Gallardón, un ministro contra la Justicia y los jueces

Recientemente se concentraron cientos de jueces y fiscales ante la sede del Ministerio de Justicia para protestar por la grave situación de la Administración de Justicia. Lo mismo ocurrió ante las sedes judiciales de las principales ciudades del país. La convocatoria partió de todas las asociaciones de forma unitaria en un hecho histórico y sin precedentes. Es una muestra clara de que la gestión del ministro Gallardón ha conseguido generar un amplio malestar en todos los sectores de la Justicia.

Sin embargo, a pesar del creciente descontento, el ministro ha sido incapaz de abrir espacios de diálogo o líneas de negociación para buscar soluciones a las carencias estructurales de nuestro sistema judicial. Al contrario, ha optado por mantener sus visiones exclusivas, así como por remitir de forma unilateral sus proyectos de ley al Parlamento, con la convicción de que disponer de mayoría absoluta significa tener la razón absoluta. Ante semejante actitud, todas las asociaciones de jueces y fiscales hemos acordado considerar que el ministro Gallardón ha dejado de ser un interlocutor válido, por lo que hemos solicitado directamente una reunión al presidente del Gobierno para intentar solventar las graves carencias existentes en la Administración de Justicia.

Sería aventurado afirmar que el ministro no asume iniciativas. Casi siempre a golpe de titular, para obtener la proyección pública que cree merecer. A menudo con propuestas populistas que actúan sobre los resortes emocionales de la población, como en su proyecto de reforma para endurecer el Código Penal, en el país europeo con más presos por habitante. En muchas ocasiones con propuestas con olor a naftalina, como su intención de criminalizar a las mujeres que aborten, incluso en los supuestos de malformación del feto, lo cual nos transporta a los oscuros tiempos del régimen anterior. Todo este barullo de iniciativas inconexas escenifican la falta de un proyecto serio para modernizar nuestro sistema judicial.

Y ello es así porque nuestra Administración de Justicia necesita más jueces, para no seguir a la cola en el ámbito europeo. Pero el ministro ha congelado la creación de plazas judiciales. Porque la sobrecarga de trabajo imposibilita un tramite eficaz de los procedimientos. Pero el ministro va a retirar a 1.200 jueces sustitutos, para recortar 20 millones de euros, lo cual provocará un mayor colapso judicial que perjudicará a la ciudadanía. Porque resulta necesario el acceso a los tribunales en condiciones de igualdad. Pero el ministro ha aplicado unas tasas judiciales que limitan el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que beneficiarán a los sectores más privilegiados y expulsarán del acceso a los juzgados a gran parte de las clases medias y de la clase trabajadora. Porque tenemos un sistema procesal injusto que concede privilegios a los bancos en perjuicio de los ciudadanos que no pueden pagar sus hipotecas. Pero el ministro no se plantea ninguna reforma legal y opta por un tipo de moratoria insuficiente que no va a resultar aplicable a la mayoría de los afectados. Porque este país necesita un poder judicial fuerte para que pueda controlar los abusos en determinados ámbitos. Pero el ministro impulsa proyectos que atentan contra la independencia judicial. Hay razones más que suficientes para entender que el ministro Gallardón no es capaz de resolver los graves problemas de la administración de justicia. Los jueces y los fiscales necesitamos otro interlocutor.