Un año de protestas y de viernes negros. Fue el 25 de mayo de 2018 cuando personal de la TVG y de la Radio Galega se unió a la iniciativa surgida entre sus compañeros de Radio Televisión Española, en solidaridad con sus demandas y para denunciar la “manipulación informativa” en los medios públicos gallegos. También para reclamar el cumplimiento de la ley de Medios aprobada en 2011 e incumplida desde seis meses después de su entrada en vigor, con la creación del Consejo de Informativos y la elección de la dirección general por mayoría reforzada del Parlamento entre los incumplimientos más destacados.

Esta movilización, de la que brotó el colectivo Defende a Galega, es inédita en los medios públicos gallegos tanto por su duración como por su impacto interno y, sobre todo, externo -con hitos como la manifestación del pasado septiembre o el amplio seguimiento de la huelga de finales de año, convocada por los sindicatos y que el colectivo secundó-. Esa trascendencia pública de la movilización ha incomodado especialmente en la cúpula de la compañía pública.

Su director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, admitía este mismo jueves en el Parlamento autonómico a “decisión corporativa” de ocultar la existencia de esta plataforma. Concretamente, tras la concesión a Defende a Galega del Premio José Couso a la Libertad de Prensa, galardón otorgado por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol que los canales públicos obviaron tras haber informado con normalidad al respecto en anteriores ediciones. A preguntas del PSOE, que como el resto de la oposición consideró la decisión un caso evidente de “censura”, el director general concluyó que el canal público no emitió esta noticia, “como no emite otras muchas cosas”, porque “entre la protección del derecho a la información, legítimo” y la “protección de la marca y de la reputación”, decidió “tomar en consideración” la segunda. Se trata de una decisión “lógica”, considera Sánchez Izquierdo.

El director general cargó también contra el Colegio de Xornalistas, entidad regulada por ley desde 1999, por “expedir carnés de periodistas previo pago de una cuota, pero para ser colegiado no es necesario tener formación reglada” de periodista. En realidad, la formación universitaria en periodismo es un requisito legal para ser miembro del CPXG, con la única excepción de un período transitorio previo a la aplicación de la ley y sólo para periodistas entonces en ejercicio (en Galicia no hubo estudios universitarios de Periodismo hasta el curso 1991-92). Ante estas declaraciones la entidad profesional ha emitido un comunicado “aclarando” sus funciones y defendiendo la “independencia del poder político” que deben tener los medios públicos.

Desde hace un año, las camisetas negras y el lema Defende a Galega se han expandido por toda Galicia y fuera de ella, recabando apoyo y reconocimiento pero no la respuesta a sus demandas por parte de la CRTVG. En este tiempo Sánchez Izquierdo ha quitado hierro, advirtiendo de que no existe problema alguno o acusando a quienes las impulsan de “técnicas manipuladoras”. Esta semana fue un poco más allá para insinuar la existencia de intereses “políticos”, “económicos” o “de amistades” tras las protestas de un colectivo al que atribuye “linchamiento de los muchos que no se manifiestan”. El propio Feijóo desdeñó las movilizaciones e incluso se negó a responder alguna pregunta sobre el asunto.

Junto a los incumplimientos de la ley y la “manipulación informativa”, el personal movilizado denuncia también “represalias” en forma de expedientes a varios trabajadores implicados en las protestas de Defiende la Gallega. Poco después de iniciarse los viernes negros, Alfonso Hermida y Beatriz Moyano, presentadores del Telexornal Serán -informativo del prime time-, habían dimitido de su labor por el control informativo al que decían ser sometidos. En octubre pasado, la dirección general de Recursos Humanos de la CRTVG archivó el expediente que había abierto a la presentadora durante aquel verano. Moyano había sido expedientada por utilizar el servicio de maquillaje del canal para presentar una gala benéfica contra el cáncer y el proceso contra ella había suscitado toda una ola de solidaridad.

Denuncias de “represalias” que la corporación reduce a “falacias”

Sólo unos días después de aquel archivo, la Corporación abrió otro expediente, de esta vez contra el locutor Carlos Jiménez, una de las voces más reconocibles de las últimas dos décadas en la TVG y en la Radio Galega y activo participante, también, en las movilizaciones de los viernes negros. Se le abrió por una presunta incompatibilidad tras locutar en un programa elaborado por una productora y emitido por la propia TVG, una labor que había hecho ya en muchas otras ocasiones. Cinco meses después, y tras múltiples muestras de apoyo de compañeros y personal de la CRTVG que pidieron el archivo del proceso por considerarlo otra “represalia” por su conocida significación en las protestas, el proceso acabó con una suspensión de empleo y sueldo de nueve días por una falta grave y el recurso en los juzgados del afectado.

