Un debate sobre el futuro del deporte femenino, los derechos deportivos y la digitalización centró la segunda mesa del evento Expansión & Marca Business Sport Forum. En ese contexto, Óscar Vilda, CEO de DAZN España y Portugal, lanzó una polémica comparación: defendió que el problema de la piratería en el fútbol estaría prácticamente controlado si las instituciones aplicaran respuestas tan contundentes como las que aplican frente a los pederastas.

Durante el desarrollo del debate, celebrado este martes 23 de septiembre, Vilda destacó que la piratería “tampoco está ayudando” a que el fútbol femenino genere ingresos. El CEO de DAZN fue más allá en su argumentación, según recoge el diario Marca, señalando que esta práctica limita la generación de ingresos que sostienen a los clubes y las distintas competiciones.

Partiendo de esta premisa, Óscar Vilda aseguró que “la administración se tiene que cargar la piratería y es sencillo”. Y fue entonces cuando estableció la citada comparación: “Si tuviéramos la misma concienciación que tenemos en cómo procedemos con los pederastas se produciría un control enorme de la piratería”, afirmó en una declaración que está dando mucho que hablar.

También insistió en una supuesta falta de acción gubernamental: “Si la administración no permite que se controle la piratería, tampoco está ayudando a generar ingresos”. La exposición de sus opiniones continuó centrándose en que se tienen que facilitar “ayuda a las empresas” y no solo, según su opinión, trasladar “a todos la presión de apoyar al fútbol femenino”.

El debate continuó girando alrededor de cómo hacer sostenible el fútbol femenino a medio y largo plazo. En este sentido, Vilda subrayó que la piratería es un problema para todas las plataformas audiovisuales, pero también afecta a los recursos que consiguen los clubes y, por tanto, en el proceso de profesionalización de sus plantillas. Otros ponentes, como Antonio Di Cianni (Football Benchmark), pusieron el acento en valorar el deporte como una industria con potencial de crecimiento similar al de una “startup”.

La justicia ha planteado por primera vez la posibilidad de que LaLiga tenga capacidad de demandar de forma individual a los usuarios que vean fútbol mediante plataformas piratas. Un auto del juzgado mercantil Nº8 de Barcelona da luz verde a que la competición pueda iniciar acciones en este sentido, al obligar a los operadores a facilitar los datos de aquellas personas que se conecten con servicios IPTV ilegales.

LaLiga solicitó en enero medidas cautelares de cara a operadores de Internet en España -Telefónica, Vodafone, Orange, MásMovil y Digi- para que pudieran identificar a aquellos clientes que accedan de forma fraudulenta a la emisión de partidos de la liga que estén bajo contrato de emisión. En su solicitud judicial, se reclamaba que aportasen estos datos cuando hubiere “indicios razonables” de que pudieran estar difundiendo “de forma directa o indirecta” contenidos que vulneren la Ley de Propiedad Intelectual.

Hay “elementos suficientes” para admitir la solicituc

Ahora, el juez ha dado la razón a la competición española, que preside Javier Tebas, y ha admitido la diligencia preliminar. Se considera en el auto que hay “elementos suficientes” como para acordar diligencias preliminares solicitadas por la Liga.

“No puede considerarse que la actividad ilícita registrada asociada a las IPs identificadas haya sido desarrollada por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales”, puesto que tienen el “propósito de defraudar el pago de las cuotas que pagan los abonados”, alega el magistrado en su auto.

Los datos que se pueden reclamar a las operadoras

De esta manera, los prestadores de servicios de telecomunicaciones habrán de facilitar esta información de los usuarios que, “de manera fraudulenta, accedan a la visualización de partidos de fútbol, cuyos derechos de propiedad intelectual pertenece a LaLiga”, tal y como recoge EFE.

Los datos incluyen la IP asignada al usuario, así como el nombre, apellido y número identificativo de la persona que figura como titular en el contrato de servicio de acceso a Internet y la dirección del domicilio en la que está asignada la línea y factura del servicio. Estos datos servirían a LaLiga para poder tomar medidas legales contra quienes vean partidos de esta forma, lo que acarrearía una multa.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a Mediapro al concluir que el administrador de la sociedad que explotaba Rojadirecta vulneró los derechos de propiedad intelectual del grupo audiovisual al facilitar, a través de su web, enlaces de Internet que permitían ver en directo los partidos de fútbol.

