de al menos cuatro grupos en cada una de las votaciones. En el hemiciclo se daba por hecho que el cambio de dirección en los medios públicos estaba en marcha y que la corporación tendría en cuestión de días a su dirección interina. Tanto, que incluso el PP y Ciudadanos se abrieron a participar en la negociación del concurso para nombrar a la definitiva.

En la penúltima de las votaciones dos votos supuestamente equivocados han torcido los planes. Podemos esgrimió el reglamento para pedir que se repita la votación. Los servicios jurídicos del Congreso emitirán un informe previsiblemente el martes.

El PSOE da por hecho la vía del administrador único, un dirigente con poderes plenipotenciarios y sin control de un consejo para llevar a cabo los nombramientos mientras los partidos ultiman el concurso que designará a la futura dirección. Ya nadie garantiza que el nombre vaya a ser el de Tomás Fernando Flores porque era fruto de una negociación que había concedido a los socios del PSOE asientos en un consejo que ya no existirá. Así que previsiblemente el Gobierno deberá abrir una nueva negociación sobre nombres. Vuelve a la casilla de salida tras haber sufrido su primera derrota parlamentaria.

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre la primera etapa de Gürtel que ha dinamitado la legislatura y amenaza el mandato de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno ocupó este jueves 76 segundos en el informativo del mediodía de la Televisión de Galicia. La información no mereció una conexión en directo desde la Audiencia Nacional y obvió los detalles de la condena al Partido Popular, beneficiario a título lucrativo de 245.000 euros, y también el pasado de uno de los condenados con más pena, Pablo Crespo, como secretario de Organización del PP gallego.

Las instrucciones en la redacción de TVG fueron claras desde primera hora. La redactora jefa y presentadora, Marta Darriba, escribió en el guión del informativo, al que ha tenido acceso eldiario.es, que el vídeo de la sentencia de Gürtel debía durar como máximo 50 segundos, 10 para la introducción desde el plató y 35 o 40 “máximo” para el vídeo de la información.

La cobertura de la sentencia finalmente duró 76 segundos, entre la presentación y el vídeo, y se incluyó en la segunda mitad del informativo, pasada la media hora, tras otras dos informaciones, una larga cobertura sobre el grave accidente de un almacén pirotécnico que causó la muerte a dos personas en Tui, y los acuerdos del Consejo de Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

En el informativo del mediodía, que duró una hora y un minuto, TVG emitió seis declaraciones políticas de reacciones a la sentencia de Gürtel: cuatro eran de dirigentes del Partido Popular y dos de la oposición. El Telexornal emitió dos veces (en titulares y en el desarrollo) la opinión del presidente del Gobierno Mariano Rajoy -anterior a que se conociese la sentencia- sobre el daño que la corrupción había causado a su partido y lo lejanos que quedan todos esos hechos, la del coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, otra de Alberto Núñez Feijóo, junto a las de los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera, y Podemos, Pablo Iglesias. Nadie del PSOE se había pronunciado sobre Gürtel a esa hora.

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En el telexornal edición tarde la información de la sentencia tuvo una duración sensiblemente mayor y se alargó hasta los dos minutos.

Denuncias constantes por manipulación

Las denuncias sobre manipulación en la radio y la televisión autonómicas han sido una constante a lo largo de la historia de la Televisión de Galicia con todos los Gobiernos autonómicos. Desde que Feijóo llegó a la presidencia de la Xunta en 2009 colocó como presidente de la compañía Radio Televisión de Galicia al periodista Alfonso Sánchez Izquierdo, exdirector de La Región, un profesional bien relacionado con el Partido Popular. Pese a que Feijóo incluyó en su programa electoral la regeneración de los medios públicos y nombrar a un presidente de consenso para los medios públicos, Sánchez Izquierdo continúa al frente de la televisión y la radio pública con el único apoyo del Partido Popular.

El comité Intercentros de la Corporación solicitó la dimisión de Sánchez Izquierdo en varias ocasiones, la última vez por la cobertura de los incendios del pasado octubre en Galicia que según los trabajadores de los medios públicos gallegos cometió “el tradicional ocultamiento de los fuegos por parte de la dirección de informativos”.

El presidente del comité intercentros, Raimundo Méndez, recién aterrizado de Bruselas, donde intervino esta semana en unas jornadas celebradas en el Parlamento Europeo sobre las agresiones a la libertad de prensa, relató junto a otros compañeros las manipulaciones históricas de la televisión gallega, citaron el caso del Prestige, y otras que llegan hasta hoy.

Por teléfono, Méndez asegura a eldiario.es que “hay un control informativo que se ha acentuado en los últimos meses. A los redactores críticos se les aparta. La información está absolutamente fiscalizada. No es difícil hacerlo, colocan a gente de confianza y a otros con precarios para que la información se adecúe a los intereses del Partido Popular”.

