De Guatemala a Guatespaña en impunidad
Escribo desde Guatemala como observador internacional. Es la séptima vez que acudo este país prácticamente casi todos en misión oficial. Es esta una tierra trágica donde se entrelazan una inmensa belleza como pocos lugares en el mundo con unas maldiciones como los frecuentes desastres de la naturaleza, una guerra fratricida, una elevada violencia y desigualdades y una progresiva extensión de cárteles de droga. Y todo ello, aderezado con una notable dosis de corrupción que ha afectado desde hace tiempo a todo el entramado de poder, especialmente a las máximas instancias de poder y otros sectores de la élite
Así llevaba aguantando, casi resignada, la ciudadanía, sobre todo en el ámbito rural, inmensamente alejado de la capital, resignada como si fuera algo inevitable hasta que un momento dado el pueblo de forma espontánea y con presencia de todos los actores sociales, reacciona a modo de clamor y la movilización popular desde hace meses expresaban un hartazgo total.
La indignación del pueblo se ha venido expresando (también en Honduras) en la calle de manera constante desde abril y el ambiente era muy insistente y convencido de que la voz de ciudadanos y agentes sociales podía hacer que no quedase impune la corrupción que afectaba a los máximos mandatarios. El “Sí, podemos” como elemento de autoconvencimiento ha sido fundamental. Y en ello, no hay que olvidarlo, participaban ciudadanos que hace cuatro años le dieron el voto a Pérez Molina. Este factor de movilización ciudadana, ha sido, sin duda, fundamental para conseguir el hito de que los dos mandatarios máximos del país fuesen con prontitud cesados y apresados.
La movilización popular es sólo un factor muy importante, acaso el fundamental aunque, a diferencia de España, no se ha traducido todavía en una organización que vertebre y de forma en la práctica estas exigencias de algo más de regeneración: de cambio de un sistema podrido.
Pero junto a esto, hay otro elemento fundamental que ha sido efectivo para mostrar (en Guatemala) que no hay impunidad para los más poderosos o, al menos, no es absoluta. Me refiero a la concienciación y compromiso de importantes sectores vinculados a la justicia con valores democráticos y ello, tanto a nivel de judicatura como de fiscalía. Esto, desde un punto de vista netamente profesional, no condicionados por sometimientos o actuaciones influyentes del poder.
La Comisión contra la Impunidad, delegada de la ONU, y cuyo director primero fue el español Carlos Castresana (el actual, el tercero, es un colombiano de ideas muy firmes), ha sido, asimismo, un cauce importantísimo para intentar que ese vicio tan enraizado como es la corrupción se pudiese investigar de modo más efectivo y penalizar, cayeses quien cayese.
Además, no debe despreciarse algo quizás no tan valioso pero que ha influido en la toma de decisión muy firme para emitirse una orden de búsqueda y captura de la vicepresidenta hace apenas cuatro días y también (tras la retirada de inmunidad por unanimidad en el Congreso) el propio presidente de la República y su antejuicio público que fue retransmitido en directo por la televisión, ha supuesto la entrada en prisión en solo un día con el escarnio de que el pueblo escuchase las grabaciones impúdicas de sus manejos inmorales e ilegales. Me refiero a cómo, estos sectores del mundo de la justicia (como sucede también con algunos empresariales) perciben cambios en el viento y se dejan llevar por los ritmos de la historia, para seguir bien situados de futuro.
La corrupción en el país centroamericano evidentemente no es de ahora. Hace muchos años se ha ido consolidando. En algunos casos las instituciones reaccionaron con sentido institucional (como el primer juicio del genocida Ríos Montt y su condena inicial o la prohibición del Tribunal Constitucional de inadmitir como candidata presidencia a la esposa del presidente anterior, Álvaro Colom.)
Pero en todo caso, es indudable que lo que ahora está sucediendo en orden a ser muy severos con la corrupción, particularmente con la organizada desde el partido gobernante (el PP, Partido Patriota), tiene un extraordinario valor aunque algunos tengamos dudas sobre los candidatos que concurren (aunque se pueden tentar la ropa) o el pensamiento de que acaso las elecciones no van a oxigenar suficientemente el sistema o la baja legitimidad del próximo Gobierno (no se prevé mucha participación) pues verdaderamente ninguno encarna el cambio mínimo de regeneración.
A más de 8.600 kilómetros, un país europeo con algo más de historia democrática, está padeciendo la mayor lacra de corrupción de su historia contemporánea. Si en la etapa final de Felipe González esta adquirió un muy elevado relieve o fue también la constante de un régimen nacionalista dirigida por su líder Pujol, actualmente padecemos un muy alto nivel en muchas instancias. No obstante, gana claramente la diversidad y expansión de redes clientelares corruptas organizadas por dirigentes del partido más que mayoritario, hegemónico y las imputaciones y condenas frecuentes de gobernantes del PP cuya financiación como partido esté llena de negrísimos agujeros.
Pues bien, quiero trasladar con envidia lo que ahora estamos viviendo en Guatemala, reacción inmediata para quitar a corruptos, a la realidad diferente, muy diferente, en España. En este país no se dimite aunque pase lo que pase y les atiendan con las manos en Suiza. Por otro lado, existe un adormecimiento social que narcotiza a la ciudadanía bajo argumentos tan falsos como “no hay nada que hacer”, “todos son iguales”, etc.
En España desgraciadamente es impensable, al menos hasta ahora, una movilización ciudadana contra la corrupción. Por sólo referirme a algunos ya condenado por varios delitos como Jaume Matas o Carlos Fabra, ni en Mallorca ni Castellón se habrían juntado 300 personas pidiendo el cese de estos dirigentes locales muy corruptos. A nivel nacional, igual. El hecho de que según el juez Ruz, el PP tuviese una irregular financiación consiguiendo dinero de adjudicaciones y manejando una caja B, eso no junta en su contra ni a 500 personas en la plaza de Colón. La desmovilización de nuestra sociedad en este tema no significa que no sean penalizados en las urnas, pero el porcentaje de la influencia de la ética pública sobre el voto es bastante limitada, desgraciadamente.
Las otras claves que en Guatemala han propiciado un hecho histórico y que tampoco concurren en España en una verdadera lucha contra la corrupción es la no existencia aquí de un poder judicial verdaderamente independiente. Salvo que salga la suerte de topar con personas como el juez Castro u otros así, aun reconociendo la existencia de un estamento judicial bien formado, el respeto que tienen al poder es muy grande, cuando no, desde la asociación mayoritaria y conservadora de estos profesionales, es apreciado que ser alguien que se enfrenta al poder puede no ser bien visto en la futura política electiva de ascensos, controlada por las asociaciones cuya vinculación con líneas ideológicas es clara. Y qué no hablar del estamento fiscal sometido al poder por una concepción equivocada tirando a sumisión, pudiendo apreciarse esto muy bien en la gran dependencia aplicada cuando se ha enjuiciado a alguien relevante que como jueces lucharon contra la corrupción.
He señalado al principio, refiriéndome a Guatemala, que pese a la lección que han dado de lucha exitosa y efectiva contra la impunidad, el futuro del país tiene sombras en estos temas de no continuarse muy vigilantes. Pero, en todo caso, es un paso adelante muy positivo. Justamente lo inverso que en España donde la percepción (también por los profesionales de la abogacía) es que existe menos independencia y ello unido a que tampoco la ciudadanía es capaz de movilizarse en contra de estos asuntos. Lo cierto es que mientras otros países, como Guatemala, mejoran, aquí, en España, vamos a peor.