Los magistrados han explicado que la figura de “infracción indirecta” permite extender la responsabilidad “no sólo a quien realiza directamente los actos infractores”, sino también a quien “coopere con esta conducta” y a “quien tenga un interés económico directo en el resultado de la infracción y capacidad de control”.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal ha incidido en que “siendo socio único de la compañía” su interés económico era “innegable”, aún más cuando “se ha constatado que el montante de los beneficios logrado oscilaba entre uno y dos millones de euros al año”.

En concreto, el Supremo ha subrayado que los ingresos de esta sociedad -en el periodo comprendido entre 2014 y 2019- “provenían de la facturación a empresas de apuestas online que pagaban por cada internauta que accedía a sus webs desde la web Rojadirecta”.

A ello, los magistrados han añadido que el hecho de que el hombre fuese el administrador único y tuviese las claves de acceso era “una manifestación clara de su capacidad de control sobre la conducta infractora”.

Corrige la conclusión de la Audiencia Provincial de A Coruña

Así, la Sala de lo Civil ha corregido la conclusión a la que llegó la Audiencia Provincial de A Coruña, que no había apreciado una infracción indirecta en la conducta del administrador de la sociedad que llevaba la web Rojadirecta.

Según consta en la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio Sancho Gargallo, el hombre era el administrador de la sociedad Puerto 80, dedicada a explotar la web Rojadirecta, donde se proporcionaban “enlaces que permitían el acceso a la visualización en directo o ligeramente diferida de la retransmisión de los partidos cuyos derechos correspondían a Mediapro, por parte de personas que de otro modo no hubieran podido acceder a esa visualización”.

Mediapro interpuso una demanda contra Puerto 80 Projects y su administrador por la explotación de dicha web. El grupo pedía la declaración de infracción de sus derechos de propiedad intelectual por ambos demandados, así como la condena al cese de la conducta infractora y la prohibición de continuar o reanudar esa conducta. Además, reclamaba una indemnización por daños y perjuicios.

Aunque el Supremo ha estimado uno de los argumentos de Mediapro, en el marco de la sentencia, ha desestimado otro de los alegatos que planteaba la empresa. En concreto, ha concluido que no se hizo una valoración errónea de la prueba y que, por ende, no se vulneró el derecho de la compañía a la tutela judicial efectiva.

La primera temporada de La casa del dragón va a tener un desenlace más turbulento de lo esperado. Unos días antes de que se estrene en HBO Max, el capítulo final se ha empezado a difundir ilegalmente en internet, lo que supone un auténtico mazazo para la serie creada por Ryan Condal y George R.R. Martin.

Tal ha sido la importancia de la filtración que hasta HBO ha emitido un comunicado para condenar este sabotaje que se produjo el viernes, poco antes de que el último episodio –titulado La Reina negra– vea la luz el lunes 24 de octubre.

“Somos conscientes de que el décimo episodio de La casa del dragón ha sido publicado en páginas web ilegales de torrents”, explica la compañía en un escrito en el que responsabiliza de la filtración a alguno de los distribuidores que llevan la serie a Europa, Oriente Medio y África, informa The Hollywood Reporter.

“Parece que se ha originado en un socio de distribución de la región EMEA [Europa, Oriente Medio y África]. HBO está vigilando y retirando activamente todas estas copias de internet”, sostiene la plataforma estadounidense.

Aunque el daño sea irreparable, en especial para los espectadores que se hayan podido encontrar ya con algunos spoilers, desde HBO recuerdan que solo ellos podrán ofrecer el capítulo final en todo su esplendor. “Nos decepciona que esta acción ilegal haya menoscabado la experiencia de los fieles seguidores de la serie, que podrán ver una versión impecable del episodio cuando se estrene el domingo en HBO y HBO Max, donde se emitirá exclusivamente en 4K”.

LaLiga y Movistar Plus+ han ganado la demanda conjunta presentada por ambas entidades ante el Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona, que les habilita para poder bloquear semanalmente el acceso a dominios que facilitan la piratería de contenidos de LaLiga, como informan a través de un comunicado oficial. 

