Dívar anunciará su dimisión el próximo jueves

Seguía decidido a permanecer en su cargo, pero ya no por mucho tiempo. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ha recibido del pleno de la institución el mensaje de que no puede continuar en el puesto. Los dos puntos del pleno de hoy han pasado al jueves lo que le permitirá presidir los actos del bicentenario del Tribunal Supremo. Dívar ha dicho que ese día tomará una decisión “contundente”.

Dívar se vio obligado a convocar un pleno extraordinario para hoy, 22 días después de que el vocal del Consejo José Manuel Gómez Benítez presentara una denuncia ante la Fiscalía en la que acusaba a Dívar de gastar más de 28.000 euros de la institución en 32 viajes privados a Marbella y Puerto Banús. Era la primera vez que ocurría algo así en la historia de España. La Fiscalía determinó que no había delito alguno en la conducta de Dívar porque las normas internas del propio CGPJ no prevén la obligación de que su presidente justifique los gastos cargados a la institución. Tras este fallo, Dívar compareció en rueda de prensa el 31 de mayo.

Lejos de dar explicaciones,y con una actitud desafiante, Dívar anunció ese día que no tenía intención alguna de dimitir. Se sentía respaldado por la decisión de la Fiscalía y por la posición del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que, gracias a la mayoría parlamentaria del PP, impidió la comparecencia del presidente del Supremo en el Congreso  con el argumento de que el poder legislativo no es competente para controlar al judicial.

Pero en el pleno de esta mañana, precedido por una reunión de Dívar con cinco vocales del consejo miembros de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) --Manuel Almenar, Gemma Galllego, Pío Aguirre, Antonio Monserrat y Miguel Collado--, en la que le anunciaron que le retiraban su apoyo, el presidente del CGPJ anunció que renunciará a su cargo el jueves.

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Esta semana, las cosas habían cambiado. La actitud mostrada por Dívar y el hecho de que una asociación de juristas de Murcia presentara una querella contra él por estafa y malversación ante la Sala Penal del Supremo habían incrementado exponencialmente el malestar de la magistratura con su presidente. Era tal la indignación que Dívar tenía previsto convocar un pleno extraordinario después de que se celebre el miércoles 21 en Cádiz el bicentenario del Tribunal Supremo, al que está previsto que asista el Rey. Pero las presiones se intensificaron a pesar de que la querella fue rechazada. Cuatro vocales progresistas --Margarita Robles, Félix Azón, Inmaculada Montalbán y Carles Cruz--, reclamaron la convocatoria de un pleno extraordinario para someter a votación la exigencia a Dívar de que dimita. A la petición del pleno extraordinario se sumó José Manuel Gómez Benítez, que incluyó en el orden del día que, en caso de que Dívar no dimita, se sometiera a votación la destitución.

Hace unos días comparábamos la actitud de Dívar y de las instituciones con la del juez corrupto Lluís Pascual Estevil y los poderes públicos de la época. En realidad hay una diferencia importante: en la época de Estevill el Consejo, presidido por el hoy presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, estaba en plena descomposición, con más de un tercio de sus miembros con el mandato prorrogado, con plazas vacantes por dimisión o fallecimiento y sin mayorías que permitieran que salieran adelante propuestas como la que ha obligado a Dívar a convocar el pleno de hoy. Pero la actitud del Gobierno y de los partidos políticos sigue siendo la misma.

Para que prosperaran las propuestas de hoy, debían votar a favor 12 de los 20 vocales del Consejo, excluido el presidente. En el caso de la petición de dimisión basta con una mayoría simple, pero en el de la petición de remoción de Gómez Benítez, sí es necesaria la mayoría cualificada de 12 votos.

Después de que la APM haya manifestado a través de su portavoz, Pablo Llarena, que acogería con “desahogo” la dimisión de Dívar porque su comportamiento es “éticamente reprobable”, los vocales del Consejo miembros de la organización como Almenar, Aguirre o Collado estaban justo antes del pleno dispuestos claramente a votar en favor de la petición de los vocales progresistas. A pesar de que durante la última semana se han producido diversas llamadas a los miembros del consejo elegidos a propuesta del PP para que den a Dívar un margen de al menos dos meses que le permitan encontrar una salida digna.

Desde Justicia también se ha telefoneado a los vocales propuestos por partidos amigos, como Ramon Camp, elegido a propuesta de CiU, o Margarita Uría, elegida con el aval del PNV. Esta última había manifestado su intención de votar a favor de pedir la dimisión de Dívar. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida se mostró insensible a la presiones de Gallardón. La petición de dimisión no es vinculante. El presidente del Supremo y del CGPJ no pensaba abandonar el cargo voluntariamente hasta que ha conocido la posición mayoritaria de sus detractores.

La que no podía prosperar era la propuesta individual de Gómez Benítez de destituir a Dívar en caso de que no dimitiera. Fuentes judiciales consultadas afirman que existe un sólido consenso entre los otros 19 vocales del Consejo para proporcionar a Dívar un “puente de plata”, una salida digna en atención a sus 40 años de carrera judicial hasta ahora irreprochable. Esa sí es una gran diferencia con lo que ocurrió en el Consejo en los inicios del caso Estevill.

Lo que mantienen en común es el clamor social contra ellos a raíz de las acusaciones que en su día distinguieron a Estevill con la condición de apestado y que en el caso de Dívar van por el mismo camino. De momento, hasta 17 jueces decanos de toda España han reclamado al Consejo que “esté a la altura de las circunstancias”, un eufemismo para pedir al pleno que exija a Dívar la dimisión. La presencia del rey en los actos del bicentenario del Supremo que se celebrarán en Cádiz el miércoles ha pasado de estar confirmada a pendiente de decisión. La Casa del Rey se manifestará el lunes, cuando ya conozca lo ocurrido en el pleno de hoy. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro Gallardón sí están dispuestos a arropar a Dívar.