“El decretazo de Pedro Sánchez para asaltar RTVE es la operación más escandalosa y obscena de reparto del poder en la historia de España”. Con estas palabras, el portavoz de los populares en la Comisión Mixta, Ramón Moreno, arremetía este mismo sábado en un comunicado contra el pacto del Gobierno para desbloquear la situación en RTVE tras la polémica surgida en torno al nombre del posible presidente.

En el debate celebrado este miércoles en el Congreso, Moreno escenificaba el desencuentro de su partido con el resto del hemiciclo tras la materialización en 177 votos del acuerdo entre el Gobierno, Unidos Podemos, el PNV, el PDeCAT y Compromís para nombrar los seis primeros consejeros de administración.

Sin embargo, según confirman fuentes del Grupo Parlamentario Popular a eldiario.es, el PP habría tratado hasta el último momento de negociar el reparto de “plazas intermedias” (como ellos mismos las denominan) dentro de la Corporación.

El martes 3 de julio por la mañana, el portavoz del PP, Rafael Hernando, y la diputada socialista Adriana Lastra se reunían para intentar que los populares participaran en la formación del nuevo Consejo de Administración de RTVE. En el proceso de negociación también habría participado de forma puntual la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.

Hernando llevaba una serie de condiciones para formar parte del acuerdo, según las mismas fuentes. La primera de ellas era que Eladio Jareño, actual director de TVE, se quedara en el cargo. Jareño era la apuesta del PP para presidir la Corporación y durante las negociaciones el partido ha destacado su capacidad de gestión.

Según las mismas fuentes, también habrían pedido poder quedarse con la dirección del Canal 24 horas, que actualmente ocupa Álvaro Zancajo.

Además de estas parcelas de poder dentro del Ente, exigían tener 5 consejeros de los 10 que conforman el órgano de Administración. Entre los consejeros propuestos por el PP se encuentran Jenaro Castro, director de Informe Semanal, o Carmen Sastre, número 2 de informativos y protagonistas de numerosos informes de los trabajadores contra la manipulación.

Estas prerrogativas resultaron inaceptables para el Gobierno y los socialistas, por lo que a primera hora de la tarde del martes las negociaciones hicieron aguas.

Fuentes del Grupo Socialista aseguran que no aceptaron las sugerencias planteadas por el portavoz popular: “No entramos porque les dijimos que la única indicación que iba a tener el presidente provisional era que la información fuese veraz, plural y que escogiese a buenos profesionales para los puestos intermedios”.

Finalmente era Rafael Hernando quien confirmaba en una rueda de prensa que no participarían en el acuerdo “indecente e inmoral” sin hacer alusión a las condiciones que había puesto su partido.

“Lo que pretendía el PSOE es tenernos como excusa, como convidados de piedra, con un desequilibrio notable”, señalaba.

Pedro Sánchez ya tiene el respaldo de los 67 diputados de Unidos Podemos para el decreto ley que el Consejo de Ministras aprobará este viernes para desbloquear RTVE. El grupo confederal ha decidido votar a favor del decreto cuando llegue al Congreso tras una conversación de Pablo Iglesias con el presidente.

El líder de Unidos Podemos no había querido mostrar su respaldo todavía a la espera de conocer los detalles del decreto ley en el que el Gobierno está trabajando desde hace varios días y que la portavoz socialista, Adriana Lastra, y el secretario general del grupo, Rafael Simancas, han negociado con el resto de grupos.

Compromís también ha confirmado el respaldo al decreto ley en su votación parlamentaria por lo que Sánchez ya tiene asegurados 155 de los 350 miembros del hemiciclo. El PNV ha ofrecido a Sánchez un compromiso de estabilidad para la legislatura. Fuentes socialistas aseguran que las conversaciones marchan bien y aseguran que “hay una mayoría de diputados dispuestos a devolverle la dignidad y la pluralidad a RTVE”.

Con el decreto que aprobará el Consejo de Ministras este viernes, Sánchez pretende dar un plazo al Congreso para designar un consejo de administración y un presidente para RTVE de manera interina hasta que se resuelva el concurso público que lleva bloqueado varios meses en el Congreso. La prioridad del Ejecutivo es garantizar la pluralidad del ente público y ha encontrado en el vencimiento del mandato de José Antonio Sánchez el momento idóneo.

