Hablar por hablar
Hasta que no se conozcan los resultados de las elecciones andaluzas el 2 de diciembre, hablar sobre la posible disolución de las Cortes Generales y convocatoria anticipada de elecciones generales, es hablar por hablar. Únicamente el presidente del Gobierno puede tomar la decisión de disolver y convocar y es inimaginable que pueda adoptar esa decisión antes de las 10 o las 11 del 2 de diciembre, que será el momento en que ya se tendrá información precisa sobre los resultados electorales.
Como todo el mundo sabe, la interpretación de unos resultados electorales puede ser una operación sumamente sencilla o sumamente difícil, bordeando incluso lo imposible. Desde la primera de las elecciones posteriores a la entrada en vigor de la Constitución, las de 1979, hasta la décima, las de 2011, la interpretación fue siempre sencilla, aunque el resultado no fuera siempre igual de contundente. Pero nunca hubo duda de que el Gobierno estaría presidido o por el candidato del partido de centro derecha (UCD o PP) o de centro izquierda (PSOE). La formación de gobierno estaba siempre asegurada y la duración de la legislatura también, aunque pudiera acabar produciéndose algún pequeño acortamiento de esta última. El riesgo de disolver las Cortes y convocar anticipadamente elecciones se podía calcular y no era, en todo caso, un riesgo existencial ni para el presidente del partido que tenía que tomar la decisión, ni para el sistema de partidos con base en el cual la sociedad española se autodirigía políticamente.
El proceso electoral era previsible. Lo era en el Estado y también en las Comunidades Autónomas, incluidas Catalunya y País Vasco, y en los municipios. La correspondencia entre el sistema electoral español, los diecisiete subsistemas electorales autonómicos y los miles de subsistemas municipales era más que notable. Se podía calcular, en consecuencia, el riesgo que se corría al disolver anticipadamente y convocar nuevas elecciones. De hecho, no hubo un solo error de cálculo entre 1979 y 2011.
A partir de 2015 ya no es así. El ciclo electoral que abrieron las elecciones catalanas en otoño de 2010, continuó con las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011 y finalizó con las elecciones generales de noviembre de ese mismo año, fue el último ciclo previsible desde la entrada en vigor de la Constitución. La combinación de la crisis del Estado social y democrático de derecho como consecuencia de la crisis económica a parir de 2008 con la crisis de la Constitución territorial como consecuencia de la STC 31/2010 sobre la reforma del estatuto de autonomía de Catalunya, se llevó por delante al PSOE e instaló al PP en unas condiciones de concentración de poder similares a la que tuvo el PSOE en 1982.
Ahora bien el PP dirigido por Mariano Rajoy no ha dispuesto de la estabilidad de la que dispuso el PSOE con Felipe González. La combinación de la doble crisis que lo llevó al poder, más la factura de la corrupción, no se llevó por delante al PP, como se había llevado al PSOE, pero sí lo debilitó de manera extraordinaria. En las elecciones europeas de 2014 y en las municipales y autonómicas de mayo de 2015 y en las generales de diciembre de ese mismo año así se pondría de manifiesto. El orden que había presidido el sistema político español hasta entonces fue sustituido por un desorden, que es en el que estamos instalados. Empezó en 2012 en Catalunya, pero de allí se extendió al resto del Estado. En Catalunya el desorden continúa siendo de mayor intensidad, pero el desorden ya es general. Las dos últimas elecciones generales de 2015 y 2016 son una prueba evidente de ello.
En esta nueva situación desordenada se va abrir con las elecciones andaluzas un nuevo ciclo electoral. Dependiendo del resultado de dichas elecciones y de la mayor o menor dificultad de la interpretación de dicho resultado, se acabará tomando la decisión que se tome. Todo lo que se diga antes del 2 de diciembre es hablar por hablar.
Ahora mismo nadie sabe nada.