Tal y como se detalla en la sentencia, esta medida de protección es necesaria puesto que se detectan “numerosos casos de piratería digital que afectan de forma flagrante la explotación de sus derechos”, mediante el uso de “distintos modelos de piratería de contenidos audiovisuales en Internet (especialmente de contenidos deportivos)”. 

La medida autorizada judicialmente se denomina “de bloqueo dinámica” puesto que no se aplicará de una forma puntual, sino semanalmente con las nuevas identificaciones de URLs, dominios y direcciones IP, sin necesidad de comunicarlas previamente al juzgado.  

La sentencia estará vigente hasta la temporada 2024/2025 y comenzará su operativa desde la semana del 8 de agosto, antes del comienzo de LaLiga de fútbol el 12 de agosto. 

Este mandato judicial está en la línea con otros dos anteriores, el del 11 de febrero de 2020, del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, y el del 21 de diciembre de 2021, del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, que habilitaron un mecanismo de protección similar.

Otra sentencia individual favorable a Movistar Plus+

Por otro lado, Movistar Plus+ ha ganado otra sentencia similar a la anterior de modo que los operadores de telecomunicaciones de acceso a Internet en España tienen que bloquear semanalmente el acceso a dominios que facilitan la piratería de contenidos audiovisuales de la plataforma Movistar Plus+. 

Así lo ha acordado el Magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona mediante la sentencia de fecha 27 de julio de 2022, con la finalidad de “conseguir el bloqueo de aquellas páginas web a través de las cuales se estarían infringiendo los derechos de propiedad intelectual”. 

En el fallo de la Sentencia, que tiene una vigencia de tres temporadas deportivas, hasta la finalización de los campeonatos de futbol de la temporada 2024-2025, se indica además que el bloqueo debe realizarse en el plazo máximo de tres horas desde la notificación de nuevo listado que no es necesario presentar vía juzgado.

 De este modo, todos los contenidos de la plataforma Movistar Plus+, entre otros, Canales, Originales, Programas, Movistar LaLiga, Movistar UEFA Champions y UEFA Europa League, estarán protegidos mediante el mecanismo semanal de bloqueos de dominios piratas habilitado judicialmente, y, además, los contenidos de aquellas OTTs con las que Movistar tiene acuerdos (DAZN, Netflix, Disney+, Prime Video, ATRESplayer Premium, Mitele, LaLiga Sports). 

Esta sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona está en la línea con otra anterior, de 11 de febrero de 2020, del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, que habilitó un mecanismo de protección similar, de modo que se consolida también una jurisprudencia que refuerza las herramientas legales para combatir la piratería.

 Según los datos que recoge el Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2020, elaborado por la consultora independiente GfK, en 2020 hubo 5.239 millones de accesos ilegales a contenidos por valor de 30.892 millones de euros, con un perjuicio al sector de 2.416 millones.

La temporada 12 de La que se avecina se estrenó el 29 de mayo en Amazon Prime Video... y en YouTube. Los nuevos episodios llevan dos días colgados en el portal de vídeos más importante del mundo, donde se están difundiendo de manera ilegal.

Son varias cuentas las que han colgado los ocho capítulos íntegros que se estrenaron en Amazon Prime el pasado viernes antes de llegar a la pantalla de Telecinco, una estrategia que ya se ha puesto en marcha con otras ficciones.

Sin embargo, parece que en esta ocasión ese acuerdo está teniendo consecuencias destacadas, pues algunos de los episodios que se han pirateado en YouTube acumulan decenas de miles de visitas. Se desconoce si Mediaset o Amazon Prime Video han iniciado acciones para que los capítulos sean inmediatamente retirados de esta página web.

Con esta estrategia de emitirse primero en Amazon Prime, la comedia vecinal se ha unido al resto de ficciones de Mediaset que llegan antes al servicio de streaming que al prime time de Telecinco. Entre ellas se encuentran Caronte, Madres, la aún inédita Desaparecidos y El Pueblo, también obra de Laura y Alberto Caballero.