Semanas antes, el comité intercentros de la CRTVG también había denunciado represalias contra otra periodista, Marga Pazos, que había sido “apartada” de las tareas de redactora, según la denuncia, por participar en las movilizaciones de los viernes negros, por la defensa del gallego y por denunciar el boicot de la TVG a la huelga feminista. En su última intervención parlamentaria Sánchez Izquierdo reiteró que “las represalias no son tal” y se jactó de no “haber utilizado toda la potencia comunicacional” de la CRTVG para “desmontar” las “mentiras” por “sentido institucional”.

En esa misma respuesta el director general dejó una advertencia: habrá “consecuencias” para quien “difunda” lo que define como “falacias” sobre lo que está sucediendo en los medios públicos gallegos. Ya en la jornada del 53º Venres Negro y ante la polémica suscitada por sus palabras, la CRTVG decidió divulgar la grabación “íntegra” de sus respuestar parlamentarias a través de las redes sociales.

“Seguiremos luchando”

Defiende a Gallega, con todo, insiste en las protestas y sus miembros advierten de que “seguirán luchando”. Aseguran haber estado “construyendo una Galicia inexistente al servicio del poder” y afirman que “las únicas protestas que caben” en los informativos de los medios públicos son “las que atacan al Gobierno central a los gobiernos municipales que no son del PP”. “Debería preocuparnos asumir con naturalidad que ser crítico en Galicia puede suponer el ostracismo”, resaltaban en una entrevista con Praza.gal poco antes de recibir el Premio José Couso, además de advertir de que en diversos foros en Galicia se tratan con detalle posibles irregularidades en la catalana TV3, pero nada sobre las denuncias en la CRTVG.

Las demandas del personal movilizado se también han llegado en este último año a eventos como la gala de los premios de teatro María Casares, que no fue retransmitida por el canal público, o los Martín Códax de la música gallega e incluso en entrevistas y espacios de la propia TVG o de la RG, a donde invitados acudieron con las camisetas negras o mostraron su solidaridad con los trabajadores. El director general señala estos pronunciamentos como muestras de la manipulación del personal movilizado.

La dirección general de Recursos Humanos de la Corporación Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) ha archivado el expediente abierto el pasado verano a la periodista Tati Moyano.

En una resolución con fecha del pasado 18 de octubre, la responsable de este departamento, que había decidido la apertura del expediente a Moyano, ratifica el cierre de un procedimiento que, de haber llegado a terminar en sanción, abría la puerta al despido de la también expresentadora de los informativos del canal, labor a la que renunció junto al también periodista Alfonso Hermida como protesta por el control informativo en los medios públicos gallegos.

Esa amenaza ha dado lugar en los últimos meses a una amplia ola de solidaridad con Moyano, con más de 500 firmas de personal de la corporación -más de la mitad de la plantilla-, movimiento que la propia dirección del canal critica al constatar el archivo, calificándolo de “interferencias” que enmarca en un “juicio mediático y político”.

El pasado 22 de junio Moyano presentó la gala de la Asociación Española contra el Cáncer celebrada en Santiago junto al periodista de la Cadena SER Luís Pardo. Este evento benéfico suele ser conducido por profesionales de diversos medios de comunicación y en su transcurso son habituales las referencias y chanzas sobre la actualidad. Allí, en presencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Moyano reivindicó las protestas de los viernes negros a favor de la independencia informativa en la Televisión de Galicia y la Radio Galega.

A los cinco días la CRTVG inició un expediente informativo contra Moyano y un mes después lo convirtió en sancionador asegurando que había reunido “indicidios” de que la presentadora había sido maquillada en las instalaciones del canal público para presentar la gala.

La conclusión del archivo del expediente, a cuyo contenido ha tenido acceso Praza.gal, da por “acreditado” el uso del servicio de maquillaje y peluquería por parte de la periodista para conducir la gala benéfica. Lo hace a través de testimonios de personas presentes en las instalaciones del canal público en esa jornada. Admite, no obstante, que también han existido “diversas precisiones” por parte “de algunas de las trabajadoras”, que indicaron que habían prestado el servicio “a título de amistad o en horario de descanso”.

