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Pablo Iglesias no ha acertado esta vez

¿En qué ambientes profesionales ha de moverse un magistrado si no es en el de sus colegas y en de los policías que son las gentes con las que coincide cotidianamente en su trabajo?

¿O es que son sospechosas de comportamientos intolerables todas aquellas personas que han tratado, afablemente o incluso más que eso, con individuos antes de que éstos fueran acusados de graves delitos, de corrupción o de otro tipo?

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Iglesias mantiene su apoyo al Gobierno, pero quiere que aparte a Delgado

EFE

De entre las innumerables peticiones de dimisión de la ministra Dolores Delgado destaca sobremanera una de ellas: la de Pablo Iglesias. Porque es la única significativa que no procede del mundo de la derecha y porque sus críticas rompen, de golpe, el clima de buenas relaciones formales que hasta ahora existía entre Podemos y el gobierno socialista. Pero, más aún que por lo anterior, por el contenido de las mismas. “Alguien que se reúne de manera afable con una persona de las cloacas de Interior debe alejarse de la vida política”, ha dicho Pablo Iglesias.

¿En qué código político o ideológico de buena conducta está escrito eso? Son muchos, incontables, los políticos, de todos los colores, que se han reunido con personas de dudosa trayectoria porque eso es útil para su trabajo, porque de ellas pueden obtener pistas que en ambientes menos comprometidos no podrían obtener. ¿Deberían dimitir todos ellos? ¿Debería propiciarse una campaña para detectar y posteriormente denunciar públicamente encuentros de ese tipo? ¿Sería esa una tarea adecuada para mejorar la higiene democrática del país?

Y un dato: el almuerzo en el que participaron la hoy ministra y el comisario Villarejo tuvo lugar hace nueve años, en 2009. Dolores Delgado era entonces fiscal y el policía trabajaba a las órdenes del gobierno de Rodríguez Zapatero. Sí, Villarejo trabajaba, como otros muchos policías y guardias civiles, en lo que se ha venido a llamar “las cloacas de interior”, los servicios de Inteligencia que llevan a cabo tareas “clasificadas”, que no pueden salir a la luz porque son todo menos limpias y que todos los gobiernos del mundo consideran fundamentales para la seguridad del estado. Justamente por eso el gobierno socialista acababa de concederle la medalla al mérito policial.

¿Qué de denunciable tiene que la entonces fiscal Delgado, especializada en la lucha antiterrorista, se reuniera con alguien que llevaba décadas trabajando en esa materia y más si el organizador del encuentro era Baltasar Garzón, un juez de trayectoria intachable, buen amigo suyo y en esos momentos también de Villarejo? ¿En qué ambientes profesionales ha de moverse un magistrado si no es en el de sus colegas y en de los policías que son las gentes con las que coincide cotidianamente en su trabajo?

A la ministra no se le puede acusar de que más tarde, y habrían de pasar unos cuantos años para ello, se viniera a saber que ya por aquel entonces Villarejo estaba metido hasta el cuello en actividades delictivas de calado. ¿O es que son sospechosas de comportamientos intolerables todas aquellas personas que han tratado, afablemente o incluso más que eso, con individuos antes de que éstos fueran acusados de graves delitos, de corrupción o de otro tipo?

Iglesias ha errado el tiro. Todos cometemos errores. Y no pasa nada, sobre todo si se subsanan. Lo cierto es que ni el líder de Podemos, ni miembros de su partido han hurgado más en el asunto y también que por parte socialista se ha actuado como si el incidente nunca se hubiera producido, sin mencionarlo, ni de pasada. Al menos hasta ahora. Se diría, por tanto, que el buen rollo ha vuelto a las relaciones entre ambas formaciones.

Prescindamos por tanto de juicios de intenciones sobre los motivos últimos de las afirmaciones de Iglesias, de buscar si en ellos había algo más que la denuncia de un hecho concreto. Tiempo habrá para comprobar si Podemos ha modificado su actitud actual respecto del PSOE y de averiguar las razones de ese eventual cambio.

En este momento lo que hay de firme es que Pedro Sánchez no va a cesar a su ministra de justicia y que se dispone a seguir aguantando el temporal. Que, por cierto, parece haber perdido algo de intensidad en las últimas horas. Por lo tanto, el gobierno socialista continúa su azarosa singladura para terminar la legislatura sin anticipar las elecciones.

La pregunta que domina el ambiente político es si lo logrará. Y hay motivos de peso para conquistar afirmativamente. La lógica hace pensar que no habrá disolución de Las Cortes como poco antes del otoño de 2019. Y la razón principal de ello es que el PP y Ciudadanos, y seguramente también Podemos, necesitan tiempo.

No sólo para preparar esas elecciones, teniendo encima el desafío organizativo de las municipales y autonómicas. Sino también para recolocarse en el escenario después de la convulsión que para todos ellos ha supuesto el éxito de la moción de censura de Pedro Sánchez. Y en el caso del PP, asimismo para rehacerse internamente tras la defenestración de Rajoy y los suyos y tras la entrada en escena, como estrella protagonista indiscutible, de José María Aznar.

Casado y Rivera no quieren elecciones ya. Su ofensiva de estas últimas semanas está destinada prioritariamente a deteriorar la imagen pública del PSOE y particularmente la de Pedro Sánchez. Porque la encuesta del CIS ha confirmado por segundo trimestre consecutivo que el Partido Socialista saca una gran ventaja en intención de voto. Y por mucha manipulación que hayan podido sufrir sus resultados, que según los expertos tampoco puede ser tanta, algún que otro sondeo ha venido a concluir más o menos lo mismo. Estaría por tanto claro que la opinión pública no estaría caminando exactamente por los mismos derroteros que la opinión publicada.

Y lo que esos partidos querrían evitar es que esa tendencia se mantuviera. Pensando, en primer lugar, en el impacto que ello podría tener en las municipales y autonómicas. Pero también en las generales. La guerra por tanto va a seguir.

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