España en la economía gig: Tres cambios que tendrán difícil vuelta atrás

En estos años de crisis algunas tendencias en la estructura económica y social de España han cambiado, o se han acelerado y asentado, profundamente: entre otras, unas marcadas reducciones salariales, la pérdida de influencia de los sindicatos, o el debilitamiento de la base financiera de las pensiones. Pero no nos creamos que sean tendencias que se ciñen sólo a España, sino que están en marcha en toda Europa de la mano de la competencia general que supone la globalización, y que ha irrumpido con fuerza en estos tiempos azarosos. En parte se puede decir que el Gobierno, aunque muy conscientemente, ha sido un instrumento de eso que Hegel llamaba la “astucia de la razón” (universal).

La reducción de los salarios para una parte importante de los empleados o empleables, ha sido notable. Las estadísticas no están a la altura. Pues si ha afectado a los que han conservado su empleo –aunque no ha acabado, el ajuste en las empresas a través de recortes salariales y reducción de plantillas parece estar tocando a su fin- , ha sido mucho más marcada para los que han estado en paro durante tiempo y acceden a un empleo y para los se incorporan por vez primera al mercado de trabajo. Según el Banco de España, los ingresos de los directivos se están recuperando, pero no así los de los asalariados. Antes de la crisis había cierta sorna en España con los llamados mileuristas. Para muchos ese sueldo es ahora un lujo, mientras el mercado laboral sigue siendo excesivamente dual.

La necesidad de empleo para muchos derivada de la crisis ha favorecido esta tendencia, que Alemania vivió mucho antes de la crisis con las reformas Hartz. En muchos sectores la competencia no es ya con otros países europeos, que también, sino global, incluidos las sociedades menos ricas pero con ciudadanos cada vez mejor formados como la china o la india, con, además, la expansión de la tecnología esencialmente digital y ubicua.

A la vez, prolifera la precariedad en el empleo, de nuevo un fenómeno global que se puede ver desde Estados Unidos a Italia, aunque se hay hecho más marcado en España (20% es empleo temporal) que en otros países (11% de media en la OCDE), aunque hayan sucumbido a esta tendencia Portugal, Francia e Italia (pero menos un país más liberal como el Reino Unido). Esta precariedad en el empleo, que por otra parte desincentiva la inversión en “capital humano”, es decir, en formación, por parte de las empresas. Es lo que en el mundo anglosajón se llama la gig economy, la economía de los pequeños encargos, de los trabajos puntuales.

Bajos salarios y precariedad lleva a un fenómeno que ya se ha dado en otros países (como EE UU), a saber, el de los pobres con trabajo. Y a plantear para paliar esta situación la idea que con diversas denominaciones se llama ingreso ciudadano, renta vital.

A la vez, la reforma laboral, con la flexibilidad que introduce, ha acercado mucho más la negociación salarial a la realidad de la empresa -lo que puede ser positivo y realista-, perdiendo importancia los convenios sectoriales. Y con ello, además del hecho de que este sea un país en un 90% de PYMES, los sindicatos han perdido terreno. Salvo en la convocatoria de huelgas generales inconcluyentes, no han pesado en esta crisis, ni en la forma de salir de ella. Y no hay que contar con que vayan a contar más en el futuro. Es un fenómeno también global, que va en detrimento de la protección de los trabajadores y, como ha quedado de relieve en EE UU, de las clase medias. Que los grandes sindicatos (UGT y CC OO) en España hayan por fin podido negociar con la CEOE una subida de un 1% significa poco a este respecto. En todo caso estos sindicatos están necesitados en este país de una profunda renovación de personas y de políticas.

Dentro de esto se ha acentuado en España, el mayor peso rentas de capital sobre las rentas del trabajo, como en muchas otras economías, aunque de forma más acusada en este país que en el conjunto de la Eurozona. Los ingresos de los asalariados han pasado del 49,6% del pastel general en 2007 a 47,2% en 2013.

Todo ello va a influir en la necesidad de adaptar profundamente el sistema de pensiones. Se ha hecho inevitable. El Gobierno cada vez ha hecho más uso del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Ha utilizado la mitad, es decir casi 44.000 millones de euros. La Seguridad Social ha acumulado un déficit de casi 39.000 millones de euros, y en el mejor de los casos (Programa de Estabilidad del Gobierno), no se reabsorberá hasta 2019. La solución no la facilitará el mercado laboral, pese a su recuperación: en el primer semestre de este año, el número de cotizantes han subido en un 4% pero lo recaudado por la Seguridad Social sólo un 1,32%, debido a los bajos salarios, por no contar el número de jóvenes profesionales que se marcha de España ante las oportunidades de trabajo fuera.

No son tendencias que se den solo en España, sino profundas y globales, y será difícil invertirlas en los próximos años, incluso con recuperación económica, sobre todo si no se apuesta por un cambio profundo del modelo económico, social y educativo.