El reparto esbozado otorgaría al PP cuatro miembros del consejo de administración; tres, al PSOE; dos, a Unidos Podemos; y uno, a Ciudadanos.

Pedro Sánchez impondrá por decreto el cambio inmediato en el Consejo de RTVE, ante la incapacidad del Congreso para acometer el relevo de la presidencia antes de este viernes, fecha en la que José Antonio Sánchez finaliza su mandato y abandonará el cargo de presidente del ente público sin posibilidad legal de quedarse en funciones. Moncloa ha tomado la decisión de iniciar el procedimiento que acabará con el nombramiento de un nuevo presidente temporal al frente del ente público, sin esperar al trámite iniciado en el Congreso, que se encuentra en manos de PP y Ciudadanos. El Consejo de Ministras aprobará este viernes un Decreto Ley que obligará al Congreso a nombrar nuevos consejeros en cuestión de semanas. El PSOE se reservaría la capacidad de proponer a tres consejeros, y daría cuatro al PP, dos a Podemos y uno a Ciudadanos.

El reparto de consejeros para cada partido forma parte de un acuerdo que todavía no está cerrado. El diputado Rafael Simancas habría ofrecido uno de los puestos marcados en ese esquema inicial a Esquerra Republicana de Catalunya, según confirman fuentes oficiales de la formación independentista. Las mismas fuentes señalan que ERC ha rechazado la oferta, no vinculándola al sentido de su voto.

Fuentes del Gobierno confirman a eldiario.es la intención de llevar ese decreto a la Mesa del Consejo de Ministras este mismo viernes. “Estamos moviéndonos”, aseguraba la mañana de ese miércoles uno de los principales colaboradores de Pedro Sánchez en los pasillos del Congreso.

La fórmula de Decreto Ley exige una votación en el Congreso que convalide la decisión del ejecutivo. La portavoz, Adriana Lastra, ha dedicado este miércoles a buscar los apoyos para conseguir salir de esa votación con resultado satisfactorio. A través de encuentros discretos, Lastra y Rafael Simancas se han dedicado a sondear a los principales grupos para sortear la debilidad parlamentaria del grupo que sostiene al Gobierno, con solo 85 diputados. “Las negociaciones siguen en marcha”, aseguran a eldiario.es fuentes conocedoras de las mismas.

En el entorno del presidente aseguran que el principal objetivo consiste en “garantizar la pluralidad de la radio y televisión públicas”, algo que ahora se considera en entredicho. Las mismas fuentes argumentan que “se tienen que terminar los viernes negros en la tele de todos”.

La posibilidad de un decreto como solución ya fue esbozada por el propio Sánchez en la entrevista concedida a TVE este lunes. En esa entrevista el presidente pedía al Congreso una solución urgente para renovar la cúpula de RTVE. En caso de que esa solución no llegase esta semana, advertía Sánchez, “el Gobierno no va a mirar para otro lado”.

Impulsar la renovación urgente por decreto “no sería contradictorio” con mantener el modelo de concurso para la elección del presidente de RTVE, aseguran fuentes socialistas. El concurso en este momento está a la espera de ponerse en marcha después de que PP y Ciudadanos impusieran un reparto de los expertos nombrados por los partidos que elegirían a los candidatos que favorece a los 'populares'. Fuentes del grupo parlamentario aclaran que el cese este viernes del presidente del ente, José Antonio Sánchez, “obliga” a adoptar medidas de urgencia, justificadas en la aprobación del citado decreto ley.

Las mismas fuentes recuerdan que, en su artículo 86, la Constitución prevé la utilización de ese mecanismo para desbloquear situaciones urgentes: “En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes”, asegura la Carta Magna al respecto.

Sánchez y su equipo están decididos a acabar con la imagen de una televisión pública arrastrada por el descrédito y la percepción de medio al servicio del poder. Si el Gobierno consigue convalidar su decreto en la cámara, las direcciones de informativos y muchos programas del canal público podrían tener los días contados. El primer paso se dará este viernes en el Consejo de Ministras.