Atrapados

Al margen de cómo termine esta semana el choque final entre la Generalitat y el Estado español, tal vez deberíamos empezar a decirnos la verdad entre nosotros y asumir que el conflicto político con Catalunya y con las otras nacionalidades históricas puede no tener solución.

Porque siendo optimistas y confiando en que la tensión máxima que estamos viviendo no desemboque en desgracias mayores, pronto habrá de nuevo elecciones en Catalunya. Lo más probable es que los partidos independentistas sigan siendo determinantes aunque puedan subir o bajar un poco en votos. Para entonces, es de esperar que se haya puesto a trabajar también en el Congreso la comisión para la reforma constitucional propuesta por el PSOE.

Pero ¿a qué consensos se puede llegar para esa reforma de la Constitución? No nos engañemos; acuerdos globales y de fondo sobre si Catalunya puede o no decidir por sí sola si sigue formando parte de España, no son posibles.

El PP, Ciudadanos y el PSOE, al menos el PSOE que conocemos hasta hoy no van a aceptar nunca el derecho de autodeterminación de Catalunya o de otras partes del Estado. Y al otro lado de la trinchera, ni Esquerra, ni el PDeCAT, ni la CUP, ni Ada Colau y los comunes y por tanto, ni Podemos y sus confluencias, ni el PNV, ni Bildu ni los nacionalistas gallegos van a renunciar al derecho a decidir, al referéndum pactado o a cómo quieran llamarlo.

Así las cosas, una profunda reforma constitucional que pudiera ser rechazada en un referéndum en Catalunya o en Euskadi y cuestionada y deslegitimada por Podemos sería un grave problema político y eso dando por hecho que PP, PSOE y Ciudadanos fueran capaces de ponerse de acuerdo sobre el modelo de Estado cuando los socialistas apuestan por el federalismo, Ciudadanos quiere más bien recentralizar y el PP prefiere no tocar nada.

Tal vez a lo máximo que podamos aspirar es a un nuevo acuerdo de mínimos para los próximos 20 o 30 años. Esto sería a día de hoy lo mejor que nos podría pasar: alcanzar otro pacto que ojalá saliera tan bien como el de la Constitución del 78.

Respetar y reconocer en una disposición adicional en la Constitución las singularidades de Catalunya y las otras nacionalidades y mejorar la financiación autonómica pueden ser un buen comienzo. Así lo reconocen incluso sectores independentistas moderados.

Hace 40 años franquistas, centristas, comunistas y socialistas fueron capaces de construir un punto de encuentro; está por ver que los políticos de hoy lo puedan hacer.