“Túmbate con ella, gilipollas. Que ella quiere...”, dice mientras hace gestos sexuales con las manos. Son las palabras de Omar Montes, concursante de Gran Hermano VIP que en la noche del 3 al 4 de octubre se dirigía así a su compañero Asraf animándole a que se aprovechara sexualmente de que Miriam Saavedra se encontraba en claro estado de embriaguez. Asraf estaba ayudando a la concursante y se negó, a lo que Omar respondió “¿No te gustan las chicas o qué, hermano? Te está diciendo que te tumbes con ella”. Sus palabras generaron una enorme polémica entre el público del programa, que pidió su expulsión directa en redes sociales. GH, sin embargo, despachó el problema abriendo una encuesta entre la audiencia sobre su nominación.

¿Qué demuestra el caso? ¿Debería haber tomado Gran Hermano o Telecinco, la cadena en la que se emite, alguna medida más contundente? ¿Puede actuar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)? Para la periodista y analista de televisión Mariola Cubells, los hechos constituyen un claro ejemplo “de la impunidad de la que frecuentemente gozan este tipo de comportamientos y actitudes en televisión. ¿Suelen hacer algo las cadenas para evitarlos? Por supuesto que no. Habitualmente este tipo de casos suelen ser interpretados como algo sutil o ambiguo... Dudo de que la CNMC vaya a iniciar ningún expediente”.

“Es una cuestión que se ha decidido abordar desde el propio programa”, se limitan a responder fuentes de Mediaset a eldiario.es.

Sobre Gran Hermano pesa otro caso producido en noviembre de 2017, cuando la Guardia Civil comenzó a investigar a un concursante de GH Revolution como presunto autor de una agresión sexual dentro de la casa tras la denuncia del programa. El espacio decidió expulsar al joven en una conducta que calificó como “intolerable”, pero buena parte del público cuestionó el silencio guardado durante dos días y sugirió que la cadena podría haber evitado los hechos. Ese mismo mes también saltó a los medios el presentador Juan y Medio, que en un programa de Canal Sur cortó con unas tijeras el vestido de su presentadora, Eva Ruiz.

El Consejo Audiovisual de Andalucía inició un expediente sancionador que finalmente se quedó en reproche argumentando que la conducta no cuadraba con ninguna de las infracciones que tenía tipificadas y el programa pidió disculpas por lo que, aseguró, se trataba de un “cruce de bromas acordado” entre ambos.

A nivel estatal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene potestad, en su papel de supervisor del mercado de comunicación audiovisual, de sancionar y pronunciar requerimientos contra cadenas de radio y televisión en base, entre otras cosas, a sus contenidos. Entre las sanciones interpuestas en el último año, se encuentran algunas por contenido inapropiado para menores, por mostrar publicidad de forma encubierta, publicitar bebidas alcohólicas o hacer comentarios homofóbos e incitar al odio por razón de nacionalidad. De la selección que la CNMC hace en su web, ninguna de las sanciones o requerimientos de este 2018 versan sobre temas relacionados con la violencia sexual.

La última multa registrada son los 17.000 euros que ha obligado a pagar a Libertad Digital por unos comentarios pronunciados por Federico Jiménez Losantos en su programa de esRadio al hablar de la decisión del tribunal alemán de descartar el delito de rebelión de Carles Puigdemont. Poco antes, en julio, la CNMC sancionó a Mediaset por emitir en el programa Sálvame contenido inadecuado para menores y en julio impuso una multa de 6.000 euros a Revelation TV, un canal por satélite con sede en España que emite en Reino Unido, por comentarios homófobos y tránsfobos al asegurar en 2017 que estas personas “no son la forma natural”.

En cuanto a los requerimientos, la CNMC llamó la atención en junio a Atresmedia por difundir en varios programas datos personales de varios menores implicados en una agresión sexual ocurrida en Jaén (tanto de la víctima como de los presuntos autores). También en abril, el organismo requirió a Movistar por emitir en su canal #0 un programa en el que se transmitió una imagen “no adecuada ni correcta desde el punto social y normativo” de las personas con síndrome de down.