Reconoce, al mismo tiempo, “convencimiento en el personal de vestuario, maquillaje y peluquería” de un “tácito consentimiento de la CRTVG a la prestación de los servicios”, toda vez que su participación en la gala contra el cáncer es en buena medida “consecuencia” de su “conocimiento público” como presentadora de la Galega y, así, ostenta una “cierta representación indirecta” de ella. “Desde esta perspectiva -dice el expediente- podría justificar la prestación de medios de la CRTVG” en estos casos “con la finalidad de no inducir un gasto extraordinario” en la trabajadora de que se trate.

Crítica a la solidaridad con Moyano

Más allá de considerar “criticable” que Moyano se maquillara en las instalaciones de la TVG para presentar la gala benéfica, el propio expediente se detiene a reprochar la ola de solidaridad que en estos meses ha hecho explícito el apoyo a la periodista, muy presente también en la manifestación que el pasado diciembre reivindicó la aplicación íntegra de la ley de medios públicos de Galicia entre gritos de “no a la manipulación”. Así, antes de desarrollar las cuestiones relativas al uso o no de medios del canal, el documento “deja constancia” de que “todo el ruido provocado alrededor del expediente”, con “diversas muestras de adhesión o reprobación” de la periodista, “no contribuyeron, en nada, a la objetividad, imparcialidad y sumariedad del procedimiento”.

Tras considerar que esas “muestras” eran en realidad “interferencias, producidas y originadas con distintos propósitos” pero que “no desvirtuaron las garantías” del expediente, el texto también aprovecha para “cuestionar” algunos “comportamientos singulares advertidos en el presente proceso”. Según el documento, ya validado por la dirección del canal público, existieron “deliberados intentos por hurtar y sustraer el debate y la controversia” para suscitar un “juicio mediático y político”.

Más allá de estas valoraciones políticas el documento concluye la “conveniencia” de archivar el expediente por existir un “vacío interpretativo” en el uso de medios de la CRTVG como el maquillaje y la peluquería para “determinados supuestos”. Por eso la instructora del expediente propone que el canal tome medidas “sobre la prestación” de estos servicios “fuera del horario laboral y a título de amistad” y sobre el “uso de los servicios de la CRTVG en determinados eventos a los que no resulta invitada cómo tal la Corporación, sino a través de un trabajador que es conocido pública y mayoritariamente por la exclusiva razón de su aparición en pantalla en alguna de los canales de la CRTVG”.

La amenaza de despido incluida en el expediente abierto a la presentadora dimisonaria de uno de los principales informativos de la Televisión de Galicia, Tati Moyano, por la supuesta utilización de medios del canal público para presentar una gala contra el cáncer, acto en el que se refirió ante el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a las protestas de personal de la CRTVG contra la manipulación informativa, no ha hecho más que intensificar la movilización.

Así, el undécimo 'viernes negro' ha vuelto a ser una jornada de reivindicación del cumplimiento íntegro de la ley de medios públicos del año 2011 -desde la elección de la dirección general de la corporación por mayoría reforzada a la constitución de los Consejos de Informativos- o del fin de lo que denuncian cómo sistemática manipulación informativa, pero también de solidaridad con la trabajadora expedientada.

“Insistir en unos medios públicos al servicio de la sociedad es un deber para quienes trabajamos en ellos”, dicen desde Defende a Galega, el colectivo articulado por el personal movilizado al amparo de los viernes negros. “Por responsabilidad y aunque fastidie a algunos, volvemos a vestir de negro” y “aquí seguiremos, a pesar de a las amenazas”, advierten. “Tenemos una responsabilidad social, tenemos principios y no tenemos miedo”, agrega el personal, que un viernes más ha divulgado numerosas imágenes a través de las redes sociales de concentraciones de protesta en diferentes instalaciones de la CRTVG, por segunda vez indicando nombres de personas que las secundan.

Más allá de las muestras de apoyo a través de las redes, el expediente a Moyano ha suscitado también el pronunciamiento formal de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), a la que la periodista está asociada a través de su delegación en Santiago y a la que había solicitado amparo. Para este colectivo profesional, el procedimiento abierto contra Moyano es “desproporcionado y vengativo” y lo observan “claramente ligado a que se ha significado por participar activamente contra la manipulación informativa en la TVG” y “por su apoyo a la campaña de los viernes negros”.

Por este motivo, FAPE y Asociación de Periodistas de Santiago, que la integra, “otorgan su apoyo y aceptan la petición de amparo de la periodista”. Ponen además “todos sus medios y solidaridad a su alcance para su defensa ante la amenaza de despido”, agregan en un comunicado.