'Juego de Tronos' ha vuelto a ganar en algo. Ya arrasó en las nominaciones a los Premios Emmys de este año, tal y como recogimos, y en esta ocasión ha vuelto a superar fronteras, aunque quizá no de la forma que nosotros, sus seguidores, esperábamos que lo hiciera. La popular ficción de la HBO es, a día de hoy y por segunda vez consecutiva, la serie de televisión más pirateada del mundo, con un promedio de 14.4 millones de descargas ilegales por episodio, según informa Digital Spy.

Recordemos que en el año 2014 ya entró a formar parte del popular tomo por la misma razón.

No es el primer récord que consigue

Ya el año pasado, durante la quinta temporada de la serie, la popular ficción de la HBO entró ha formar parte del Guinnes por ser la ficción que ha llegado a más países de manera simultánea. Concretamente, gracias al segundo episodio de su quinta entrega, que fue transmitido al mismo tiempo en 173 países.

Las entidades de gestión Agedi, AIE, Cedro y SGAE, integradas en el Instituto Ibercrea, han remitido una carta al ministro de Cultura, José Ignacio Wert, donde le piden que paralice la tramitación del anteproyecto de reforma de la actual Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

Para las entidades de gestión antes citadas, el texto “no respeta las recomendaciones del mediador europeo y no facilita la gestión de los derechos de propiedad intelectual ni permite mejorar el nivel de protección” que, entienden, “debe ser el objeto a perseguir por el Ministerio”, recoge Efe.

Según han aclarado fuentes ministeriales a Europa Press, la presentación que tendrá lugar este viernes supone la “formalización de la propuesta”, lo que no significa que no se vaya a contar con las partes interesadas. El objetivo, añaden, es que “participen las entidades de gestión”, que exista “un debate más amplio y valoraciones” durante la tramitación del texto.

Medidas contra la piratería, uno de los puntos polémicos

El texto, cuya reforma es puntual y solo afecta a unos pocos artículos, ha causado un enfado entre creadores,radios, televisiones o editores de diarios y de libros, entre otros muchos.

El gran escollo de la negociación es la inclusión en la nueva ley de más medidas contra la piratería. En concreto, la obligación para las 'telecos' de identificar a los usuarios a petición de un juez contencioso administrativo, o medidas para 'asfixiar' económicamente a las páginas de enlaces a descargas, explica El Mundo.

Según la reforma, se podrán ilegalizar las páginas de enlaces a webs de descargas de contenidos sujetos a protección. En el texto, que podría sufrir cambios, dice que se podrán perseguir los sitios web cuya “principal actividad sea la de facilitar de manera específica y masiva la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrecen sin autorización”.

Por ello, se podrá actuar contra los sitios web que “vulneren directamente los derechos de propiedad intelectual” y, subsidiariamente, contra quienes participen en la vulneración de forma “significativa considerando su nivel de de audiencia en España”, recoge El País.

Google no sería sancionado

Los motores de búsquedas, especialmente Google, no podrán en principio ser sancionables por esta vía ya que la actividad perseguida debe ser “activa, específica y no neutral” -“en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras”- y “que no se limite a desarrollar actividades de mera intermediación técnica”, explica El Mundo.

Búsqueda del impulso de la oferta legal en el entorno digital

Además de medidas contra la piratería, se dará categoría de norma a la supresión del canon digital además de “aumentar el control sobre las entidades de gestión” y fortalecer “los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual en Internet que permita el impulso de la oferta legal en el entorno digital”.

Radios y televisiones reclaman que se detallen derechos y explotaciones

Por su parte, radios y televisiones insisten en la vieja aspiración de que se detallen por ley los mecanismos de acreditación de derechos por modalidades de explotación (analógicos, digitales…) así como un mayor control en la fijación de los precios establecidos unilateralmente por las entidades de gestión.

Sociólogo, diputado en el PP en los ochenta, licenciado en Derecho y ex directivo de Demoscopia, Sofres y el CIS. José Ignacio Wert es el nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte en el gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy, que se han dado a conocer.

Junto con Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta del ejecutivo, y José Manuel Soria, conforma el trío de ministros que más relevancia tendrán para el mercado audiovisual y televisivo.