Añade que desde el máximo órgano de representación de los trabajadores defienden “que se trata de un servicio público que pagan todos los gallegos” por lo que debería “estar al servicio del interés general”. Recuerda también que “la ley de 2011 que se aprobó en el Parlamento gallego preveía la creación de un consejo de informativos pero nunca se ha desarrollado, así que no hay contrapesos desde la redacción a las instrucciones políticas” y que “aunque la ley prevé que el director general sea nombrado por dos tercios del Parlamento, una disposición adicional permitió al Partido Popular perpetuar a Sánchez Izquierdo”.

Profesionales con muchos trienios en la casa aseguran a eldiario.es que “la manipulación está alcanzando niveles insoportables en la información política”. “Hemos llegado al punto de ser noticia en otros medios porque el día que comparece el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, nosotros nos inventamos una fórmula para abrir con un corte de sonido de Felipe González de hace décadas y disculparlo”.

Las presiones se dejan notar sobre la redacción y parte de ella se ha sumado este viernes a las protestas de TVE contra la manipulación de los medios públicos. Periodistas y caras conocidas de la cadena posaron vestidos de negro contagiados por la movilización de Televisión Española.

Desde la dirección de TVG, el recién nombrado responsable de Proyección social de la corporación, Xaime Arias, sostiene que tanto la información como el orden de las noticias puede verse en el servicio a la carta de la página web y rechaza ofrecer ninguna explicación sobre las quejas de los trabajadores y la cobertura de Gürtel a eldiario.es.

TVG y Radio Galega cuentan con un presupuesto de 107 millones de euros, de los cuales 97 los inyecta el Gobierno gallego a través de ayudas públicas, y 850 trabajadores en plantilla.

La circular de la dirección de Radio Televisión Española por la que se arroga poder revisar el correo electrónico de sus trabajadores -oficialmente como una medida de ciberseguridad- ha recibido el rechazo unánime de las asociaciones profesionales, de colegios de periodistas y de referentes de la profesión. Según la información adelantada por VERTELE, la nueva normativa interna establece “la posibilidad de que la Dirección de la Corporación supervise el correo electrónico, instale programas de monitorización o realice revisiones del contenido de los equipos y dispositivos corporativos de los trabajadores”.

El sentir unánime en el sector periodístico es que vigilar el correo electrónico y otras redes sociales vulnera el deber de secreto del periodista y su derecho constitucional a no revelar las fuentes.

La Federación de Asociaciones de la Prensa Española, la Asociación de la Prensa de Madrid, los colegios de periodistas de Catalunya y Galicia, Reporteros sin Fronteras... Todos se manifiestan en contra, piden a la dirección de RTVE que rectifique y se ofrecen a amparar a los profesionales que sientan vulnerados sus derechos. Mientras tanto, los órganos de representación de los trabajadores en la corporación pública piden explicaciones a sus jefes y exigen una marcha atrás.

Rafael de Mendízabal es presidente de la comisión de arbitraje, quejas y deontología del periodismo en la FAPE. Acumula 50 años de experiencia como juez, magistrado del Tribunal Constitucional, presidente de Sala del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional, juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y consejero del Tribunal de Cuentas. Está convencido de que la circular de RTVE choca con la propia Constitución. “Invadir el correo electrónico es una práctica que choca con el derecho a la intimidad y ya ha habido sentencias del Constitucional y del Tribunal de Estrasburgo que ponen límites a eso. Pero además en el caso de un periodista afecta al artículo 20 de la Constitución. Y desde luego pone en peligro el secreto profesional y ofrece la posibilidad de poner al descubierto las fuentes del periodista. Es indefendible en una sociedad democrática porque si se permitiese la prensa, los medios y el periodista pierden su alimentación. Según el Constitucional, la prensa es un pilar más de la democracia. Se trata de una reacción desorbitada por parte de TVE, tiene que haber otros medios para conjurar ese peligro”.

La Asociación de la Prensa de Madrid apunta en la misma dirección. Nemesio Rodríguez, vicepresidente y portavoz de su junta directiva, explica por qué la APM está en contra: “Consideramos que esta norma afecta a la libertad de información y al derecho de los periodistas a preservar el secreto profesional y a las fuentes. Si los responsables de TVE pueden saber con quién habla el periodista y con quién intercambia información, el secreto desaparece y se pierde el derecho, que está reconocido en la Constitución, aunque no se haya desarrollado en una ley. La normativa de TVE debe ser modificada para incluir algo que proteja el derecho profesional y el derecho a la información”.

El Colegi de Periodistes de Catalunya ya ha puesto el asunto en manos de sus servicios jurídicos. Su decana Neus Bonet defiende que “todo apunta a una intromisión inaceptable” por parte de la dirección de RTVE.

