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Defender la democracia

La oposición va a impugnar la validez del diálogo, la política y la democracia y eso sitúa a este Gobierno progresista ante uno de los principales retos para los próximos años

Este Gobierno tiene el inmenso reto de defender la democracia y acostumbrarnos a defender sus reglas para todos, incluso para aquellos que solo entienden el país para ellos

GRAF7381. MADRID, 05/01/2020.- El miembro de la mesa del Congreso, Adolfo Suárez Illana, del PP, se gira en su escaño, durante la intervención de la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en la segunda jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno este domingo en el Congreso de los Diputados.

Adolfo Suárez Illana da la espalda a la portavoz de EH Bildu durante el debate de investidura. EFE/Mariscal

La investidura de Sánchez ha puesto de manifiesto hasta qué punto la derecha entiende las instituciones públicas como su propio patrimonio. Tras décadas de gobiernos que han profundizado la identificación del Partido Popular con el Estado y un precario periodo de ingobernabilidad, se acaba de confirmar que el ejecutivo de Sánchez ya no es interino y que las derechas pierden definitivamente el acceso a unas instituciones que viven como propias. De todas las imágenes que nos dejó el reciente debate de investidura, el gesto de Suárez Illana dando la espalda a Bildu es una especialmente significativa: demuestra la falta de cultura democrática de unas derechas furiosas que no soportan perder y que están ahora mismo por detrás del espíritu de diálogo y respeto democrático de las derechas de la transición. Estas derechas radicalizadas y enfurecidas que vimos en la investidura, capaces de llamar golpe de Estado a un procedimiento democrático, capaces de abanderar las injerencias de la Junta Electoral y capaces de amenazar a un Gobierno legítimo con el uso de todos los medios posibles contra él, ponen sobre la mesa un hecho preocupante. En España tenemos una derecha preliberal.

El fracaso de Ciudadanos es una constatación de lo mismo. La decisión de ser la muleta del Partido Popular sin exigencias ni líneas rojas fue una mala decisión y la de no abanderar una alianza democrática frente a Vox como sí han hecho sus socios europeos, una decisión aún peor. No sabemos si habrá una refundación o si Arrimadas será capaz de reinventar la razón de ser de su partido, pero ahora mismo Ciudadanos no tiene ninguna entidad y se ha sumido en la total irrelevancia política al estar tan a expensas de la ultraderecha como lo puede estar el Partido Popular.

Esto dibuja un panorama complicado para el gobierno de coalición; la oposición va a ser durísima y está decidida a respetar muy poco las reglas de juego democrático. Agitarán los fantasmas del comunismo, Venezuela, resucitarán a ETA y demonizarán cualquier diálogo con el independentismo catalán. Van, en definitiva, a impugnar la validez del diálogo, la política y la democracia y eso sitúa a este Gobierno progresista ante uno de los principales retos para los próximos años.

Se ha dicho mucho acerca de la enorme responsabilidad de este Gobierno y es que, en efecto, si no lo hace bien, podríamos tener derecha para décadas. El PSOE y Unidas Podemos deben, en primer lugar, conseguir encarnar la estabilidad después de años de caos político y paralización institucional. Para eso deben gobernar de forma medianamente cohesionada y evitar guerras internas que serían duramente penalizadas por un electorado ya desencantado con los partidos y sus intereses partidistas. El Gobierno de coalición debe, por otra parte, combatir a la ultraderecha con políticas sociales y aprobar cuanto antes reformas que, sean más ambiciosas o más modestas, serán pequeñas conquistas contra la desafección y el desánimo de la gente hacia sus representantes.

Las políticas de vivienda, la ampliación de derechos laborales, las pensiones dignas, la ayuda a las pequeñas empresas y los autónomos o el fortalecimiento del sistema de cuidados son antídotos contra la reacción conservadora en un país aún muy dolorido por la última crisis económica. Pero más allá de esas reformas, que serán cruciales para demostrar la utilidad de la política para cambiar tangiblemente la vida de la gente, está claro que va a hacer falta también defender la democracia. Si Vox capitanea a los tres partidos principales de la oposición y todo lo que tiene este gobierno "al otro lado" es una derecha preliberal, vamos en estos próximos años hacia una batalla cultural contra fuerzas que van a poner en duda -quizás más de lo que les hemos visto hacer nunca- el Estado de Derecho, la democracia, sus principios y sus reglas de juego.

El enemigo que espera a las puertas, el que se hará más grande si este Gobierno fracasa, es una ultraderecha que defiende la cadena perpetua y la ilegalización de partidos, es decir, una ultraderecha dispuesta a recortar la libertad de expresión, reducir la pluralidad política y engrosar el código penal. Cada vez que queremos combatir las opiniones de Vox con el código penal en la mano y denunciando delitos allanamos más el camino a unas fuerzas que quieren recortar derechos políticos y libertades de expresión. Cada vez que creemos menos en la reinserción y más en las soluciones penales se lo ponemos un poco más fácil a los que quieren cambiar el sentido común de nuestro país y normalizar la cadena perpetua. Cada vez que defendemos la prohibición de Vox hacemos un poco menos escandalosos los discursos que defienden sin titubeos recortar la pluralidad política e ilegalizar partidos.

Las derechas que han patrimonializado las instituciones tantos años ya han demostrado que cuando gobiernan el Estado no tienen ningún reparo en utilizarlo para combatir la pluralidad política con mordazas, para obstaculizar la democracia cuando no le gusta el resultado y para manchar a los adversarios con cloacas. El reto de este Gobierno, si quiere reconquistar la credibilidad de las instituciones y fortalecer el sentido común democrático de nuestro país, es demostrar que se puede hacer lo contrario: que se puede gobernar para todos, devolver a las instituciones su carácter público, defender el derecho a hablar de los adversarios, incluso de los más intolerantes, respetar la existencia de todos los partidos, defender la política como un combate de ideas contrarias que no deben ser judicializadas.

Este Gobierno progresista tiene el inmenso reto de defender la democracia y acostumbrarnos a defender sus reglas para todos, incluso para aquellos que solo entienden el país para ellos. Porque es esta la manera de ganarles. Ese ejemplo de dignidad institucional, diálogo, respeto, tolerancia, educación y, como dijo Iglesias, "firmeza democrática" es una vacuna contra la derecha furiosa y preliberal que vimos emerger tan claramente en la pasada investidura y que librará su batalla cultural por todos los medios. Una vacuna que necesitaremos para el día de mañana, quizás justamente para el día en el que este Gobierno ya no esté y el enemigo a las puertas vuelva a tener su oportunidad.

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