Todavía no se saben cuáles serán sus vías y medidas políticas en la cartera de Cultura, aunque sí se atisba su posicionamiento respecto a diversas temáticas, como su rechazo a las descargas ilegales, un tema espinoso y polémico después de que el Ejecutivo de Zapatero aplazara la Ley Sinde.

“Las webs de descargas son la traducción digital del perista o receptador de mercancía robada. Su condición inmaterial no priva al robo ni de su naturaleza, ni de su gravedad”. Este es uno de los argumentos que Wert, colaborador habitual en los medios de comunicación, publicó en El País en enero de 2011. En la columna de opinión, 'Peristas y libertarios', habló sobre la bajada online de contenidos audiovisuales -como series de televisión y películas- y, por su interés, se la resumimos a continuación:

“Nadie explica por qué debemos santificar el expolio a los creadores”

“Mi condición de inmigrante digital y además, por causa de la edad, de inmigrante tardío, me hace sentir como deben sentirse -imagino- quienes afrontan en la madurez el aprendizaje de una lengua extranjera: con desasosiego”.

“(En este entorno digital), envueltos en la bandera de la libertad de expresión, la lucha contra los oligopolios culturales, la resistencia frente al imperio americano o hasta el derecho al acceso a los bienes culturales, nadie explica cuál es el fundamento que obliga a santificar el expolio de la creación cultural e intelectual a sus creadores”.

“El bien tiene que ser protegido”

“Porque de eso se trata. La ley Sinde tiene aspectos objetables. […] Sin embargo, no creo que sea razonable discutir ni la prevalencia del derecho a la propiedad intelectual del autor frente a otros supuestos derechos o expectativas de tales, ni tampoco el enfoque básico de dirigir la norma no contra quien descarga contenidos sin respetar el derecho del autor a su retribución, sino contra quien materialmente hace posible esa violación jurídica, las webs que alojan fraudulentamente los contenidos descargables. Es un enfoque similar al que se da al tratamiento penal del consumo de drogas peligrosas, castigando el tráfico y no el consumo”.

“A mí me da igual que detrás de esta norma estén las presiones de los americanos, los lobbies de las majors, la SGAE, o los Amigos de la Capa Española. La supuesta contaminación que trasladarían a aquella sus valedores es uno de los argumentos favoritos de los opositores de la ley, muy efectista, pero de ningún efecto. Lo importante es si el bien que se protege tiene que ser protegido”.

“ ¿Y si nos llevarámos un bolso sin pagar porque es muy caro?”

“Intentemos trasladar estas argumentaciones a la propiedad material. ¿Qué opinaríamos de quien despojara de su sueldo a un empleado, alegando que, en realidad, el empresario le está robando de parte del fruto de su trabajo? ¿Nos imaginamos a alguien llevándose sin pagar de la tienda una colección de bolsos de Vuitton, dado que son muy caros? Los argumentos se convierten en bromas cuando los trasladamos de lo digital a lo material”.

“Las webs son la traducción digital del perista o receptador de mercancía robada”

“Llamemos a las cosas por su nombre. Las webs de descargas son la traducción digital del perista o receptador de mercancía robada. Su condición inmaterial no priva al robo ni de su naturaleza, ni de su gravedad. Y los argumentos en contra de su neutralización no solo suponen la condonación de una conducta que en la mayoría de los casos es abiertamente delictiva, sino que también conducen, a medio plazo, a la extinción o al grave deterioro de la creación cultural”.

“El saqueo lleva a la extinción o a crear Cuerpo de Creadores a cargo del Presupuesto”

“Esta es la cuestión. Los libertarios no son Robin Hood, sino más bien los nuevos bárbaros. El saqueo de la creación cultural lleva o a la extinción de la misma (los creadores tendrán que reciclarse a actividades menos susceptibles de ser enajenadas) o a la creación de un Cuerpo de Creadores Culturales a cargo del Presupuesto, que perciban un sueldo a cambio de poner gratuitamente a disposición del público sus creaciones. No sé cuál de las dos posibilidades me parece más abominable.”

Trayectoria de José Ignacio Wert

El nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, es un abogado y sociólogo experto en estudios de audiencia y mercado que regresa a la política 24 años después de salir de ella, donde militó primero en la UCD y después en el PDP.

