Artur Mas 2020
El próximo 23 de febrero de 2020 finalizará la inhabilitación de un año y un mes impuesta por el Tribunal Supremo y Artur Mas podrá volver a la política a todos los efectos. Se cerrará un círculo que empezó a trazarse el 19 de diciembre de 2012 y que ha convertido al expresidente catalán en la figura más serpenteante del procés, el hombre que siempre anda cerca del fuego pero nunca llega a quemarse, el pirómano que un minuto después de prender el bosque llama a los bomberos y acaba colaborando en las tareas de extinción.
Aquel día de 2012 el entonces líder de la hoy desaparecida Convergència i Unió firmó junto al presidente de ERC, Oriol Junqueras, un documento al que se dio el pomposo título de Acuerdo para la Transición Nacional y para Garantizar la Estabilidad del Govern de Catalunya. En sus 19 páginas reflejaba las líneas generales que seguiría el acuerdo de gobierno de los independentistas para la legislatura e incluía la celebración de una consulta de autodeterminación que acabó celebrándose el 9 de noviembre de 2014.
El contexto es inequívoco. Era el primer año del Gobierno de Rajoy, que en verano tuvo que pedir a la Unión Europea el rescate del sector bancario y emplear más de 22.000 millones del erario público en salvar a Bankia de la quiebra. El día de puesta de largo de la legislatura Mas señaló que la mayoría independentista debía hacer frente a tres retos: la crisis económica, la de las finanzas públicas y “la mayor operación nacional de Catalunya de los tres últimos siglos”, en referencia a lo que comenzó a denominarse como la “transición nacional”.
Con la tercera carta tapó las otras dos y el hombre que, 18 meses antes había tenido que llegar al Parlament en helicóptero para librarse del asedio al que fue sometido por los indignados catalanes del 15-M, enfrascó al nacionalismo catalán en un proceso independentista que a día de hoy sigue abierto y que ya será muy difícil cerrar. En compañía de Oriol Junqueras y delante de una bandera de la Unión Europea y de una senyera que en la calle se transformaría pronto en estelada, Mas pidió “respeto a un pueblo que se expresa en las urnas y que opta por un proceso de autodeterminación”. Y apeló, como infalible factor de cohesión, a hacer frente al enemigo común, encarnado en los partidos constitucionalistas: “Tendremos muchos adversarios por delante, muy poderosos y que actúan sin escrúpulos”.
Superados los tiempos en los que consideraba que “el concepto de independencia” estaba “anticuado y un poco oxidado” -que resumía su pensamiento en 2002, según el libro ‘¿Qué piensa Artur Mas?’, del periodista Rafael de Ribot-, el hereu del pujolismo se lanzó a la organización del 9N y lo convirtió en el eje de la legislatura. La doble pregunta final fue un alarde de posibilismo que resume a la perfección la figura de su impulsor: “¿Quiere que Catalunya sea un Estado? Y en caso afirmativo, ¿quiere que sea un Estado independiente?”.
Aunque cuando fue llevado ante la Justicia, trató de endosar la responsabilidad a los voluntarios que pusieron las urnas e hicieron el recuento, Mas ha sorteado la celebración de la consulta con una condena mínima de un año y un mes de inhabilitación por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional. En la sentencia que condenó al portavoz de su Gobierno, Francesc Homs, el Supremo reprochó a la Fiscalía que no hubiera acusado a los responsables del Gobierno catalán por malversación y los gastos de la consulta solo fueron reconocidos meses después por el Tribunal de Cuentas, que embargó a Mas y sus colaboradores bienes por valor de 4,9 millones de euros.
Su paso a un lado en la política llegó en la siguiente legislatura, en enero de 2016, cuando la CUP forzó su salida del Gobierno para conformar la nueva mayoría independentista con la coalición Junts pel Sí y señaló como sucesor a Carles Puigdemont, uno de los alcaldes más independentistas del nacionalismo catalán. Entonces Mas se aplicó como uno de los actores más activos de la campaña para internacionalizar el conflicto. Visitó las universidades de Oxford y Harvard y dio conferencias en Bruselas, París y Berlín en las que prometía que Catalunya se convertiría en “la Dinamarca mediterránea” y la independencia permitiría “pagar mejor las pensiones”.
Atizó el fuego del referéndum del 1 de octubre pero en las horas previas a la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en el Parlament, sabedor del peligro que tan bien ha sabido evitar siempre, volvió a dar un paso atrás y trató de convencer a Puigdemont de que convocara elecciones y evitara la deriva penal que en la primera semana de febrero sentará en el banquillo de los acusados a los responsables independentistas que decidieron no emprender la huida al centro de Europa. Después dijo que esa maniobra había sido “puramente simbólica” y que fue magnificada para “quedar bien posicionados ante la opinión pública”. “En política muchas veces un argumento se infla. ¿Esto es engaño? Puede llegar a serlo”, reconoció en una entrevista a la emisora Rac-1.
En enero de 2018 volvió a oler el peligro y, una vez más, lo consiguió esquivar. Sin quemarse. El día 9 dimitió como presidente del PDeCAT y el 15 se conoció la sentencia del caso Palau que condenaba a su partido, Convergencia Democrática de Catalunya, a devolver 6,6 millones de euros por haberse financiado con el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas. Y en marzo el juez Pablo Llarena rechazó su procesamiento en la causa del procés porque, a pesar de que participó en algunas reuniones con los líderes independentistas, ningún elemento probatorio le vincula con la “violencia desplegada”.
Solventados sus problemas con la Justicia, podrá volver a la primera línea del independentismo a comienzos de 2020, cuando previsiblemente Junqueras se encuentre cumpliendo condena, Puigdemont continúe viviendo apartado, en su destierro de Waterloo, y arrecie con fuerza la batalla entre los partidarios de la flamante Crida y los rescoldos de lo que quede del PDeCAT. Porque Mas seguirá poniendo la mano en el fuego pero lo hará sin quemarse.