Fuentes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aseguran que los expedientes pueden producirse de oficio o por denuncia previa y descartan pronunciarse sobre el caso concreto de Gran Hermano. “Si la CNMC abre un expediente sancionador por dicho asunto, lo publicaremos mediante una nota de prensa. Hasta que no se incoa el expediente no estamos autorizados a publicar ninguna información, como es lógico. Previamente, los técnicos de la CNMC tienen que estudiar el caso para constatar que se ha producido una infracción” de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

La Ley aspira a la igualdad de género

Es esta norma la que ha motivado algunas de estas sanciones recopiladas por la CNMC. De hecho, en el caso de Libertad Digital, el organismo estima que vulnera el artículo 4.2 de la ley, que establece que la comunicación audiovisual “nunca podrá incitar al odio o a la discriminación por razón de género o cualquier circunstancia personal o social y debe ser respetuosa con la dignidad humana y los valores constitucionales”. Posteriormente, el precepto añade “con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres”

La norma, aprobada en 2010, explica en su exposición de motivos que “aspira a promover una sociedad más incluyente y equitativa y, específicamente en lo referente a la prevención y eliminación de discriminaciones de género” teniendo en cuenta el marco establecido por la Ley de Igualdad de 2007 y la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, señala el texto.

“Lo que ha pasado en Gran Hermano es un fiel reflejo de cómo se normaliza la cultura de la violación y la creencia de que el cuerpo de las mujeres está disponible para uso y disfrute de los hombres”, sostiene la psicóloga y experta en violencia sexual Sonia Cruz. La trabajadora de la Fundación Aspacia, que gestiona el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual de la Comunidad de Madrid (CIMASCAM), apunta a la vía elegida por el programa para sortear el debate como “una forma de banalización”: “Que lo haya puesto a debate es otra forma de reflejar que no le da la importancia que merece”.

Se refiere a la encuesta abierta en la gala del pasado jueves por Gran Hermano, que, lejos de tomar una decisión firme sobre los hechos, puso en manos de la audiencia la sanción del concursante, con lo que un 83,7% decidió que debe ser uno de los nominados de la semana. “Esto que hacen a veces las televisiones de someter ciertas a cosas a lo que llaman 'la democracia de la tele' no es verdad...Si tú quieres dar un mensaje como cadena de forma responsable y contundente, lo haces”, señala Cubells, que es crítica con este tipo de formatos porque “las televisiones colocan determinados ingredientes en algunos programas y pasan este tipo de cosas, cosas que las televisiones no quieren que no pasen”.

Los medios, un paso por delante

“Mediaset ha tenido la opción de decidir que ese comportamiento no es admisible y podría haber eliminado a la persona que lo ha llevado a cabo”, interpreta la analista. En este sentido se expresaron también muchos espectadores, que echan de menos que el programa no haya aprovechado la oportunidad para explicar “que este tipo de comentarios no se pueden permitir porque por desgracia ocurren abusos por esa misma razón”, decía una usuaria de Twitter.

Sonia Cruz hace hincapié en que lo ocurrido “es una muestra más” de “lo que sucede en general en la sociedad” y asegura que la televisión es un espejo de la misma. Eso sí, opina que los medios de comunicación deben ir “un paso por delante” y hacer pedagogía sobre “lo dañinas” que son este tipo de conductas que “parten de la idea de que el consentimiento de las mujeres en las relaciones no es importante”.

“La cultura de la violación da por hecho que aunque una mujer no haya dicho sí, da vía libre al hombre para mantener relaciones sexuales. Da por hecho que la palabra de la mujer no es algo a tener en cuenta o tomarse en serio”, explica Cruz. Para la experta, las palabras del concursante y la decisión tomada por el programa ejemplifican a la perfección cómo la cultura de la violación se encuentra enraizada en la sociedad: “Hay una negación implícita de la gravedad del hecho y una justificación porque si ella va borracha, es que está consintiendo. La cultura de la violación precisamente hace eso, negar la gravedad, minimizar la importancia de los hechos y justificar la agresión”.