Nacido en Madrid el 18 de febrero de 1950, es licenciado en Derecho (1972) por la Universidad Complutense, con premio extraordinario y Premio Calvo-Sotelo, diplomado en Sociología Política por el Instituto de Estudios Políticos y presidente de Inspire Consultores. Cursó los estudios primarios y el Bachillerato en el Colegio del Pilar de Madrid.

En 1973 pasó, por oposición, a la plantilla de titulados superiores de RTVE. Fue destinado como técnico y, luego, como director adjunto al Gabinete de Investigación de Audiencia. En 1978 fue nombrado jefe del Servicio de Estudios, con responsabilidad sobre los Gabinetes de Investigación de Audiencia y de Estudios de Contenido. Un año después se convirtió en subdirector general del Gabinete Técnico del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente de la Presidencia del Gobierno, desde donde efectuó más de un centenar de estudios de opinión.

En 1980 fue elegido por el Senado como vocal del Consejo de Administración de RTVE, a propuesta de Unión de Centro Democrático (UCD), en que había ingresado en 1977. En 1982 se afilió al Partido Demócrata Popular (PDP), en el que formó parte de la Comisión Ejecutiva Nacional.

Fue elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid por Coalición Popular en los comicios municipales de 1983, puesto que desempeñó hasta 1986.

Entonces, en las elecciones generales del 22 de junio de ese mismo año, salió elegido diputado del Congreso por el PDP por la circunscripción de La Coruña, en la coalición que este partido formaba con AP y UL. Un año después renunció al escaño para reintegrarse a las actividades profesionales.

Fue presidente de Demoscopia, empresa dedicada a la investigación de opinión y mercado (1987-2003); consejero delegado de la comercializadora de publicidad del Grupo Prisa GDM (1992-1994) y presidente de la asociación patronal española de empresas de investigación de mercado ANEIMO (1999-2003).

Asimismo, Wert fue designado en marzo de 1994 consejero de Sofres AM, actualmente Kantar Media, empresa de medición de audiencias, de la que fue presidente desde ese mismo año hasta comienzos de 2003.

Desde el 13 de febrero de 2003 fue adjunto al presidente del BBVA, Francisco González, así como director de Relaciones Institucionales del Grupo. Fue elegido en octubre de 2003 presidente de la European Foundation for Quality Management, en representación del BBVA.

Tras abandonar su puesto en el BBVA, en agosto de 2005 pasó a desempeñar el puesto de presidente de Inspire Consultores, empresa demoscópica. En el pasado también ejerció la docencia como profesor universitario de Teoría de la Comunicación (1974-1978) y de Sociología Política (1980-1983).

Ha sido miembro del consejo de la Asociación Mundial de Profesionales de la Investigación de Mercados (ESOMAR) desde 1998, en el que luego desempeñó los cargos de tesorero y vicepresidente. Es autor de numerosos artículos, monografías y ensayos sobre sociología política y sociología de la comunicación y ha colaborado con medios de comunicación.

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El Gobierno americano ha puesto en marcha una polémica campaña de publicidad para luchar contra la compra de artículos falsificados

La lucha contra la piratería parece ser que no es un asunto que afecte solo a nuestro país donde, por cierto, hoy se ha aplazado la Ley Sinde, a pesar de que ha sido objeto de debate en el penúltimo Consejo de Ministros presidido por Zapatero.

El Gobierno estadounidense quiere plantar cara a este problema y ha puesto en marcha una campaña publicitaria que ha despertado cierta polémica por sensacionalista y agresiva.

Se trata de varios vídeos que ya han comenzado a emitirse en televisión e internet donde se asocia directamente la piratería con drogas, crimen, terrorismo, explotación infantil o bandas callejeras, entre otros temas.

Como se puede ver en este vídeo, el primero que ha lanzado el Gobierno americano, quien compra un CD o DVD ilegal está colaborando Por un puñado de dólares -como la película protagonizada por Clint Eastwood- con los asuntos más turbios de la sociedad.

La campaña, que alude directamente al miedo, ha sido dirigida por la National Prevention Council y está apoyada por la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el Control de Inmigración y Aduanas del país.