Paco Sarria, decano del Colexio de Xornalistas de Galicia redunda en ese argumento: “Esas razones de seguridad pueden convertirse en un disfraz para amparar un control sobre determinados profesionales de la corporación pública y sus fuentes. Ese es el peligro. Entendemos que es una violación del derecho fundamental y expresamos nuestro más profundo rechazo a esa decisión. Una cosa es que una empresa intente protegerse de ataques en un momento en que la ciberseguridad es clave y existen muchas amenazas, y otra, reservarse el derecho a violar la correspondencia de sus periodistas. Por ahí no se debe pasar, y nosotros ofrecemos el amparo a nuestros colegiados”.

Alfonso Armada, presidente de Reporteros sin Fronteras, afirma en declaraciones a este diario que desde esta organización han “denunciado en repetidas ocasiones cómo las democracias occidentales apelan a la ”seguridad nacional“ o a la ”lucha antiterrorista“ como excusa para vigilar y espiar las comunicaciones de los ciudadanos”. Así señalan que RTVE utiliza la “legítima defensa de la seguridad informática como pretexto para controlar las comunicaciones de los periodistas”.

La organización advierte que “no solo se compromete el secreto de las fuentes, sino que se ve afectada toda la actividad, tanto la informativa como la laboral”. “Afecta a la seguridad de los periodistas destacados en lugares difíciles (la localización de muchos reporteros en zonas de conflicto solo la conocen sus responsables directos para salvaguardar y evitar el riesgo de secuestro o ataque); afecta a la legítima actividad sindical dentro de un gran medio, reconocida por las leyes españolas; afecta a la labor órganos esenciales de control, como es el Consejo de Informativos de RTVE, por poner un ejemplo muy claro y visible dentro de la empresa pública de la que hablamos; afecta, en definitiva, a todo el trabajo de información”.

Concluye señalando que “ningún periodista debería trabajar sabiendo que las herramientas que su medio ha puesto a su disposición son inseguras para él. Y menos, sin saber quién accede a sus comunicaciones y con qué fines. Ya ocurre en lugares como China. Y no es una situación aceptable desde el punto de vista de la libertad de información”.

Iñaki Gabilondo, uno de los referentes del periodismo español con medio siglo de ejercicio. Ha sido director y presentador de los programas líderes de la radio española y responsable de informativos de TVE en 1980. Comprende que las empresas intenten prevenir ataques o incluso fiscalizar que se haga un buen uso de los medios informáticos, pero asegura que dar a los responsable de la televisión y la radio públicas la capacidad de revisar el correo electrónico es un muro que no se debe saltar. “Me parece razonable y de higiene y de economía de medios que las empresas eviten abusos con la tecnología que ponen a disposición de sus trabajadores, y que no se use de manera inadecuada pero el mecanismo de control debe tener límites y el correo me parece que es un límite. Ahí no se puede entrar. No se debería entrar en el de nadie, pero en el caso de los periodistas, mucho menos. No solo es el derecho a no revelar las fuentes del periodista, es que también hay un derecho de las fuentes a que no las conozcan terceros. El asalto por parte de alguien ajeno al correo profesional es un problema añadido para esa relación con las fuentes”.

En TVG ya se aplica una norma similar

Una sentencia del Tribunal Supremo avaló en 2016 un código similar instaurado en Televisión de Galicia que también permitía monitorizar la navegación en Internet en los equipos informáticos de la corporación y la revisión del correo electrónico. El recurso de los sindicatos logró una victoria parcial en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anuló la cláusula que amparaba la revisión por parte de la jefatura de los correos electrónicos. Pero el fallo posterior del Supremo consideró legal esas prácticas.

La sentencia señala que: “el establecimiento de normas sobre el uso de los sistemas de información de la empresa no lesiona el derecho a la libertad sindical pues no limita el derecho de información, ni el establecimiento de sistemas de control aleatorio de las páginas de internet visitadas y de los correos electrónicos vulnera el derecho a la intimidad personal ni el secreto de la comunicaciones, salvo en el aspecto referido al control para prevenir fines ilícitos. Y, es que, si existe un régimen previo de limitación de uso de los medios informáticos, con prohibición expresa de uso extralaboral, el poder de control de la empresa sobre las herramientas informáticas de su titularidad sí puede ejercerse legítimamente, ex art. 20.3 ET, tanto a efectos de vigilar el cumplimiento de la prestación laboral realizada a través del uso profesional de estos instrumentos, como para fiscalizar que su utilización no se destina a fines personales o ajenos al contenido propio de su prestación de trabajo”.

Mientras tanto, entre numerosos profesionales de TVE y Radio Nacional ha cundido la alarma y algunos temen que con una interpretación laxa de la nueva circular algunos de los responsables de los medios públicos puedan fiscalizar incluso el contenido de los teléfonos móviles que facilita la empresa. “Hay gente borrando chats y grupos de WhatsApp”, asegura una de las profesionales.