El Gobierno, acogotado por su derecha
Cada semana que pasa se aprecia con mayor claridad que al Gobierno le cuesta despegarse de su electorado más radical, ese que se identifica con el Tea Party popular, con José María Aznar, con Esperanza Aguirre, con Jaime Mayor Oreja. Suponiendo, que es mucho suponer, que el Ejecutivo estén realmente interesado en marcar esas distancias. Porque, visto lo visto y sin entrar de nuevo en los graves recortes de derechos laborales, políticos y civiles que ha perpetrado en los dos años de legislatura, en los últimos días y amplificada por el foco de la actualidad ha quedado al desnudo su incapacidad para elaborar un discurso centrista, moderno, pedagógico en asuntos de gran trascendencia.
No sólo en el del derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas, que cuestiona el proyecto de reforma de la ley del aborto. También el del fin de ETA, cuestión sobre la que el Ejecutivo está permitiendo que se extienda la idea de que los terroristas han vencido porque la izquierda abertzale está en las instituciones, cuando desde Rajoy hasta su ministro del Interior, Jorge Fernández, y, desde luego, el PSOE, IU, CiU, los partidos del grupo mixto y todo el espectro político vasco -con la excepción de UpyD- saben, y así lo dicen, que ETA ha terminado porque ha sido derrotada policial y socialmente. Desde el Gobierno se dice con la boca pequeña, como a desgana, y, según admiten los propios dirigentes del PP, lo hacen así porque tienen miedo a la reacción de su sector más ultramontano.
Al pánico a perder el voto de la derecha radical y el temor a enfrentarse con dirigentes como Aznar, Aguirre, Mayor, que conservan aún mucha influencia interna, se deben algunos episodios de doble lenguaje y algunas sobreactuaciones recientes. La calificación de “repugnante y deleznable”, que hizo Jorge Fernández de la reunión en Durango de los etarras excarcelados tras la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, cuando no movió un dedo para evitarla, sería un ejemplo de ese doble lenguaje, un simple gesto para la galería ultra. Porque, si tan mal le parecía al Gobierno ese encuentro -que finalmente no fue más que la foto de la derrota etarra- hubiera incitado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a impedirlo, y no lo hizo, seguramente porque sabía que no existía anclaje legal para prohibirlo, como después argumentó el juez Santiago Pedraz.
En la misma línea se enmarca esa impaciencia por apuntarse un tanto, por demostrar que el Gobierno no está de manos cruzadas, que llevó a los responsables de Interior a anunciar el miércoles la detención de los abogados de presos etarras antes de que los agentes de la Guardia Civil salieran de los cuarteles para ejecutarla. Por cierto, que la operación policial en sí ha suscitado muchas críticas en sectores políticos y sociales del País Vasco. No exclusivamente de la izquierda abertzale, que va de suyo. También del ejecutivo de Iñigo Urkullu, cuyo portavoz, Josu Erkoreka, recordó que “el terrorismo de ETA ha terminado”, existe “una oportunidad histórica” de consolidar la paz y la convivencia y denunció que operaciones de estas representan “un paso atrás”.
Porque, parece que alguna de las personas detenidas había permanecido hasta hace pocas semanas en posiciones muy radicales, las que siempre ha mantenido la cúpula etarra, contraria a permitir a los presos aceptar la legislación penitenciaria y acogerse a la reinserción individual. Y abrir esa vía de la reinserción individual, olvidando las peticiones de amnistía y las negociaciones con los gobiernos, es justo lo que hizo el colectivo de presos en el comunicado de finales de diciembre, en el que también admitían el daño causado y renunciaban a la violencia. Ese es, a su vez, el documento que el pasado sábado ratificaron los excarcelados de la doctrina Parot en Durango, en presencia de esos abogados reconvertidos ya a las nuevas políticas que la izquierda abertzale le estaría imponiendo a ETA y no al revés.
