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Nueva Ley de Costas: agresión al litoral

Detrás del pomposo (y ecológico) nombre de Anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se contiene uno de los planes más graves del Gobierno del PP de ataque al medio ambiente, y, más concretamente a uno de los ámbitos más dañados, nuestro litoral.

Si sale aprobada en una como la redacción actual, será una ley arbitraria, privatizadora, descontextualizada y desconocedora de la jurisprudencia constitucional.

Arbitraria porque hay una desconexión absoluta entre su denominación y el objeto central de la reforma, que no es otro que reforzar los enclaves privados de las playas. De hecho, deja sin protección ambiental bienes escasos, como son las dunas, o de forma general rebaja la protección de la isla de Formentera. Asimismo, carece de cualquier criterio sobre los enclaves que quedan fuera del dominio público. Y, desde luego, no afronta los problemas que hay hoy en el litoral.

Es privatizadora porque supone el regalo a los propietarios de las fincas afectadas de unos derechos de los que carecían y que suponen la desaparición de dominio público marítimo-terrestre.

Es desconocedora de la jurisprudencia constitucional porque tanto en 1988 (con la sentencia confirmatoria de la Ley de Aguas) y en 1991 (con la sentencia que confirmó la constitucionalidad de la Ley de Costas actual) el Tribunal Constitucional señaló que la sustitución de las antiguas propiedades en la playa por concesiones de 30 años era constitucional y proporcionaba una indemnización suficiente. Esto es, ahora se privatiza regalando litoral a unos pocos propietarios.

Descontextualizada porque no atiende a las necesidades actuales del litoral español, que parten de una utilización racional, de calidad y que elimine usos indebidos que condicionan la extensión y calidad del dominio público marítimo-terrestre manteniendo los aportes de áridos y mejorando el estado de las aguas.

Pero además de todo lo anterior, es una norma fatal, en el sentido de que después de su aplicación los efectos sobre el litoral serán irreversibles por la destrucción medioambiental. De hecho, ya se oye hablar de nuevas construcciones cercanas a las playas, lo que, además, nos vuelve a colocar en el mismo modelo productivo –la construcción-- que nos condujo a la vertiente española de la crisis económica y que nació con la liberalización del suelo de la primera legislatura con José María Aznar como presidente del Gobierno. Se ve que su heredero no tiene ningún plan alternativo.

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